Por qué la nueva ley sobre sustancias tóxicas de EEUU beneficia a la industria química

Ya hace décadas que vengo denunciando a las corporaciones cuando ponen en peligro nuestra salud y la de nuestro medioambiente. Sin embargo, a lo largo de todos estos años no recuerdo haber estado tan preocupada como lo estoy ahora.

Los estadounidenses se relacionan cada día con cientos de miles de productos químicos, la toxicidad de muchos de los cuales no ha sido nunca comprobada. Se trata de productos que nos podemos encontrar en casa, en el trabajo, en supermercados o hasta en ferreterías.

Actualmente, más de 80.000 productos químicos se producen y se procesan en Estados Unidos, entre los que se cuentan productos orgánicos, no orgánicos, polímeros y otros "desconocidos o de composición variable", tales como derivados de procesos metalúrgicos o de combustión. Sin embargo, no todos estos productos químicos han tenido que pasar por las evaluaciones en seguridad exigidas por la agencia que el gobierno ha destinado para nuestra protección — la agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA).

La EPA no distingue los químicos entre tóxicos y no tóxicos. Más bien prohíbe la producción o la importación de productos tóxicos que no están en la lista de sustancias contemplada por la Ley de Control de las Sustancias Tóxicas (TSCA) ni sujetas a ninguna de sus múltiples exenciones. Los productos químicos contemplados en el inventario de la TSCA son descritos como "productos químicos existentes", mientras que los que no están contemplados son descritos como "nuevos productos químicos".

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En los años 70, cuando la TSCA fue promulgada, se permitió la exención de 62.000 productos y su venta fue permitida. Muchos de aquellas sustancias químicas, como el amianto, que todavía es responsable de 10.000 muertes al año, han demostrado ser peligrosos para la salud humana. Pero sigue contemplados en la lista de la TSCA. La EPA informa que cada año se introducen 1.000 nuevos productos químicos en Estados Unidos. Sin embargo, la lista de sustancias registradas bajo el amparo de la TSCA, solo ha ascendido hasta las 84.000 desde su creación. De manera que además de los productos químicos contemplados bajo la TSCA, existen otros muchos que eluden cualquier escrutinio científico sobre su impacto sobre la salud o el medio ambiente. La EPA ha comunicado que desde la TSCA fue adoptada ha impuesto algún tipo de restricción a unas 4.400 sustancias, lo que subraya que la revisión científica es necesaria para proteger al público.

Según Michael Wilson y Megan Schwarzman, investigadores en el centro para el Trabajo y la Salud del Medio Ambiente en la universidad californiana de Berkeley, existen tres lagunas en la regulación de los productos químicos en Estados Unidos. La ausencia de regulaciones, de hecho, ha provocado que haya afluido una "laguna informativa", lo que ha obligado a los mismos productores a investigar y divulgar la información sobre los posibles efectos perjudiciales de sus sustancias. La inexistencia de la herramientas legales para mitigar el impacto en la salud y en el medio ambiente de los productos químicos más peligrosos ha generado una "laguna de seguridad". Y una tercera laguna, la "laguna tecnológica" ha sido creada porque las empresas químicas disponen de pocos incentivos para desarrollar y promover las alternativas ecológicas.

El pasado mes de marzo Tom Udall, un senador demócrata de Nuevo México, y David Vitter, senador republicano por Louisiana tomaron cartas en el asunto y plantearon una nueva propuesta normativa para actualizar la TSCA. Sus reformas, en cualquier caso, no contemplan la reparación de esas lagunas; en realidad, la propuesta de ley de Udall y Vitter continua protegiendo a los productores de sustancias químicas. La ley ofrece un nivel de seguridad inadecuado, crea obstáculos innecesarios a nivel estatal en materia de protección del medio ambiente, y no suministra a la EPA los recursos necesarios para hacer su trabajo. Tampoco señala la revisión del amianto como sustancia peligrosa que es, y no contempla una fecha límite ni ninguna normativa para protegernos de los químicos potencialmente más peligrosos.

Si la propuesta de ley de Udall y Vitter es aprobada, entonces la industria química volverá a ser la clara ganadora — una vez más.

Me preocupa especialmente la manera en que su normativa, que ha sido aprobada por la Comisión del Senado sobre Medio Ambiente y Obra Pública, torpedea los esfuerzos del estado por proteger a sus ciudadanos de los nuevos productos químicos de mayor toxicidad. Ahora mismo, los estados disponen de la facultad de imponer restricciones en materia de medio ambiente y de salud pública sobre los productos químicos. Sin embargo, bajo la nueva propuesta de ley, los estados no tendrán la potestad de regular las sustancias peligrosas. Y eso es un paso atrás, una ingeniosa manera de darles gato por liebre. Sobretodo teniendo en cuenta que han sido los estados — 33 de ellos exactamente — quienes habían detentado hasta ahora la capacidad para promulgar la normativa protectora contra sustancias perjudiciales tales como el bisfenol A, el formaldehído, el plomo, el mercurio o los retardantes de llama. Sería demencial restringir la capacidad legisladora de los estados de manera tan exagerada, pues han sido ellos los auténticos quiénes han protegido históricamente los excesos de la industria química de manera más vigorosa.

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Igualmente, resulta también injusto esperar que la gente dependa por completo de la EPA en materia de seguridad química: la EPA está corta de personal, recibe menos financiación de la que debería y lleva décadas excluida de los presupuestos. La agencia ha proclamado que existen 1.000 productos químicos que necesitan ser analizados inmediatamente por razones de seguridad. Sin embargo, la nueva propuesta de ley tampoco remedia los proverbiales problemas de financiación de la agencia. Teniendo en cuenta los recursos con los que cuenta la EPA actualmente, podría llevarle más de un siglo valorar de forma realista el impacto de esos químicos. Y tal es la razón por la que preservar el protagonismo de los estados es más importante que nunca.

La propuesta de ley es una ganga para la industria química, que genera unos beneficios anuales estimados de 40.000 millones de dólares. Y, sin embargo, solo se le exige que contribuya con la irrisoria cantidad de 18 millones de dólares para cubrir con los costes de la EPA y evaluar el impacto de productos químicos potencialmente peligrosos. Lo peor del caso es que la evaluación de la seguridad de cada producto puede llegar a costar unos 3 millones de dólares por sustancia.

Desde que la ley fue propuesta, centenares de grupos de interés de primera magnitud y de profesionales de la medicina la han rechazado por las mismas razones aquí expuestas. Mis años de experiencia en la abogacía me dicen que cuando se da semejante nivel de preocupación entre los profesionales de los sectores médicos y medioambiental, lo más sabio es hacer caso de sus advertencias.

Los agujeros en la propuesta de ley de Udall y Vitter han sido concebidos de manera perversa. Su único interés es velar por el beneficio económico y no por el de la gente. Se trata de un auténtico caramelo para las empresas químicas. Y se trata, sobre todo, de un desastre de lo más tóxico para nuestras familias, nuestras salud y nuestro medioambiente.

Erin Brockovich lleva años trabajando como defensora de los consumidores. Síguela en Twitter: @ErinBrockovich