Exclusiva: un documento de la ONU demuestra que no podría evitar un genocidio en Burundi

VICE News ha obtenido un documento confidencial redactado por la oficina para el Mantenimiento de la Paz de Naciones Unidas que pone de manifiesto un hecho inquietante: la organización no está en absoluto preparada para enfrentarse al probable deterioro de la mascare que asola Burundi.

El documento forma parte de la estrategia de contención actual coordinada por Naciones Unidas y la Unión Africana (UA) que contempla las futuras operaciones que podrían desplegarse en Burundi en función de distintos escenarios futuros.

El Consejo de Seguridad de la organización recibió el memorándum al que ha tenido acceso VICE News a principios de la semana pasada. El documento, firmado por Herve Lasdous, secretario general del departamento de Operaciones para el Mantenimiento de la Paz (DOMP) de Naciones Unidas, contempla los distintos escenarios que podrían darse en Burundi en un futuro inmediato, que van desde aquel en que la violencia esporádica actual se mantiene de manera sostenida, hasta la nefasta posibilidad de que se produzca un genocidio.

Esta circular interna también se refiere a los posibles destacamentos que podría enviar Naciones Unidas al país africano.

Sin embargo, ninguno de los destacamentos sería capaz de proteger a los burundeses si se diera una escalada de violencia y asesinatos o estallara una guerra abierta.

"Por encima de todo", reza el memorándum del DOMP, "hay que subrayar que la oficina de Mantenimiento de la Paz de Naciones Unidas solo dispondría de capacidades limitadas para combatir un estallido de la violencia contra los burundeses, incluida la posibilidad de un genocidio. Naciones Unidas está desprovista del marco político y del consentimiento estratégico de Burundi y/o de los principales actores en el conflicto".

La sangrienta guerra civil que asoló Burundi fue zanjada hace ya una década. Sin embargo, el temor a que la violencia pueda rebrotar a la misma escala se ha multiplicado a lo largo del último año. Solo el mes pasado, la escalada provocó 80 muertos, de acuerdo con las cifras oficiales— aqunque, con toda seguridad, fueron muchos más — en apenas un puñado de días.

A primera hora del pasado 11 de diciembre, varios hombres armados atentaron contra tres bases militares situadas en los aledaños y en el interior de la capital del país, la ciudad de Buyumbura. Pocas horas después, las fuerzas del gobierno arrasaron varios poblados habitados por vecinos afines a la oposición. Según cifras ofrecidas por los investigadores de la Federación Internacional de defensa de los Derechos Humanos, más de 150 civiles fueron asesinados y casi la misma cantidad desaparecieron.

Al día siguiente, Samantha Power, embajadora de Estados Unidos en Naciones Unidas escribió un correo electrónico a los diplomáticos de Francia y Reino Unido, en el que decía, textualmente, que Burundi "va camino de convertirse en un infierno".

En la breve nota redactada por Power y a la que ha tenido acceso VICE News, la diplomática estadounidense expresó su frustración ante la estéril reunión mantenida el día anterior por el Consejo de Seguridad de la organización. "No hay plan de contingencia, no hay presencia de Naciones Unidas, no hay diálogo…", escribió. Tal y como revela ahora el informe del DOMP, un mes después el plan de contingencia sigue embozado por la falta de recursos. Lo más inquietante del caso, es que, incluso si la ONU decidiera destacar a sus pacificadores hasta Burundi, estos no estarían ni remotamente preparados para enfrentarse a las atrocidades a gran escala.

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El pasado 17 de diciembre la Unión Africana aprobó el envio de su particular destacamento a Burundi, un séquito integrado por 5.000 soldados. Tras invocar a una de las cláusulas de su acta constitutiva que nunca había sido referida hasta entonces, el Consejo de Paz y Seguridad de la UA afirmó que estaba dispuesta a destacar a su flota de soldados — a la que se conoce como MOPUBRU — con o sin el consentimiento del gobierno de Burundi.

El presidente de Burundi, el asfixiado Pierre Nkurunziza, hizo caso omiso de la fecha límite de cuatro días que se le concedió para aceptar el destacamento de la MOPBURU, y proclamó que cualquier intervención sería recibida con el uso de la fuerza.

Fue precisamente el propio Nkurunziza quien desató la actual escalada de violencia, después de anunciar en abril del año pasado, su deseo de concurrir a las elecciones por tercera vez. Entonces, tanto los políticos de la oposición como los activistas, le recordaron que, en virtud de lo que dispone la Constitución de Burundi, ningún presidente puede conservar su puesto durante más de dos mandatos. La respuesta de los detractores de Nkurunziza no fue otra que salir a la calle a manifestarse.

El presidente, que había sido el líder de la formación rebelde hutu con mayor presencia durante la guerra civil que terminó en 2005, justificó entonces su tercera candidatura de manera falaz. Nkurunziza afirmó que su primer mandato, que arrancó en 2005, no contaba como tal puesto que había sido proclamado como presidente de manera protocolaria; esto es, sin mediar elecciones de por medio. Los tribunales del país avalaron su controvertido argumento, y Nkurunziza fue reelegido en julio.

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Naciones Unidas estima que ya son 400 las personas asesinadas en Burundi desde el pasado mes de abril — casi la mitad de las cuales habrían perecido en los dos últimos meses. En su informe, el DOMP asegura que los miembros de las juventudes del partido de Nkurunziza, a los que se conoce como Imbonerakure, "están atentando sin descanso contra miembros de la oposición política y de la sociedad civil".

Paralelamente, el documento advierte del nacimiento de sendos grupos rebeldes. El pasado 23 de diciembre, el ex coronel del ejército Edward Nshirimirana declaró ante la prensa que uno de los nuevos grupos, las llamadas Fuerzas Republicanas de Burundi, ha nacido con el preciso objetivo de derrocar a Nkurunziza. La segunda formación rebelde, según relata el informe de la DOMP, ha sido alumbrada bajo el nombre: Resistencia por el Estado de Derecho.

A lo largo del último medio siglo tanto Burundi como su vecina Ruanda han padecido masacres sin parangón — ambos países, de hecho, fueron escenarios de un aberrante genocidio durante la década de los 90. Ahora los analistas insisten en subrayar que la tormenta que reina en el país es estrictamente política. De hecho, la gran mayoría de los arduos detractores de Nkurunziza, tanto políticos como civiles, son de raza hutu, la mayoritaria en el país.

Sin embargo, durante el mes pasado, varios funcionarios de Naciones Unidas proclamaron públicamente su preocupación ante las crecientes divisiones étnicas que se están registrando en el estado centroafricano. El 17 de diciembre, Zeid Ra'ad al Hussein el Alto Comisionado de la oficina de Naciones Unidos para los Derechos Humanos, advirtió que "una gran parte de la población está asustada y desinformada, y está sometida permanentemente a campañas difamatorias y paranoides destinadas a sembrar la violencia y el reclutamiento febril en ambos bandos".

Las consecuencias de semejante campaña, señaló, "podrían ser catastróficas" — especialmente teniendo en cuenta el bagaje étnico que hay en juego — a juzgar por la historia reciente del país". Burundi, advirtió, "está al borde de otra guerra civil".

Por su parte, Nkurunziza ha seguido acusando a Ruanda de estar jugando un papel determinante en el conflicto. Según el presidente burundés el país vecino estaría armando y entrenando a los rebeldes.

Según un informe publicado en diciembre por Refugees International, varios oficiales ruandeses estarían reclutando a soldados de entre los campos de refugiados de Ruanda, adonde se estima que ya han huido unos 75.000 burundeses. En el informe también se alude a las declaraciones de varios testigos que afirman que muchos de los reclutados están siendo enviados al este de la República Democrática del Congo, en su periplo hacia Burundi.

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Varios diplomáticos y fuentes cercanas a Naciones Unidas han confirmado a VICE News que los investigadores de Naciones Unidas han podido documentar la actividad denunciada, pero que todavía no han hecho público el descubrimiento. Por su parte, el presidente ruandés Paul Kagame, que conquistó el poder como líder de una formación rebelde de mayoría tutsi en los años 90, ha negado haber participado en el fomento de ninguna clase de insurgencia en Burundi.

El marco político que, según el DOMP, sería necesario para mantener la paz, o para que pudiera desplegarse el destacamento de fuerzas de la ONU o de la AU, sigue sin existir en Burundi. Esta semana el gobierno ha manifestado que no piensa participar en las conversaciones de paz propuestas en Tanzania. Según fuentes del ejecutivo burundés el motivo de la negativa es que algunos de los participantes en las negociaciones han armado a los rebeldes.

A la luz de la incertidumbre que reina en el país, Naciones Unidas sigue diseñando su apoyo para el destacamento de las MAPROBU, las fuerzas africanas de pacificación. En la carta obtenida por VICE News, el DOMP asegura que la Unión Africana prevé que el destacamento "sea escalonado".

La misión arrancaría con la llegada de más observadores civiles y militares, junto con una "pequeña fuerza de protección". Solo más adelante, y siempre con el consentimiento del gobierno de Burundi, llegarían las tropas de infantería y las fuerzas policiales. Una tercera fase arrancaría "una vez las negociaciones políticas hayan desembocado en un acuerdo, en cuyo momento se configurará una fuerza destinada a implementar lo acordado".

Claro que en su plan de contingencia, el DOMP también vaticina la posibilidad de que se produzcan situaciones que rebasen la capacidad de contención de las MAPROBU o de los cascos azules, un escenario cada vez más probable. El primer escenario que se describe en el memorándum es, más o menos, el que se está viviendo actualmente "una continuación sostenida y de relativa baja intensidad de la violencia esporádica". El segundo es mucho peor: "una escalada de la violencia organizada que provoque el estallido de una guerra civil". El tercero es el más nefasto de los tres, y se describe como "un escenario de violencia incontenible y de violaciones sistemáticas de los derechos humanos, que podría desembocar, potencialmente, en un genocidio".

En el segundo de los escenarios contemplados, NU vaticina que la lucha se extienda por todo Burundi y que termine propagándose por Ruanda y hasta por la República Democrática del Congo. El tercero escenario, contempla que las tensiones étnicas corran el mismo destino y terminen esparciéndose por sus países vecinos. Ambas situaciones "exigirían una intervención inmediata para proteger a los civiles, para contener el despliegue de las violaciones indiscriminadas de los derechos humanos, para asegurar las carreteras estratégicas, proteger el aeropuerto de Buyumbura y garantizar la ayuda humanitaria".

En el primer escenario, el DOMP contempla el destacamento de las MAPROBU como una opción, y asegura que NU podría ofrecer, en tal caso, "un paquete de ayudas", con la autorización del Consejo de Seguridad. En caso de que el Consejo de Seguridad se viera obligado a votar un destacamento masivo de las tropas de NU en el país, el DOMP consideraría la posibilidad de absorber a los miembros de la Unión Africana, de manera que estos se conviertan en cascos azules.

Claro que tal y como señala el documento, cualquier intervención de Naciones Unidas exigiría tres requisitos: que concurra la orden a tal efecto que contempla el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, un destacamento de tropas suficientemente experimentadas, y el consentimiento del gobierno de Burundi. Y ninguno de los tres está garantizado.

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Según la carta, el DOMP ya ha diseñado dos planes para la eventual intervención de Naciones Unidas en Burundi. El primero consistiría en destacar un tropa de 4.000 soldados que serían reclutados de entre las fuerzas de la llamada MONUSCO, la misión de Naciones Unidas en la vecina República Democrática del Congo.

El destacamento consistiría en cuatro batallones de infantería, Fuerzas Especiales, helicópteros utilitarios y de ataque, una unidad de ingeniería, sendas brigadas policiales, 50 agentes independientes, además de un pequeño destacamento policial, que debería incorporar un responsable de la misión civil". El DOMP estima que necesitaría 28 días para tener a sus fuerzas listas para el despliegue en la frontera por un plazo de no más de 120 días.

Dicha maniobra podría entrañar varias complicaciones. Una de ellas sería que las tropas que están apoyando a los cascos azules en el Congo no se avengan a ser destacadas en Burundi. En cualquier caso, según explicita el documento, Naciones Unidas habría contactado a distintos países que cuentan con tropas desplegadas en el Congo, y que "han respondido positivamente".

Pero incluso en caso de que dicha estrategia funcione, al DOMP le preocupa que retirar parte de su destacamento en el Congo pueda dejar al descubierto la seguridad del país vecino, especialmente teniendo en cuenta que hay elecciones programadas para noviembre en la República Democrática del Congo. La misión en Burundi estará vinculada a la MONUSCO en cuestiones de suministros, lo cual exigirá igualmente el consentimiento del ejecutivo de Kinshasa, la capital congolesa.

"Además de la amenaza que plantean los grupos armados detectados al este de la República Democrática del Congo, retirar una o dos brigadas policiales de la misión [MONUSCO] durante este periodo, pondrá en jaque la capacidad de la misma para proteger a los civiles congoleños y para suministrar la estabilidad y seguridad que necesita el país", advierte el informe del DOMP.

El DOMP, de hecho, solo contempla la intervención de las fuerzas de NU en los tres escenarios previstos como "como un último recurso en caso de que las negociaciones políticas y los destacamentos preventivos sean incapaces de contener la propagación del conflicto, y de que ninguna de las naciones socorristas o de las fuerzas de la coalición hayan dado ningún paso adelante".

El segundo escenario planteado por el DOMP vaticina un destacamento de, al menos, 10.000 soldados en Burundi, lo cual exigiría entre cuatro y seis meses de planificación. "Incluso aún cuando la planificación haya sido diseñada de antemano, es muy improbable que el tiempo que exigiría tamaño destacamento puede ajustarse a la velocidad a la que sería necesario intervenir si se produce tal escenario en Burundi", relata la memoria del DOMP.

Tras haber contemplado todos los escenarios imaginables, el DOMP se muestra seriamente preocupado con que todas las opciones de mantenimiento de la paz que ha presentado ante el Consejo de Seguridad "apenas son capaces" de prevenir las inevitables atrocidades que pueden desencadenarse en caso de que haya complicaciones logísticas. En cualquiera de los escenarios planteados "estas opciones descubren enormes huecos estratégicos que Naciones Unidas no está capacitada para corregir", asevera el documento. Y añade que, pese a tener encomendada la protección de los civiles, Naciones Unidas estaría completamente desprevenida para gestionar un posible genocidio.

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Si ello ocurriera, el Consejo de Seguridad quedaría sumido en una posición ciertamente embarazosa. Especialmente, teniendo en cuento que uno de los capítulos más negros de su historia se vivió, precisamente, durante el genocidio ruandés de 1994. Entonces la misión de Naciones Unidas, completamente sobrepasada por la situación, dio la orden de retirar a todas sus tropas. Pese a todo, el informe del DOMP subraya que actualmente no se contempla que puede producirse una situación de tal calibre en Burundi.

"El destacamento contemplado como último recurso tendría como objetivo salvar el máximo número de vidas posible, claro que si el conflicto desemboca en el peor de los escenarios previstos, Naciones Unidas se verá seriamente desbordada en su misión de proteger a los civiles", sentencia el DOMP.

Para finalizar, el DOMP observa que el Consejo de Seguridad debería de llevar a cabo su planeado viaje a Burundi e intentar hacer todo lo posible por alcanzar una solución política a la crisis que asola al país africano.

"El imparable aumento de las violaciones de derechos humanos y la necesidad de protección que exige ahora mismo la zona, además de la historia de inestabilidad y violencia registradas en la zona, exige acciones inmediatas e integrales para la efectiva protección de los civiles. Tal será la prioridad fundamental para el destacamento del personal uniformado de Naciones Unidas", relata el DOMP.

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