¿Existe una persecución de los clubs cannábicos por parte del Ayuntamiento de Barcelona?

Es cierto que la ordenanza que se empezó a ejecutar en Barcelona en junio de 2014 —y que terminará el próximo junio— para regularizar la enorme proliferación de clubes cannábicos en Barcelona —de los 400 que existían en España más de 200 se encontraban en Barcelona— ha hecho que algunos autodenominados clubs cannábicos que realmente no operaban realmente como asociaciones salieran a la luz y se vieran obligados a cerrar. Esos clubes que supuestamente manchaban la imagen de las otras asociaciones que funcionaban de forma legal y de acuerdo a sus estatutos se dedicaban a traficar de forma ilegal con la sustancia en cuestión, convirtiéndose en dispensadores de marihuana más que en una asociación donde un grupo de personas aporta una cantidad de dinero para el cultivo y el transporte de marihuana y por tener un espacio de consumo. A nivel mediático se culpó a este tipo de clubes de que Barcelona se estuviera convirtiendo en "la nueva Ámsterdam", algo, digamos, un tanto exagerado.

Este marco de actuación articulado por el Ayuntamiento de Barcelona surgió por la falta de un acuerdo entre las Conselleries de Interior y Salut para abordar este creciente fenómeno. Ramón Espadaler de Interior se opuso a regular algo que, al fin y al cabo, estaría amparando actividades como el cultivo de marihuana y, por su parte, Boi Ruiz de la Conselleria de Salut, creía que regular los clubs permitiría conocer la realidad del consumidor y evitar el contacto con el mercado negro. Asociaciones de cannabis como CatFAC o FedCac instaron a la Generalitat a espabilarse y elaborar un proyecto de ley para regular este tipo de asociaciones, ya que no tiene sentido que cada municipio (según sus tendencias políticas) elabore su propio protocolo de actuación.

Puede parecer un poco exagerado decir que ha existido y está existiendo actualmente algún tipo de persecución hacia este tipo de clubs por parte de la Administración pero justamente durante la entrada en funcionamiento de este protocolo la Guardia Urbana empezó la Operación Sativa, el aparato ejecutivo de la ordenanza. En esta operación en la que se pretendían cerrar clubs que operasen de forma ilegal y en contra de sus propios estatutos se encontraron con que estos no suponían un número suficiente como para justificar la intervención. De los 200 clubs que se investigaron se cerraron 49 (algunos de los cuales se han querellado con el ayuntamiento) y la mayoría se hizo por motivos curioso, como por no haber comunicado su actividad al Ayuntamiento (pese a disponer de sus estatutos y cumplirlos) o por problemas relacionados con el mantenimiento de los locales, sobre todo acusados de tener una instalación deficiente de la salida de humos. Por lo general, los motivos no tenían nada que ver con actividades ilegales relacionadas directamente con el producto consumido.

En algunos casos en los que se han tenido que precintar los locales estas asociaciones se han querellado con el ayuntamiento para defender sus derechos fundamentales de asociación, inviolabilidad del domicilio y de presunción de inocencia. La semana pasada, por ejemplo, la Audiencia de Barcelona absolvió a los tres principales responsables del club Three Monkeys de Barcelona, para los que la Fiscalía pedía 5 años por un delito de tráfico de drogas y asociación ilícita. El tribunal entendió que no vendían marihuana a terceros —ajenos a la asociación—, que su objetivo no era obtener un beneficio económico y que no propiciaban el consumo fuera del local. La Audiencia subrayó que este tipo de clubs son un "fenómeno de relativa aparición reciente", regulados por el Ayuntamiento, con los que "se reducen los daños sobre la salud asociados con el mercado clandestino". La sentencia señala que "resultaría extraño que la administración se haya ocupado de regular las condiciones de funcionamiento de estas asociaciones si fuera tan evidente que su objeto social, recogido en sus estatutos, fuera ilícito y penalmente relevante". Era la primera vez que se juzgaba a los responsables de un club cannábico en la Audiencia de Barcelona.

Cabe destacar que el resto de clubes inspeccionados funcionan con normalidad y que han adecuado sus locales a todas las exigencias que la administración les ha ordenado, con el impacto económico que esto les supone. Muchas se quejan de la volatilidad del protocolo y de la inseguridad que supone, ya que no saben si lo que se exige actualmente seguirá siendo igual en una nueva ordenanza o ley definitiva. Muchos de estos locales han hecho grandes inversiones y siguen recibiendo visitas constantes por parte de la administración para controlar sus actividades.

Este control desmesurado supone un evidente rechazo de estas actividades por parte del Ayuntamiento, quien con la excusa de regular esta actividad pretendía cerrar la gran mayoría de clubs, objetivo que se ha visto truncado pues la seriedad y profesionalidad con la que operan la gran mayoría de asociaciones debería instar al Ayuntamiento, al Gobierno Autonómico y, en última instancia, al Gobierno Central a redactar una ley realista con este fenómeno y que regulara esta actividad, no solamente en el ámbito del consumo en las asociaciones privadas, si no que los amparara legalmente en el ámbito donde más lo necesitan: en el cultivo y el transporte de cannabis. Ahí es donde realmente se debería fijar el criterio de actuación si realmente se quiere terminar con las redes de tráfico ilegal y terminar con esta imagen de la nueva Ámsterdam.

Muchos de estos centros están empezando a notar como el rechazo social que tenían antes está desapareciendo, pues redirigen hacia ellos el consumo en los barrios, liberando los parques y las calles. Esta nueva mentalidad y aceptación por parte de la ciudadanía debería instar a los políticos a aceptar esta nueva realidad.