Publicidad
Noticias

Una víctima en el Río de los Remedios, en el Estado de México

Dos años después de la desaparición de su hija, las autoridades entregaron un cadáver a Isela Rodríguez. Sin embargo, el cuerpo no era el de su hija.

por Rafael Castillo
13 Octubre 2014, 3:00pm

Este texto forma parte de México Feminicida, reportaje que será publicado en la próxima edición de la revista VICE. Adelantamos este fragmento a raíz de los cuerpos encontrados tras drenar aguas negras en Ecatepec, Estado de México. 

El 14 de junio de 2011, el cadáver de una mujer fue hallado atado a una tapa de alcantarilla en el fondo del Río de los Remedios, en el municipio de Tonanintla, Estado de México. Los Servicios Forenses del Estado de México lo caracterizaron como el de una mujer de cuarenta años. Sin un rostro reconocible o alguien a quien entregarlo, fue enterrado en la fosa común. Ahí pasó dos años hasta que le fue asignada la identidad que supuestamente perdió durante su estancia en el río: tendría 15 años cuando murió, su nombre sería Abril y se convertiría en la hija desaparecida de Isela Rodríguez.

Isela recibió estos restos el 25 de mayo de 2013 convencida de que esto era un abuso más en el caso de la desaparición de su hija.

Abril desapareció el 16 de mayo de 2011 en Ojo de Agua, municipio de Tonanintla, Estado de México. Había salido a sacar copias. Los padres la buscaron durante horas hasta que anocheció. Volvieron al fraccionamiento en el que vivían. Ahí, el vigilante les dijo que no se preocuparan, que su hija había regresado en el interior de un Pointer negro sin placas. Pero ella no estaba en casa. El vigilante, testigo, se ofreció a declarar ante las autoridades y señaló la dirección a la que pertenecía el vehículo.

Entonces Isela hizo una denuncia y entregó la dirección sospechosa a la Procuraduría para que investigaran. Ella sostiene que la policía siempre negó que la dirección existiera, y el vigilante, en su declaración, dijo que jamás fue testigo de que Abril llegara en un Pointer negro sin placas. Que no, que nunca dijo nada.

“Yo me di cuenta que la dirección sí existía. Fui a la casa [del dueño del Pointer], su mamá, y su esposa también me dijo que [él] era un policía estatal”, explicó Isela, convencida de que esta persona es la responsable de la desaparición de Abril. “Yo digo que no, que el vigilante sí vio a mi hija en ese Pointer negro. Cuando yo le volví a preguntar al vigilante, él estaba golpeado. Lo habían golpeado, me imagino para que no dijera la verdad”.

Pasaron dos años en instancias judiciales del Estado de México sin respuestas y sin una investigación que convenciera a Isela. Luego vinieron la PGR y su Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra la Trata de Mujeres y de Personas (Fevimtra).

Fue por estas fechas en que le entregaron el cadáver de quien —Isela afirma— no es su hija.

“Dijeron que era una persona de cuarenta años, y que el ADN correspondía en 99 por ciento, ¡pero si se equivocan en la edad!”, dijo la señora Isela. “Nunca vi pruebas”.

¿Por qué cree que eligieron este cuerpo para hacer pruebas?, le pregunté. “Desconozco. Es un lugar cercano al de la desaparición de Abril”.

Después de un año de quejas constantes ante la PGR para obtener un documento que avale la prueba genética, los restos fueron exhumados nuevamente en junio de 2014 para ser analizados y esperar un dictamen con el que se intenten satisfacer las dudas de Isela y de su esposo.

Hace tres meses que pedí entrevistar a cualquier funcionario del Servicio Médico Forense o de la Procuraduría del Estado de México para conocer la eficiencia del programa de búsqueda de personas desaparecidas entre los cuerpos olvidados del servicio forense. Este programa se llama Odisea, (nombre que resulta por demás desesperanzador tomando en cuenta que una de las acepciones del término se refiere a: “Sucesión de peripecias, por lo general desagradables, que le ocurren a alguien”).

Odisea dejará de existir al inicio de 2015, para entonces unificar los procedimientos y bases de datos con los estados vecinos de Puebla, Tlaxcala, Veracruz y DF, con ayuda de la PGR, según informó la Procuraduría en Toluca. Fue ahí también donde me dijeron que no podía entrevistar a nadie sobre el funcionamiento de Odisea, “por seguridad”, y porque “¿quién hablaría de un programa que de todos modos van a cambiar?” Mientras tanto en el informe preparado sobre el buen funcionamiento del sistema, explicaron que ya habían identificado trescientos cuerpos (hombres y mujeres), entre enero y julio de 2014 a través de este sistema. El sistema de cruces de información entre los 38 servicios forenses del Estado de México y Odisea, sin embargo, es incapaz de relacionar género, causa del deceso, hallazgo por colonia o municipio. Así lo demostró la respuesta de la misma Procuraduría cuando le pedí estos datos.

“La información relativa a los cadáveres que ingresan al Servicio Médico Forense registra en el libro de gobierno de cada unidad administrativa del Servicio Médico Forense, por lo que nos veríamos obligados a procesar la información requerida en cada una de ellas para dar contestación a su requerimiento”, respondió la Unidad de Información de la PGJ del Estado.

La ley respalda esta respuesta, pero el sistema no existe.

En agosto pasado, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México emitió una recomendación a la Procuraduría por dejar que el cuerpo de un menor pasara 180 días en el servicio forense de Tenancingo sin ser identificado. La Procuraduría no relacionó el secuestro de un adolescente con el hallazgo de un cuerpo en días consecutivos sino hasta que los homicidas confesaron.

El Observatorio Nacional del Feminicidio (ONCF), una red de organizaciones locales en México agrupadas bajo la coordinación de Católicas por el Derecho a Decidir, cree que la esperanza para tener certeza es menor si se trata del cuerpo de una mujer. Su postura es que el gobierno del Estado de México ha ocultado sistemáticamente las cifras reales de los feminicidios.

“Hay un problema de identificación de mujeres. No se sabe ni cómo está funcionando [la identificación de cuerpos]”, me dijo en entrevista la directora del Observatorio, María de la Luz Estrada, quien sostiene que el problema con los registros es en realidad un problema de transparencia. “El año pasado se asesinaron a 1,932 personas en el Estado de México. Hoy no sabemos cuántos de esos son mujeres y cuántos son hombres”, continuó.

Por lo menos sabemos que quienes conforman estas cifras están muertos. En los años más recientes sobre los que hay estadísticas claras, 2011 y 2012, desaparecieron 1,258 mujeres en el Estado de México. En sólo dos años, los números representan la mitad de las mujeres muertas por agresiones en la década de 2001-2011 en el mismo estado. En ese periodo fueron asesinadas 3,583 mujeres, según las cifras expuestas en Las muertas del Estado, del periodista Humberto Padgett.

Lo terrible de las primeras cifras de las mujeres desaparecidas, como en el caso de Abril, es que no se sabe si ya están muertas o si son esclavas sexuales de alguno de tantos circuitos existentes en México y el mundo.

“Yo creo que está viva”, dijo Isela. No quise preguntarle qué cree que le sucedió. Con los años que pasan se han añadido condiciones con las que se le dificulta seguir de cerca el caso de su hija. No le es posible hacer visible su caso porque mantenerse cerca de las organizaciones le requiere tiempo y dinero de los cuales no dispone.

“Ya sentíamos que nos vigilaban”, explicó Isela. “A mi esposo lo asaltaron a los 15 días de desaparecida mi hija. Luego en 2013 le robaron la camioneta ahí en el fraccionamiento. Le salieron dos tipos con pistola y le quitaron la camioneta”.

Y así, decidieron que era mejor escapar de ese lugar mientras las autoridades dan una respuesta sobre el cuerpo encontrado en junio de 2011. Este cuerpo se suma a una lista de por lo menos otra decena de cadáveres de mujeres encontrados en mayo pasado, en el cauce del Río de los Remedios durante un dragado general. Las autoridades aún no han ofrecido información sobre el tema. Hasta ahora esta información la han confirmado tres personas: el activista y también partidario del PRD, David Mancera —mismo que acusó hoy al gobierno de Eruviel Ávila, de esconder supuesto el hallazgo de entre 21 y 43 cuerpos hallados en el río— el reportero gráfico Iván Montaño y Carolina (me pidió no publicar su nombre real por temor a represalias), madre de una niña desaparecida.

Carolina me dijo que no podía ofrecer pruebas, aunque conocía a quien sí las tenía.

“Nos enteramos porque en este círculo siempre te enteras de muchas cosas”, dijo Carolina la primera vez que hablé con ella por teléfono para que me ayudara a confirmar el hallazgo. “Voy a hablar con otra persona que estuvo ahí, pero si ellos [las autoridades] no lo han dicho, es porque se esperan hasta tener respuestas. Tenemos que ser prudentes en lo que decimos. Sí, dar a conocer, pero también cuidar nuestros casos. Hay cosas que no se pueden decir”.