El desmembramiento doloroso que le están haciendo al posconflicto colombiano

"Desmembramiento: consiste en cortar cada una de las partes del cuerpo viviente de la víctima hasta dividir y apartar sus órganos o miembros. Esta modalidad fue aplicada por el Bloque Norte en el departamento del Cesar (municipio de Bosconia) y Magdalena (Remolino y Chibolo), donde en ocasiones amarraban con alambres de púa el cuerpo de los civiles tildados infundadamente de colaborar con la guerrilla, y los tiraban a un hueco cavado en la tierra, hasta que morían desangrados producto de las laceraciones provocadas. También, este bloque paramilitar le propinaba a presuntos milicianos de la guerrilla 'machetazos' secuencialmente en cada una de sus extremidades hasta descuartizarlos. Por su parte, el Bloque Mineros, con cuchillos, desmembraba estando vivas a las personas que desafiaban la autoridad de Ramiro Vanoy (alias Cuco), su principal cabecilla. Un comportamiento análogo se registró en las Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada, donde hubo casos en los que los paramilitares descuartizaban a las personas que públicamente cuestionaban sus actividades".

Esta es la descripción judicial de la práctica del desmembramiento, realizada por algunas estructuras paramilitares, que se obtuvo del relato de las víctimas y de las declaraciones de los ex miembros de las autodefensas, y que fue reconocida por una sentencia de 2016 dentro de la jurisdicción transicional de Justicia y Paz, la cual se diseñó y comenzó su implementación durante el gobierno de Álvaro Uribe.

El relato, y el reconocimiento de estos hechos en un fallo judicial, hacen parte de la reconstrucción de la memoria del país. Es que actos inhumanos como estos han protagonizado nuestra historia y, aunque al establecimiento le cuesta reconocerlos, la justicia transicional ha podido darles un lugar, que debería ser parte del imaginario colectivo para jamás repetir estas atrocidades.

Después de varios años de implementación de Justicia y Paz se llegó a múltiples aprendizajes, que llevaron a que los acuerdos de La Habana incorporaran instrumentos que garantizaran la verdad, justicia y reparación a través de la intervención de las distintas ramas del poder y de la activa participación de las víctimas. El acuerdo con las Farc-EP buscó, también, reformas que garantizaran que el conflicto no se repitiera, entre otras: i) una reforma agraria integral, que garantice el acceso a la propiedad de la tierra por parte del campesinado; ii) el cambio en el modelo de lucha contra el narcotráfico; iii) la inclusión en el sistema político de sectores históricamente excluidos, como la izquierda o las víctimas; o, iv) el juzgamiento de terceros civiles: empresarios, terratenientes o políticos, que hayan participado en el conflicto armado.

Sin embargo, desde antes de que comenzara el gobierno de Iván Duque, la búsqueda de la paz, como se pactó en La Habana, tuvo una fuerte oposición de poderosos sectores políticos y económicos, sobre todo, de la oligarquía rural y de un sector del empresariado que, como se ha probado en Justicia y Paz, ha participado en el conflicto directa o indirectamente; no necesariamente como actor armado, pero sí financiando o facilitando el accionar de los grupos armados, o, peor aún, sacando provecho económico del conflicto. Estos sectores están representados en el Congreso por algunos miembros de partidos de derecha, quienes, como se ha observado desde la reglamentación de los acuerdos, han promovido reformas que atacan la esencia de los acuerdos, que menoscaban los derechos de las víctimas y que dejan al Estado y a la sociedad colombiana sin herramientas de fondo para transitar hacia la paz.

A continuación, enumero cuatro desmembramientos que se han hecho a la paz firmada entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc-EP, que promovían pasos adelante, que se fundamentaban en lecciones aprendidas y con los que le quitaron elementos esenciales que garantizaban su fuerza real y simbólica.

Desde que Juan Manuel Santos estaba en el poder, el Centro Democrático, Cambio Radical (incluido el Fiscal Néstor Humberto Martínez) y sectores reaccionarios del Congreso y de la Corte Constitucional lograron dejar sin curules —es decir, sin asientos en el Congreso— a las víctimas, con lo que se perdió una oportunidad gigante de reivindicar sus derechos.

También le quitaron a la JEP la facultad de juzgar a terceros civiles involucrados en el conflicto armado, los cuales, en la justicia ordinaria —esto está probado— tienen un halo de impunidad mucho mayor.

Todavía seguimos a la espera de la reforma agraria integral que se pactó en el punto 1 del acuerdo de La Habana y que promovía la igualdad en el acceso a la tierra para campesinos.

Por el contrario, en 2016, mientras se tramitaba el fallido “fast-track”, se promovió la creación de un tribunal especial dentro de la JEP para juzgar a los militares. Cambio Radical y el Centro Democrático ya presentaron la propuesta legislativa en el Congreso y, entre otras cosas, quien escogería a los magistrados de esta justicia especial sería el mismo presidente de la República. Un ejemplo de la gravedad de esta propuesta: las más de 4.000 víctimas de las ejecuciones extrajudiciales durante el gobierno de Uribe podrían ser las más perjudicadas si este proyecto se convierte en ley.

La semana pasada, el presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Roux, denunció que un proyecto de ley, radicado por el representante del Centro Democrático Óscar Darío Pérez, busca denegar el acceso a toda la información relevante para su labor a todas las instancias del sistema de la justicia transicional pactada en La Habana. El texto de la propuesta del congresista dice, literalmente, que "(…)en ningún caso y bajo ninguna circunstancia, podrá solicitar, requerir, pedir u oficiar a las entidades públicas de cualquier orden información, datos, documentos de carácter reservado, documentos de altísima sensibilidad, expedientes de carácter reservado, información sometida a reserva, o cualquiera otra operación relacionada con información estatal o documentos de cualquier índole (…)”.

Para los investigadores del Centro Nacional de Memoria Histórica ya había sido supremamente difícil acceder a la información contenida en expedientes de la Fiscalía o en distintas entidades que trabajan en la justicia transicional desde hace años, a pesar de que la Ley 1592 de 2012 le permitía el acceso a información de carácter reservada de los procesos de Justicia y Paz. Ahora, ¿qué será de las instancias de la JEP sin poder solicitar información sobre el conflicto? ¿Qué será de las víctimas y sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación?

La semana pasada, el Centro de Estudios Dejusticia intervino en el Senado para oponerse al proyecto de Ley presentado por la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, esposa de José Felix Lafaurie, nuestro casi Procurador General y uno de los máximos representantes de las élites rurales del país que se han opuesto históricamente a la reforma agraria y a los acuerdos de La Habana.

El proyecto de Ley,como explica Dejusticia, genera más trabas procesales para las víctimas y desviste el proceso de restitución de su naturaleza flexible, que lo distingue de los procesos que se adelantan en la jurisdicción ordinaria y que facilita el acceso a la justicia a quienes han sufrido el conflicto armado. La propuesta de Cabal, además, introduce el peligroso concepto de "venta forzada", el cual elimina de tajo una de las formas de despojo, negando que una de las formas más comunes del despojo fue precisamente la amenaza a campesinos para vender legalmente predios a precios irrisorios sus predios.

El punto 4 de los acuerdos promovía un enfoque de salud pública y el ataque a los eslabones más fuertes del negocio del narcotráfico, superando el fallido y dañino enfoque de aspersiones con glifosato, así como el de castigar al consumidor. Sin embargo, el gobierno de Duque, expidió el decreto contra la posesión de la dosis mínima de drogas ilícitas, que ataca al consumidor y lo estigmatiza. Sobretodo al consumidor de estratos bajos, porque en el Chicó se pueden seguir metiendo lo que se les dé la gana.

El otro perjudicado es el campesino, quien volverá a sufrir de aspersiones de glifosato en sus cultivos y en sus fuentes hídricas, porque el gobierno actual descree de la sustitución voluntaria. En fin, Duque, o Uribe, premia el discurso populista y hace uso del espectáculo mediático de los decomisos policiales, televisados en los noticieros de medio día, de pequeñas dosis de marihuana y los videos de los drones y aviones llenando de glifosato el campo colombiano. También, se alinea con la línea conservadora del gobierno estadounidense de Donald Trump, que promueve la guerra mundial contra las drogas excepto en su país, donde el negocio de la marihuana crece.

En fin, a veces Colombia parece un mundo distópico, en donde la oligarquía se empeña constantemente en ponerle sistemáticamente freno a cualquier opción viable de superar la guerra, la miseria y la desigualdad social.

En esta distopía gobierna el bufón que un caudillo sacó de la manga, ese animador carente de gracia de fiestas empresariales de fin de año que un día nuestro mandamás designó a dedo. A esta élite no le sirve de nada que esté demostrado que la desigualdad del acceso a la tierra y la falta de inclusión en el sistema político de ciertos sectores fueron factores decisivos en el origen del conflicto armado; no le sirve de nada la evidencia del fracaso del enfoque de la guerra contra las drogas o que seamos uno de los países más desiguales del mundo. Ojalá este tipo de reformas reaccionarias no continúen y, por fin, se les garanticen los derechos a las víctimas y se nos permita construir una memoria colectiva legítima, con la fuerza simbólica y real suficiente para no repetir más tantos horrores que se han vivido en el país.

Es maravilloso observar la unidad del movimiento estudiantil, sus protestas han comenzado a ganar el apoyo de la sociedad colombiana, de los maestros y de varios sectores políticos. Lástima la línea editorial en la última revista Semana, que publicó el artículo "¿Por qué el Gobierno no va a cumplir las exigencias del movimiento estudiantil?", promovido en redes sociales como “Mucho reclamo, poca plata”, que propone que se acaben las marchas porque el Gobierno no tiene con qué financiar los casi 20 billones que se requieren para salvar (no para mejorar) la educación superior pública, que nos conformemos con los 1.5 billones, que ya no tiene sentido seguir. Ojalá la legitimidad de la marcha no se pierda entre discursos como este, que debilitan la movilización ciudadana y de forma soterrada toman partido por la posición del gobierno.