España anuncia los arrestos de la cúpula de ETA en pleno desarme unilateral del grupo

Golpe policial contra "las estructuras de dirección de ETA", según el Ministerio del Interior español. Una operación conjunta de la Guardia Civil y la Dirección General de la Seguridad Interior (DGSI) francesa se resolvió el martes con la detención de David Pla, Iratxe Sorzábal y otras dos personas en la localidad de Saint-Étienne-de-Baïgorry, en el Departamento de Pirineos Atlánticos. Sorzábal y Pla están considerados por las fuerzas de seguridad de ambos países como los militantes de esta organización "más buscados por los servicios policiales de España y Francia", de acuerdo con el comunicado ministerial.

El titular de la cartera de Interior, Jorge Fernández Díaz, aseguró en Bruselas que los arrestos implican el "acta de defunción" y el "descabezamiento absoluto" de la organización armada. Para el ministro, el operativo policial constataría que el gobierno del conservador Partido Popular (PP) "no ha negociado, negocia, ni negociará" con el frente armado de parte de los independentistas vascos.

ETA sostiene desde 2011 un "cese definitivo de la actividad armada" sin condiciones, cómo se refirió al mencionado en un comunicado; un llamado proceso de desarme unilateral que cuenta con la supervisión de una Comisión Internacional de Verificación (CIV), formada por agentes implicados en otros procesos de desarme en Sudáfrica e Irlanda del Norte.

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Pero el gobierno español rechaza cualquier tutela internacional. "Para adquirir sus armas ETA no necesitó de verificadores. Si de verdad quiere desprenderse de unas armas, con la Guardia Civil y la Policía nos basta. No son los 'verificadores' los que derrotaron a ETA. No nos hace falta, con todos los respetos, porque los mejores son la Guardia Civil y la Policía", declaró el titular del Interior el febrero del año pasado ante la iniciativa de desarme de la banda.

"El gobierno español nunca ha querido responder a los estándares internacionales de la resolución de conflictos ni a los llamamientos hechos por la comunidad internacional y la mayoría social del País Vasco con el fin de resolver las consecuencias del conflicto: el desarme, los presos y todas y cada una de las víctimas. Pero el gobierno español ha preferido simular que nada ha cambiado y ha llegado a hacer el ridículo por ser el único gobierno en el mundo que se ha negado a participar en el desarme de una organización armada", declara a VICE News Jon Iñarritu, diputado independentista vasco en el Congreso español.

De ser ciertas las afirmaciones de Fernández Díaz, el del PP de Mariano Rajoy sería el único gobierno de España que no habría llevado a cabo negociaciones con ETA. Desde 1978 hasta la legislatura del presidente socialista José Luís Rodríguez Zapatero, que acabó en 2011 — incluidos los dos gobiernos del PP de José María Aznar (1996 — 2004) —, todos los mandatarios han tenido conversaciones con la organización.

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A pesar de la participación francesa en esta operación, la Conferencia de Paz celebrada el pasado junio en la Asamblea Nacional de París — de la que participaron todos los partidos galos a excepción del ultraderechista Frente Nacional — emitió un comunicado en el que se pedía que se "ponga en marcha un espacio adecuado que garantice que el desarme se desarrolle de manera coordinada y controlada".

La conferencia contó con la participación del exprimer ministro irlandés, Bertie Ahern, de miembros de la CIV y de víctimas de ETA y de los parapoliciales Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) — cuya desarticulación implicó a mandos policiales españoles —, así como de expresos.

Este colectivo, el de los presos, juega un papel clave en una eventual resolución del conflicto. De acuerdo con datos ofrecidos por la organización de familiares Etxerat, hay más de 400 personas encarceladas en centros penitenciarios españoles y franceses, muchos de ellos bajo régimen de dispersión. Esta política penitenciaria se diseñó con el objetivo de evitar la concentración de presos independentistas en las cárceles vascas durante la década de los 80 y ha sido denunciada por familiares de los encarcelados por entender que implica un plus de condena a sus seres queridos.

El acercamiento de los presos es una de las principales reivindicaciones de los que abogan por una solución negociada al conflicto. Desde que se aplicó la dispersión, 16 allegados de presos han perdido la vida en la carretera.

"COVITE (Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco) considera que las Fuerzas de Seguridad han hecho su trabajo y quiere felicitar a la Guardia Civil porque esta operación es una buena noticia que reafirma nuestra confianza en ellos. Lo que COVITE espera ahora es que disuelvan a ETA. No hay que esperar a que ETA siga humillando a la ciudadanía, hay que poner punto y final a su historia. No hay que olvidar que hay decenas de etarras [denominación que se da a los militantes de ETA] que siguen en libertad y sobre los que debe caer todo el peso de la ley", declara la organización de apoyo a las víctimas del terrorismo a VICE News mediante un email.

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Euskadi Ta Askatasuna (Patria Vasca y Libertad) nació en 1959 de la mano de un grupo de jóvenes universitarios que pretendían renovar el nacionalismo vasco en 1952. En 1964 la organización planteó por primera vez la necesidad de asumir la lucha armada, siendo el asesinato de un comisario de la policía su primera acción. Y en 1973, el espectacular atentado contra el que debía ser sucesor del dictador Francisco Franco, el almirante Luis Carrero Blanco, le dio al grupo buena parte del capital simbólico del que gozó hasta bien entrados los 90.

Desde entonces ETA sufrió una importante escisión y fue perdiendo poco a poco su referencialidad entre la izquierda estatal. La pérdida del apoyo internacional acabó situando a la organización en una posición marginal tras la ilegalización, a partir de 2002, de aquellas formaciones y colectivos a los que el Estado español presuponía vinculación con el grupo mediante la llamada 'ley de partidos'. En 2009 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo ratificó esta medida.

De acuerdo con datos de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, 829 personas han sido asesinadas por ETA desde 1968 hasta hoy. Una cifra a la que hay que agregar las cerca de 250 muertes a manos de fuerzas policiales, grupos ultras o parapoliciales, más 127 por causas derivadas del conflicto entre 1968 y 2003, según la publicación electrónica Euskonews.

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