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ESPAÑA

España desobedece a la ONU y no repara a una madre cuyo maltratador asesinó a su hija

Lo que recomienda el organismo no es vinculante pero la Constitución dice que las normas se interpretarán según tratados internacionales firmados y ratificados por España. Esto implica un compromiso en la defensa de los DDHH y seguir sus...

por Beatriz Lucas
29 Julio 2015, 3:50pm

Imagen de Ángela González vía Women's Link

"Llevo luchando 12 años para que el asesinato anunciado de mi hija no se repita". Así resume su peregrinar por instancias judiciales e internacionales Ángela González Carreño. Su ex marido, que la había maltratado durante 20 años, asesinó a su hija Andrea de 7 años durante una visita no supervisada y se suicidó.

La madre había interpuesto hasta 30 denuncias en las que advertía de los riesgos de dejarle solo con la niña. Las autoridades hicieron caso omiso, y tras dos años de visitas supervisadas, permitieron al padre ver a la niña sin vigilancia. Fue entonces en abril de 2003 cuando la mató.

Hace un año que las Naciones Unidas le dio la razón. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas (CEDAW) pedía al Estado español que investigara lo ocurrido y que compensara a Ángela con una reparación adecuada y una indemnización integral y proporcional a la gravedad de la conculcación de sus derechos.

La ONU denuncia una amplia lista de derechos humanos vulnerados en España. Leer más aquí. 

Pero el Ministerio de Justicia ha optado por desobedecer a las Naciones Unidas y esta semana informaba a Ángela que ni se investigará si el sistema es efectivo, ni se le indemnizará argumentando que las resoluciones de este comité no son vinculantes y que consideran que el sistema judicial español ofrece suficientes garantías a las víctimas.   

20 menores muertos a manos de sus padres maltratadores en 6 años

Mientras el Estado español y el Ministerio de Justicia hacen caso omiso a esta recomendación, historias como la de Andrea han seguido ocurriendo desde entonces en España. Sólo en los últimos seis años (de 2008 a 2014), 20 niños han muerto en España a manos de sus padres maltratadores. 

"Seguirá pasando hasta que para esta justicia prevalezca el derecho de nuestros hijos sobre el de un padre que los maltrata sin control. Esta justicia no es consciente de que entrega a nuestros hijos a hombres que lo único que tienen en la cabeza es hacerles a sus madres el mayor daño posible importándoles muy poco que se lleven por delante a sus propios hijos, una moneda de cambio muy valiosa para ellos porque saben que tienen conseguido su propósito destrozando la vida de sus madres", explica Ángela.

El peregrinar judicial de Ángela para demostrar que su hija murió por un incorrecto funcionamiento del sistema judicial, le ha llevado ante todos los tribunales a su alcance, incluida la Audiencia Nacional, o el Constitucional. Por eso ella, cuando la justicia española le dio la espalda, llevó el caso más allá de las instancias españolas y lo denunció en 2012 ante las Naciones Unidas. El año pasado, le dieron la razón. 

Cinco recomendaciones

El informe de las Naciones Unidas hace cinco recomendaciones al Estado español: una "indemnización proporcional a la gravedad de lo sucedido"; una "investigación exhaustiva e imparcial" para descubrir qué falló en el sistema que dejó a Andrea y Ángela sin protección y que no vuelvan a darse casos como este; "Formar al poder judicial y personal administrativo en materia de violencia doméstica para luchar contra estereotipos de género"; que se tenga en cuenta "los antecedentes de violencia machista al establecer los regímenes de custodia", y que "se refuerce el marco legal" para responder a las situaciones de violencia doméstica.

Ángela denunció el riesgo hasta 30 veces, y hubo 47 denuncias más en las que no hubo respuesta ni policial, ni judicial alguna. Sin embargo, el Ministerio de Justicia en su respuesta se niega a indemnizar a Ángela. Sus argumentos: "No se apreció un anormal funcionamiento de la justicia en las sentencias emitidas por los tribunales nacionales". Además, señalan que las recomendaciones del comité no son vinculantes al no tratarse de una sentencia. "No es una resolución judicial por lo que no constituye una interpretación auténtica del pacto".

Cómo actúan los que matan a sus mujeres 10 años después de la ley de violencia de género. Leer aquí. 

Irónicamente este comité no puede emitir sentencias, sino simplemente recomendaciones.

El abogado experto en Derecho Público, Beltrán Gambier cree que el Ministerio se desacredita con esta afirmación. "Si ese organismo no puede emitir sentencias, ¿cómo argumentar que no es una sentencia para escudarse y no cumplirlo? es un sinsentido que invalida su argumentación. Creo que los órganos de representación de a abogacía deberían posicionarse ante esta falta de rigor", asegura.

Respecto a la petición de formación de los jueces, aunque el Estado asegura que se están implementando medidas, sin embargo, según Women´s Link esta formación que ofrece el estado tiene solo 88 plazas y son solo para jueces y juezas de los 5.219 jueces, juezas, magistrados y magistradas en activo. Lo que supone que apenas llega a un 1% de la judicatura que se encuentra en activo.

Viviana Waisman, presidenta de la organización de protección de derechos de las mujeres Women's Link, que lleva la defensa de este caso, cree que aunque no sea una sentencia la firma del convenio de este comité obliga a España a seguir sus recomendaciones. "El artículo 10 de la Constitución española dice que las normas se interpretaran de acuerdo a los tratados internacionales firmados y ratificados por España y esto implica un compromiso en la defensa de los derechos humanos y un seguimiento de sus recomendaciones", explica.

Una delegación de 21 personas para mirar a otro lado

Además, asegura que hay una falta de coherencia. "Hace dos semanas en España envió a Ginebra una delegación de 21 personas para ratificar la convención de este Comité, un trámite que hay que hacer cada cuatro años. Normalmente los países envían equipos de cuatro o cinco personas. Se supone que si mandas una delegación de 21 personas te importa el tema. ¿Y a las dos semanas dices que te importa más bien poco lo que diga la comisión porque no es vinculante? Es un sinsentido", explica a VICE News Viviana Waisman.

Precisamente en el informe emitido por este Comité censuran a España por su abordaje del caso de Ángela y por hacer caso omiso de las recomendaciones realizadas.

"Es un claro fracaso de España en garantizar a una víctima de violencia de género su derecho a acceder a la justicia", aseguran a Vice News desde la Fundación Abogacía Española. "El acceso a la justicia es un derecho humano, y por eso el fracaso de los tribunales y administraciones de España en garantizarlo para Ángela González saltó a un órgano internacional, de la ONU. Y las autoridades españolas no sólo incumplen la resolución sino que también la menosprecian. Parece que España pertenece a este Comité de la ONU para apoyar que otros países cumplan sus recomendaciones y resoluciones y se pone de perfil cuando van dirigidas a sus negligencias", explican desde el órgano de representación de los abogados españoles.

Además, lamentan el doble rasero de España para atender las recomendaciones internacionales. "Se practica una obediencia desmedida a las organizaciones internacionales cuando se trata de asuntos económicos pero dice que sus resoluciones no son vinculantes cuando se trata de organizaciones internacionales de derechos humanos. Las resoluciones de los órganos internacionales a los que pertenecemos deben ser acatadas cuando nos afectan a nosotros y a los derechos humanos de nuestros conciudadanos", concluyen.

Otros países ante informes similares

Aunque el dictamen efectivamente no es vinculante, casos similares han sido empleados en otros países como Austria, Perú, Brasil, Turquía y Bulgaria para mejorar sus legislaciones y han sido aplicados para cambiar la ley. Perú, por ejemplo, permitió el aborto terapéutico en el país a raíz de las recomendaciones realizadas por el caso de una niña de 13 años embarazada tras una violación que se quedó tetrapléjica porque operarla para evitarlo habría provocado el aborto de la niña.

"Aparte de que el Comité acusa a España de dejación de funciones, les están dando una hoja de ruta para hacer las cosas bien en violencia machista y están mirando para otro lado, entonces ¿para qué tanto esfuerzo para que les ratifiquen?", añade Viviana Waisman que alerta también de que en España no existen unos mecanismos válidos para aplicar las recomendaciones realizadas por los protocolos de los Organismos Internacionales.

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Siguientes pasos

Desde esta organización sin embargo, no están dispuestos a rendirse y van a recurrir el último pronunciamiento. "Vamos a seguir luchando. Nos están cerrando las vías procesales con unas interpretaciones muy formalistas del derecho para bloquear el acceso a la justicia y vamos a seguir luchando hasta lograr que se repare a Ángela como establece el criterio de las Naciones Unidas", asegura la portavoz de Women´s Link.

Y concluye: "El Estado debe también investigar qué pasó en este caso y qué ha seguido pasando en los más de 20 menores muertos a manos de sus padres maltratadores. Es importante como reparación a Ángela pero también para mejorar el sistema de este país. Ni este gobierno ni ningún partido político que diga que quiere proteger a las víctimas de violencia doméstica es creíble si no se comprometen a cumplir con este dictamen".

El abogado Beltrán Gambier, explica a VICE News que una medida al alcance del Gobierno, sería una reparación a la víctima desde el Consejo de Ministros, como se ha hecho en otras ocasiones. "No es de recibo la respuesta del gobierno de España. No es verdad que el tiempo transcurrido o que el dictamen no sea vinculante sea una excusa válida para no cumplir la recomendación. Más allá del laberinto judicial, y si debe abrirse o no una nueva vía jurídica reclamando daños y perjuicios, el Gobierno podría aprobar una compensación para la víctima, que evidentemente lo es, y a la que no se protegió adecuadamente, aunque mucho me temo que el Gobierno actual no está en esta línea", asegura el abogado.

Mientras tanto, Ángela, seguirá en la lucha con los medios a su alcance. "Nuestros hijos deben estar protegidos siempre pero si además viven en un entorno de violencia machista y el Estado debería ayudarnos a protegerlos. Hasta que el gobierno no cumpla con la decisión del comité mi vida será siempre una lucha porque la dignidad está por encima de todo", concluye.

Sigue a Beatriz Lucas en Twitter @beitalucas

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