México ordenó detención de militares por los 43 estudiantes desaparecidos

CIUDAD DE MÉXICO - Desde la desaparición hace seis años de 43 estudiantes en una zona rural de México, sus familiares han insistido en que los militares participaron en el crimen. Ahora, el Gobierno presenta por primera vez cargos penales contra militares y agentes de la Policía Federal que presuntamente estuvieron involucrados en el secuestro masivo, un paso potencialmente significativo para resolver uno de los casos de derechos humanos más importantes de la última década.

Las autoridades mexicanas anunciaron que han emitido 25 órdenes de arresto contra personas que creen que son los "autores materiales e intelectuales de la desaparición". Entre ellos se encuentra el entonces director de la Agencia de Investigación Criminal, exjefe de la Policía Federal y exinvestigador principal del secuestro masivo.

El caso de los 43 estudiantes que desaparecieron camino a una protesta en septiembre de 2014 es una prueba de la violencia y la impunidad que reina en México. Una investigación del gobierno anterior fue ampliamente desacreditada por estar mal hecha, empañada por la corrupción y basada en testimonios extraídos bajo tortura. A la furia se sumaron las revelaciones de que el gobierno utilizó tecnología de vigilancia sofisticada para espiar a los investigadores independientes.

Las órdenes de arresto contra los funcionarios de seguridad del Estado ayudan a cumplir la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de llegar al fondo del caso y encontrar a los estudiantes desaparecidos que asistían a una escuela de formación de maestros en Ayotzinapa, en el sureño estado de Guerrero. Los familiares de los estudiantes mantienen la esperanza de que todavía estén vivos.

“Estamos ante una gran injusticia cometida por el Estado mexicano”, dijo López Obrador en una rueda de prensa en la que anunció las órdenes de aprehensión. “Por eso ahora el Estado tiene que reparar el daño y tiene que aclarar lo que sucedió y tiene que entregar las cuentas. Tiene que haber justicia y ese es nuestro compromiso".

No está claro de qué se acusa exactamente a los militares y oficiales de la Policía Federal y si sus arrestos producirán un avance en el caso. López Obrador aún tiene que articular una teoría clara de lo que sucedió con los estudiantes desaparecidos, incluso cuando se ha burlado de la investigación realizada bajo su predecesor.

Dijeron que era mucho más probable que los estudiantes, que estaban tratando de conseguir autobuses para asistir a una protesta en la Ciudad de México, hubieran incautado sin saberlo un autobús que contenía un cargamento de heroína a los Estados Unidos. Guerrero es un importante estado productor de drogas: parcelas clandestinas de heroína, amapola y marihuana salpican sus fértiles montañas verdes, y la zona es disputada por docenas de diferentes organizaciones criminales violentas.

El nombre más importante que se dará a conocer en las detenciones es el de Tomás Zerón, quien fue titular de la Agencia de Investigación Criminal en la Procuraduría General de la República bajo la administración anterior. Zerón orquestó una campaña de mentiras para explicar la desaparición de los estudiantes, dijo el Fiscal General Alejandro Gertz Manero.

“Desde la cúspide del poder hasta los operadores más elementales, encubrieron, mintieron, torturaron, realizaron falsas dirigencias y trataron de ocultar con impunidad y escándalos mediáticos una trama que ahora se ha logrado exhibir toda su crudeza y realidad”, dijo Gertz Manero, agregando que los estudiantes “fueron víctimas que quedaron en medio de un choque de intereses de las fuerzas del narcotráfico".

A cambio de promover la "verdad histórica", Zerón robó más de 44.7 millones de dólares del presupuesto de la agencia, con el consentimiento de sus superiores, dijo Gertz Manero. “La institución puso a su disposición cerca de 50 agentes policíacos y todo el aparato administrativo para cuidarlo y facilitar ese saqueo”.

Zerón huyó a Israel y los funcionarios mexicanos buscan su extradición. También es buscado por Interpol por acusaciones de torturar a sospechosos en el caso.

Resulta frustrante que haya pocos avances en la búsqueda de los estudiantes desaparecidos. En noviembre de 2014, se encontró un pequeño fragmento de hueso de uno de los estudiantes en un barranco en Cocula, México. El descubrimiento ofreció la esperanza de que también se encontraran los restos de otros estudiantes.

Las órdenes de aprehensión contra militares son un "paso extraordinario" y un punto de inflexión, dijo Eduardo Guerrero, analista de seguridad de Lantia Consultores en la Ciudad de México. "Es una institución hermética y opaca a la que se le ha pedido que haga el trabajo sucio del gobierno", dijo. "Hasta ahora, los oficiales no se han atrevido a perseguir a los militares".

Para López Obrador, los arrestos también le ofrecen la oportunidad de avergonzar a su predecesor mientras muestra su mando sobre el ejército, del que depende en gran medida en cuestiones de seguridad. López Obrador también está presionando por un referéndum nacional para que los mexicanos voten si quieren que los presidentes recientes sean procesados ​​por presunta corrupción.

Los padres de los estudiantes desaparecidos expresaron un cauto optimismo sobre el último desarrollo.

“Es lo que siempre hemos dicho: los militares estaban involucrados”, dijo Mario González, padre de César Manuel González Hernández, quien tenía 19 años en el momento de su desaparición.

“Desafortunadamente, el último presidente escondió, manipuló y destruyó pruebas. Ahora vemos voluntad política que nos da un poco más de esperanza”, dijo.

Portada: Estudiantes con fotografías de los 43 estudiantes desaparecidos durante una protesta para exigir justicia por su secuestro el 26 de septiembre de 2020 en la Ciudad de México, México. Crédito: Carlos Tischler/Eyepix Group/Barcroft Media a través de Getty Images.