Dentro de una red de espionaje ilegal del Gobierno en Argentina

BUENOS AIRES, Argentina - En marzo de 2018, Luis Tagliapietra acudió a una audiencia judicial en la ciudad de Caleta Olivia, en el sur de Argentina. Antes de entrar, se aseguró de apagar su celular, de acuerdo con los protocolos del tribunal.

Cuando volvió a encender su celular alrededor de las 5 p.m., le empezaron a llegar varias notificaciones de Google. Habían accedido a su cuenta varias veces desde dispositivos desconocidos desde una IP en Malasia y otros países.

“Se lo mostré [al fiscal] y fuimos directamente a su oficina, que estaba al lado del tribunal federal, y fue entonces cuando denuncié por primera vez un espionaje ilegal”, le dijo a VICE World News.

Tagliapietra tenía razón: lo estaban espiando. Pero no por ser sospechoso de terrorismo o un capo de la mafia, sino por ser el padre de Alejandro, un tripulante de 27 años que se encontraba a bordo del submarino de la Armada ARA San Juan cuando desapareció en el océano Atlántico Sur en 2017. La audiencia de ese día de marzo de 2018 era parte de una investigación para determinar el destino de la nave.

Al principio, el fiscal lo registró como un caso de violación de correspondencia. Pero desde entonces, una serie de investigaciones y auditorías han ido revelando paulatinamente que Tagliapietra fue solo una de las víctimas de una inmensa red de espionaje ilegal a manos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de Argentina durante la presidencia de Mauricio Macri, de 2015 a 2019.

En abril, una comisión del Congreso presentó un informe en el que pedía a los legisladores que iniciaran una investigación sobre el papel que pudo haber tenido "un puñado" de fiscales y jueces en la red de espionaje. El informe acusa al poder judicial, los servicios de inteligencia y los medios de comunicación simpatizantes de colaborar para crear campañas de difamación coordinadas utilizando información obtenida ilegalmente.

La comisión dijo que la red de espionaje era un claro ejemplo de “lawfare”, un concepto que ha ido ganando fuerza en la política sudamericana en los últimos años. Se refiere a la práctica de abusar del sistema judicial para perseguir a opositores políticos.

Aún no está claro cuántas personas podrían haberse visto afectadas por toda la operación en Argentina. Sin embargo, el informe encontró que los agentes espiaron ilegalmente a unas 170 organizaciones políticas, sociales y profesionales y al menos a 307 personas, además de intentar influir en al menos 43 casos judiciales a través de actividades como la extorsión de testigos, solo en los primeros 12 meses de la presidencia de Macri.

Las víctimas incluyeron a políticos como la expresidenta y ahora vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el gobernador de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. También se recopilaron expedientes sobre más de 400 periodistas.

Las familias de la tripulación del ARA San Juan ya sospechaban que algo andaba mal antes de que hackearan la cuenta de Gmail de Tagliapietra. Sus celulares arrojaban errores extraños: las fotos desaparecían y se reiniciaban sin razón aparente. En algún punto, la conversación de whatsApp que Tagliapietra tenía con su hijo desapareció.

“En ese momento, miraba el chat con bastante frecuencia porque era mi último contacto con él”, dijo. “Tal vez parezca una tontería, pero era mi forma de conectarme con él, leer las últimas cosas de las que habíamos hablado. Entonces, un día fui a mirarlo y ya no estaba”. Pudo recuperar el chat de una copia de seguridad, pero otras familias no tuvieron tanta suerte.

El submarino finalmente fue encontrado en noviembre de 2018, pero las preguntas sobre lo que sucedió con la nave y el trato del gobierno a las familias de la tripulación continúan hasta el día de hoy.

Hasta la fecha, varias personas han sido procesadas por actividades de inteligencia ilícitas en una serie de casos judiciales en curso, incluido el exdirector de la AFI macrista, Gustavo Arribas, y la exsubdirectora, Silvia Majdalani.

Una de las organizaciones sociales que espió el gobierno argentino fue Barrios de Pie, que lleva a cabo proyectos como comedores populares, trabajo comunitario de salud y educación popular. En una ocasión, un agente intentó instalar cámaras ocultas para grabar una reunión en Isidro Casanova, en las afueras de Buenos Aires, sobre el aparente robo de ayuda alimentaria. Pero mientras intentaba colocar las cámaras, pisó una chapa de plástico que cedió ante su peso y cayó siete metros al suelo y se rompió la pelvis.

Su caso se encuentra entre los muchos enumerados por el juez Alejo Ramos Padilla en un documento judicial que detalla el enjuiciamiento del abogado de la AFI Pablo Pinamonti por presuntamente coordinar una serie de operaciones de espionaje ilegal en la provincia de Buenos Aires antes de las elecciones de mitad de período de 2017.

Ahora, la pregunta para muchos observadores es quién es el responsable. Patricia Bullrich, quien era ministra de Seguridad Social en ese momento, dijo durante una entrevista televisiva que la vigilancia a periodistas equivalía a verificaciones de antecedentes que formaban parte de los “protocolos necesarios” en torno a grandes eventos internacionales, y que la actividad estaba permitida por la ley de inteligencia argentina.

Sin embargo, los defensores de la privacidad dicen que la información recopilada fue mucho más allá de los procedimientos básicos de seguridad. “Muchos periodistas tenían cosas en sus perfiles que nada tenían que ver con su trabajo como periodistas acreditados para cubrir este tipo de eventos”, dijo Beatriz Busaniche, directora de la ONG de derechos humanos y tecnología Fundación Vía Libre. La propia Busaniche fue víctima del espionaje antes de la reunión de la Organización Mundial del Comercio de 2017 en Buenos Aires. Después de que el espionaje salió a la luz, se le envió una copia de su expediente y encontró que contenía información sobre su madre y sus vecinos.

El gobierno de Macri inició una investigación sobre Ramos Padilla, el juez que investiga las acusaciones, luego de que presentó sus hallazgos sobre el espionaje a una comisión del Congreso. Había acusado al espía Marcelo D’Alessio de plantar pruebas y utilizar cámaras ocultas para extorsionar a sus víctimas para que hicieran confesiones que luego serían utilizadas en los tribunales. El juez sugirió que D'Alessio tenía vínculos con Bullrich y varios legisladores. El director de la División de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, dijo en ese momento que “pareciera que el gobierno está tomando represalias contra un juez que tiene a su cargo una investigación que le preocupa".

“Las autoridades de la AFI macrista [...] no niegan el espionaje. Lo que dicen es que los agentes actuaron por su propia voluntad ”, dijo Luciana Bertoia, periodista de derechos humanos que ha seguido de cerca el caso.

Los partidarios de los líderes de izquierda vinculados con la “marea rosa” de la región, incluidos Fernández de Kirchner y el expresidente de Brasil, Inácio Lula da Silva, argumentan que el lawfare es una forma de atacar a los gobiernos cuyas políticas van en contra de la élite, a menudo bajo el pretensión de luchar contra la corrupción.

El término se usa a menudo para describir los procedimientos legales contra Lula, quien fue condenado por delitos de corrupción y encarcelado en 2018. Fue liberado a fines de 2019 después de que se reveló que el juez estaba en connivencia con la fiscalía para evitar que el partido de Lula ganara las elecciones de 2018.

Pero algunos comentaristas han argumentado que el verdadero problema es que los sistemas judiciales de la región no son independientes de quien está en el poder, un tema que ha derribado en la práctica importantes investigaciones de corrupción como el inmenso escándalo de la Operación "Lavado de Autos" en Brasil.

Los defensores del concepto de lawfare alegan que la connivencia de los medios de comunicación "hegemónicos" alineados ideológicamente con las élites políticas y económicas tradicionales desempeña un papel importante en la manipulación de la opinión pública, por ejemplo, al crear una percepción generalizada de que la parte acusada es culpable incluso antes de que haya comenzado el juicio.

En un ejemplo citado en el informe de la comisión, los servicios de inteligencia intervinieron el celular de Oscar Parrilli, exdirector de la AFI durante la presidencia de Fernández de Kirchner, durante 209 días, supuestamente porque era sospechoso de un delito. Sin embargo, sus llamadas con Fernández de Kirchner fueron grabadas, enviadas a los medios de comunicación y luego transmitidas en horario estelar.

En otra ocasión, el juez federal Claudio Bonadio llamó a Daniel Santoro —un periodista que cubrió ampliamente los cargos de corrupción contra Fernández de Kirchner— y a sus fuentes a presentar pruebas para fortalecer un caso de corrupción, pero se reveló que la fuente del periodista era el espía D'Alessio. Bonadio, quien murió en febrero de 2020, había trabajado en varios casos judiciales importantes y controvertidos.

Las revelaciones de que los servicios de inteligencia que participaron en actividades ilegales como la extorsión habían obtenido algunas confesiones, acuerdos con la fiscalía y otros acontecimientos en casos importantes de corrupción, suscitan preocupaciones sobre las fake news. El informe de la comisión también afirmó que las noticias falsas se utilizaban a veces como un medio para chantajear a las víctimas con la amenaza de dañar su reputación.

Busaniche dijo que es clave lograr un equilibrio entre garantizar la libertad de prensa y la publicación de material obtenido ilegalmente. “El problema en estos casos siempre es cuando el poder judicial hace cosas que no debería”, dijo. “Porque esa es la única garantía que tienes. Las investigaciones periodísticas no deben ser criminalizadas bajo ninguna circunstancia y los periodistas no deben ser obligados a revelar sus fuentes.[...] Sin embargo, esas garantías no deben tomarse como una carta blanca para que los periodistas cometan delitos”.

El espionaje ilegal no es algo nuevo en Argentina. La última dictadura del país, de 1976 a 1983, fue conocida por utilizar el espionaje como parte de su campaña de terror estatal.

Busaniche cree que parte del problema es que la AFI no se apegó a su cometido de recopilar información sobre las principales amenazas a la nación, como el terrorismo y el COVID. "Necesitamos más doctores e investigadores postdoctorales que se especialicen en temas como el comercio internacional y la tecnología de la comunicación, en lugar de personas que hayan sido despedidas de las fuerzas de seguridad", dijo.

“Los argentinos estamos bastante acostumbrados al espionaje político contra los políticos. ¿Y eso es malo? Es terrible”, dijo Bertoia. "Pero espiar a las familias que buscan a sus seres queridos y a organizaciones sociales como los comedores populares es incomprensible".