Por qué creo que los lavaderos de plata son buenos para la sociedad colombiana

Hay momentos de la vida en los que nos topamos con almacenes, restaurantes supermercados y tomaderos de trago que sobresalen, sobre todo, por sus bajos precios (a veces ridículamente bajos) y sus generosas cantidades y porciones. Tal vez sea por la historia de narcotráfico que ha marcado a Colombia en básicamente todos los sectores (la estética, la rumba, la manera de tomar), o tal vez sea que este tipo de establecimientos suelen tener nombres jocosos, como la "fritanguería francesa", pero, lo definitivo, es que siempre hay alguien que sale con el comentario de "esto es un lavadero". La frase va con una sonrisa de por medio.

¿Culpamos a una persona por tomar esta actitud jocosa ante un evento tan serio? Puede que el objetivo final de los lavaderos sea oscuro y egoísta, pero eso no quita que los consumidores tengan, gracias a ellos, acceso a un establecimiento con tarifas costeables. Esto lo digo porque los precios se acomodan a la realidad económica de un país en donde, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el 28,2% de la población está en condiciones de pobreza. De manera que los lavaderos son un ejemplo de cómo una actividad ilegal le retribuye algo a la sociedad, aunque sea bastante claro que no se diseñan con esa intención.

Es un dilema político, legal, social, ético… Sigan dando sugerencias. Pero, sorprendentemente, la existencia de los lavaderos puede ser defendida bajo la teoría económica. Y no se trata de otra de esas ideas crueles de los economistas, como bajar el salario mínimo para reducir los índices de desempleo. Para nada. Algunas actividades ilegales pueden ser consideradas como externalidades negativas.

¿Qué es una externalidad? La mayoría asocia este concepto a las clases de cultura ciudadana que alguna vez tomó: se trata, sin embargo, de los efectos nocivos no contemplados a la hora de realizar alguna actividad. Por lo general, en la teoría económica, se estudian los casos típicos, como los derrames de petróleo, la polución y todos aquellos por los que cualquier ambientalista podría echar piedra. Sin embargo, El Mal Economista dice que las externalidades no tienen que presentarse en situaciones tan drásticas: también ocurren en la vida diaria. De hecho, el análisis de este tipo de situaciones es altamente productivo a la hora de encontrar la forma de solucionarlas.

Un buen ejemplo es el mal aliento. A alguien, por ejemplo, se le ocurre la maravillosa idea de comer empandas con ají y, al tiempo, tomar café. El aroma que sale de su boca lo sentirá, como sabemos, todo el mundo. El problema es que los $2.000 que pagó este personaje de estómago de hierro no incluyen el daño nasal que le genera a su comunidad. Y es probable que en el futuro él siga consumiendo este combo afrodisíaco, ya que le sale barato (no paga nada) en términos monetarios generar este daño. ¿Cómo se soluciona?

Algunos podrían argumentar que darle una menta es suficiente. Puede que disimule parte del olor, aunque también podría empeorarlo. Es mejor que el tendero, quien también es una de las víctimas, le cobre el doble a todo aquel que se le ocurra pedir este combo. Pasar de cobrarle $2.000 a $4.000 a un universitario promedio, que por lo general anda quebrado, ocasionaría que todos tengan que pensarlo dos veces a la hora de decidir marcar químicamente su territorio. Es más, podría provocar que tenga que decidir entre comprar café o empanadas.

Tal como pasa con este ejemplo hipotético (e imposible, como algunos supuestos de nosotros los economistas), los lavaderos de plata constituyan un impuesto que los ilegales pagan. Mejor dicho, en ambos casos, el que genera la externalidad negativa es el que tiene que pagar para corregir el daño: eso se conoce como impuesto pigouviano. Aunque es claro que los delincuentes ganan más de lo que pierden, y que no es su intención hacerle algún bien al público general montando un chuzo de estos, con los lavaderos por lo menos se está indemnizando en algo a la sociedad. Es un beneficio que no cae mal mientras las políticas antidrogas, de seguridad, y de antievasión rinden sus frutos.

Además, estos curiosos impuestos, que se pagan por medio de sospechosas promociones, casi regalos, como las que había en El Gran Trigal (propiedad de DMG), podrían ser más eficientes socialmente que algunos gravámenes tradicionales. Mientras que la DIAN sigue luchando por cobrar los más de US$6.000 millones que el país deja de recibir por la evasión cada año, los lavaderos representan un mecanismo en el cual los recursos a los que renuncian los grupos ilegales se retribuyen directamente en la población. Además es plata que no queda bajo la administración de los funcionarios públicos, que tienen una larga historia de corrupción en este país. Al generar pérdidas intencionales en sus propias arcas, le generan una ganancia a las personas. La sociedad compra más cantidad (a veces, incluso, más calidad) por mucha menos plata. Ahorran y se sacian. Ganan, mejor dicho.

Por esta razón, las pérdidas en las que entran los grupos delictivos para mantener las fachadas de estos establecimientos corrigen parte de la externalidad que generan, pues pueden entenderse como flujos de inversión en la economía. Principalmente, porque estimulan el consumo en algunos sectores. Eso le da un mayor margen a los ciudadanos para que gasten en otras actividades, entre ellas, las que promueve la economía legal. Además, no se puede ignorar que, para bien o para mal, los dineros sucios han servido como músculo financiero en varias regiones del país por varios años.

Según el estudio El lavado de activos en la economía formal colombiana: aproximaciones sobre el impacto en el PIB departamental, de la subteniente Luddy Marcela Roa Rojas, oficial del Grupo Investigativo de Extinción de Dominio y Lavado de Activos de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, el blanqueamiento de dinero se ha integrado con la generación del Producto Interno Bruto (PIB) en Colombia. Ha ayudado a que la economía produzca.

El estudio concluye que el lavado de activos ha tocado el crecimiento de los departamentos y servido como motor para el fortalecimiento del patrimonio regional. Por ejemplo, la participación de esta actividad ilegal en el PIB de San Andrés y el Valle del Cauca representó en el 2007 el 6,61% y 1,85%, respectivamente. Además, para este mismo año, el blanqueamiento aportó el 0,31% de la producción nacional.

Por cierto, hay promoción de pollo asado (dos por uno) en el Centro, ¿vamos?

*El Mal Economista no cree incorrecto que el Estado use su aparato para perseguir actividades ilegales de cualquier tipo.

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