Bienvenido al Centro de Detención Stewart, el hoyo negro del sistema migratorio de EUA

Este artículo fue publicado en colaboración con Marshall Project.

Para llegar al Centro de Detención Stewart en Lumpkin, Georgia, tienes que conducir dos horas y media al suroeste de Atlanta por la carretera interestatal, que sigue la curva del río Chattahoochee. La ciudad de Columbus, que está a 60 km de Lumpkin, es tu última oportunidad para encontrar un hotel, tener WiFi o señal de celular. Después de eso, solo hay tierra roja y árboles cubiertos de vid. Sabes que llegaste cuando ves una fila de tiendas cerradas, una gasolinera desteñida y una tienda de armas.

Tomas la vía CCA –que lleva el nombre de la empresa provada de cárceles, Corrections Corporation of America— y en diez minutos llegas a Stewart, uno de los centros de detención de inmigración más remotos del país. Stewart se ha convertido en un generador de dinero vital para la zona. En 2012, aportó el 20 por ciento de los ingresos del condado, dinero generado por las aproximadamente 1,700 camas llenas de hombres que están esperando a que les informen si los van a deportar o no.

Pero lo más probable es que sí.

Stewart, y el tribunal de inmigración adjunto que determina el destino de todos sus detenidos, tiene el mayor índice de deportación en todo el país. Esto se debe en parte a que sus detenidos tienen menores probabilidades de encontrar un abogado pro bono de inmigración. No hay abogados que vivan cerca de Lumpkin y muy pocos están dispuestos a hacer la caminata de una hora para llegar a sus clientes, quienes, la mayoría de las veces, no pueden pagar sus servicios.

El año pasado, menos del 2 por ciento de los hombres detenidos en Stewart ganaron sus casos.

En agosto de 2015, Omar Arana Romero esperaba estar entre esa pequeña minoría. Estaba sentado con las manos vacías en un banco de madera en la sala de la jueza Saundra Arrington junto a otros diez hombres. Arrington es una de los cuatro jueces que ven más de 6 mil casos de inmigración cada año en el Centro Stewart. Ese día, Romero tenía miedo. Era la tercera vez que entraba a la sala del tribunal desde junio, el mes que entró a Stewart, y no sabía qué estaba pasando. No hablaba inglés y no tenía abogado.

Un empleado de la corte revisó la identificación de Romero y le indicó que se sentara en una mesa frente al escritorio de Arrington. Romero se puso los audífonos para escuchar al intérprete en español.

Según Romero, Arrington preguntó si había encontrado un abogado desde la última audiencia. No, le respondió, no me alcanza.

Bueno, te di suficiente tiempo para buscar uno, respondió Arrington, así que vamos a proceder con tu caso de deportación.

En junio de 2015, Romero se presentó a su primer día de trabajo en una planta química que estaba a 30 minutos de su casa, en Bay City, Texas. El trabajo manual no era nada nuevo para él: pasó los últimos años haciendo de todo para apoyar a sus tres hijos, desde poner alfombras hasta trabajar en un vivero y en los campos petroleros de Texas. Cuando los supervisores del lugar donde trabajaba le pedían su tarjeta del Seguro Social, les daba una falsa. Pero los jefes de la planta química lo descubrieron y llamaron a la policía, que a su vez llamó a los agentes de inmigración.

Era la primera vez que Romero se metía en problemas con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) desde que se fue de México y llegó a Estados Unidos en 1994. Ya lo habían arrestado en 2003 y 2004 por conducir en estado de ebriedad en Colorado, y en 2012 por posesión de cocaína. En los tres casos salió bajo libertad condicional. El ICE nunca se vio involucrado.

Romero atribuye sus indiscreciones pasadas al trauma y las presiones después de la muerte violenta de su hija Rosa en 2004. Cuando Romero estaba en el trabajo, su ex esposa golpeó a la niña de seis años por portarse mal y poco después murió de una lesión estomacal. Su ex esposa fue sentenciada a 60 años de prisión. El servicio de protección infantil se llevó a los otros tres hijos menores de Romero pero se los regresaron un mes después. Desde entonces es padre soltero.

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La voz de Romero se quebró frente a la jueza Arrington. Quería convencerla para que le diera una oportunidad, o suplicar que le ofrecieran otras opciones, pero le daba miedo decir algo que empeorara su caso.

Procedió con cuidado con la esperanza de ganarse a la jueza. Le dijo que como padre soltero, tenía que hacer el rol de mamá y papá.

Según Romero, la jueza le dijo que se llevara a sus hijos a México.

Pero nacieron aquí, respondió, están acostumbrados a Estados Unidos.

Cuando cumplan 18 años, dijo la jueza, pueden regresar.

Y con eso, la audiencia se dio por terminada. Romero regresó a su litera y lloró.

Stewart es uno de los más de 40 centros de detención privados del país. Dónde terminan los inmigrantes depende de dos factores: la suerte y la geografía. Si los detienen en la parte sureste del país, es probable que terminen en Stewart. Por ejemplo, si los mandan el centro de detención en Miami, su futuro puede ser muy diferente: en Miami tienen tres veces más probabilidades de conseguir un abogado y diez veces más probabilidades de quedarse en Estados Unidos.

Y a diferencia de los casos penales, donde los acusados tienen derecho a un abogado incluso si no pueden pagar sus servicios, los inmigrantes que enfrentan una posible deportación no cuentan con esas garantías. Las familias más pobres tienen que juntar alrededor de 7 mil dólares para un abogado privado o buscar un abogado dispuesto a seguir el caso de forma gratuita. Algo prácticamente imposible en Stewart.

Un informe de septiembre del Consejo de Inmigración de Estados Unidos reveló que de 2007 a 2012, sólo el 6 por ciento de los hombres detenidos Stewart contaban con un abogado. Eso es menos de la mitad del índice nacional de inmigrantes detenidos.

Contar con un abogado tiene un impacto enorme en cada faceta de un caso. La inmigración es un área de derecho particularmente complicada y discrecional con menos salvaguardias constitucionales. Sin un abogado, los inmigrantes no saben a qué compensaciones tienen derecho, cómo meter una solicitud de asilo, o cómo influyen sus antecedentes penales en su estatus migratorio. Una investigación reveló que los inmigrantes que cuentan con abogados tienen más probabilidades de tener primero una audiencia para salir bajo fianza mientras se definen sus casos, más probabilidades de presentar una solicitud de compensación, y hasta 14 veces más probabilidades de ganar su caso y permanecer en Estados Unidos.

Una portavoz de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración, el organismo del Departamento de Justicia que se encarga de los tribunales de inmigración, dijo por correo electrónico que la oficina reconoce la importancia de la representación legal y "ha implementado varias iniciativas para fomentarla". En Stewart, los detenidos pueden tomar un programa de orientación que ofrece Caridades Católicas donde explican todo, desde los roles de cada persona en el tribunal hasta la ley estadounidense de asilo.

Los detenidos también reciben una " lista de proveedores de servicios legales gratuitos ", pero tres de los cuatro abogados ya no aceptan casos pro bono de Stewart.

Sin un abogado, a muchos detenidos sólo les queda confiar en que sus amigos o familiares los ayuden a buscar una forma de quedarse.

Kimberly Griffith es la única que pudo ayudar a su marido, Carlos Marroquín López, cuando fue trasladado a Stewart en 2013. Marroquín López salió de Guatemala y llegó a Estados Unidos en 1998 con la esperanza de tener una vida mejor. La pareja se conoció y empezó a salir cuando ambos trabajaban en un supermercado en Carolina del Norte. Ella era gerente nocturno y él limpiaba pisos. Marroquín López fue detenido mientras conducía sin licencia (en ese entonces no podía sacar una en Carolina del Norte por ser inmigrante indocumentado), y una semana después fue trasladado al Centro de Detención Stewart. No tenía antecedentes penales pero ya lo habían deportado anteriormente.

En poco tiempo, Griffith, una ciudadana estadounidense, tuvo que buscar la forma de navegar un sistema que nunca antes había conocido. "Traté de contactar gente por Facebook y leí un sinfín de artículos en internet para ver qué podía hacer", dijo. "Hable con 12 abogados diferentes pero ninguno quiso tomar el caso. Muchos dijeron: 'Stewart es muy lejos. Está prácticamente en medio de la nada'".

Griffith visitó a Marroquín López ocho veces durante los tres meses que estuvo detenido. Tenía que conducir cinco horas para llegar a Stewart, verlo una hora, y conducir otras cinco horas para regresar a su casa. A veces pasaba la noche en una "casa de acogida" gratuita para familiares que ofrece El Refugio, una organización sin fines de lucro que lucha por los derechos de los inmigrantes. No hay hoteles en Lumpkin.

Con el tiempo, los dos desistieron en su intento de conseguir un abogado y pelear su caso. Marroquín López fue deportado a Guatemala en junio de 2013 y Griffith lo siguió un mes después.

"Si fuera rica, podría haber ganado el caso", dijo. "Pero el sistema no está diseñado para todos".

Y la situación es peor para los que no cuentan con ningún tipo de apoyo en EU.

Sadam Hussein Ali, de 21 años de edad, lleva más de un año en Stewart. Al Shabab, un grupo terrorista en Somalia (su país natal) amenazó a su familia con que se iban a llevar a su hermana menor por no pagar "derecho de piso". Los miembros de Al Shabab lo golpearon y lo encerraron en la cárcel. Hussein Ali escapó 15 días después. Fue por su hermana y huyeron a un campo de refugiados en Kenia, donde su hermana podía pasar desapercibida si usaba una burka.

Después, Hussein Ali huyó a Brasil, viajó a pie o en autobús durante tres meses para cruzar Sudamérica y Centroamérica y finalmente se entregó en la frontera entre Estados Unidos y México, donde explicó a las autoridades que iba en busca de asilo. Los agentes lo mandaron a un centro de detención en Texas, donde estuvo diez días, y después fue trasladado a Stewart.

Entre 2010 y 2014, bajo la administración de Barack Obama, el número de solicitantes de asilo detenidos como Hussein Ali aumentó casi tres veces. En el año fiscal de 2014, cerca del 77 por ciento de los inmigrantes que buscaban asilo (la mayoría eran mujeres y niños) estuvieron en detención mientras se decidían sus casos, en lugar de ser liberado bajo fianza, como se hacía antes. Eso significa más de 44 mil solicitantes de asilo en detención.

Las probabilidades de salir bajo fianza de Stewart son muy bajas. En 2015, según la información recopilada por el Centro Legal para la Pobreza Sureña (SPLC, por sus siglas en inglés), no hubo un solo detenido en Stewart que haya salido bajo fianza, en comparación con el 6 por ciento de los detenidos en todo el país. Si comparamos esas cifras con las de otros centros de detenciones que hay en el país, sólo la mitad de los detenidos salen bajo fianza de Stewart. Y cuando salen, las fianzas promedio son de 5,500 dólares o más.

En Stewart, Hussein Ali llamó a más de diez abogados en busca de ayuda gratuita. Muchos no contestaron. Los pocos que sí lo hicieron negaron sus servicios directamente o le dijeron que le cobrarían 5,000 dólares. Acababa de gastar sus ahorros de 10,000 dólares para llegar a Estados Unidos. Cuando llegó a la frontera entre Estados Unidos y México, le quedaban 460 dólares. Ahora trabaja en la cocina de Stewart y apenas gana lo suficiente para pagar llamadas telefónicas a las oficinas de abogados y a su familia.

La única forma en que pudo llenar su solicitud de asilo fue con la ayuda de un detenido somalí mayor que él, que llevaba tres mese más y hablaba un mejor inglés.

La solicitud fue denegada en marzo, y Hussein Ali, al igual que muchos de sus amigos, decidió no apelar la decisión del juez. Pensó que era inútil después de enterarse de que la mayoría había perdido su caso. "Si tuviera un abogado, creo que sería mejor", dice. "Creo que estoy en el lugar más duro de Estados Unidos."

Ahora espera ser deportado a Somalia.

"Si muero, muero", comenta.

Afuera de 4-Way BBQ, uno de los dos restaurantes de Lumpkin, había antes un cartel que decía "ABOGADO DE INMIGRACIÓN" y mostraba un número 1-800 que nadie contestaba cuando marcaban. Cerca de la entrada de Stewart hay otro anuncio para un abogado de inmigración, en español, que incluye una dirección que lleva a una oficina de preparación de impuestos y un número de teléfono que ha sido desconectado. Y a un costado de la carretera, justo pasando Stewart, hay un cartel, ligeramente pisoteado en el pasto, con un número de teléfono de Houston para la abogada de inmigración Elaine Morley. Cuando le preguntamos si todavía llevaba casos ahí, Morley suspiró.

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"Ese lugar es horrible", dice antes de lanzar una letanía de quejas: la distancia, la falta de espacio, la alta tasa de casos denegados, la dificultad para ponerse en contacto con los clientes. Ha escuchado historias similares de otros abogados. Por eso, después de un solo caso, se detuvo. "Nunca volveré allí", comenta.

Leigh Ann Webster, una abogada de inmigración en Atlanta, trabajó en dos casos de Stewart antes de jurar nunca volver a hacerlo. "Como una abogada privada, no hay manera de cobrar lo suficiente para hacer que valga la pena", dice.

Elizabeth Matherne, una abogada de inmigración radicada en Atlanta, representó a detenidos de Stewart por más de cinco años antes de que decidiera dejar de aceptar clientes nuevos. Había tratado de contratar más abogados para que se ocuparan de los casos ahí, a pesar de los desafíos. "Es un día entero de estar fuera de la oficina y de perder contacto con todo lo demás", explica. "Tienes que ir como si estuvieras retrocediendo en el tiempo". Muchas veces, Matherne tuvo que salir de su casa a las 4 AM para llegar a una audiencia a las 8 AM. Y los recursos disponibles en las instalaciones son particularmente anticuados, agrega. "No tienes acceso a internet, o fax… nada. Tienes que prepararte la noche anterior y asegurarte de tener todo lo que necesitas".

Los problemas de la mayoría de los abogados no terminan cuando llegan al estacionamiento de Stewart. Varios se han quejado de las reglas arbitrarias impuestas por la Corporación de Correcciones de Amércia (CCA, por su siglas en inglés), que recientemente fue renombrada como CoreCivic. Las instalaciones dirigidas por compañías privadas como CoreCivic están sujetas a una supervisión más laxa que las instalaciones públicas. A diferencia de otros centros de detención, los abogados dicen que no pueden programar llamadas telefónicas legales gratuitas con sus clientes. En su lugar, los detenidos deben ahorrar suficiente dinero para comprar una tarjeta con la esperanza de contactar a su abogado por teléfono. Se suponía que Stewart debía instalar un sistema de videoconferencia en 2014, de acuerdo con su contrato, pero les tomó hasta este agosto hacerlo, después de una serie de quejas.

Si van a reunirse con sus clientes en persona, los abogados dicen que los obligan a esperar horas y que frecuentemente se les niega el encuentro sin justificación. Cuando se les permite entrar, están separados de sus clientes por una gruesa capa de plexiglás y sólo pueden hablar por teléfono. Hubo unos meses el invierno pasado cuando los teléfonos estaban descompuestos. Los abogados no tenían más remedio que gritarle a sus clientes a través del cristal.

En respuesta a una carta hecha en marzo que enumeraba tales quejas, funcionarios del ICE dijeron que las recomendaciones para mejoras de los abogados estaban siendo "investigadas y revisadas activamente". Señalaron que las reglas para las visitas de los abogados estaban publicadas en la sala de espera, y que los teléfonos habían sido arreglados desde entonces.

CoreCivic no ha respondido a la carta. En un correo electrónico, el portavoz Jonathan Burns escribió que "los abogados pueden visitar a los detenidos en cualquier momento durante las horas de visita, sin un horario programado, presentando una identificación con foto y el permiso para ejercer abogacía. También negó que los teléfonos estuvieran descompuestos o que los abogados no pudieran programar llamadas con sus clientes.

En agosto, el Departamento de Seguridad Nacional dijo que " revisaría" la eliminación gradual de su contratación de compañías privadas, siguiendo el ejemplo de la Oficina de Prisiones. Sin embargo, anunció a principios de este mes que continuaría su uso, dadas las "consideraciones fiscales" y la necesidad de manejar "aumentos repentinos en las detenciones". De hecho, bajo el presidente electo Donald Trump, es probable que el ICE expanda enormemente la detención de migrantes. El precio de las acciones de CoreCivic se disparó después de su elección.

Algunos jueces dicen que la ubicación remota de los centros de detención hace que su trabajo sea más difícil. En octubre, un grupo de ex jueces de inmigración escribió al secretario de Seguridad Nacional Jeh Johnson, pidiéndole que reconsiderara el creciente uso de los centros de detención por parte del ICE, ya que impedía el debido proceso en los tribunales de inmigración. Johnson no ha respondido.

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"Cuando la gente no está representada, ¿cómo puedes hacer un trabajo justo?" Dice Paul Wickham Schmidt, ex juez de inmigración y ex presidente de la Junta de Apelaciones de Inmigración. Según Schmidt, el aislamiento de algunos jueces para revisar sólo los casos de los detenidos también crea una cultura en la que conceder la retribución legal es la excepción, no la regla. Localizar los centros de detención en las zonas rurales "parece más o menos un acto diseñado para desalentar a la gente a obtener una representación significativa y luchar para permanecer en Estados Unidos".

Los abogados de inmigración presentaron una queja este verano con la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, alegando que los jueces de Stewart violan el debido proceso de los detenidos. Los detenidos informaron que los habían desalentado de apelar las decisiones, no recibieron instrucciones completas sobre sus solicitudes de asilo y se les negó el acceso al programa de orientación dirigido por Catholic Charities.

La oficina está evaluando sus quejas y aún no ha emitido una respuesta.

Romero ha estado detenido en Stewart casi un año.

Los funcionarios del ICE inicialmente lo llevaron al centro de detención en Port Isabel, Texas, a menos de cinco horas en coche de su casa. Su novia de siete años, Cilvia Reyes, intentó contactar a un abogado de inmediato. Encontró a uno cuya oficina estaba a menos de una hora del centro de detención, y quien por unos cuantos miles de dólares ayudaría a Romero a solicitar una visa.

El abogado hubiera podido conducir sin problemas y visitar a Romero, donde trabajarían juntos para preparar su solicitud, la cual requería cartas de apoyo comunitario de amigos y familiares y varios documentos del tribunal. Pero sus esfuerzos se paralizaron una semana después de que Romero llegara a Port Isabel, cuando le dijeron que empacara sus cosas y se preparara para mudarse. Romero viajó en avión por cuatro estados y 1,610 kilómetros lejos de Georgia. Excepto por un breve período en un centro de detención de Nuevo México, cuando parecía que sería deportado, Romero permaneció en Stewart.

El abogado de Romero no podía representarlo en Stewart; estaba demasiado lejos como para poder costear sus servicios. Así que Reyes trató de encontrar a alguien que estuviera más cerca. Su mejor oportunidad de encontrar representación era llamar a un abogado a 240 kilómetros de distancia, en Atlanta. La respuesta, sin embargo, fue siempre la misma.

Al contar con tres convicciones, Romero es un caso prioritario para la deportación. Pero podría permanecer en el país si consigue una visa "U", un tipo especial de asistencia de inmigración designado para víctimas de crímenes.

Romero esperaba que lo liberaran mientras se tramita su solicitud de visado para poder cuidar a sus hijos, que ahora tienen 17, 16 y 14 años. Pero su delito de drogas significa que podría estar sujeto a la detención obligatoria bajo la ley de inmigración y no tenía derecho a una audiencia para salir bajo fianza. Trató de demandar para obtener una, pero sin un abogado, no ha podido ganar su libertad.

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Sus hijos están esparcidos: viven con su tía y amigos de la familia en Houston mientras su padre está detenido. Reyes se mudó recientemente con su madre cuando no pudo pagar el apartamento por su cuenta.

"Desde el día que fui detenido por Inmigración… no puedo dormir ni puedo funcionar correctamente… porque me han separado de mis hijos de nuevo", escribió Romero en una declaración judicial en enero.

"Ha sido mi padre y mi madre… Ustedes necesitan entender que no puedo hacerlo sola", escribió su hija mayor, Jennifer, en una carta incluida en su solicitud de visa. "Mi padre es la única persona que me queda".

Romero quería ser trasladado a un centro de detención cercano a su hogar, para que sus hijos pudieran visitarlo. No los ha visto en más de un año. "Cada día le pido a dios que me mude a otro lugar más cerca de mis hijos. Estoy desesperado", escribió en una carta en junio.

Bryan Cox, portavoz del ICE, dijo que no podía comentar sobre el caso específico de Romero, pero "en general, el sistema de detención civil del ICE tiene como objetivo reducir las transferencias y maximizar el acceso a asesoría y visitas", escribió en un correo electrónico. "El ICE coloca a los detenidos en distintas instalaciones con base en los recursos disponibles y las necesidades de la agencia".

Mientras tanto, Romero usa la biblioteca de leyes en Stewart, aunque los recursos están en su mayoría en inglés. Reyes busca en internet el asesoramiento legal, pero como no puede asistir a sus audiencias, es difícil saber qué buscar. Romero recibió la ayuda de un compañero detenido que era abogado en su país de origen, Venezuela. Asistió a Romero en llenar el papeleo que necesitaba para el tribunal y en tratar de obtener una audiencia para salir bajo fianza. Pero su convenio terminó en julio cuando deportaron a su amigo.

La audiencia más reciente de Romero fue el 15 de noviembre. Sólo duró unos minutos, dijo. Aunque todavía tiene que averiguar si fue aprobado para una visa, la jueza le dijo que se había quedado sin tiempo. Ella ordenó que lo deportaran. Un amigo en el centro de detención le dio a Romero el teléfono de un abogado en Atlanta, que cobra 150 dólares tan sólo por una reunión inicial. Reyes está intentando juntar algo de dinero, y ambos están vendiendo su carro para lograrlo.

Si Romero no presentó una apelación antes del jueves, se enfrentará a la deportación.

"Quiero salir de aquí… Estoy preocupado por mis hijos", dice en una llamada desde el centro de detención. "Me están esperando".

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