El fraude del equipo español de basquetbol paralímpico en Sídney 2000

En los Juegos Paralímpicos de Sídney 2000, la selección española de basquetbol se coronó como vencedora en la categoría de discapacidad intelectual, al vencer a Rusia en la justa por la presea de oro. Sin embargo, la victoria fue manchada por el fraude orquestado por la propia Federación Española de Deportes para Discapacitados Intelectuales (FEDDI), al enviar atletas no discapacitados.

El engaño fue descubierto un día antes de la clausura de los Juegos, cuando el periodista e integrante del equipo paralímpico, Carlos Ribagorda, denunció para la revista Capital que había participado en la competencia sin tener ninguna discapacidad intelectual o motriz, y con el único propósito de demostrar, en un reportaje, que la mayoría de los jugadores no sufrían ningún tipo de discapacidad. El único requisito indispensable para formar parte del equipo era jugar baloncesto.

"Mi primer encuentro se produjo en el autobús que nos llevaba a disputar la competencia. Allí pude comprobar que nadie era discapacitado. Todos viajaban con sus parejas tranquilamente. Eran como unas vacaciones con todo pagado", dijo Ribagorda. "Nunca me realizaron un test para que demostrara mi supuesta discapacidad. Lo único que me pidieron para conocer mi estado físico, fue un reconocimiento médico y una prueba de seis lagartijas".

Aseguró que esta actividad se había repetido en eventos anteriores como en el Mundial de Brasil en 1998, con cuatro jugadores no discapacitados, y un año más tarde en el Eurobasket con nueve deportistas.

Ribagorda, acusó a la FEDDI de actuar con absoluta impunidad, pues realizaron los trámites necesarios para presentar certificados médicos falsos de los doce jugadores. Incluso, en uno de los partidos, el propio entrenador supuestamente les dijo que "jugaran más lento o se darían cuenta que no eran discapacitados".

Cuando los periódicos españoles publicaron el triunfo de la selección de basquetbol ante Rusia, algunos identificaron a varios deportistas asegurando que no eran discapacitados.

A raíz de esas declaraciones, el Comité Paralímpico Español (CPE) inició una investigación en la que se demostró que diez de los doce jugadores no tenían ninguna discapacidad, obligándolos a devolver sus medallas y eliminando del certamen la categoría de basquetbol para personas con discapacidad intelectual. A los dos únicos atletas discapacitados del equipo se les permitió conservar la medalla debido al esfuerzo que habían hecho durante la competencia.

Los diez "falsos jugadores paralímpicos" eran: Adolfo Poveda, Ángel Prieto, Benito Martínez, Carlos Adán, Daniel y Jordi Pons, Enrique Castro, Fernando Arias, Juan Luis Rodríguez y Carlos Ribagorda (quien destapó el fraude).

Según Rigaborda, era un fraude con trasfondo económico, pues la Federación percibió la oportunidad perfecta para sanear las cuentas y poder "rentabilizar" la actividad paralímpica en España, por lo que cada medalla tenía un valioso precio. Lo que motivó todo, fue una especie de plan ADO (programa de ayuda económica a deportistas y entrenadores) destinado a los discapacitados. "A más medallas, más dinero". Los atletas discapacitados cobraban el dinero de las becas, pero, más tarde tenían que devolver esas ayudas a la Federación bajo el concepto de "donaciones".

Luego de 13 años de juicio, Fernando Martín Vicente, ex presidente de la FEDDI, fue el único condenado (de los 19 involucrados) por el fraude del supuesto equipo "paralímpico" español de basquetbol que ganó el oro en Sídney 2000. El fiscal y la acusación popular pedían dos años de prisión para todos los involucrados, pero finalmente se pactó retirarles los cargos y condenar sólo al máximo dirigente de la Federación.

La sanción fue de 5.400 euros, luego de que Fernando Martín Vicente, aceptara el delito continuado de falsedad en documento oficial y de estafa. Además de que hizo efectivo un pago de 142.355 euros para restaurar el dinero que presuntamente defraudó al cobrar subvenciones concedidas a deportistas supuestamente discapacitados.

"Estoy muy contento porque este fallo corrobora todo lo que había denunciado y el fraude de Martín Vicente", declaró Ribagorda.

Después del escándalo, el Comité Paralímpico Internacional no permitió que los atletas con síndrome de down compitieran más en Juegos Paralímpicos. Era necesario un sistema fiable y legítimo, capaz de determinar la elegibilidad de los atletas en la competencia.

Los esfuerzos fueron en vano, pues no lograron encontrar una solución satisfactoria, por lo que fue establecida una iniciativa conjunta entre la Federación Internacional de Deporte para Atletas con Discapacidad Intelectual (INAS) y el Comité Paralímpico Internacional (IPC), que contaba con el respaldo de universidades y científicos del deporte de todo el mundo.

"Para ser elegible, cada atleta se ha sometido a una estricta evaluación general, junto con una evaluación del deporte específico", dijo Jan Burns, jefa de elegibilidad del INAS.

Luego de una extensa investigación y experimentación científica en conjunto con los diferentes órganos deportivos de gobierno, el IPC votó en 2009, para restablecer el programa de eventos en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Finalmente, después de 12 años de ausencia, cerca de 120 atletas con discapacidad intelectual pudieron volver a competir, luego de someterse a diferentes pruebas y ser seleccionados por sus respectivos Comités Nacionales.

Bob Price, Presidente del INAS dijo, "A pesar de que 120 atletas es una cifra relativamente pequeña, es comparable al número de atletas que estuvieron en Sídney 2000. Es un gran logro para el INAS.

Con frecuencia me dicen que los atletas con discapacidad intelectual no deben competir en Juegos Olímpicos, sin embargo, trabajando en conjunto con el IPC y respaldados por la dedicación de la comunidad científica y la determinación de los atletas de todo el mundo, inspiramos a las naciones de todo el mundo a hacer más por el desarrollo del deporte paralímpico".