¿Serían estos afiches regulados por el futuro Ministerio de Defensa Nacional? Foto: Sebastián Comba | VICE Colombia.
Artículo publicado por VICE Colombia.
Que un gobierno anuncie la necesidad de regular la protesta social suele ser el preludio de medidas impopulares que atentan contra los derechos de las mayorías y causan un malestar que es preciso reprimir y controlar. En caso contrario, un gobierno no se vería en la necesidad de intervernir sobre un derecho elemental de nuestros estados democráticos. Por citar algunos ejemplos recientes, esto es lo que sucedió con la denominada Ley Mordaza durante el gobierno de Mariano Rajoy en España y es lo que vienen buscando Mauricio Macri, Lenin Moreno, Nicolás Maduro o Daniel Ortega, que, pese a sus diferencias ideológicas, comparten un talante antidemocrático.Por eso, el anuncio del futuro Ministro de Defensa del gobierno de Iván Duque, Guillermo Botero, sobre la necesidad de limitar la protesta social, no es ninguna novedad y responde a un rasgo de época entre distintos gobiernos de la región. Pero que no sea ninguna sorpresa no debe llevarnos a normalizar su decisión, sino más bien a prestar atención a la estrategia autoritaria que trata de implementarse bajo un falaz barniz conciliador y pluralista.Por lo general, esta decisión se declara partidaria del ejercicio de la protesta para, a continuación, advertir que es necesario plantear reglas claras y previsibles que eviten las incomodidades ocasionadas por los manifestantes al resto de la sociedad. Sin ir más lejos, Botero llegó a decir que “[e]n el ámbito social, respetamos la protesta social, pero también creemos que debe ser una protesta ordenada que verdaderamente represente los intereses de todos los colombianos y no solo de un pequeño grupo”.Lo primero que cabe señalar es que este argumento solamente funciona si partimos de una idea empobrecida de la democracia, que identifica a esta con la ausencia de conflicto social y con el ideal regulativo de un consenso armónico entre los diferentes intereses de la sociedad. Y evade el problema de fondo, a saber: que los intereses de la sociedad no pueden ser armonizados cuando una parte saca beneficios al restringir los derechos y las oportundiades de la otra.
Luciana es filósofa, profesora de la Universidad Javeriana en Bogotá e investigadora de FLACSO-Ecuador. Síganla por acá.
Que un gobierno anuncie la necesidad de regular la protesta social suele ser el preludio de medidas impopulares que atentan contra los derechos de las mayorías y causan un malestar que es preciso reprimir y controlar. En caso contrario, un gobierno no se vería en la necesidad de intervernir sobre un derecho elemental de nuestros estados democráticos. Por citar algunos ejemplos recientes, esto es lo que sucedió con la denominada Ley Mordaza durante el gobierno de Mariano Rajoy en España y es lo que vienen buscando Mauricio Macri, Lenin Moreno, Nicolás Maduro o Daniel Ortega, que, pese a sus diferencias ideológicas, comparten un talante antidemocrático.
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Contrario a esta idea, si algo sabemos desde que Alexis Tocqueville definiera las características esenciales de las democracias liberales y modernas, es que democracia y conflicto van juntos. Más aún, podríamos añadir que es gracias al conflicto como las sociedades se vuelven cada vez más democráticas.Pero esta concepción de la democracia no supone una celebración irresponsable e infantil del conflicto, como parece querar mostrar la derecha en su disputa por el uso de esta palabra, sino la conflictividad inherente que nace de cualquier intento por construir sociedades más libres e igualitarias. Es la manera de simbolizar, por la vía de la política, las desigualdades sociales que la democracia neoliberal del consenso relega al plano preverbal de la violencia en su estado puro.Así, cuando un gobierno nace con la voluntad de restriginir el derecho a la cultura, a la educación, a la salud y a la vida, bajo la retórica del emprendedurismo y de las narrativas individualistas de los éxitos y fracasos personales, a las ciudadanías no les queda otro recurso que la movilización social. Y esta forma de gestionar el conflicto no tiene por finalidad crear violencia, al contrario, es el intento de evitar la violencia previa del sistema de desigualdad propiciado desde el Estado.Cuando un Estado interrumpe su voluntad democratizadora, bajo la falacia de que busca representar los intereses de toda la sociedad, es responsabilidad de las ciudadanías hacer uso de su derecho legítimo a la movilización social, ya que se vuelve el mejor recurso para proteger la pluralidad, la igualdad y la libertad de quienes anhelamos sociedades más justas.
Luciana es filósofa, profesora de la Universidad Javeriana en Bogotá e investigadora de FLACSO-Ecuador. Síganla por acá.