Los cárteles amenazan de muerte a los trabajadores mexicanos de las mineras canadienses

El director ejecutivo de una compañía minera canadiense ha causado revuelo en su industria después de describir abiertamente el modo en que sus operaciones en México tienen relación con los poderosos cárteles de droga que controlan extensas áreas del país.

El presidente de McEwen, Rob McEwen explicó en una reciente entrevista con una cadena de televisión canadiense que su empresa mantiene una "buena relación" con los cárteles de México, especialmente por lo que se refiere al cártel Sinaloa, después de que una mina de su propia compañía sufriera un importante robo a principios de la semana pasada.

Sin embargo, McEwen aclaró este martes sus declaraciones del pasado jueves, a través de un comunicado publicado en el sitio web de McEwen Mining, en el que afirma no tener relación alguna con los narcos en Sinaloa. El comunicado decía: "En respuesta a los abundantes informes de los medios, quiero dejar perfectamente claro, que ni yo ni ningún miembro del equipo directivo de McEwen Mining en Canadá o en México ha tenido ningún contacto regular con, o ha tenido ninguna relación con, miembros de los cárteles".

México es el mayor productor de plata en el mundo y un principal proveedor de oro y cobre.

"Si queremos ir a explorar a algún lado, les preguntamos, y te dicen: 'No', pero regresen en un par de semanas, cuando terminemos lo que estamos haciendo", dijo McEwen al canal canadiense Business News Network el pasado jueves.

La entrevista llega unos días después de que un grupo de asaltantes enmascarados y armados robara 900 kilos de concentrado de oro de la minera de McEwen en el estado de Sinaloa, robo que según la compañía ascendería a 8,5 millones de dólares.

No está claro quién está detrás del crimen en minería más reciente de México. No obstante, este es el cuarto asalto a una minera canadiense en las regiones del sur y el oeste del país en los últimos dos meses.

La franqueza de McEwen acerca del incidente ha puesto de relieve los problemas de seguridad a los que se enfrenta la minería y sus empleados en México, especialmente después de la reciente ola de ataques en el estado sureño de Guerrero.

Entre el 6 de febrero y el 27 de marzo, tuvieron lugar dieciséis secuestros y seis asesinatos en tres incidentes diferentes relacionados con minerías canadienses en Guerrero, uno de los estados más violentos de México. Las compañías más afectadas por los ataques han sido Goldcrop y Torex, así como las comunidades de Carrizalillo, Mezcala y Nuevo Balsas.

En una región montañosa recientemente bautizada como el "Cinturón de Oro" de Guerrero, los habitantes de las localidades circundantes aseguran que ni las minas ni los gobiernos están haciendo suficiente para protegerles.

"Esta violencia es constante desde que llegó la mina", dijo a VICE News un 'community organizer' o promotor comunitario de Mezcala, — una persona originaria de la localidad, interesada en resolver los problemas a los que se enfrenta su comunidad—, refiriéndose a la mina Los Filos de Goldcorp, que abrió en 2007.

Del mismo modo que muchas más personas entrevistadas para este artículo, el 'community organizer' pidió no ser nombrado. Dijo temer por recibir el mismo destino que un familiar suyo que había sido secuestrado hacía casi un año y del que no han sabido nada más.

"Los grupos delincuentes piden un impuesto cada año. Lo llaman 'cooperacion' pero es extorsión", dijo el promotor comunitario de Mezcala. "Los trabajadores tienen que pagar individualmente. Los representantes de la organización comunitaria, el comisario municipal, el ejidal y de bienes comunales, tienen que pagar cada ano".

Un reciente ataque en Carrizalillo, también cercano a Los Filos, demuestra el alcance mortal de los grupos de crimen organizado en las minas de Guerrero.

La madrugada del 27 de marzo, un grupo armado irrumpió en la localidad de Carrizalillo, dejando a dos mujeres y a un hombre mayor de 80 años de edad muertos, en un ataque sobre el que se han filtrado muy poco detalles. Las fuerzas de seguridad cerraron la entrada a la localidad el día siguiente, bloqueando la entrada a los periodistas.

El líder de la comunidad que habló con VICE News, además de otras fuentes en varios medios de comunicación mexicanos, dijeron que el ataque fue un "recordatorio" a la comunidad para que pagasen los impuestos de "cooperación", y también como anticipación a los pagos de utilidades anuales de Goldcorp a las autoridades locales, con fecha prevista de pago para el 5 de abril.

Dos cárteles han estado luchando por el control de estos impuestos, aseguran varias fuentes en Mezcala. Según las informaciones locales, a finales de mayo, después de que tuviera lugar el ataque, los habitantes de Carrizalillo empezaron a abandonar sus hogares, en lo que se calificó de éxodo masivo.

Se trataba del segundo incidente violento cerca de la mina Los Filos de Goldcorp en menos de un mes. A principios de marzo, cuatro trabajadores mexicanos fueron secuestrados tras salir de la mina.

El 16 de marzo, tres de ellos fueron hallados muertos con signos de tortura en una fosa común en un municipio tocando a Cocula, donde se descubrieron los restos de los supuestos restos mortales de los 43 estudiantes en noviembre de 2014.

Desde la mediática desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Ayotzinapa, las fuerzas federales han tratado de hacer caer al cártel Guerreros Unidos, a quienes se atribuyó los ataques a los estudiantes, y a otros grupos como La Familia Michoacana y Los Rojos.

Los tres cárteles han aumentado su presencia en la región minera alrededor de Iguala, ciudad donde tuvieron lugar los ataques a los estudiantes.

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En un estado conocido por su producción de heroína y marihuana, las bandas de narcotraficantes de Guerrero se han diversificado en otras formas de hacer dinero, especialmente mediante el secuestro. Los mineros con salarios relativamente buenos son un objetivo fácil.

"El riesgo de secuestro es el precio a pagar por tener buenos trabajos aquí", dijo un minero a VICE News.

Éste explicó con entusiasmo que estaba ganando un buen sueldo — 2.800 pesos a la semana (unos 182 dólares) además de otros 1.000 pesos para comida — por operar maquinaria pesada en la mina Los Filos.

Pero al preguntarle por los trabajadores de Los Filos asesinados, su tono cambió, y se mostró angustiado. "Los conocía. Trabajamos juntos en la mina", explicó.

Los Filos acumuló 326 millones de dólares en ingresos en 2014. Si bien Goldcorp ha logrado mantener la mina a salvo, la compañía no ha conseguido proveer protección a sus trabajadores en las localidades vecinas.

"Animamos a las autoridades mexicanas a proporcionar más seguridad en las comunidades cercanas a la operación. Pero solo podemos encargarnos de la mina", dijo a VICE News Michael Harvey, director de asuntos corporativos de Goldcopr América Latina.

"[Los mineros secuestrados] no estaban trabajando y no se encontraban en ninguno de nuestros transportes en ese momento", añadió Harvey.

El minero con el que hablamos, sin embargo, explicó por qué.

"Pasó porque escogieron manejar su coche después del trabajo", dijo. "No tomaron el autobús Goldcorp".

Goldcorp proporciona transporte de ida y vuelta a la mina desde el centro de las ciudades.

"A veces cuando es tarde después del trabajo, debe esperar varias horas para el autobús que te lleva hacia abajo de la mina. Después de muchas horas de trabajo, algunos trabajadores no quieren esperar al autobús durante horas", explicó el minero.

Entonces señaló a un coche aparcado. "Aunque tengo eso, siempre tomo el autobús".

Mientras hablaba, había poca actividad en las calles de Mezcala, excepto por los autobuses y los camiones con logos de Goldcorp y Torez, que llevan a los trabajadores hasta las minas y de vuelta a casa.

"La verdad, siempre hay miedo", reconoció a VICE News la mujer del minero de Los Filos, de pie junto a su marido mientras sus niños jugaban cerca. "Porque cuando estás trabajando, hay miedo de que un día no vaya volver".

Aparentemente los locales están tomando cartas en el asunto tras la ola de violencia de los últimos meses.

El 30 de marzo, tres días después del último ataque, el jefe de policía en Carrizalillo, junto con líderes de otras dos comunidades circundantes, Amatitlán y Tenantla, redactaron una carta abierta al presidente mexicano Enrique Peña Nieto.

En la carta solicitaban una autorización para crear una fuerza policial de la comunidad para protegerse de los cárteles. También alegaron que las unidades militares apostadas en Iguala habían protegido a los Guerreros Unidos.

Los autores de la carta querían seguir el ejemplo de la ciudad de Nuevo Balsas, una pequeña comunidad en Guerrero sobre la que se asoma la mina de oro Media Luna de la compañía Torex.

"Es bueno que esté la minera, trae dinero, pero también trae muchos problemas", dijo a VICE News el líder de la policía comunitaria de Nuevo Balsas.

Este agente pidió que se le llamara simplemente como El Comandante o The Commander.

El 6 de febrero, trece personas fueron secuestradas en la carretera a las afueras de Nuevo Balsas, supuestamente por una célula de La Familia Michoacana. Más tarde, uno de ellos fue liberado con un mensaje para los locales: Volvieron los narcos, y quieren su parte.

Entre el resto de rehenes, se encontraban un empleado oficial de Torex y dos contratistas de Torex. La policía comunitaria estuvo buscando a los secuestrados a pie por las montañas durante las siguientes 48 horas. Finalmente consiguieron liberar a diez de los doce rehenes.

"Hubo una parte buena y una de mala. La buena es que pudimos rescatar a la mayoría de personas, pero la mala fue que no pudimos rescatar a dos de ellos", dijo El Comandante.

Los dos restantes — uno de los cuales era el empleado oficial de Torex — fueron retenidos como rehenes durante casi dos semanas, hasta que las familias pagaron un rescate, confirmó el jefe de policía.

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La vice presidenta de relaciones con inversores de Torex, Gabriela Sánchez, confirmó el rescate en una entrevista con VICE News, pero no hizo referencia al policía comunitario que lo lideró.

"Es un área un poco remota con muy poca presencia policial, y ese fue el problema", señaló Sánchez. "La empresa cuenta con seguridad propia, pero nuestra seguridad solo permite protegernos a nosotros y a nuestras herramientas. No tiene permitido proteger a las comunidades. Por lo que estamos trabajando con las comunidades y con los gobiernos para traer una presencia policial permanente… a la región".

Sánchez aseguró que Torex da trabajo a 90 empleados de seguridad que son policías auxiliares del estado que fueron entrenados por la compañía tras un incidente de seguridad que tuvo lugar en 2011. Sánchez también negó rotundamente que la mina hubiese pagado ningún pago de extorsión.

"Los locales están casi acostumbrados a pagar por su protección. Por lo que se sugirió que se pagáramos por dicha protección. Simplemente nos negamos a ello, porque somos una compañía canadiense", dijo Sánchez a VICE News. "Eso es criminal aquí".

Algunos locales, como El Comandante, no encontraron otra solución que coger las armas y auto defenderse.

"Había cierta tristeza en este pueblo", dijo El Comandante, agarrando un arma, flanqueado por otros dos miembros armados de la policía comunitaria.

"Somos gente de campo, yo soy albañil, pescador, agricultor. No vamos armados por culpa de nosotros, sino por culpa del gobierno, que no se fija en nosotros, en el pueblo", subrayó.

El Comandante se apoyó en la valla, vestido con su camisa de la policía comunitaria de Nuevo Balsas hecha a medida, cartuchos de escopeta alrededor de su torso, con un ojo en la carretera.

"[Torex] conoce a altos funcionarios. ¿Por qué no le hacen una propuesta al gobierno federal o al estatal? Ellos si pueden decirles "Miren lo que está pasando allá en ese pueblo, apóyenlos".

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