Centros de Internamiento para Extranjeros en España: insalubridad, enfermedad y maltrato

"Supón que estás en otro país, te multan en un control de alcoholemia, y acabas encerrado sin saber hasta cuándo. Te quitan tu teléfono, te limitan la comunicación con tu familia, te meten en una habitación con ocho personas, sin ropa limpia, y con colas para conseguir papel higiénico. Al que pararon en el control de alcoholemia de al lado sólo le pusieron una multa. La diferencia es el color de tu piel". Así de crudo resumía a VICE News Ángel Campos, ex financiero del BBVA y voluntario de la ONG Pueblos Unidos, una realidad que vivieron en 2013 unas 5.000 personas en España.

Emmanuel M., camerunés, licenciado en derecho, 12 años en España fue uno de ellos. Acaba de pasar por algo parecido. 29 días en "la jaula". La jaula, nombre oficial: Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche. Es uno de los 5.000 inmigrantes internados en alguno de los ocho CIE a lo largo de 2013 que hay en España. Su delito: no tener papeles. Una falta administrativa tan grave como una multa de tráfico o el impago de la tasa de basuras de tu ciudad, pero que en el caso de los inmigrantes extranjeros tiene unas consecuencias muy diferentes.

El Consejo de Europa reclamó la semana pasada en un informe al Estado español que se erradicaran los malos tratos y los insultos de los centros que dependen del Ministerio de Interior, y reclamó más espacio físico para los internos y una atención sanitaria de mejor calidad, entre otros aspectos.

Las 6 claves de la reprimenda de Europa a España por los centros de Internamiento para Extranjeros. Leer más aquí.

Las organizaciones sociales que trabajan en estos centros, como Pueblos Unidos o SOS Racismo, llevan años denunciando los atropellos cometidos en estos espacios a los que califican de "cárceles racistas"o "agujeros negros para el derecho internacional".

Para Emmanuel, que llegó a España en 2003 como un refugiado político después de unas revueltas universitarias en Camerún, su paso por el CIE ha sido un "infierno", dice a VICE News.

"He visto cómo arrastraban a compañeros como perros, cómo regresaban amoratados y maniatados los que se resistían a volar.Vulneran nuestros derechos, no respetan nada: te dicen que no estás preso, que eres un interno, pero no tienes derecho a nada. No puedes comunicarte libremente, muchos ni siquiera logran acceder a la información sobre sus opciones de solicitud de refugio porque no hablan español, la asistencia sanitaria es pésima y la higiene y las instalaciones son precarias. Tienes que soportar que te llamen negro, te humillen, o te traten como a un niño en el colegio, sólo por ser extranjero".

VICE News habla con Emmanuel en el locutorio del CIE de Aluche donde los familiares llegan tras esperar en una carpa al aire libre. Pueden visitar por las tardes a los internos, en tiempos máximos de 30 minutos, verlos a través de un cristal y hablar con ellos usando un teléfono. Igual que en una cárcel, pero sin serlo. Oficialmente.

A diferencia de una prisión, en el CIE, no hay funcionarios de prisiones, solo policías; no hay una enfermería atendida por la sanidad pública, solo un enfermero y un ATS [Ayudante Técnico Sanitario] de día; no tienen acceso a útiles de primera necesidad; duermen ocho internos en la misma celda donde los retretes eran una utopía hasta el año pasado, y no disponen apenas de alternativas de ocio o formación, aunque hay un convenido firmado con Cruz Roja que es quien les facilita la ropa y algún juego de mesa, según los internos.

"Se comete una privación de libertades como la de comunicación cuando la ley solo contempla que se les debe privar de libertad ambulatoria. Una sanción abusiva cuando su falta es solo administrativa", asegura a VICE News Clara García, portavoz de SOS Racismo Madrid.

"No existe asistencia legal efectiva, ni traductores de muchos de los idiomas de los internos que no se entienden con sus abogados, lo que genera indefensión jurídica, y hasta marzo del año pasado ni siquiera estaba regulado su funcionamiento, lo que permitía todo tipo de atropellos"alerta Yolanda Corrales, también portavoz de SOS Racismo.

Aunque ya se ha aprobado un reglamento, modificado por el Tribunal Supremo, los voluntarios de los grupos de visita al CIE del SOS aseguran que no se aplica "porque han incorporado una cláusula en la que recogen que si no hay dinero, el reglamento puede no aplicarse".

A finales de marzo, cuando Emmanuel M. ya había salido del CIE, un grupo de 60 internos escribió una carta denunciando la gestión de un brote de sarna que no se detectó en el chequeo médico previo que les realizan al entrar. Sarna. En el siglo XXI. En una institución pública en Madrid.

Según explican en su carta, el 21 de marzo por la mañana vieron una de las celdas vacía y cerrada con llave. Sin colchones. Sin posters. Sin internos.

"[El guardia] nos dijo que esas personas estaban aisladas, le preguntamos si por una enfermedad contagiosa, y no nos contestó, le preguntamos si era por ébola y tampoco nos contestó", explica la misiva que se envió al juzgado de control que vela por el cumplimiento de la ley en el CIE, a la ONG Pueblos Unidos y a eldiario.es.

Hasta el día siguiente no les confirmaron de quése trataba y para entonces ya habían mezclado a los contagiados con el resto de internos.

La carta denuncia también que no se les entrega ropa a pesar de haberla reclamado por escrito 11 días antes y se quejan del hacinamiento "menos de un metro cuadrado por interno" y dibujan un plano para demostrarlo.

"Tienen la desvergüenza de decir que no estamos presos", añaden. Critican también la pésima calidad de la comida y las deportaciones sin previa notificación, que incumplen la ley que obliga a avisar con 12 horas de antelación.

Además del brote de sarna, los internos de los ocho CIE que hay por toda España han afrontado plagas de chinches, tuberculosis, y hasta una alerta por ébola en la que los reclusos fueron aislados 18 horas sin informarles, alimentarles o prestarles siquiera la atención médica pertinente. Esto llevóal juez que supervisa el CIE a emitir un auto donde afirma que "bajo ningún concepto un protocolo policial puede violar derechos fundamentales".

Las organizaciones sociales que trabajan en los CIE llevan años denunciando la precaria asistencia sanitaria que reciben los internos y estáen manos de una empresa privada.

"Por la noche no cuentan con servicio médico. A veces, como en el caso de un chico que estuvo más de media hora tirado en el suelo con un cólico sin recibir atención, fueron los propios internos quienes llamaron a los servicios de emergencia desde la cabina que tienen en el interior ante el desdén de los policías", explica Clara García, de SOS Racismo a Vice News.

Ángel Campos, de Pueblos Unidos, dice a VICE News que aunque no sea un centro penitenciario, están bajo la tutela del Estado y este "debe ser el garante de su salud".

"No puede ser que su atención médica sea tercermundista. No puede ser que continuamente se infravaloren sus problemas sanitarios o que les administren tranquilizantes, analgésicos o ansiolíticos como si se estuvieran dando caramelos, como ocurre a diario", concluye indignado.

Mantener abiertos los ocho CIE al Estado Español le supone 9,27 millones de euros al año, según el Ministerio de Interior. Lo que podría parecer un derroche si se tiene en cuenta que existen otros recursos para controlar estas faltas administrativas como la retirada de pasaporte, el pago de una multa o que el inmigrante pase por comisaría en fechas determinadas.

Deportaciones exprés desde comisaría: más rápidas, ¿más rentables? y sin testigos. Leer más aquí. 

"Normalmente, las brigadas de extranjería solicitan el internamiento del CIE directamente sin analizar otras posibilidades", explica a Vice News Angel Campos, de Pueblos Unidos que lleva varios años en el grupo de visita al CIE de Aluche.

Esa falta de control previo acaba con un 57 por ciento de los internos finalmente liberados sin poder ser enviados a sus países de origen ya que en muchos casos han pasado por el CIE irregularmente.

Ocurre por ejemplo en los casos en los que no pueden ser deportados porque demuestran el arraigo familiar —cuando tienen menores a su cargo, contratos de trabajo o pertenencias a su nombre —o por falta de convenios de extradición con sus países, o porque se trata de personas que logran el estatuto de refugiado o la condición de asilo.

Sin embargo tampoco existe un mecanismo eficaz para detectar estos casos que requieren de asilo: "Muchos llegan al CIE desde la patera y entre ellos hay personas que huyen de la guerra, que están perseguidas en sus países por motivo religioso, político o de identidad sexual, que son devueltos a sus países después de lo que han tenido que pasar para escapar de allí", explica a VICE News Daniel Sanjuan Guaita, miembro del servicio jurídico de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

Entre los últimos casos de refugiados detectados en los CIE recuerda 11 malienses que no querían volver a un país en guerra, un grupo de saharauis perseguidos en Marruecos, o un argelino homosexual que huyóhasta dos veces de su país en una barca hinchable.

Según datos de CEAR, alrededor de un 20 por ciento de los internos de los CIE tendrían derecho al estatuto de refugiado, pero muy pocos lo piden —306 en 2013 —y en el 80 por ciento de los casos las solicitudes de protección desde el CIE son rechazadas.

Mauricio Valiente, diputado de Izquierda Unida (IU) por Madrid que ha ejercido como abogado de organizaciones sociales de defensa de los derechos de las personas migrantes y refugiadas, como CEAR o SOS Racismo, señala a VICE News que estos centros constituyen una"contradicción con el estado de derecho y la concepción de derechos humanos que defiende la Unión Europea".

Valiente cree que forman parte de una estrategia política:"Si no se ha hecho nada desde los países europeos para buscar alternativas a pesar de que son un atropello legal, es porque hace años se cedióal chantaje de la extrema derecha, y para evitar que siguiera creciendo se le dio la razón en sus planteamientos de extranjería asumiendo políticas muy represivas. Políticas que en lugar de aplacar la ultraderecha, la han alentado".

El objetivo, dice Valiente, es criminalizarlos, y que ellos se sientan maltratados para que no vuelvan. A veces funciona. A Emmanuel M., que tiene tres hijos españoles, no pudieron expulsarle. Logródemostrar su condición de arraigo.

"Llevo 12 años en España, vivo en Ciempozuelos, tengo dos hijos españoles, ¿de dónde creen que me siento?", se preguntaba aún el el CIE.

Emmanuel tuvo suerte y fue liberado a los 29 días. Y sin embargo, tras su paso por el CIE, ha decidido probar suerte en otro país europeo."En España cuesta encontrar trabajo, y cada vez están más retrasados en el respeto a los derechos humanos, nuestra mejor opción era probar fuera de España", concluía esta semana en conversación telefónica.

Otros, no tienen la suerte de Emmanuel y tras pasar por el CIE ven su vida transformada. Así lo reflejaba la carta de los 60 internos escrita el 21 de marzo pero hecha pública la semana pasada:"60 días detenido sólo suponen pérdidas: de trabajo, de casa, de pertenencias, generan daños psicológicos y no liquidas ninguna deuda con extranjería. Se transforma a los seres humanos bajo estas condiciones. Este foco infeccioso sólo creará delincuencia, violencia y resentimiento".

Sigue a Beatriz Lucas en Twitter: @beitalucas