Quebec quiere prohibir que las trabajadoras gubernamentales se cubran el rostro

En su última cruzada por la "neutralidad religiosa", Quebec ha dado otro paso para ilegalizar el uso de indumentaria religiosa que cubra la cara de trabajadores del gobierno y usuarios en oficinas gubernamentales de servicios.

La legislación, sometida a discusión el pasado jueves en la asamblea legislativa de la provincia canadiense por el Partido Liberal, apunta a promover la "adherencia a la neutralidad religiosa del estado" imponiendo que los servicios gubernamentales trabajen para y con personas con la cara descubierta.

"Creemos que la manera con la que estamos lidiando con esto es respetuosa y será un plus para la sociedad", dijo el ministro de justicia del Quebec Stéphanie Valée en la rueda de prensa del miércoles. "No juzgamos a nadie por sus creencias o por su ausencia de creencias".

El ministro federal canadiense de multiculturalidad ha mostrado su apoyo al proyecto de ley quebequense, afirmando a los periodistas que el gobierno federal discutirá una propuesta legislativa similar en el parlamento la semana que viene, que requerirá que se descubra el rostro a quienes participen de ceremonias ciudadanas.

Aunque el proyecto de ley del Quebec no menciona burkas o niqabs específicamente, la ley propuesta implicará que las mujeres musulmanas que los usen no podrán ni ofrecer ni recibir servicios públicos.

Serán excepciones a la ley los supuestos en los que alguien deba cubrirse la cara ante ciertas "condiciones de trabajo o por requerimientos o tareas ocupacionales encomendadas", según el proyecto.

La propuesta legislativa también establece que puede haber conciliación con aquellas personas que se cubran la cara por motivos religiosos, pero el requerimiento "ha de ser rechazado si la negativa se justifica por razones de seguridad o de identificación o por el nivel de comunicación requerido".

Pero Alia Hogben, directora ejecutiva del Consejo Canadiense de Mujeres Musulmanas, lo ve desde otra perspectiva.

"Es una iniciativa racista que se focaliza en unas pocas mujeres que cubren su rostro", afirma Hogben a VICE News. "Poner el foco en la ropa de las mujeres es fundamentalmente una equivocación y dificulta las posibilidades de integración, de encontrar trabajo y de que estas mujeres lleguen a ser canadienses. Es agotador".

Hobgen cree que esta última legislación, la Bill 62, es muy similar a otras legislaciones fallidas propuestas por los anteriores gobiernos de Quebec.

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En 2010, el anterior gobierno liberal intentó aplicar una legislación parecida que no llegó a aprobarse.

En 2013, el gobierno del Partido Quebequense (PQ) introdujo un proyecto de carta de "valores seculares" que buscaba restringir todos los símbolos religiosos "visibles" de empleados gubernamentales, incluyendo cruces grandes, turbantes, kippahs y velos. También propuso que fuera obligatorio para todo el mundo dar o recibir servicios públicos con la cara al descubierto. Después de meses de protestas y campañas en su contra, el proyecto de ley murió cuando el PQ fue reemplazado en 2014.

Para Robert Leckey, profesor de derecho de la Universidad de McGill de Montreal, esta propuesta legislativa es diferente de la del PQ por su deseo explícito de preservar la herencia cultural religiosa (católica) del Quebec.

"Está focalizada en las mujeres musulmanas", afirma a VICE News. Y puede tener amplias consecuencias imprevistas. "¿Esta ley podrá, por ejemplo, desalentar a alguien de pedir trabajo en el gobierno aunque se encuentre en los supuestos de excepción? Probablemente. La ley da muchos mensajes diferentes desde la aplicabilidad de su contenido legal".

Leckey afirmó que el proyecto de ley ha llegado en un momento tenso para los quebequenses, señalando el caso reciente de musulmanes jóvenes de Montreal que habrían intentado abandonar la ciudad para ir a luchar con el llamado Estado Islámico en Oriente Próximo.

Otra ley discutida el pasado jueves por el ministerio de justicia del Quebec busca combatir el extremismo religioso en la provincia dando amplios poderes a la comisión de derechos humanos para investigar el discurso de odio, según el Globe and Mail. La legislación propuesta también va a permitir al ministerio de educación investigar sobre la radicalización de los estudiantes.

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