Japón

La policía de Tokio penalizará a las empresas que disfrazan la explotación de menores

Una nueva ley establece sanciones y penas para los operadores de las llamadas empresas JK de Japón, vinculadas a la explotación de menores y que, hasta ahora, han operado con total impunidad. La regulación entrará en vigor a finales de este año.

por Jake Adelstein
13 Enero 2016, 2:40pm

Photo de Nobutaka Shirahama/VICE News

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Cuando una investigadora de la ONU condenó el escaso esfuerzo de Japón para combatir la explotación sexual que sufrenlos menores, hizo una mención especial a las empresas JK.

JK significajoshi kousei, o estudiante de secundaria femenina. Las empresas ofrecen una amplia gama de servicios, desde simplemente salir a caminar con adolescentes hasta la compra de fotos sexualmente provocativas de ellas para utilizarlas como material erótico en actos sexuales.

Después de que la investigadora Maud de Boer-Buquicchio, Relatora Especial de la ONU sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, se manifestara en los términos referidos, el gobierno japonés le pidió que se retrajera. Sin embargo, el Departamento de Policía Metropolitana de Tokio (DPMT) ha reaccionando de una manera muydiferente. El cuerpo policial ha impulsado una ordenanza que regula las actividades de las empresas de JK en esta capital de 13 millones de habitantes.

Esta podría ser la foto más peligrosa —y más cara — de Japón. Ver aquí.

Fuentes policiales admiten a VICE News que las empresas son un foco de prostitución y que ha habido diversoscasos de niñas víctimas deabusos sexuales. En este sentido, aseguran que es usual que estas jóvenes dejen JK para trabajar en la industria del sexo. El año pasado, el DPMT allanó cuatro locales de JK porque sospechaba que se habían vulnerado las leyes de bienestar infantil y se habían cometido delitos conexos. La operación se saldó, además, con una orden de prisión preventiva para 10 niñas que cursaban sus estudios secundarios.

El caso es que muchas de las empresas que mercadean con estos servicios relacionados con las menores vulnerando la legislación cambian sus nombres y su ubicación con tanta frecuencia que resulta difícil tomar medidas enérgicas contra ellos. Las leyes existentes, además, también proporcionan cierto margen de maniobra a esta turbia industria. Según informó VICE News el año pasado, las empresas JK tratan de eludir las leyes por cualquier medio posible como contratar para otro tipo de trabajos a las menores — como grullas de papel.

Mira el documental de VICE News 'Colegialas en alquiler en Japón':

El DPMT reunirá un panel de expertos para debatir la legislación más eficaz en la lucha contra el uso de menores y definir un modelo de actuación  propio tras la nueva ordenanza aprobada en la región de la prefectura de Aichi. La prefectura de Aichi fue la primera — y hasta ahora la única — región del país que abogó por el control de las actividades de las empresas JK. Precisamente, esta zona es el hogar de la Yamaguchi-gumi Kodo-kai, una poderosa facción del grupo de crimen organizado más grande de Japón. 

La yakuza regenta diversos salones de masajes sexuales atendidos por chicas menores de edad.

La nueva ordenanza de Aichi sobre la protección de menores entró en vigor en julio pasado. Según la ley, cualquier empresa que emplea a niñas menores de 18 años que se disfrazan con atuendos tales como uniformes escolares o uniformes de limpieza y entretienen a clientes se consideran como "proveedores de servicios perjudiciales" y quedan sujetos a penalizaciones. 

Un rápido vistazo a cómo Aichi define los negocios de las empresas JK muestra cuán penetrantes y variadas son sus estrategias. Según la ley de esta prefectura, una empresa JK es cualquier firma que emplea a niñas menores de 18 años. Además, este tipo de empresas o sus trabajadoras:

  • Permite a los clientes espiar las chicas en sus habitaciones a través de espejos unidireccionales en "clubes de observación" [algo similar a los peep shows que pululan por Europa, pero con menores].
  • Usan ropa interior o traje de baño, mientras trabajaban como camareras o bailarinas.
  • Sirve alcohol.
  • Conversan y juegan con clientes tras la organización de un encuentro.
  • Masajean a los clientes en habitaciones privadas.
  • Pasean con clientes durante sus "citas".
  • Limpian las casas de clientes.
  • Usan disfraces y permiten que los clientes les tomen fotos con ellos.

El primer negocio que fue penalizado en Aichi tras la entrada en vigor de la ley fue Estudio Ee en la ciudad de Nagoya, que se anuncia como un "club de paseo".

"Pensé que no había problema con los servicios que ofrecíamos", dijo a la policía el propietario de 51 años de edad cuando fue arrestado en septiembre pasado. 

En Estudio Ee, los clientes podían mirar a las chicas a través de un espejo unidireccional y elegir a una para observarla más de cerca. Las chicas elegidas iban al espejo y levantaban sus faldas o se colocaban a cuatro patas. Algunas chicas se masturban o simulaban la masturbación.

Una de las jóvenes que trabaja allí tenía 17 años. Ella afirmó haber aceptado el trabajo para financiar su educación. En Japón, cada vez más menores son pobres y muchos no pueden pagarse la educación superior.

La ordenanza de la prefectura de Aichi no inflige penas muy severas. Los infractores pueden ser penados con la suspensión de sus operaciones comerciales por un máximo de seis meses y los reincidentes pueden enfrentar penas de hasta un año de prisión o multas de hasta 4.200 dólares.

El DPMT pretende imponer sanciones más contundentes que Aichi. De Boer-Buquicchio señaló que la levedad de las penas en Japón está relacionada con la explotación sexual de menores.

"Incluso si los condenados son criminales, las penas son extremadamente suaves", dijo De Boer-Buquicchio, en una conferencia de prensa en octubre pasado. "Todo este escenario de impunidad tiene que cambiar".

La policía de la prefectura de Aichi dijo a VICE News que la ley había funcionado muy bien. Según informaron estas fuentes, han investigado a 168 empresas por casos de violación y advirtieron a otras 58 de la necesidad de cesar en su actividad so pena de ser sancionados. No se han detectado casos de niñas menores de 18 años que trabajen en empresas JK en Aichi desde que la ley entró en vigor.

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Shihoko Fujiwara, que dirige la ONG Lighthouse NPO, que trabaja con víctimas de la empresa JK, celebra la nueva ordenanza pero afirma que no es suficiente.

"Es triste que Japón sea una sociedad que permita florecer a la empresa JK", expresa. "Japón trata de convertir a las niñas menores de 18 en objetos sexuales para la venta y lo considera completamente como algo normal, eso tiene que cambiar. Espero que Tokio elabore una buena ordenanza".

El DPMT espera contar con la nueva ley antes de fin de año.

Mari Yamamoto ha contribuido con este artículo.

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