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En México los reos son abusados por otros reos y extorsionados por sus celadores

Una encuesta levantada en las cárceles de México durante 2016, revela que el 64 por ciento de la población interna aseguró que han sido víctimas de corrupción y tuvieron que pagar por servicios básicos como tener una cama o tomar agua potable.
Imagen vía Gabriela Pérez/cuartoscuro.com
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En los penales existentes a lo largo de 32 estados de la República Mexicana, los internos, en general, se sienten tremendamente inseguros, ya que todos los días están expuestos a delitos que van desde el robo de objetos personales hasta las agresiones sexuales.

Según la última encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) llamada Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, al menos el 31 por ciento de la población interna en México vive en la zozobra constante, acechados tanto por compañeros como por celadores, sin poder escapar de ello, ya que viven recluidos en una celda de 3 por 3 metros.

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Para este estudio fueron encuestados 64.150 reos en 338 centros penitenciarios instalados de norte a sur. Algunos controlados por el gobierno federal y otros por los mandatarios estatales.

De este total, al menos el 32 por ciento se siente inseguro y los penales donde la inseguridad se acentuó durante el 2016 fueron: el Centro de Reclusión Social de Tabasco; Topo Chico en Nuevo León; el Centro de Reinserción Social de Cancún y los de la Ciudad de México y Estado de México instalados en Tlanepantla, Nezahualcóyotl, Chalco y Ecatepec.

Según lo que contaron los reos a encuestadores de INEGI, durante el año 2016 las agresiones fueron desde el robo de objetos personales (89 por ciento), otros fueron victimizados con lesiones (24.6), extorsiones (20.1), amenazas (18.3) y delitos sexuales (5.0).

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Ya en junio de este año la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) había lanzado un informe en el que alertaba que las condiciones de inseguridad en las prisiones estaba saliendo de control, ya que muchas de ellas eran controlados por cárteles de la droga y organizaciones delictivas.

El 50 por ciento de los penales en México, decían, eran controlados por estos grupos delincuenciales. El mayor problema era que los jueces mexicanos frenaban el traslado de reos de alta peligrosidad a centros penitenciarios de máxima seguridad.

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La encuesta del INEGI también reveló que de 393 personas entrevistadas, al menos 272 fueron víctimas de corrupción durante su arresto; 147 por parte del personal del ministerio publico y 58 durante el proceso judicial, son los mayores casos.

Desde antes de llegar a prisión y estar sometidos a los abusos de otros reos, los internos de los centros penitenciarios en México fueron víctimas de la corrupción, desde el momento en que fueron detenidos.

Los estados donde se registraron mayores casos de corrupción fueron: Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, Tabasco y Tlaxcala.

Ya adentro del penal, el 64 por ciento de la población interna aseguró que han sido víctimas de corrupción y tuvieron que pagar por servicios, bienes, o permisos al personal del centro penitenciario.

Exentar el pase de lista (66.4); tener aparatos eléctricos (50.2); cambiar de celda (42.4); salir al patio de visitas (37.3); tener agua potable(35.1); recibir comida (28.7) y tener una cama (26.4) entre otros.

Estos pagos los hicieron en muchos casos para obtener los beneficios que tienen por ley y quienes obtuvieron la remuneración fueron los custodios, personal técnico penitenciario, médicos y personal administrativo.

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