El laberinto sanitario de los ‘sin papeles’ en España

En España los extranjeros irregulares se mueven por un laberinto médico arraigado en varios limbos legales. Sin derecho a tarjeta sanitaria desde 2012, atendidos solo en algunas comunidades autónomas mediante un sistema legal paralelo, hace una semana el ministerio de Sanidad anunció "multas millonarias" para aquellas regiones que les ofrezcan atención integral, algo que en varias regiones nunca dejó de suceder.

Tras las quejas de ONGs, colectivos médicos y partidos políticos, unos días después el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, explicó que la situación se regulará a principios de septiembre para "unificar criterios".

"Es una irresponsabilidad plantear una cosa así a estas alturas. Esta situación se ha convertido en un auténtico problema. Hay gente que no sabe lo que dice y el problema es que siempre sale perdiendo el inmigrante irregular", explica Manuel Espinel, presidente de Médicos del Mundo (MDM)

Espinel se refiere a Rubén Moreno, secretario general del Ministerio de Sanidad español. La semana pasada Moreno anunció por sorpresa que el gobierno y la Unión Europea (UE) estaban estudiando "sanciones catastróficas" para castigar a las comunidades que estuviesen ofreciendo asistencia sanitaria integral a los inmigrantes irregulares. En concreto, las advertencias se dirigieron a Aragón, Baleares, Valencia y Cantabria.

"Creo que [Moreno] no conoce la realidad: lo que dice no tiene ningún tipo de fundamento", matiza José Manuel Freire, portavoz de Sanidad del Partido Socialista de Madrid (PSM). En marzo el ministro de Sanidad español aseguró que el Gobierno derogaría el decreto de 2012 para "no saturar las urgencias" y evitar problemas de salud pública".

Un sistema paralelo

En abril de 2012 el gobierno anunció que desde esa primavera, en plena crisis y con el paro y las manifestaciones disparadas en España, restringía el acceso a la sanidad pública y exigía la residencia fiscal, más allá del padrón, condición anterior para tener tarjeta sanitaria en España.

Desde ese momento los extranjeros irregulares en España solo podían acceder a las urgencias, la maternidad y la cobertura infantil. El gobierno reformó la Ley de Extranjería y como medida de ahorro adicional retiró la tarjeta sanitaria — con alguna excepción — a los ciudadanos españoles que cotizan en el extranjero.

Con estas medidas el ejecutivo de Rajoy esperaba ahorrar entre 900 y 1.500 millones de euros.

La decisión tuvo una respuesta contundente del Tribunal Constitucional español, que amparó la asistencia integral en País Vasco y en Navarra dejando claro "el derecho a la salud y a la integridad física de las personas afectadas".

Un derecho que, según el Constitucional, no podía "verse desvirtuado (…) por un eventual ahorro económico". Acto seguido varias comunidades, entre ellas Cataluña, Canarias o Asturias, adoptaron el 'modus operandi' vasco y navarro: un sistema paralelo para recuperar la universalidad y devolver la tarjeta sanitaria a todo aquel que viva en España.

A los pocos meses, en enero de 2014, sin referirse al caso español en concreto, el Consejo Europeo aseguró que era "ilegal" dejar fuera del sistema a los inmigrantes sin papeles, algo que de persistir, según Europa, podía poner en peligro "el respeto de los derechos sociales" del continente.

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A la lista de objetores se ha sumado a última hora Cristina Cifuentes, la nueva presidenta de la Comunidad de Madrid, "donde se venía aplicando en su literalidad más estricta la ley de exclusión", añade Freire. En Madrid gobierna el PP, el mismo partido que el del presidente y el secretario general de Sanidad, y Cifuentes contradijo a sus compañeros de partido al anunciar el lunes su intención de "no dejar a nadie fuera del sistema",

El último en apuntarse a la discusión ha sido el candidato del PP en Cataluña, Xavier García Albiol, que ha asegurado que excluirá — salvo de la atención en urgencias — del sistema sanitario a todos los irregulares.

El hype está servido. Como consecuencia, el gobierno anunció el lunes que el 2 de septiembre se volverá a regular el asunto buscando unificar criterios. "Otra cosa es en qué dirección", advierte Freire.

Faustino Blanco, ex consejero de Sanidad de Asturias y coordinador del plan de ingeniería legal para poder dar cobertura integral a los inmigrantes irregulares de su comunidad desde 2012, responde a VICE News que "no es comprensible que se amenace con sanciones teniendo en cuenta que en Asturias llevamos tres años atendiendo a este colectivo y ni el gobierno central ni Europa han puesto ninguna pega".

"Una vez vimos el contenido del decreto en 2012, y sobre todo cuando llegó el auto del Constitucional, sacamos a los sin papeles del sistema y les proporcionamos una tarjeta paralela en papel, sellada por el gobierno asturiano, para que pudiesen ser atendidos, y así hemos seguido hasta ahora", recuerda Blanco.

En paralelo, Asturias llegó en 2012 a un acuerdo con Cruz Roja para el pago y reembolso del gasto farmacéutico del colectivo, "que no es muy numeroso y no supone más de 400.000 euros al año", resume Blanco.

Consultas sin factura

Manuel Espinel cree que en España "hacen falta medidas urgentes para solucionar este lío". Desde 2012, según Espinel, "el acceso a la sanidad ha dejado de ser un derecho relacionado con la ciudadanía y la residencia y ha pasado a estar relacionado con el padrón. Se ha cambiado la universalidad por el hecho de estar asegurado".

"Esta situación es injusta porque la sanidad en España se paga con los impuestos directos e indirectos, no cotizando, así que dado que todo el mundo paga impuestos indirectos es ridículo y absurdo negar la atención a extranjeros sin papeles", añade Espinel.

MDM lleva tres años atendiendo a inmigrantes en situación irregular en España. "Ayudamos a quien nos lo pide asesorándoles vía telefónica en temas legales", explica Espinel. También, "si resulta necesario", MDM les acompaña al médico y pide que no se haga factura para no dejar registro.

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"Lo que resulta más irresponsable", desgrana Espinel, "es que el gobierno utilizase [en 2012] y siga utilizando el argumento del dinero y el ahorro. Según nuestros datos y los de otras organizaciones, los inmigrantes irregulares son un colectivo joven — la mayoría, según Espinel, "entre 30 y 35 años"; unos 150.000 según cifras oficiales; cerca de medio millón según varias ONG — con lo que no generan mucho gasto". Del mismo modo, "no se puede decir que si son atendidos se genera un efecto llamada para el turismo sanitario", advierte.

José Manuel Freire denuncia la intención del gobierno de "plantear un registro a nivel nacional de inmigrantes en situación irregular" como herramienta para acceder a un tipo especial de sanidad. "Es inaudito, muy poca gente en esa situación se registrará porque saben lo permeable que sería esa eventual lista con el ámbito policial, y son personas que no tienen papeles, y tampoco son tontas, claro", concluye.

Otra cosa es el presunto repunte de enfermedades erradicadas o exóticas en España derivado de la falta de atención a un colectivo como los 'sin papeles', "algo que no es cierto ni probable y que resulta un tanto criminalizador", explica a VICE News José Jover, ex director de Salud Pública de la Comunidad de Madrid.

Faustino Blanco matiza que "el problema en términos de salud pública puede tener más incidencia en el ámbito de los trastornos mentales y de algunas enfermedades como el VIH".