Pase y llore: Con las siguientes elecciones, ahora sí, México se va a arreglar

En México, votar se ha convertido en algo que se ve mitad como una obligación sin sentido (ir a la misa de bautizo del bebé más intrascendente del mundo, por ejemplo) y mitad como una muy mala broma. Mala, porque las políticas que instrumentan los ganadores de esas elecciones, una vez que se acomodan en sus puestos, se parecen más entre sí, no importa de cuál partido sean. Además, porque esas políticas no nos han acercado a la justicia social (creo que ni hace falta aclarar que ha sido al contrario). También, está más que documentado que la mayoría de las elecciones son ilegítimas: casi siempre se deciden por vía de acuerdos previos entre los principales grupos de poder político. Desde hace poco se discute más la influencia del narco, ya sea por medio del financiamiento de candidatos o de la extorsión y eliminación de adversarios, aunque no podemos ser tan ingenuos como para creer que se trata de un fenómeno reciente.

Cárteles, piedra angular de nuestro sistema electoral.

Lo peor, las elecciones son cada vez más caras. Se supone que la reforma electoral de 2014 y una serie de controles aplicados a la publicidad personalizada de servidores públicos, han hecho que el costo oficial de las campañas se reduzca en los últimos años. Pero ya sabemos que en este país, lo oficial casi siempre sirve para rellenar las páginas de periódicos como Excélsior y La Razón (con las que luego nos podemos limpiar la cola), y nada más. En realidad, los partidos siempre hallan la forma de darle la vuelta a la norma y gastar lo que se les dé la gana.

La campaña para las elecciones del 2000 (en las que ganó Fox, por si nos fallara la memoria) inició una tendencia que continúa hasta hoy: quien gasta más en publicidad electoral (sobre todo en tele y radio), tiene casi todas las probabilidades de ganar. No importa que se rebasen los topes oficiales, de todas formas lo más que puede pasar es que se pague una multa ridícula. Quien resulta "electo", llega al poder y no se le destituirá. Eso es lo que cuenta.

¿Se acuerdan de Lino Korrodi? Fue uno de los encargados de "triangular" recursos para la campaña de Fox (y Martita).

El peor ejemplo de esta práctica (hasta ahora; aunque siempre podemos contar con que la política mexicana no deja de superarse) ha sido, como sabemos, la elección de 2012, que terminó con la coronación de Quique I. En la revisión que hizo el IFE (hoy INE), el dictamen fue que, de todos los candidatos a la elección presidencial, el único que rebasó el tope de campaña fue López Obrador. Y la campaña de Quique supuestamente fue la más ahorradora: se quedó 94 millones por abajo del límite.

No hace falta más que sentido común para darse cuenta de que ese dictamen era un cerro de caca: los gastos en tiempo aire, aviones privados, contratación de figuras mediáticas, entre otros, no tenían forma de cuadrar. Pero así como la verdad oficial es la que pone al presi en la silla (quién obtuvo más votos), también es la que dice que llegó ahí de forma limpia. El hecho de que esa verdad oficial sea manipulable hace posible que en una elección se triangulen recursos (como en 2012) o se manipulen los resultados (como en 2006) para imponer a un ganador. El gasto en publicidad mediática se vuelve indispensable para crear una sensación de omnipresencia que haca creíble esa victoria.

De acuerdo con cálculos conservadores, la elección de 2012 costó más de cuarenta mil millones de pesos. Se trata del costo real, no del oficial, por supuesto. Para darnos una idea de lo que significa esa cantidad de dinero y ponerlo en contexto, podemos recordar que este año la UNAM contará con un presupuesto total de algo más de 37 mil millones.

Con lo que cuestan las elecciones, podríamos mantener otra universidad nacional.

Ese gasto tuvo como objeto legitimar la llegada al poder de quien estaba determinado, desde años atrás, para hacerlo por el mercado internacional y las estructuras político-económicas dominantes del país. Lo que se pagó con él fue la ilusión de que lo habíamos elegido nosotros, aunque en los hechos, se torcieron todos los procedimientos legales para hacerlo. No sé cómo la vean, pero para ser un mero trámite, me parece pendejamente caro.

Desde que en la campaña de 2006, el EZLN y Marcos fueron criticados por llamar a darle la espalda a las elecciones con lo que llamaron La otra campaña, los procesos electorales se han vuelto cada vez más absurdos por su inutilidad y la simulación que implican. El debate sobre el tema se ha vuelto más frecuente y cada vez más organizaciones invitan a mandar por un tubo a la política partidista. Uno de los llamados más recientes es el que se incluye en la convocatoria al Nuevo constituyente que será presentado el próximo 5 de febrero. Se trata de un intento de formar una asamblea popular en la que se plantee una refundación de la vida política del país (empezando por echar atrás las reformas aprobadas durante lo que va del régimen de Quique) al margen de partidos políticos que, como resulta evidente, sólo sirven para el bote de la basura. Esto incluye, necesariamente, una invitación a boicotear las elecciones.

Algunos de los principales nombres que promueven esa iniciativa son el obispo Raúl Vera, Javier Sicilia y el padre Solalinde. Puede comprenderse que más de una persona haga gestos por el tufo a mochería que tendría el asunto (aunque soy de la opinión de que, puestos en un dilema como éste, es preferible el apoyo de quien ya tiene militancia probada en luchas sociales). Pero resulta que, al menos en el rechazo a las elecciones, tienen de cómplices en el debate público a otros personajes chonchos: los papás de los normalistas de Ayotzinapa.

Solalinde y Sicilia. Dos de los convocantes al Nuevo Constituyente.

El pasado lunes, una serie de marchas que hubo en el DF demostró que el rechazo a la forma de hacer política del actual régimen no ha perdido fuerza. El punto en que se reunieron fue el Zócalo y ahí, entre otras exigencias (que se investigue al ejército y al ex gobernador Ángel Aguirre), una de las principales fue que se suspendieran las elecciones de este año en Guerrero. Además, se hizo un llamado para que en el resto del país la gente batee las elecciones: que no vote en blanco, que no anule; simplemente no presentarse a la casilla para sumar una credencial al sistema que legitima la política criminal.

La CETEG (Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero) ha realizado movilizaciones en demanda de justicia para los normalistas (que siguen en calidad de desaparecidos, a pesar de las pendejadas que pueda seguir diciendo Murillo Karam). Esto ha incluido marchas, toma de carreteras y de oficinas de gobierno, etcétera. Hay una forma de protesta sobre la que han advertido desde hace unos meses y que es, tal vez, la que más ha acalambrado al gobierno federal y de Guerrero: si no se establece con certeza lo que sucedió con los estudiantes y no se hace justicia en el caso, los integrantes de la Coordinadora, junto con los padres de los desaparecidos y el MPG (Movimiento Popular Guerrerense) impedirán que se instalen las casillas para las elecciones que habrá este año en el estado.

La Segob y otras instancias se han soltado a "garantizar" que este año las elecciones sucederán con normalidad, en ese y los otros 16 estados donde habrán comicios intermedios. Más allá de que no tenga sentido esa garantía (desactivar el conflicto parece cada vez más lejano, sobre todo tomando en cuenta la forma tan déspota en que se trató de dar por cerrado el asunto con la conferencia que dio Murillo Karam el mares), el hecho de que sientan tanta urgencia por asegurarlo se debe a que la confianza y participación en la farsa que son las elecciones en México son los principales argumentos para sostener el aparato burocrático de gobierno en su forma actual. Ese aparato disfuncional que sirve para administrar el poder y alimentar las cuentas bancarias de quienes, en realidad, gobiernan. Si los comicios tuvieran una participación casi nula, o de plano ni llegan a realizarse, ese aparato, tal como está diseñado, dejaría de operar.

Gracias a Osorio Chong, que defenderá nuestro derecho a que se gasten nuestros impuestos en propaganda electoral.

Al parecer, este año cada vez son (somos) más los que no le encuentran sentido a votar. Las "reformas estructurales", las evidencias de conflictos de interés, la complicidad del narco con todos los niveles de gobierno y el hartazgo ante la violencia y crímenes de Estado han amasado un ejército de escépticos ante el voto. Alguien debe haber tomado nota de eso. No es coincidencia que este año hayan aparecido candidaturas "ciudadanas" tan imbéciles como las de Lagrimita, Quico o Cuauhtémoc Blanco (sin olvidarnos del hijo de Ángel Aguirre, que va por la alcaldía de Acapulco). Como intento de aumentar y diversificar la participación atrayendo a una parte del padrón que está menos informada (o que es más cínica), y que normalmente no se interesa por las elecciones, es un tanto patética. Falta ver qué tan eficaz resulta.

Lagrimita, otra piedra angular de nuestro sistema electoral.

De acuerdo a un argumento muy común, alguien que no vota no tiene derecho a criticar a los gobernantes electos. La otra parte del argumento es que el voto es la parte esencial (para muchos, la única) de la democracia. Esto se sostiene en varias falsedades. La principal es que la responsabilidad del ciudadano empieza y termina en el voto: cada tres años, el votante va a las urnas, tacha un papel (se pone a desear que gane su candidato) y se sienta a ver cómo hace su trabajo el ganador. Si el que resulta electo empieza a tomar medidas con las que está en desacuerdo, hace coraje durante tres o seis años, y espera a la siguiente elección para ver si, esta vez, gana un político que haga mejor su chamba. Porque no hay otra forma de intervenir en las funciones gubernamentales más que por medio del voto.

Ni se necesita decirlo (creo), pero de acuerdo a esto, si el voto es el único mecanismo de participación ciudadana, y el voto es virtualmente inútil con el sistema de partidos que padecemos, entonces no tendríamos ningún recurso legítimo a la mano para incidir en los actos de nuestros gobernantes. La segunda parte, que las elecciones son actualmente inútiles, me parece que está cada vez más clara. La primera, que el voto es nuestra única (o al menos la principal) herramienta de participación ciudadana, es una estupidez. En esa estupidez se sostiene nuestro sistema electoral, y la función que cumple como mecanismo de sometimiento. Nuestra responsabilidad ciudadana (no estamos obligados a cumplirla, pero estaría bueno que nos interesara) es encontrar esas formas de participación alternas al voto: reunirnos, discutir, organizarnos, obligar a los gobernantes a que hagan su trabajo. Deshacernos del sistema electoral que es su caldo de cultivo puede ser buen punto para empezar.

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