El clan familiar de los Jodorovich, entre el crimen y la vida pública

Los Jodorovich están ligados al mundo del tráfico de armas y de drogas en España desde 1980. Pero Simón Montero Jodorovich y su hermano, condenados en 2011, lideran una federación gitana que recibe importantes ayudas públicas para la reinserción de...

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17 mayo 2016, 7:45am

Imagen del juicio de 2011 contra los Montero Jodorovich extraída de un vídeo de TVE.

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Hay pocos nombres en Barcelona que ocupen un espacio tan grande en la crónica negra de la ciudad como el de la familia de los Jodorovich. Los tentáculos de este clan, sin embargo, se extienden por toda España con vínculos en ciudades como Madrid y Palma de Mallorca.

La historia de esta extensa familia de origen húngaro aparece ligada en la literatura periodística, judicial y policial española al narcotráfico, a la venta de armas, a nombres borrados y a una retahíla de episodios sangrientos desde principios de los años 70 hasta hoy. Así lo suscriben todas las fuentes consultadas por VICE News que han accedido a hablar de esta saga gitana a condición de no revelar su verdadera identidad.

El negro relato de esta estirpe se remonta a los años 40, cuando, como muchos otros miembros de la comunidad gitana, los Jodorovich Estancovich, la primera generación de la familia afincada en Barcelona, se establecieron en la zona de la falda de la montaña de Montjuïc y los barrios de Can Tunis o el Polvorín, en la llamada Zona Franca de la ciudad.

La venta ambulante y el comercio de chatarra fueron su sustento durante los primeros años, décadas después, su historia seguiría por los derroteros del crimen. Primero fueron los robos de joyas, coches y viviendas, luego, el tráfico de armas y, finalmente, el tráfico de drogas.

"Se convirtieron en los jefes del gran supermercado de la droga en Cataluña", asegura una fuente conocedora de la organización familiar a la que nos referiremos con el pseudónimo de Pilar.

"Han ganado mucho dinero tanto con las armas como con el narcotráfico de cocaína y hachís y, en menor grado, de heroína", pero, la mayoría de ellos, explica la misma fuente, sigue viviendo en la humilde Zona Franca de Barcelona, desde donde controlan sus negocios.

Narcotráfico a nivel nacional e internacional, es decir distribución de estupefacientes, así como menudeo de cocaína en la Zona Franca, de acuerdo con los indicios que manejaba la fiscalía antidroga de Baleares que, en 2013, acusó a "La Paca", matriarca de otro clan gitano que operaba en el barrio mallorquín de Son Banya, en las Islas Baleares, de los delitos de tráfico y receptación de drogas.

La investigación del Ministerio Público apuntaba a que parte de estos estupefacientes procedían del clan Jodorovich. En esta ocasión, "La Paca" fue absuelta por la "inconstitucionalidad" de los pinchazos telefónicos en que se basaba la investigación policial, pero ya estaba en prisión cumpliendo pena por anteriores condenas en relación al tráfico de drogas.

"El trasiego hacia las Islas Baleares ha sido constante. Se detenían a personas que viajaban en barco o en avión con cargamentos. Había un chivatazo y pillaban a un pobre hombre que llevaba cantidades pequeñas, pero los suyos iban en el mismo pasaje con cantidades mucho mayores y salían indemnes", asegura una segunda fuente cercana al entorno del clan liderado por Aquilino y a quien citaremos con el nombre falso de Vicente.

En La Mina, un barrio situado en el municipio barcelonés de Sant Adrià, el clan también se dedicaría, de acuerdo con Pilar, al menudeo de hachís y heroína.

Los Jodorovich representan al colectivo gitano y gestionan ayudas públicas

Tanto los dos testimonios anónimos, como la fiscalía de Baleares en 2013, se refieren a los negocios ilícitos de la facción familiar que encabeza Aquilino Montero Jodorovich y de la que su hijo Simón, que se apellida igual, también jugaría un papel muy relevante.

Sus actividades ilegales se desarrollarían en paralelo a sus ocupaciones empresariales y al control, desde finales de 2013, de la Federación de Asociaciones Gitanas de Cataluña (FAGIC). Esta organización esta presidida por el mismo Simón, mientras que Manuel, otro de los hijos de Aquilino, asume las funciones de tesorero. Ambos, junto con su hermano Antonio y el mismo Aquilino, fueron condenados por tenencia de armas y tráfico de drogas en 2011.

En la imagen, Simón Montero Jodorovich durante un acto de la Federación de Asociaciones Gitanas de Barcelona (FAGIC), constituida a finales de 2013. (Imagen vía FAGIC).

La federación, que agrupa a más de 60 asociaciones gitanas radicadas en Cataluña, recibe subvenciones económicas de diversas administraciones públicas para gestionar, entre otras cosas, programas para la reinserción social de los presos. Además, gracias al liderazgo de esta federación, Simón ha intervenido en actos públicos, como la conmemoración del día del Holocausto en el parlamento catalán, en representación de la comunidad gitana.

De acuerdo con su página web, la FAGIC es "la entidad más representativa del asociacionismo gitano en la sociedad catalana" y "asesora y da apoyo a asociaciones gitanas que no tienen suficiente infraestructura para funcionar por sí solas".

Las concesiones otorgadas a esta organización estarían, de acuerdo con la documentación publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC) y el Boletín Oficial de la Diputación de Gerona, entorno a los 500.000 euros desde finales de 2013, cuando Simón asumió la presidencia.

Así, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad del gobierno de España ha otorgado ayudas a la FAGIC por valor de entorno a los 225.000 euros entre 2014 y 2015.

Además, el departamento de Justicia de Catalunya adjudicó a esta organización 42.679 euros en 2014 y 46.370 en 2015 para la reinserción social de presos; la Agencia de Viviendas [que cuelga de la consejería de Territorio y Sostenibilidad], mantiene abierta una línea de subvención de unos 26.000 euros anuales; el departamento de Trabajo y Asuntos Sociales, concedió a la entidad, al menos, 175.440; y el de Salud, 5.549 euros. La diputación de la provincia de Girona también otorgó ayudas a la FAGIC durante el mismo período.

El primer convenio de colaboración entre la FAGIC presidida por Simón Montero Jodorovich y la Agencia de la Vivienda de Cataluña, que depende de la consejería de Territorio y Sostenibilidad del gobierno catalán por valor de 26.000 euros.

Sólo el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el departamento de Trabajo y Asuntos Sociales catalán respondieron las preguntas de VICE News sobre la idoneidad de conceder ayudas a entidades cuyos responsables tienen perfiles vinculados al mundo del tráfico de armas y de drogas y respecto de si estas concesiones habían generado un debate interno. Con todo, sus explicaciones fueron evasivas y únicamente remitían al cumplimiento de los criterios de regulación relativos al otorgamiento de las ayudas.

La presidencia de la FAGIC

Simón ingresó en prisión preventiva en 2008 y fue condenado a siete años de cárcel por almacenar un arsenal de armas de guerra tres años después. El fallo de la Audiencia Provincial de Barcelona también estableció penas de entre 10 y 12 años para su progenitor, además de para sus hermanos Manuel y Antonio. Este último volvió a ser detenido a principios de este mes de febrero por distribuir droga en el barrio de La Mina.

Con todo, la sentencia de 2011 fue revocada al año siguiente, cuando el Tribunal Supremo anuló el valor jurídico de las pruebas en las que se basaba el fallo y dejó en libertad a Aquilino, Simón, Antonio y Manuel tras pasar más de tres años en prisión provisional.

El juez tomó esta decisión tras constatar que las pruebas se consiguieron gracias a la prórroga de unas escuchas telefónicas autorizadas por un juzgado diferente al que las aprobó en primera instancia y que había denegado anteriormente la ampliación temporal de los pinchazos telefónicos. Muchas de las pruebas que pesaban contra "La Paca" en el juicio de 2013 procedían de estas mismas grabaciones.

El fallo del Tribunal Supremo sostiene que la invalidez de estas pruebas "no supone la negación absoluta del hecho que pretendían acreditar, sino la imposibilidad de utilizar las mismas". Una afirmación referida a la sentencia condenatoria de la Audiencia Provincial de Barcelona, que se sustentó en las incriminatorias conversaciones interceptadas y un decomiso de drogas por un valor de más de 126.000 euros.

Durante los registros de las viviendas de propiedad de los acusados y los pisos de alquiler que financiaba el clan, la policía también confiscó un arsenal militar compuesto por armas de fuego como pistolas Parabellum, Glok 17 o Rohm Rg800, subfusiles automáticos Cz Skorpion, rifles Kalashnikov AF-47, escopetas Trust y abundante munición.

El juez que los condenó en 2011 también reveló que la familia Montero Jodorovich era titular de hasta 19 sociedades a título personal o mediante testaferros.

La investigación que llevó a cabo la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Barcelona, la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) y la Sección de Estupefacientes y la Brigada Local Policial de la comisaría de Hospitalet de Llobregat, apuntaba que el rendimiento de los negocios no justificaba el importante patrimonio familiar.

"Tienen, sobre todo, bares y restaurantes y antes tenían muchos negocios inmobiliarios", asegura Vicente.

Pero este entrevistado considera que "los Jodorovich viven de la fama que se ganaron en los años 70" y que "sus muescas delictivas les han otorgado un gran poder". Son, sostiene Vicente, "considerados como los más peligrosos en el mundo del narcotráfico en Cataluña, y seguramente también en España. Tienen a todo el mundo acojonado, incluso a la policía".

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Pero la familia es muy extensa y además del grupo organizado entorno a Aquilino, precisa el entrevistado, existen otros liderados por sus dos hermanas y los descendientes de uno de sus hermanos ya fallecido. "Cada uno actúa por su cuenta y, muchos, no se llevan bien. De hecho, ha habido choques violentos, sobre todo cuando algunos han intentado hacerse con los clientes de los otros", explica.

En 2012, el mismo año en el que el Tribunal Supremo absolvía a Aquilino y a sus hijos, entre otros condenados, tanto Dolores Montero Jodorovich como su marido cumplían condena por tráfico de drogas. Emilia y su hijo Martín Fernández Montero consiguieron hace tan sólo unos días eludir un juicio por delitos contra la salud pública alcanzando un pacto con la parte denunciante.

Pero los procesos judiciales relacionados con esta familia van mucho más allá. En 2014, Joaquín Juan Fernández, considerado uno de los capos de la familia de los Jodorovich y primo de Simón, fue condenado por homicidio y tenencia ilícita de armas. La víctima, un colombiano de 31 años, fue descuartizada y decapitada tras morir tiroteado. Sus restos fueron encontrados dentro de unas bolsas en una zona boscosa de San Martín de Valdeiglesias, Madrid.

De acuerdo con la sentencia, Fernández habría tomado la determinación de matar al joven suramericano, tras lo cual decidió desplazarse a Madrid y lo asesinó, junto con otros miembros del clan, en un ajuste de cuentas por un engaño en una compra de drogas.

El fallo llegó tras el fracaso del primer juicio, que fue declarado nulo tras disolverse el Jurado Popular después de que sus nueve miembros no alcanzaran un acuerdo tras días de deliberaciones.

Una historia de delincuencia que empieza en los años 70

En la prensa de los años 70 y 80, aparecen diversos artículos relacionados con el clan. Una de estas primeras notas periodísticas, publicada en ABC y fechada el 25 de noviembre de 1972, se titula "Valioso botín de robos" y hace referencia al hallazgo de joyas y dinero por un valor total de dos millones de pesetas escondidas en el interior de una chabola de la familia Jodorovich Estancovich.

El 5 de febrero de 1984, El País publicó una pieza sobre la detención de 25 miembros del mismo clan por "prestar apoyo a grupos autónomos de carácter anarquista, a los que facilitaban infraestructura, explosivos, armamento y munición". El artículo asegura que a "algunos de los detenidos se les supone también implicados con el grupo Acción Directa, que opera en territorio francés, y al que se relaciona con el atentado realizado en 1976 contra el cuartel de la Guardia Civil de Platja d'Aro, Gerona".

Sólo cuatro años después, en 1988, el mismo rotativo El País se hacía eco de la acusación de la fiscalía, que solicitó más de 127 años de prisión para cuatro miembros de esta familia por un delito de robo por homicidio en la población catalana de Torroella de Montgrí, también en Gerona. Finalmente, Magdalena Jodorovich Estancovich, tía de Aquilino, sería condenada a 129 años por el asesinato del ciudadano inglés Edgar William Eower.

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