Violaciones de derechos humanos en la deportación de colombianos desde Venezuela

Amnistía Internacional (AI) ha hecho hoy un llamado a la atención sobre las violaciones de los derechos humanos en la frontera entre Venezuela y Colombia. Más de 1.000 colombianos han sido deportados en un operativo del gobierno de Nicolás Maduro para combatir la inseguridad provocada por el contrabando y las bandas criminales en la zona.

"Son expulsiones ilegales, sin un proceso judicial independiente y sin oportunidad de impugnar su expulsión", dice a VICE News Estebán Beltrán, responsable de AI.

Según la ONG, la Guardia Nacional Bolivariana y las Fuerzas Armadas habrían procedido con malos tratos, desalojos forzosos y demolición de casas. "En ocasiones separando a familias, con lo que se han dado casos de menores abandonados en Venezuela después de la expulsión de sus padres a Colombia", añade Beltrán.

El gobierno venezolano decretó el pasado 21 de agosto el estado de excepción en cinco localidades del estado fronterizo de Táchira después de que tres militares y un civil resultaran heridos en una operación contra el tráfico ilegal de mercancías.

Las autoridades venezolanas atribuyeron la inseguridad en la frontera a la actividad de contrabandistas y bandas criminales que se formaron tras la desmovilización de los paramilitares colombianos.

Los cuerpos de seguridad venezolanos han llevado a cabo los últimos días el registro de viviendas de población procedente de Colombia. Según han recogido medios locales, se han encontrado uniformes similares a los que usan los paramilitares y viviendas donde se almacenaba gran cantidad de víveres y mercancías.

"El gobierno de Venezuela puede luchar contra el contrabando y contra el paramilitarismo, pero sin violar los derechos humanos", apunta Beltrán. "Como estado debe respetar su Constitución y los principios internacionales que ha ratificado", añade el director de AI.

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Hans Hartmark, el responsable del ACNUR (Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados) en la oficina de Cúcuta (Norte de Santander), la ciudad colombiana donde están llegando la mayoría de deportados, asegura que "ha habido varios casos de ciudadanos colombianos refugiados en Venezuela que han sido también expulsados".

"Estamos preocupados por los refugiados en ese país, son unos 5.000 en total. Nuestros equipos allí están tratando de evitar su deportación", asegura a VICE News.

VICE News ha intentado sin éxito disponer de la versión de los portavoces del gobierno venezolano. No obstante, el gobernador del Estado de Táchira, José Gregorio Vielma Mora, ha manifestado públicamente que "al pueblo de la frontera y a Venezuela, los estamos liberando del sicariato, del contrabando, del paramilitarismo y de tantos delitos que se cometen desde esa zona".

Al otro lado de la frontera, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, exigió ayer respeto por todos los colombianos. "Desde los más humildes hasta los más poderosos. Desde los más cercanos a nuestro gobierno hasta los que nos critican ferozmente".

El mandatario dejó entrever al gobierno de Maduro que no está cerrado a la negociación. "Los colombianos pueden tener la certeza de que, con prudencia y diplomacia que no riñen con la firmeza y la autoridad, vamos a seguir defendiendo nuestra soberanía y los derechos de nuestros compatriotas", señaló.

En este sentido, la canciller de Colombia, María Ángela Holguín, y la de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunieron ayer en la ciudad de Cartagena de Indias, en la costa caribeña colombiana, para tratar de acercar posturas en esta crisis. Sin llegar a acuerdos concretos, hubo predisposición de ambos países en buscar una solución al conflicto fronterizo y trabajar para resolver la inseguridad generada por bandas criminales.

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En la parte colombiana del problema reina la frustración. "Los deportados no saben aún si van a poder volver para recoger sus pertenencias. Ahora no tienen nada, lo han perdido todo", explica el responsable del ACNUR, Hans Hartmark.

"Sabemos que hay colombianos que han salido voluntariamente al ver lo que estaba pasando. Ellos sí han podido regresar a buscar sus cosas. Pero no sabemos nada aún sobre los deportados. Los gobiernos de los dos países están hablando de ello, pero no sabemos nada", añade.

Entre las personas que han salido voluntariamente hay quien había huido de su país amenazado por grupos armados. "Ellos tenían protección en Venezuela. Uno de nuestros objetivos ahora es localizarlos y tratar de que aquí cuenten con esa protección de nuevo", señala Hartmark.

Los deportados han ido siendo ubicados por el gobierno colombiano en coordinación con agencias humanitarias en albergues y se les ha cubierto su manutención. Otros han optado por ir a casa de familiares o amigos. "El sábado y el domingo fue bastante caótico, pero ya ayer hubo menos deportaciones y hoy no hemos tenido noticias de ninguna", cuenta el trabajador humanitario.

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Los líderes de la oposición aseguran que el operativo es una estrategia de Nicolás Maduro para encontrar un enemigo visible y común que tape las largas colas en los supermercados, la inflación y la escasez de productos.

Por ello, la jugada de Álvaro Uribe, ex presidente de Colombia, viajando a Cúcuta hace dos días no ha hecho más que favorecer los postulados de Maduro. El presidente venezolano acusó a Uribe de estar detrás de la delincuencia en la frontera y se deshizo en una retahíla de insultos tildando al ex mandatario de "asesino" y de "paramilitar".

Carlos Vecchio, el coordinador político del partido venezolano en la oposición Voluntad Popular, señalaba hace unos días en una entrevista con el diario El Espectador que el gobierno pretende alargar el estado de excepción durante 120 días. Lo que supondría la suspensión de las elecciones del próximo diciembre.

"Táchira es el estado más opositor. En estas elecciones los sondeos indican que el oficialismo no va a sacar un solo diputado en el Táchira. Lo vemos como una revancha contra este estado, que fue donde se iniciaron las protestas en 2014", señalaba Vecchio en el diario colombiano.

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