Cuando las calles se llaman "fascismo" — recorrido por la simbología franquista

El pueblo de Mayorga tiene una calle con dos nombres, unos 1.700 habitantes y 100 vecinos que ya no están. Allí, como en muchos pequeños pueblos de la Castilla rural, la represión de los golpistas contra los presuntos "rojos" fue cruenta. El llamado "paseíllo" [eufemismo utilizado para referirse al fusilamiento de ciudadanos acusados de ser republicanos] truncó la vida de muchos paisanos.

Quizás porqué la atrocidad y el odio echó raíces en este apacible rincón de la geografía española durante la Guerra Civil, dando oxígeno a las inquinas y a las envidias más rancias entre sus habitantes, cada uno de ellos prefiere referirse a la calle de la discordia con un nombre diferente.

Para unos es la calle José Antonio Primo de Rivera [fundador de la Falange Española, partido que participó activamente en la sublevación militar franquista], para otros se llama Olleros [en relación al tradicional oficio].

Luis Ocampo, médico rural en Mayorga y portavoz del partido Izquierda Castellana, explica que en el año 1985, el alcalde socialista Germán de Hoyos cambió los nombres de las calles con nomenclatura franquista.

Con la llegada al poder del conservador y heredero del franquismo Partido Popular algunas calles volvieron a recuperar los nombres del fascismo, uno de ellas fue precisamente la de José Antonio Primo de Rivera.

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"Recuerdo que muchos de mis pacientes llegaban a mi consulta con un pésimo estado emocional, ellos habían perdido a sus familiares, ejecutados a manos de los alzados y ahora tenían que soportar esa humillación", explica.

Más adelante, un regidor de la misma formación pero inspirado por un espíritu de concordia decidió, en una aparentemente absurda pero estratégica pirueta, apostar por la doble denominación, con dos placas de distinto nombre situadas en cada uno de los extremos de la calle.

La realidad del pequeño pueblo de Mayorga fue el motor que motivó a Ocampo a llevar a cabo, junto con algunos futuros compañeros de Izquierda Castellana, una serie de "rastreos" para retirar las placas con nomenclatura franquista en ciudades como Palencia, Burgos y Segovia entre 1999 y 2001.

El grupo fue sancionado con 10.000 pesetas [60 euros] por haber arrancado dos letreros en Palencia, pese a que inicialmente el fiscal pidió hasta 7 años de cárcel. Los activistas también fueron detenidos por pintarrajear de rojo la estatua ecuestre de Francisco Franco, por aquel entonces, sita en la plaza de San Juan de la Cruz de Madrid.

Ocho años después, la iniciativa de los miembros de Izquierda Castellana se enmarcaría ya en la celebración del mediático campeonato Placa-Placa organizado por Yesca, la plataforma de las Juventudes Castellanas Revolucionarias. En su primero edición, que se desarrolló entre 2009-2010, se recogieron más de 200 placas. En 2014-2015 se hicieron con unas 50.

También en la zona de Castilla, y a manos de un grupo anónimo, se puso en marcha el llamado Comando Destornillador con idénticos objetivos. Otras campañas e iniciativas civiles hicieron lo propio ante la inacción de los gobiernos que siguen tolerando, asegura uno de los miembros de colectivo Yesca, no sólo la presencia de estos símbolos sino las reuniones de ensalzamiento al régimen dictatorial que se celebran entorno a algunos de estos lugares en homenaje a un régimen que torturó, mató y robó a sus ciudadanos.

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Tras 40 años de democracia y ocho de la aprobación de la Ley de la Memoria Histórica, España sigue exhibiendo la simbología de la dictadura que ordenó el asesinato de más de 50.000 personas sin contar con las bajas ocasionadas por la Guerra Civil.

Un ejercicio rápido en Google Maps permite localizar siete municipios apellidados con el término "Caudillo": Bembézar del Caudillo, Llanos del Caudillo, Guadiana del Caudillo, Guadalcacín del Caudillo, Bárdena del Caudillo, Gévora del Caudillo y Alberche del Caudillo.

Las estampas franquistas más emblemáticas que siguen en pie incluyen el monumento burgalés al General Emilio Mola [uno de los cabecillas de la sublevación], en una torre de hormigón de 22 metros de altura; la estatua del dictador Francisco Franco en Melilla o el Arco de la Victoria en Madrid.

"No hay suficiente voluntad para retirar estos símbolos. Hay que pensar que por delante del Arco de la Victoria [monumento que conmemora el triunfo de los golpistas], situado a 800 metros del Palacio de la Moncloa, han pasado miles de veces todos los presidentes de la democracia y a ninguno se le ha ocurrido hacer nada", afirma a VICE News Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.

"Si en el País Vasco hubiera algún monumento dedicado a un asesino [en relación al terrorismo vasco] no haría falta ninguna ley para quitarlo de la calle", añade Silva.

Las oleadas de "barrido" de la simbología franquista

"El primer barrido llegó tras la instauración de la democracia, cuando los nuevos alcaldes empezaron a retirar la nomenclatura más comprometida como la de los nombres de calles que eludían a los generales golpistas que tuvieron un papel más relevante [durante la Guerra Civil y el Franquismo]", explica a VICE News Jesús de Andrés, profesor de Ciencia Política, autor de diversas publicaciones sobre la guerra y la dictadura y gran conocedor de la simbología franquista.

Después, sigue, "renació a manos de los movimientos ciudadanos a finales del siglo XX coincidiendo con un proceso de derechización de la política durante el segundo gobierno del popular José María Aznar". Luego, y pese a las grandes expectativas, llegó la Ley de la Memoria Histórica, que fue "un gran brindis al sol".

Por una parte, esta legislación, que acordó la retirada de la simbología franquista en los espacios públicos, estableció dos supuestos excepcionales basados en el valor artístico y arquitectónico del motivo simbólico en cuestión. Además, la norma se limitaba a instar y no tenía carácter vinculante para ordenar la retirada.

"La Ley de la Memoria Histórica fue una ley de sugerencias, totalmente innecesaria, porque deja en manos de los alcaldes la decisión final. Las excepciones permitieron que aquellos que no querían retirarlos [rótulos y estatuas franquistas] se acogieran a estas salvedades", considera de Andrés.

"La cuestión se hubiera podido zanjar con un decreto ley [que obligara a los municipios a acabar con la huella fascista]", concreta.

"La mayor presencia de simbología franquista se concentra en las comunidades autónomas de Cantabria, Castilla León, Galicia, Canarias, Ceuta y Melilla, mientras que en lugares como Cataluña y el País Vasco su presencia es casi testimonial", sostiene de Andrés, quien calcula que, en términos generales, cerca de un 80 por ciento de la simbología ya ha desparecido del espacio público.

Aunque no existe ningún catálogo actualizado y exhaustivo sobre la presencia de las insignias, estatuas y nomenclatura franquistas en España [sólo algunos trabajos parciales y anteriores a la aprobación de la Ley de la Memoria Histórica], algunas comunidades autónomas como Cataluña cuentan con su propio inventario, que cifró en unos 3.650 los símbolos repartidos en 185 municipios. Ciudades como Barcelona hicieron los deberes y redujeron en gran medida la presencia de estos obras o piezas insignia.

El próximo mes de julio, Tortosa, un municipio catalán de la provincia de Tarragona, decidirá en un referendum ciudadano si debe retirarse el mayor monumento franquista del Estado, que está ubicado en el río Ebro y mide 45 metros de altura. "Si el pueblo quiere retirarlo, estudiaremos como darle una nueva interpretación exponiendo partes del mismo en algún espacio museístico. No hay que destruir estos símbolos porque, para no volver atrás, debemos tener presente que significó la dictadura", explica a VICE News el alcalde de Tortosa, Ferran Bel.

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En la ciudad de Madrid, donde las calles o enclaves con nombres franquistas asciende a unos 200, su alcaldesa, Manuela Carmena, se ha comprometido a rebautizarlas. Por su parte, la Junta de Andalucía aprobó el pasado mes de enero la Ley de Memoria Democrática que obliga a retirar todos los símbolos franquistas del territorio.

Queda por ver si la renovación política que empezó con los alcaldes y presidentes regionales de signo progresista aupados bajo el paraguas del joven partido Podemos, el resultado de las próximas elecciones generales, iniciativas como la andaluza y procesos judiciales iniciados por ciudadanos, como el caso del abogado Eduardo Ranz, provocan una nueva "barrida" en España.

Con todo, resulta desalentador que el gobierno y el opositor partido socialista [las dos formaciones que se han alternado en el poder en la España democrática] sigan negándose a responder a las preguntas planteadas por VICE News sobre este y otros asuntos relacionados con la memoria histórica.

De momento, una calle de Mayorga sigue llamándose, al menos en parte, José Antonio Primo de Rivera. "Aquí ya no me atreví [a arrancar el rótulo con el nombre de la calle]. Ser médico de familia requiere que la gente deposite plena confianza ti, las consultas generan situaciones muy delicadas y no es bueno que estén condicionadas por cuestiones extra profesionales", explica Ocampo.

No es difícil pensar que la situación que relata Ocampo traspasa las fronteras de este pequeño municipio leonés, imponiendo el silencio y la inacción en poblaciones chicas, que todavía están profundamente marcadas por los sangrientos capítulos que dividieron el país entre vencedores y vencidos. Pero para suerte de algunos y desgracia de otros, los muertos no hablan y los rótulos no se desasen al calor de murmullos y debates silenciados.

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