Veracruz: Extorsiones, ejecutados, desaparecidos y delitos contra la libertad de expresión

Es primavera y el calor alcanza los 36 grados, sin embargo, el negocio donde Brenda trabaja como estilista permanece cerrado en horario laboral. Por fuera, el lugar no tiene ningún letrero o rotulado que indique que se trata de un salón de belleza. ¿Por qué? “Por seguridad”, responde. En los últimos ocho meses, Brenda ha vivido más de cinco extorsiones.

“Dijeron que nos iban a amarrar y nos iban a quemar con el local. Le dijeron a mi jefe que se lo llevarían y le cortarían los dedos para ver si así cooperaba porque si no había querido por la buena, sería por la mala”, cuenta Brenda, de 31 años, desde su negocio en Coatzacoalcos, Veracruz, sobre algunos de los mensajes de extorsión pidiendo cobro de piso. También platica sus otras medidas de precaución, como sólo trabajar para personas conocidas y en caso de nuevas clientas, revisar antes de abrir la puerta para verificar que se trate de alguien confiable.

No es la única. Afuera, decenas de negocios trabajan de una manera similar: escondidos del cobro de piso y la extorsión. Dicen que el responsable podría ser algún grupo del narcotráfico, también dicen que podría ser cualquier burlón.

Brenda tiene 31 años, trabaja en Coatzacoalcos pero vive en la localidad vecina: Minatitlán. Todos los días viaja 20 kilómetros por la carretera Las Matas, que conecta su ciudad de origen con el municipio portuario donde trabaja. Ella no habla asustada, sabe que así es vivir en Veracruz. Creció en el corazón del sur: puerto, calor, refinerías y ejecuciones. Conoce de inseguridad y violencia desde que era niña.

Veracruz ha sido centro de atención en redes sociales y noticieros con un recordatorio de que la delincuencia organizada es tema cotidiano: la noche del 19 de abril, cinco mujeres, siete hombres y un menor de edad fueron asesinados en una fiesta privada en la palapa La Potra, de la colonia Obrera en el municipio de Minatitlán. Había alrededor de 40 presentes. Hombres armados entraron al lugar y preguntaron por El Becky. No hubo respuesta. Dispararon contra los asistentes. Balas, balas y más balas.

Sin embargo, la extorsión que viven comercios como el de Brenda o los multihomicidios como el ocurrido en Minatitlán son parte de la cotidianidad. De acuerdo con estadísticas de Semáforo Delictivo —basadas en denuncias ciudadanas y exigencias de transparencia a autoridades—, en marzo de este año, a nivel nacional Veracruz ocupa el número 19 en homicidios con 129 casos registrados; el cuarto lugar en secuestros con 32, y el número 10 en extorsión con 44 denuncias. Algunos otros delitos con foco rojo son 27 incidencias de narcomenudeo y los 534 robos a negocios ocurridos el mes pasado.

Las estadísticas contrastan con el ambiente del municipio, sus altas temperaturas, sus calles estrechas, sus habitantes de piel morena y acento alegre característico por su cercanía a la costa. “Honestamente todos los días aparecen mínimo dos o tres ejecutados, algunos con narcomantas. No todos en Minatitlán, pero sí en toda esta zona que es Coatzacoalcos, Agua Dulce, Acayucan”, cuenta Brenda, “lo interesante es que no precisamente aparecen siempre en Mina, sino que muchas veces son personas nativas de la ciudad que los levantan y terminan botando por allá, en las carreteras. Y sobre ejecuciones es normal escuchar que balean a personas en sus negocios, en antros. Si yo te mostrara los periódicos podrías ver que diario aparecen”.

Y lo hace. Me muestra fotos de los medios locales y publicaciones de Facebook con esas interpretaciones mediáticas donde la gente expresa su inconformidad y sus críticas sobre la situación que viven desde hace tanto que parecen haber olvidado cuando empezaron a vivirla.

Veracruz es un estado que tuvo la marca tricolor del priismo durante décadas hasta 2016 con Javier Duarte de Ochoa, cuando el desvío de recursos, el lavado de dinero, el vínculo con la delincuencia organizada y demás delitos lo llevaron a una condena de sólo nueve años y una multa de 58 mil pesos. Tras el fin de su gubernatura, se eligió a Miguel Ángel Yunes, político del Partido Acción Nacional (PAN) quien tuvo el mandato por dos años a pesar de tener antecedentes de enriquecimiento ilícito y acusaciones sobre pederastia por su vínculo con Jean Succar Kuri, hechos informados por la periodista Lydia Cacho en el libro Los demonios del edén.

Las acciones más recientes corresponden al actual gobierno de Cuitláhuac García del partido Morena. Tras ocurrir la difusión de la ejecución en Minatitlán y una visita del presidente López Obrador se ha implementado la entrada de la Guardia Nacional.

“El gobierno siempre indiferente, dicen que van a solucionarlo y no solucionan nada. No puedo decir desde qué partido. Desde antes de Morena, desde antes del PAN, esto ha estado igual o peor. Sí han puesto retenes y supuestamente está la Guardia Nacional pero no solucionan nada”, comenta Brenda sobre la acción política ante la violencia. En su caso de extorsión cuenta que denunciaron las primeras veces pero la respuesta de las autoridades fue poner el número telefónico como peligroso y pedirles que lo bloquearan. Pero las llamadas y los mensajes amenazantes siguieron y optaron por cambiar de número.

Como hecho más reciente, hace un par de noches Brenda se encontraba en la calle cenando con sus amigos cuando escuchó las balas de una persecución. Pasaron ante ella. Sólo pudo tirarse al piso y esperar. Un presunto enfrentamiento entre delincuentes y policías informaron medios locales la mañana siguiente. Ella comenta el hecho sin temor y con enojo: “los ejecutados siguen, las extorsiones siguen, las muertes siguen y los gobiernos no dan una solución”.

Anais Palacios, periodista y defensora de derechos humanos, creció en la capital de Veracruz: Xalapa, una de las trincheras más protegidas pero no menos violenta en el estado. Desde esta ciudad empezó su activismo en 2008 cuando las desapariciones forzadas, las fosas clandestinas y los atentados contra periodistas aún no se convertían en el sello de la entidad.

Sin embargo, Anais se involucró de manera directa tres años después con la llegada de la caravana del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, una agrupación civil que surgió en aquellos años como un grito contra la violencia que se vivía, resultado de la guerra contra el narcotráfico del entonces presidente Felipe Calderón.

Casos de desaparecidos, negligencia institucional, rostros de impotencia, llanto y dolor de familiares fueron las historias que marcaron la pauta para la formación del Colectivo por la Paz región Xalapa donde participa Anais desde ese entonces.

“Ese año de la caravana para mí fue un ‘chin, todo esto es lo que está pasando aquí’, y no sólo se trataba de muertes. Empezamos a ver víctimas de tortura, ejecuciones extrajudiciales, y no sólo aquí en Xalapa, sino en algunas otras partes del estado donde también estaban ocurriendo violencia y violaciones a los derechos humanos”, narra la periodista. Sin embargo, su activismo y labor con la libertad de expresión la convirtió desde 2013 en blanco de hostigamientos y acusaciones por su participación en este tipo de problemáticas.

Inició el 26 de junio cuando viajó al municipio de Agua Dulce y se interesó en el rostro de Jessica, una joven desaparecida cuyos anuncios de búsqueda estaban en todos lados: plazas, teléfonos públicos, paradas de autobús. Conocedora de acompañamiento decidió hablar con el padre y la madre de la chica, pero como respuesta obtuvo desconfianza y en el trayecto de regreso fue detenida por elementos de la Marina.

“Me rodearon siete marinos cubiertos de la cara con armas, revisaron mis mochilas, mensajes, mis conversaciones, me tomaron fotografías pero no me explicaron el porqué. Yo presenté una queja en la CNDH (Comisión Nacional de los Derecho Humanos) misma que nunca me fue notificada su conclusión”, dice Anais.

Ese fue el primer incidente de todos los que vendrían hasta la actualidad: quemaron la entrada de su oficina, la policía la detuvo en algunas ocasiones, la encañonaron, autoridades le robaron teléfonos, ha recibido amenazas y desacreditación de su trabajo.

En Veracruz, de acuerdo con el informe “Veracruz: periodistas frente al estado de miedo” de Reporteros sin Fronteras (RSF), entre enero del 2000 y septiembre de 2016 se registraron 19 asesinatos de periodistas, 4 desapariciones y se iniciaron 744 investigaciones preliminares por delitos contra la libertad de expresión en la entidad.

Con la acción gubernamental, Anais cuenta que con Javier Duarte se vivió una desatención total, sin poder aspirar a una reunión de familiares de desaparecidos. Pero los colectivos continuaron su formación en distintos municipios como Veracruz, Cardel y Orizaba, se hacían bordados por la paz, manifestaciones y plantones para exigir leyes que pronunciaran los delitos que cada vez traían más violencia.

Fue hasta una visita a la Ciudad de México donde las organizaciones pudieron encontrar la visibilización. Javier Duarte tuvo que recibirlos en una junta que logró la activación de la alerta amber en 2014. El discurso que empleaba el gobernador priista de “ajuste de cuentas” cambió a “resultado de abatidos por el narcotráfico” cuando entró Yunes, dice Palacios.

El momento culminante de esa visibilidad peleada llegó en 2016 cuando se descubrieron fosas con restos humanos en las Colinas de San Fe, en el transcurso de sólo un año se hallaron más de 200 cuerpos.

Actualmente Anais continúa sus acompañamiento y actividades dentro de colectivos. Ahora critica el partidismo de muchas organizaciones de búsqueda, el actuar dividido del gobierno morenista con el fiscal de Veracruz a quien se le acusa de intereses panistas y la inoperatividad desde hace años.

Le pregunto por la reacción de los veracruzanos y responde: “en los ciudadanos en general había cierta confianza en las transformaciones, pero en la actualidad hay un desgano, hay una sensación de desesperanza. Es todo, todavía no llega el momento de encabronamiento por lo que ocurre, por lo que nos han hecho”, y su voz después de más 10 años de acción se torna molesta. Anais siente ese enojo que espera de los demás.

@NoSoyPatty