EXCLUSIVA: Las mentiras de Canadá sobre la venta de armas a Arabia Saudí

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Nuevos documentos obtenidos por VICE News revelan que el gobierno del Canadá está suministrando bases militares, personal y recursos para manejar tanques blindados, además de vehículos militares altamente controvertidos. Y que el comprador de tal arsenal no sería otro que el gobierno de Arabia Saudí. Los documentos también demuestran que por mucho que el gobierno del Canadá haya dicho lo contrario, el acuerdo cerrado no es puramente un negocio entre una compañía privada y un país extranjero: es un acuerdo entre el reino de Arabia Saudí y la administración de Justin Trudeau, el primer ministro canadiense.

Se trata de una revelación que contradice directamente los comunicados oficiales emitidos por el gobierno del Canadá. La administración de Justin Trudeau ha afirmado que solo es un participante pasivo en un negocio de venta de vehículos blindados a la monarquía absolutista, un negocio al que se ha referido popularmente como al "LAV III".

Los documentos, que han sido obtenidos por VICE News después de formular la correspondiente petición de acceso a la Información, detallan cómo la empresa General Dynamics Land Sistems Canada (GDLS-C) habría exigido y obtenido ayuda del gobierno de Ottawa a la hora de permitir que los saudíes probaran los vehículos blindados, vehículos provistos de pesado armamento

"GDLS-C exige el uso de una base aérea canadiense en condiciones para redactar su acuerdo", lee una de las memorias elaboradas por la ministro de Negocios Internacionales, Chrystida Freeland. "Existirá además otra de clase de apoyo además del redactado. Apoyo, coordinación de personal y asistencia administrativa y logística".

Los documentos aseguran, además, que el gobierno habría mantenido reuniones con General Dynamics con la intención de suscribir un "Acuerdo de Provisión de Servicios".

Cuando se le han remitido los documentos en cuestión, un portavoz de Freeland ha confirmado que el acuerdo ha sido suscrito, pero ha rechazado suministrar detalle alguno sobre qué beneficios o asistencia habrían sido o serían suministrados".

"Las Fuerzas Armadas del Canadá (CAF en sus siglas inglesas) han alcanzado un acuerdo formal con GDLS-C para suministrar el acceso necesario para probar los vehículos en cuestión. Probar los vehículos militares en las bases aéreas es una práctica de lo más común. Se trata, de hecho, de una exigencia contractual para productos de esta naturaleza, y se da en Canadá", ha dicho el portavoz.

Los documentos abundan: "Este redactado se estaba elaborando regularmente en los recintos e instalaciones de las Fuerzas Canadienses. El departamento de Defensa Nacional solo permite el uso de sus bases para actividades que no están relacionadas con el departamento en cuestión, cuando el uso de las mismas se realiza en apoyo del mandato de otro ministerio del gobierno del Canadá", explica la memoria.

Se especifica además que el departamento de Defensa Nacional elegirá las instalaciones y los recursos que serán utilizados, y que el GDLS-C reembolsará al gobierno canadiense todos los gastos en que haya incurrido.

Al ser interpelado directamente sobre la cuestión, el primer ministro del Canadá, Justin Trudeau se ha referido repetidamente al negocio como a un asunto cerrado y ha rebajado la implicación de su gobierno en el mismo.

"Seguiremos respetando los contratos firmados, porque la gente de todo el mundo necesita saber que cuando el Canadá firma un acuerdo ese acuerdo se respeta", proclamó Justin Trudeau en la Cámara de los Comunes de su país durante el pasado mes de abril.

El acuerdo representa un significativo incentivo económico para el primer ministro. La operación se ha cerrado por un total de 10 mil millones de euros, lo que "representa el contrato de exportación de materiales pesados más caro de la historia del Canadá", según señalan los documentos.

Los datos proceden de la Canadian Commercial Corporation, un organismo gubernamental semi independiente cuya función no es otra que promover acuerdos entre la industria canadiense y países extranjeros. La corporación acumula cientos de páginas adicionales sobre distintas exigencias que se habrían contemplado en el negocio LAV III.

Un vídeo promocional de General Dynamics Land Systems Canadá.

En 2015 VICE News reveló en exclusiva los detalles de un acuerdo similar, igualmente consagrado a poner sus vehículos blindados en el mercado, solo que en aquella ocasión el país con que se negociaba era Kuwait.

En aquel momento, un portavoz confirmó que el ejército canadiense habría suministrado "asistencia para facilitar la demostración del funcionamiento de las últimas actualizaciones de los vehículos blindados al ministerio de Defensa de Kuwait desde finales de agosto a mediados de setiembre de 2012".

El portavoz habría señalado que semejante apoyo se ofrece en "situaciones extraordinarias, siempre dependiendo del caso y cuando concurran circunstancias inusuales o servicios que solo estaría en disposición de ofrecer el departamento de Defensa Nacional o las propias Fuerzas Armadas del Canadá".

Los documentos revelan que se creía que el acuerdo en sí mismo era entre General Dynamics Land Systems y el gobierno saudí, cuando en realidad se trata de un acuerdo entre las administraciones canadiense y saudí.

Esos mismos documentos contienen una presentación elaborada por Martin Zablocki, presidente de la Canadian Commercial Corporation ubicada en los cuarteles generales de Global Affairs Canadá, el mismo edificio que aloja los ministerios de Asuntos Exteriores y de Negocios Internacionales del Canadá.

La Canadian Commercial Corporation (CCC) suscribió un contrato con el reino de Arabia Saudí sobre la provisión de Vehículos Blindados Ligeros (LAV en sus siglas inglesas) producidos por General Dynamics Land Systems (GDLS-C).

"El CCC es el contratista principal y el GDLS-C el subcontratista".

Se trata de un hecho que contradice directamente los temas discutidos por el ministro de Asuntos Exteriores canadiense, Stpehane Dion.

"Para empezar, el gobierno no aprueba el contrato. El gobierno sencillamente rechaza cancelar un contrato aprobado por el gobierno anterior, un contrato entre una compañía privada y Arabia Saudí", declaró Dion ante una comisión del senado durante el pasado mes de febrero.

César Jaramillo, director ejecutivo de Project Ploughsares, la iniciativa que monitoriza la industria de armas del Canadá, ha declarado a VICE News que suministrar bienes del ejército canadiense para suscribir el acuerdo sería un todo un golpe al comportamiento del gobierno canadiense.

"Plantea la cuestión de hasta qué punto se trataría de un uso adecuado de los recursos del departamento de Defensa Nacional y de su personal, y también contradeciría la errónea percepción de que se trata simplemente de un acuerdo entre Arabia Saudí y una compañía privada", ha comentado Jaramillo.

Steven Staples, un analista político que ha seguido de cerca el acuerdo asegura que los documentos delatan una nueva estrategia de la administración de Ottawa para seguir impulsando su boyante negocio de venta de armas — Canadá es actualmente el segundo país del mundo que más armas vende a Oriente Medio, según ha informado la revista Jane, especializada en temas relacionados con la industria de defensa. La publicación ha señalado que Canadá se estaría embolsando 2,5 mil millones de euros al año con tales transacciones.

Staples comenta que el gobierno canadiense ayuda con la promoción y el marketing, asesora en cuestiones de conexión, suministra financiación y préstamos, e influye en los canales diplomáticos para que tales acuerdos se puedan suscribir — y evidentemente también suministra espacios para entrenamientos y ensayos militares.

"El gobierno es una parte integral de todos los pasos que se han dado para cerrar este sucio negocio", ha asegurado Staples.

Los detractores del acuerdo, como Staples y Jaramillo, han subrayado que de acuerdo con las leyes de exportación del Canadá, el gobierno no puede vender herramientas militares a ningún otro país "cuyo gobierno haya incurrido de manera sistemática en violaciones de los Derechos Humanos de sus ciudadanos, a no ser que pueda demostrar que no existe ningún riesgo razonable de que tales herramientas puedan usarse contra la población civil".

Sin embargo, existe un miedo más que fundado a que el programa LAV III será invocado como una forma de suprimir la disidencia local. O que, directamente, se empleará para orquestar cualquier clase de ofensiva. Y no se trata de ninguna elucubración hipotética: el periódico Globe&Mail, que ya dedicó una agresiva cobertura al tema el año pasado, ha obtenido imágenes en las que se ve cómo el gobierno saudí emplea los vehículos blindados ligeros para atacar a los suyos. Sin ir más lejos, esta misma semana ha trascendido que la munición canadiense habría sido empleada en un registro doméstico que se habría cobrado una víctima masculina.

El acuerdo fue suscrito por el anterior gobierno canadiense. Entonces tanto Trudeau como sus compañeros en el partido Liberal habrían expresado sus reservas ante el mismo. Hoy, sin embargo, el gobierno no parece tener nada que objetar al suculento intercambio.

Staples ha comentado que incluso Dion, a quien el mismo Staples habría descrito como un hombre "ejemplar" está dispuesto "a apostar por la industria armamentística". Ahora mismo todo el mundo elude la pregunta de rigor: ¿quién se opondrá al negocio de las armas? Ninguno de los tres principales partidos políticos canadienses se ha opuesto al acuerdo.

"Se trata de una situación profundamente perturbadora", asegura Staples.

La Canadian Commercial Corporation ha tomado nota del viraje de los Liberales en sus registros. Los documentos que ha obtenido VICE News incluyen un informe elaborado por la corporación titulado: "Arabia Saudí y el Partido Liberal". El objeto de la memoria no era otro que "registrar cómo evolucionaba la mirada del partido Liberal sobre Arabia Saudí y sobre el contrato de CCC en el controvertido país de Oriente Medio".

La cronología de los comentarios arranca con una declaración de un político liberal que hace un llamamiento para que se absuelva a Raif Badawi, el bloguero saudí condenado a 1.000 latigazos por sus escritos antigubernamentales.

"El partido Liberal del Canadá ha pedido clemencia y ha condenado la draconiana sentencia impuesta contra la libertad de expresión y contra Raif Badawi", reza la descripción. "No está relacionada con el redactado pero se incluye por cuestiones de contexto".

A partir de ese momento, la cronología incluye declaraciones de Trudeau a partir de agosto de 2015. Entonces el primer ministro canadiense hizo un llamamiento a "detener la venta de armas a regímenes que desprecian la democracia tales como Arabia Saudí". Claro que en declaraciones posteriores igualmente archivadas, Trudeau comenta en octubre del mismo año que: "no cancelaremos los contratos ya existentes".

Tal y como advierte la memoria, Trudeau ya había defendido el acuerdo con anterioridad, incluso antes de ser proclamado primer ministro. Entonces aseguró que el negocio "no es un acuerdo entre el gobierno del Canadá y Arabia Saudí, sino entre una fábrica canadiense y Arabia Saudí" — lo cual es falso.

La misma memoria advierte que Trudeau prometió durante su campaña electoral que se encargaría de que Canadá ratificara el Acuerdo sobre Venta de Armas de Naciones Unidas. Se trata de una convención que, entre otras cosas, restringe la venta internacional de vehículos de combate y de sistemas de artillería de gran calibre — una disposición que, sin lugar a dudas, afectaría a la legalidad del proyecto LAV III.

El acuerdo exige que los países exportadores consideren cuál es la situación de los derechos humanos en los países de destino antes de aprobar el negocio. Las leyes canadienses se refieren a la misma situación de manera parecida, claro que la cuestión de cómo se interpreta lo expresado por la ley canadiense compete de manera discrecional al gobierno del país.

"Todo apunta a que semejantes criterios tendrán un impacto significativo en la industria de Defensa, habida cuenta de que los partícipes de la industria serán los depositarios clave para permitir que la transacción se consume", lee la memoria.

"Estoy seguro de que los miembros de la Canadian Commercial Corporation estaban muy nerviosos", asegura Staples. "No cabe ninguna duda de que han estado muy atentos a lo que el Partido Liberal ha dicho y ha hecho… Es muy posible que lo que más les preocupara fuera tranquilizar a los saudíes".

Canadá ha repetido desde hace tiempo que su sistema de permisos para las exportaciones supone una fuerte barrera para detener el flujo de armas hasta países donde los Derechos Humanos han sido proverbialmente violados. Claro que la decisión de firmar esos permisos y de enviar las armas, compete, en última instancia, al primer ministro y a nadie más que el primer ministro.

"Yo mismo impediría la expedición de esos permisos si los equipamientos militares son usados alguna vez para violar los Derechos Humanos o en contra de los intereses del Canadá y de sus aliados", proclamó Dion en la Cámara de los Comunes este mismo mayo.

"El gobierno no se cansa de repetir que los permisos en cuestión constituyen uno de los controles más fuertes del mundo", señala Jaramillo. "Lo cual es una auténtica broma".

Y mientras los temas de discusión abogan por la "transparencia" del negocio, el gobierno sigue sin informar de cuál será la fecha de entrega final de su controvertida mercancía. De hecho, ni siquiera ha confirmado exactamente cuál será el monto total de vehículos que se entregará al ejército de Arabia Saudí. Se cree que la cifra estaría alrededor de los 600.

Incluso los mismos informes internos del gobierno sobre Arabia Saudí obtenidos por la emisora CBC, advierten que la situación de los derechos humanos en el reino absolutista de Oriente Medio se está deteriorando.

En la presentación elaborada por Zablocki, el gobierno afirmó que "Global Affairs Canadá está trabajando conjuntamente con GDLS-C en la exportación de licencias para garantizar que los productos vendidos bajo contrato dispongan de los permisos de exportación adecuados.

Mientras algunos, como las mismas compañías, han intentado rebajar el papel de los vehículos armados — Trudeau llegó a describirlos como "jeeps" — lo cierto es que su capacidad destructora es importante. Los LAV III incorporan de serie metralletas de 105 milímetros, un arma antitanque capaz de perforar vehículos blindados. Los vehículos en cuestión pueden ser alimentados por metralletas provistas de cintas de doble cartucho y por lanzagranadas de humo.

Tales capacidades de ataque son raramente aludidas por el mismo fabricante. En una feria consagrada a la defensa celebrada recientemente en Ottawa, los delegados de GDLS-C habían pintado la mitad de uno de sus tanques con los colores de Naciones Unidas y se dedicaron a exaltar sus prestaciones como ambulancia. Igualmente, el lote de productos con los que se obsequiaba a los periodistas que asistieron al evento incorporaba sendas hojas en las que se especificaban las prestaciones de los vehículos. En una de ellas se relataba su configuración desde el punto de vista de la ingeniería y se aludía a que están provistos de unos guardabarros frontales fabricadoas a prueba de bombas; y en la otra se detallaba cuáles son las prestaciones del tanque cuando este se encuentra en modo combate, que según su fabricantes permitirán emplear al vehículo no solo como destructor, sino también como ambulancia, vehículo de transporte de personal y hasta como puesto de mando, entre otros múltiples roles".

Claro que después de que el Yemen haya denunciado que el ejército de Arabia Saudí estaría cometiendo sistemáticos crímenes de guerra contra los civiles, tales prestaciones no tendrán demasiada importancia en el juicio de los responsables de supervisar la transacción.

"Si a Arabia Saudí se le permite importar armas del gobierno del Canadá… ¿A quién no se le permitirá?, se pregunta Jaramillo. "El listón está increíblemente bajo".

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