La Corte Suprema de Justicia obliga al periodista a lo impensable: revelar sus fuentes

(Nota del editor: Este es el artículo publicado en la revista Dinero que desató la controversia. Dinero forma parte de la empresa de medios Publicaciones Semana.)

El termómetro de la censura se enciende cuando un presidente de la República señala a una periodista de mala, o invita a que se ejerzan presiones para fabricar un falso ecosistema de optimismo. Si a eso le sumamos a congresistas a los que les basta una simulación para recitar el deseo de censura que guardan, sube la temperatura. El termómetro se revienta cuando el poder judicial desprecia la sabiduría encomendada y con decisiones de brocha gorda le hace zancadilla a la libertad de prensa.

Ojo, no estamos hablando de la censura de la violencia, las amenazas y el secuestro. Hablamos de las decisiones y actitudes de los poderes públicos con respecto a la libertad de expresión y el derecho a la información de los ciudadanos. Bienvenidos a Colombia, la democracia más estable (o estabilizada) de América Latina. Y ahora, ¿quién nos protege de la censura de los guardianes de la libertad de prensa? Parece que los jueces no.

Todo comenzó cuando el Tribunal Superior de Bogotá, por solicitud de una exviceministra, ordenó a Publicaciones Semana revelar sus fuentes, una decisión escalofriante para cualquier democracia y especialmente peligrosa para un país donde pasan cosas graves que sólo pueden ser denunciadas si se conserva el anonimato de la fuente. La desesperanza llegó cuando la Corte Suprema de Justicia revisa la decisión y con una pobre argumentación la confirma.

Vale la pena hacer un poco de memoria. “Betty Y66-3”, por ejemplo, era el seudónimo y código asignado desde el DAS a una señora que servía tintos a los magistrados y que ajustaba su sueldo con gastos reservados del DAS a cambio de instalar un pequeño equipo de grabación en la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. En el año 2007 un número considerable de asuntos judiciales provocaban una fuerte confrontación entre el poder Ejecutivo y el poder Judicial. Hoy, diez años después, está confirmado qué fue lo que sucedió: se tomaron algunas decisiones judiciales importantes y otras reformas institucionales, como la eliminación del DAS. Al margen de los distintos niveles de satisfacción con estas medidas, hoy podemos concluir que Colombia es una democracia más sólida, o menos débil, gracias a que estos hechos se hicieron públicos.

Señores magistrados, imaginen que para el año 2009, año en el que se hizo público el escándalo de las "Chuzadas del Das", estuviera vigente su reciente decisión de obligar a revelar las fuentes reservadas de información. El miedo que esto implicaría para las fuentes habría sido suficiente para que sus “minuciosas y sólidas” disertaciones en Sala Plena estuvieran, a hoy, en un backup del edificio del DAS mientras ustedes pedían ¡otro tinto! Sin azúcar, porque la justicia injusta es amarga.

Gracias a Semana, y a la información proporcionada por fuentes reservadas a esta revista, el país conoció del espionaje del DAS contra los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, periodistas, defensores de derechos humanos y políticos de oposición. Resulta paradójico que la misma Corte pretenda sepultar la garantía constitucional de la reserva de la fuente, pero así parece ser.

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Si la salud de un sistema democrático es directamente proporcional a las garantías para el ejercicio de la libertad de prensa, los jueces son el último y más importante eslabón en la cadena de garantes de este derecho. No pueden flaquear, matizar o retroceder, porque detrás vienen toda suerte de poderosos, legales e ilegales, a quienes el silencio les reporta grandes beneficios. Ayer era relevante conocer de los casos de la Corte Suprema como blanco de inteligencia, hoy el capricho de una exviceministra con venia judicial nos pone a debatir sobre las fuentes reservadas de la prensa y no sobre los señalamientos que se hicieron sobre ella como funcionaria pública. ¡Así, o más censura!

La jurisprudencia de las altas cortes, con respecto a la libertad de prensa en Colombia, fue durante muchos años, principalmente entre 1992 y 2010, uno de esos pocos motivos de orgullo a nivel internacional. Soy testigo de cómo pares en la comunidad de libertad de expresión decían a los colombianos que no nos quejáramos tanto, que acá teníamos buenos jueces. Por mérito propio las cortes han perdido esa virtud: hacen lo que no tienen que hacer y se atribuyen un rol de moderador del debate público obligando a las personas a “retractarse” de sus opiniones (como si fuera posible), y en cambio dejan de hacer lo que sí deben hacer, como atajar una decisión inconstitucional de obligar a un medio a revelar sus fuentes.

No dudo que sea incómodo para los jueces leer titulares como “El cartel de la toga”, pero eso no se supera a través de decisiones judiciales que pretenden domesticar a los periodistas, se resuelve con una justicia ponderada y argumentada, atributos de los que carece la reciente decisión de la Sala Civil de la Corte Suprema que no nos explica, por ejemplo, cómo la supuesta protección de derechos de una exviceministra, que escogió ser funcionaria publica y ser escrutada por la sociedad, está por encima del derecho a conocer información relacionada con su cargo y posición dentro del Estado. Sería fantástico que la Corte nos explicara cómo la revelación de las fuentes garantiza que estas no recibirán amenazas, retaliaciones o atentados contra su integridad. Por poner un par de preguntas no resueltas, ni tan siquiera evaluadas, en la decisión.

Un elemento fundamental de los límites a la libertad de expresión es la proporcionalidad, esto es, afectar lo menos posible la libertad de expresión con el fin de garantizar otro derecho. En este caso, estoy convencido de que la exviceministra no tiene ese derecho, o que renunció a él cuando aceptó la vida pública, y, salta de bulto que revelar las fuentes es una medida desproporcionada, basta leer la constitución y entenderla.

Dice la Corte en su lamentable decisión que la libertad de prensa no da pie para “arrasar derechos individuales”. Nos queda decir que la administración de justicia no da pie para herir de muerte nuestro derecho colectivo a la información.

Aun queda un trecho judicial que es ante todo una oportunidad para que los magistrados que siguen, reconsideren el rumbo que ha tomado la justicia y retornen a la senda virtuosa que tantas veces ha sido la válvula de escape de un país adicto a la censura.