Pese a críticas de ambientalistas, el Tren Maya sí se va a hacer

Artículo publicado por VICE México.

Al pie de una humareda de incienso, y acompañado de representantes indígenas, funcionarios, gobernadores y empresarios, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió, el 16 de diciembre, la anuencia de la madre tierra para comenzar los trabajos del Tren Maya, primera gran obra de su sexenio, que recorrerá cinco estados del sureste con 1,500 kilómetros de vías férreas.

Previamente había recibido el visto bueno de casi 900 mil ciudadanos, en una consulta sumamente cuestionada, que incluía otros proyectos. Diversos ecologistas aseguran que no existe claridad sobre los estudios de impacto ambiental requeridos por la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, cuya realización podría llevar meses, así como el Proyecto Ejecutivo.

Sin embargo, el proyecto del Tren Maya ya está encarrilado.

Especialistas consultados por VICE lamentan las omisiones, pues esta obra no sólo afectaría al emblemático jaguar, considerado en peligro de extinción, sino a otras especies de felinos, aves y flora silvestre.

Justo el 28 de diciembre pasado, un puma fue arrollado cerca del Parque Nacional Tulum, lo que revivió preocupaciones de grupos ambientalistas, porque el Tren Maya circularía de forma paralela a la carretera federal, por lo que es urgente un plan de mitigación de impacto.

Este tren es el megaproyecto turístico, de comunicación y transporte con el cual el gobierno de López Obrador quiere revivir el sistema ferroviario construido durante el Porfiriato. Tendrá un extensión de mil 525 kilómetros, de los cuales 554 ya existen, y su construcción está proyectada para que termine a finales de 2022. Arrancará con 6 mil millones de pesos públicos, ya contemplados en el presupuesto, aunque necesitará fondos privados y la inversión final rondará los 150 mil millones de pesos, según cálculos de Rogelio Jiménez Pons, titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), responsable del proyecto.

Sin embargo, la locomotora de biodiesel híbrido que conectaría los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo por medio de 15 estaciones y que viajará a 160 kilómetros por hora, acecha la Reserva de la Biósfera Calakmul, una Área Natural Protegida (ANP) donde habitan 350 tipos de aves y casi 100 mamíferos.

El jaguar, que concentra la mitad de su población en esta zona, es el principal afectado, pero otras especies en peligro de extinción como el puma, el tapir centroamericano, el pecarí labios blancos, el pavo ocelado y el zopilote rey también corren riesgo, mientras no exista un trazo definitivo.

Rogelio Jiménez Pons, director del Fonatur, junto con el secretario de Turismo (Sectur), Miguel Torruco, han reiterado que será un proyecto sustentable, pero organizaciones ambientalistas critican la falta de autorizaciones y estudios para iniciar un proyecto de este tipo, pues hay efectos como la pérdida de cobertura forestal en las selvas de la Península Yucateca, que no se han dimensionado y ponen en peligro a flora como el cedro o el mangle.

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Gustavo Alanís, director del Centro Mexicano para el Derecho Ambiental (CEMDA), dice a VICE que la obra no debe imponerse, pues hay una serie de aspectos legales que debe cumplir, como lineamientos de ordenamiento ecológico territorial a nivel nacional, estatal, local y marinos, o la consulta obligatoria a ejidatarios y comuneros como marca la Ley Agraria, donde participen al menos tres cuartas partes de los ejidatarios en los pueblos afectados. Actualmente no es posible ver el Proyecto Ejecutivo propuesto para construirse.

“Es muy importante conocer la versión final para pronunciarse sobre algo cierto, ahorita hay mucho rumor, mucha especulación, no estaríamos hablando con mucha certeza por el desconocimiento que se tiene del proyecto”, critica el jurista ambiental.

La mayor preocupación entre los 25 grupos ambientalistas y más de 50 expertos que integran la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar (ANCJ) es la fragmentación que se produciría en el hábitat del felino más grande de América.

Esta especie, amenazada por la cacería ilegal, la destrucción de selvas y la aniquilación de sus presas, está en peligro de extinción en México y desde 2013 fue incluida en la lista de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna (Cites).

Datos de la ACNJ indican que hay aproximadamente 4 mil 800 jaguares mexicanos, de los cuales el 50 por ciento vive a lo largo de la Península Yucateca y más del 20 por ciento se concentra en Calakmul, zona que sería atravesada por el Tren, aunque actualmente ya existe la división por la carretera.

Pero el jaguar no sería el único damnificado. Especies como ocelotes, osos hormigueros, tapires, monos araña, además de aves nativas y migratorias, también son acechados por la pérdida de hábitat. Por ello los ambientalistas insisten en que los pasos de flora y fauna sean diseñados de acuerdo con la variedad de especies que habitan la península, y adecuarlos según las zonas por donde pase el tren.

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“Tendríamos que ver cómo es la topografía en cada uno de los subtramos de la carretera, si es una zona inundable la recomendación es que se hagan pilotes y esa parte sea aérea, durante la época de lluvias quizá los animales no van a pasar, pero permiten el flujo continuo del agua”, comenta Heliot Zarza, integrante de la ANCJ.

El doctor en ciencias y representante de Amigos de Calakmul A.C. explica que, en estricto sentido, el principal riesgo sobre la población del jaguar y otras especies es que mueran atropellados en las vías del tren, aunque es más probable que suceda en las carreteras, como se registró en cuatro ocasiones durante 2018 en la pista que conecta Chetumal con Cancún.

El investigador mexicano recalca que, si los pasos de fauna son diseñados y construidos de forma amigable con el entorno, ayudarían a restablecer la conexión entre los hábitats del jaguar y otras especies, actualmente divididos por las autopistas.

Otra inquietud de las organizaciones ambientalistas está en las Áreas Naturales Protegidas (ANP), zonas que por su riqueza biológica son blindadas jurídicamente por las autoridades para impedir actividades humanas, lo que incluye construcciones invasivas como el Tren Maya.

De acuerdo con el trazo conocido, el tren atravesaría la reserva de Calakmul, pero otras como las Reservas de la Biósfera Sian Ka’an, Ría Celestún, el Parque Nacional Palenque y el Área de Protección de Flora y Fauna Cañón del Usumacinta también podrían afectarse.

“Se tiene que asegurar el debido respeto y cuidado de las ANP’s que haya en la región, particularmente se habla de Calakmul, pero no es la única, hay otras de competencias de los estados que también conservan un grado de riqueza importante, es importante que se analicen los decretos de las ANP y también los planes de manejo”, subraya Alanís.

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Para que el proyecto se apegue a la legislación ambiental es necesario cambiar los tipos de usos de suelo en terrenos forestales y municipales en dichos territorios, como indica la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, por otro que les permita iniciar la obra legalmente. Además, necesitan el visto bueno en la Semarnat y validación del Consejo Consultivo Estatal Forestal de los cincos estados involucrados.

Zarza, catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), aclara que cualquier infraestructura que se construya tendrá un impacto sobre los recursos naturales y la biodiversidad, pero insiste en que el desarrollo no está peleado con la conservación.

“Se pueden hacer las dos cosas de forma viable y coordinada para poder hacer tanto el desarrollo que es necesario en un país, como la conservación de los recursos y su biodiversidad, no solo la biológica sino la cultural también”, comenta el doctor en ciencias.

En el gobierno federal aseguran que desde el pasado noviembre iniciaron los estudios para determinar aspectos técnicos relacionados con el daño ambiental, la inversión y los beneficios que representará en la región. Además, prometen análisis socioambientales, de flora y fauna, hidrología y usos de suelo.

El Fonatur, por su parte, ha ofrecido tomar en cuenta las recomendaciones sobre corredores biológicos del jaguar y respetar las ANP’s a la hora de elaborar los estudios ambientales. También dio visto bueno a los fideicomisos ambientales para reordenar las zonas protegidas por medio de un buen diseño, y aseguró que construirán pasos de fauna y flora a lo largo de las vías para restablecer la conectividad de los hábitats. No obstante, los estudios siquiera tiene fecha de publicación definida.

Estos estudios son indispensables ya que, de acuerdo con el CEMDA, la Península de Yucatán es famosa por tener un sistema geológico kárstico con los ríos subterráneos más largos del país, aunque se suman a la lista de documentos que el tren necesita y que el gobierno no ha aclarado cuándo estarán listos, a pesar de que la obra inició formalmente hace varias semanas.

“De lo que se trata es de que estos proyectos se hagan, pero cumpliendo con la ley (…) el gobierno federal no puede ser el promotor de los proyectos brincándose el marco legal aplicable”, manifestó Alanís sobre el megaproyecto que promete detonar la actividad económica en el sur y sureste mexicano.

Por si fuera poco, la obra que amenaza zonas protegidas a nivel federal, estatal y municipal, encontró otro obstáculo en la figura del Subcomandante Marcos y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), quienes rechazan la obra estrella de AMLO por considerarla destructiva y aseguran que seguirán oponiéndose.

Los especialistas consultados por VICE aseguran que es posible construir una mega obra como el Tren Maya y reducir su impacto negativo en el ambiente, como señalan las autoridades, aunque es urgente cumplir con los estudios y lineamientos legales para mitigar los daños que podría generar.

El investigador Zarza pide “que el desarrollo mantenga la biodiversidad, la cobertura forestal y los diferentes procesos ecológicos de una manera natural” y explica que, para ser sustentable, el proyecto del Tren Maya debe involucrar la parte ambiental y social, aunque por ahora “faltan más estudios”.

“No se trata de que los proyectos no se hagan, sino de que se hagan bien y una buena forma de hacerlos es cuidar el entorno, la naturaleza y el capital natural (…) los aspectos que mencioné son jurídico ambientales que se deben cumplir para que el proyecto tenga certeza jurídica, eso puede ayudar a que haya menos desequilibrios ecológicos”, comenta Alanís, director del CEMDA.

Enrique Alvarado en Twitter: @kikin_agz

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