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El gobierno de México ignora un informe sobre otra masacre estatal de civiles desarmados

Las fuerzas del gobierno mexicano podrían estar detrás de una ejecución masiva de civiles en el estado de Michoacán, la tercera masacre extrajudicial a manos de las fuerzas estatales en México en menos de un año.

por Andrea Noel
24 Abril 2015, 1:05pm

Imagen por Rebecca Blackwell/AP

Esta semana se ha sabido que las fuerzas del gobierno mexicano podrían estar detrás de una ejecución masiva de civiles en el estado de Michoacán, la tercera masacre extrajudicial a manos de las fuerzas estatales en México en menos de un año.

A pesar de que el ex comisionado de seguridad del conflictivo estado de México calificó el informe de un periodista sobre la masacre de "irresponsable", el gobierno aseguró que iniciaría una investigación sobre el caso.

Al menos 16 civiles supuestamente desarmados habrían sido asesinados durante un enfrentamiento que duró todo un día con la policía federal el pasado 6 de enero en la localidad de Apatzingán, Michoacán. La ciudad es una de las muchas consideradas como un campo de batalla entre grupos criminales y vigilantes armados en la región de "Tierra Caliente" en el estado de Michoacán.

La Comisión Nacional de Seguridad confirmó haber recibido un video "en el que se pueden inferir presuntos actos de uso excesivo de la fuerza o abuso de autoridad por parte de miembros de la Policía Federal" en este caso.

Pero el incidente en cuestión ya había sido previamente informado en detalle por la periodista Laura Castellanos, en cuyo artículo, publicado por primera vez el sábado en la revista Proceso, contradice significativamente la alegación inicial del gobierno de que nueve personas murieron ese día, como resultado de "fuego cruzado" con la policía federal en Apatzingán.

Según el informe de la investigación, los testigos habrían asegurado que algunas de las víctimas fueron asesinadas y disparadas estando de rodillas, como si de una ejecución se tratara.

"Mátenlos como perros", supuestamente gritaron los policías federales al abrir fuego contra el grupo.

Miembros desarmados de una familia murieron a pesar de su intento de buscar refugio debajo de su vehículo.

El gobierno no hizo más comentarios al respecto. Pero el ex comisionado de seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo, quien fue destituido de su cargo dos semanas después del ataque mortal, respondió negando vehementemente las acusaciones.

Castillo, que consiguió otro trabajo en el gobierno después de su destitución del cargo como comisionado federal en Michoacán, dijo que estaba "perfectamente tranquilo" respecto a la investigación del ministerio del Interior sobre las acciones de los agentes federales que estaban bajo su mando en el momento del ataque.

En caso de confirmarse, las ejecuciones de Apatzingán serían la tercera masacre cometida por las autoridades y los agentes policiales en México en menos de un año. Los múltiples casos han llevado a las principales organizaciones de derechos humanos y de las Naciones Unidas a condenar el amplio historial de ejecuciones extrajudiciales cometidas en México bajo el mandato del presidente Enrique Peña Nieto.

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La Policía Federal de México patrullando en Apatzingán días después del tiroteo que acabó con la vida de 16 víctimas civiles. (Imagen vía AP)

El 30 de junio de 2014, varios soldados mexicanos atacaron en Tlatlaya — un municipio del del Estado de México que limita con los violentos estados de Guerrero y Michoacán—, a presuntos miembros de un grupo de crimen organizado descritos como hombres armados que custodiaban un almacén.

Veintiún hombres y una mujer murieron en la operación militar.

Las víctimas supuestamente habrían sido interrogadas y disparadas de rodillas — en las paredes detrás de algunos de los cadáveres se podía apreciar manchas de sangres y agujeros de bala a la altura de la cabeza — y se encontraron las armas junto a sus cuerpos.

Siete soldados han sido acusados en el caso, descrito a principios de mes por el Congreso de México como una colección de "ejecuciones extrajudiciales".

A pesar de haberse probado la culpabilidad de los soldados mexicanos en la masacre de Tlatlaya, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha denegado el acceso al expediente completo de la investigación. El expediente del caso se mantendrá cerrado durante los próximos doce años.

Tres meses después, en un caso que sacudió al país, 43 estudiantes de magisterio fueron detenidos por las autoridades en Iguala, Guerrero, después de que la policía municipal y miembros de un cártel abrieran fuego contra autobuses, matando a seis personas.

Según el fiscal general de México, Jesús Murillo Karam, la "verdad histórica" de los hechos es que las autoridades locales entregaron a los estudiantes a los miembros del cártel Guerreros Unidos, quienes luego los mataron e incineraron sus restos en un barranco que servía de basurero en el municipio de Cocula, Guerrero.

Vídeo incluido en el informe de la masacre de Apatzingán. Adevertencia: Contenido sensible.

Las ejecuciones de Apatzingán ocurrieron en dos incidentes diferentes el pasado 6 de enero. El primero tuvo lugar frente al ayuntamiento, poco después de las 2:30 de la mañana, en el que una flota de policías federales irrumpió en una protesta de antiguos miembros de la Fuerza Rural de Michoacán, con sus simpatizantes y familiares.

Los ex integrantes del desaparecido G-250 — una milicia civil que había operado como rama de la Fuerza Rural bajo el mando del entonces comisionado de seguridad del Estado, Castillo — dormían allí para protestar por no haber recibido su paga después de que su unidad se disolviera inesperadamente tres semanas antes.

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Las cámaras de vigilancia grabaron a más de 20 vehículos de la policía saliendo del lugar de los hechos, mientras la gente se escapaba de la escena, escondiéndose detrás de los vehículos cercanos para huir del tiroteo.

Es poca la información que existe en torno al incidente ocurrido frente al edificio del gobierno, sin embargo, según el informe de Castellanos, que se basa en decenas de entrevistas y testimonios grabados, los testigos aseguraron que las autoridades tenían la intención de matarles.

Asimismo, el informe sugiere que los sucesos de ese día consistieron en una masacre intencionada, debe ser ya que los agentes de la policía federal no permitieron trasladar a los heridos a un hospital de la capital del estado de Morelia, al menos durante las siete horas siguientes a los disparos.

Para muchos, ya era demasiado tarde. El informe alega que nueve personas murieron en el primer ataque.

Horas más tarde, a pocas calles de donde ocurrió el primer incidente, la policía federal atacó a balazos a un camión que transportaba a una joven familia y varios productores de lima, dejando siete muertos, entre ellos una menor de edad.

Tras la difusión de las imágenes del ataque en las redes, los periodistas y los usuarios de las redes sociales pusieron en duda la versión oficial de los hechos.

Varios testigos afirman que la familia que iba en el vehículo solo iba 'armada' con palos — como se puede ver debajo y al lado de sus cuerpos en las fotos publicadas — y que las armas de fuego en la foto fueron colocadas cerca de sus cuerpos después de su muerte. Según la investigación de Castellanos, las autoridades alteraron gravemente la escena después del tiroteo.

Las imágenes tomadas después del ataque muestran los cuerpos tirados en posiciones diferentes. Imágenes posteriores de los cadáveres muestran los cuerpos juntos uno al lado del otro, con visibles marcas de botas en el suelo al lado de las armas y de los cuerpos, reforzando así las acusaciones de que la zona no fue tratada como la escena de un crimen.

Un vídeo muestra que al menos una de las víctimas continuaba con vida tras los disparos, pero se la dejó morir desangrada.

Tras la publicación del artículo — titulado "Fueron los federales" —, el portal Aristegui Noticias denunció haber sufrido ataques que dejaron su web fuera de servicio durante más de siete horas.

El grupo Artículo 19 para la libertad de expresión solicitó de inmediato a las autoridades que garantizaran la libre circulación de la información. Además, el grupo pidió al gobierno mexicano que actuara en defensa de los periodistas, "especialmente cuando estos difunden información vital para el público como es el caso de Laura Castellanos".

Castellanos, la periodista de investigación detrás del artículo, ha sido víctima de intimidación, robos y amenazas a su seguridad a lo largo de su dilatada carrera. En 2010, Artículo 19 incluyó a Castellanos en su programa de protección de periodistas.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha pedido al gobierno que lleve a cabo una investigación exhaustiva para "llegar a la verdad" sobre el incidente de Apatzingán.

"Queremos que la sociedad pueda conocer la verdad de lo que pasó ese día", destacó el martes el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez.

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