La tierra, asignatura pendiente en Colombia tras 50 años de conflicto

Colombia tiene más de seis millones de desplazados internos, el 12 por ciento de su población, según el último informe del Internal Displacement Monitoring Centre. Es el resultado de más de 50 años de conflicto. Unas cifras superadas solamente por las que arroja la guerra en Siria con 7,6 millones.

"En 1976 la guerrilla mató a mi padre. En el 87, paramilitares mataron a uno de mis hermanos. En el 90, a otros dos y en el 92, a uno más", relata Lucelly Zapata, del municipio de San Carlos, departamento de Antioquia, noroeste de Colombia.

San Carlos sufrió en las últimas décadas los embates de todos los actores armados: guerrillas, los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y ejército. "Entraban al pueblo, decían que uno colaboraba con tal grupo y ahí lo mataban", añade Lucelly.

A finales de los 90, la mujer empezó a recibir amenazas de los paramilitares. "Querían que les vendiera mi finca. Y uno tenía que vender sí o sí. Pero ellos pagaban si les daba la gana. Y si se te ocurría reclamar tu platica, te daban un pepazo", asegura mientras señala con el índice su vientre.

Ella y su familia abandonaron la parcela en abril de 1999. "Ese día no se le olvida a una… ¡Mucha nostalgia!. Me fui a Medellín a pasar necesidades", dice.

Lucelly fue una de las 18.000 personas que huyeron de San Carlos, que en la época dura pasó de tener 25.000 habitantes a tan sólo 8.000.

Entre 6,5 y 8 millones de hectáreas fueron abandonadas por los campesinos debido a la violencia o usurpadas por guerrillas y paramilitares, según cifras de organismos oficiales y ONG.

Por ello, el Gobierno colombiano puso en marcha en enero de 2012 la Ley 1448 de Víctimas y Restitución de Tierras. Sin embargo, según Amnistía Internacional (AI), a día de hoy sólo se ha devuelto un 1 por ciento de estas hectáreas a los campesinos que han regresado a sus lugares de origen.

A pesar del baile de cifras según la fuente consultada, en lo que todas convergen es en que el proceso es lento, más de lo esperado, y con una serie de trabas que lo dificultan. Una de ellas: la informalidad de la propiedad de la tierra.

Los campesinos solían vender su parcela sin haber medido el predio y sin que existiera mapa de éste ni contrato de la operación. Por otro lado, los censos y sistemas catastrales de los municipios están desactualizados y no hay capacidad por ahora para su puesta al día.

"Por eso es difícil hablar de hectáreas. El despojo no está medido. No hay un universo cierto. Apenas hasta 2011 no hubo herramientas para empezar esta medición", señala Paola Cadavid, directora de la Unidad de Restitución de Tierras de Antioquia (URT).

La ausencia de documentos es el primer obstáculo que encuentran los campesinos retornados a la hora de reclamar sus tierras. El trámite es aún más complejo cuando quien reclama es una mujer. "El 45% de los hogares desplazados tienen a una mujer como cabeza de familia, muchas son viudas. Tienen muchas más dificultades para demostrar que esa tierra les pertenece al haber estado siempre a cargo del marido", explica Yolanda Vega, portavoz de AI.

A Blanca Murillo los paramilitares le mataron dos hermanos en 2001. Ella no sabe aún porqué. En 2003, Blanca y su marido, ?"scar Cuervo, decidieron echar la llave de su casa y huir de San Carlos cansados de ver muertos en las veredas. "Paraban los buses en los retenes y bajaban a los que estaban apuntados en una lista. Luego, nos íbamos topando con los cuerpos cuando regresábamos a casa", explica el hombre.

"Dejamos todo y todo lo perdimos", añade Cuervo. Estuvieron apenas unos meses en Medellín y a su vuelta encontraron su finca comida por el monte, a medio caer y sin nada de lo que allí dejaron. "Fue empezar de cero", dice ella.

El de este matrimonio es un caso "exitoso" para la URT. "Recuperamos la finca y recibimos una plata para cultivar café y cacao, plantar árboles frutales y criar gallinas. Todo para consumo y lo que nos sobra lo vendemos en el mercado", señala Blanca.

Sin embargo no siempre es así. A menudo, tras la labor administrativa de la URT de identificar el predio y gestionar y presentar la reclamación a juicio, el fallo se limita a la entrega del título de la tierra. "Medidas como atención en educación, salud, generación de ingresos, adecuación de vías de acceso y condiciones de higiene y salubridad, no presentan avances", revela Claudia Erazo abogada de la Corporación Jurídica Yira Castro con sede en Bogotá.

La URT no es la única institución implicada en la restitución de tierras. La Ley 1448 contempla también el trabajo de la Unidad de Víctimas del Gobierno y del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER), entre otras, para el seguimiento, protección y atención de los reclamantes.

La falta de coordinación entre ellas y la ausencia de capacidades en algunos organismos son patentes según el informe de AI Un título de propiedad no basta. "Muchas tienen importantes limitaciones presupuestarias (…) Algunas instituciones estatales tienen en antecedentes numerosos escándalos de corrupción relativos a la legalización de las tierras adquiridas ilegalmente", reza el reporte.

El caso de Lucelly Zapata da fe de ello. La mujer recuperó su predio en San Carlos tras ganar un litigio en diciembre de 2014 contra la persona que lo ocupó esos años. "La cuñada de un comandante paramilitar", apunta Lucelly. Pero cuando recuperó la propiedad ya no quedaba apenas vivienda y ahora la mujer espera de una indemnización económica para reconstruirla.

"Ahora vivo en el Jordán, a dos horas de aquí", apunta. Aún así el Banco Agrario no le ha entregado todavía el dinero para la casa nueva. "Y la Unidad de Protección Nacional, en la que me metieron porque recibí amenazas el año pasado, aún me debe cinco cobros", señala.

Cadavid de la URT reconoce estas fallas. "El INCODER no ha tenido una respuesta efectiva en la entrega de baldíos a los campesinos por problemas estructurales y de archivo. Y el Banco Agrario está teniendo dificultades para entregar los subsidios que le corresponde".

Tampoco los procesos judiciales son ágiles, según la Corporación Yira Castro. "Los jueces y magistrados alegan no tener el personal idóneo y suficiente para atender las demandas interpuesta", señala Erazo.

"Dos paros judiciales decretados durante al vigencia de la Ley han suspendido los procesos de restitución por más de seis meses", añade.

"Cuando regresé a mi finca fue imposible entrar. Estaba sembrada de minas", relata Bernardo Zuluaga vecino también de San Carlos. "La guerrilla la había tomado como base en el municipio y había minado los terrenos de alrededor".

La seguridad es otro de los obstáculos a vencer en la restitución. Por un lado, la Ley establece que sólo se tramitarán las solicitudes de los reclamantes cuando el Ministerio de Defensa garantice que la zona en cuestión goza de seguridad para ello. Con lo cual, en un país en conflicto como Colombia esta medida se ha convertido en uno de los grandes cuellos de botella del proceso, sobre todo en las zonas fronterizas.

Por otro lado, en muchas reclamaciones de tierras, los actores armados responsables del desplazamiento o los testaferros que éstos designaron siguen presentes en la propiedad, según AI. Por ello, los ocupantes vienen recurriendo a amenazas, agresiones e incluso homicidios para intimidar a los reclamantes y defensores de derechos humanos.

"Llevamos ya 68 asesinatos desde 2008 por este motivo", señala Gerardo Vega, director de la ONG Forjando Futuros. "Son delincuentes vestidos de empresarios, los testaferros de empresas del sector ganadero, bananero, palmicultor, de la minería…".

Cabe señalar que las AUC fueron financiadas en parte por ciertos sectores del empresariado colombiano para defender sus propiedades del acoso de la guerrilla. Tras la supuesta desmovilización de este grupo durante la legislatura de Álvaro Uribe , lejos de dejar las armas se convirtieron en lo que el Estado llamó BACRIM, bandas criminales, que siguen operando en gran parte del país.

"En todas esas regiones hay estado", continua Vega. "No hay ausencia del mismo, sino que éste está ahí al servicio de una parte. El empresariado ha capturado al Estado. Hay puertas giratorias de la empresa a éste para captar subsidios, subvenciones y otras ayudas".

Por último, algunas de las ONG implicadas en este proceso aseguran que no hay voluntad política real para llevarlo a cabo de modo sólido y eficaz. Vega, en este sentido, asegura que todo pasa por el proceso de paz de La Habana con la guerrilla de las FARC.

"Si el Gobierno pisa el acelerador en la restitución de tierras, la extrema derecha de este país y parte del empresariado se lo van a cobra al presidente Juan Manuel Santos y van a boicotear el proceso de Paz. Por eso no se está avanzando todo lo que se debiera", asegura Vega.

Sigue a Iván M. García en Twitter: @ivanmgarcia77