Un año de derechos humanos que vale la pena celebrar

Este artículo fue creado en colaboración con Amnistía Internacional. Haga clic aquí para participar en Escribe por los derechos en México, o aquí para participar en Argentina. Tu simple acción podría cambiar la vida de alguien.

A estas alturas, todo el mundo sabe que el 2020 fue un verdadero y absoluto desastre.

La terrible pandemia fue el telón de fondo de un año de sucesivos desastres medioambientales, represiones históricas y abusos de los derechos humanos. Fue un año que muchos desearían olvidar. Sin embargo, en esos 12 meses, también hubo momentos que celebrar. Momentos de triunfo personal, de felicidad y de alegría, así como de victorias determinantes en la lucha por los derechos humanos de todo el mundo. He aquí algunos de ellos.

‘Love is love’

El año pasado comenzó con una excelente noticia: Irlanda del Norte finalmente aprobó el matrimonio igualitario en enero, cinco años después que el resto del Reino Unido. En mayo, se celebró la primera boda entre parejas del mismo sexo en Costa Rica, mientras que en diciembre se aprobó un proyecto de ley para legalizar el matrimonio igualitario y simplificar los procedimientos de reconocimiento de género en Suiza, aunque probablemente sea llevado a referendo este año.

Solo sí es sí

En marzo, el Gobierno español presentó un anteproyecto de ley en el que redefinía la violación como sexo sin consentimiento. Es el décimo país del mundo en hacerlo.

El anuncio se produjo tras varios casos de violaciones en grupo que tuvieron una gran repercusión en España y, tras los cuales, los activistas arguyeron que el sistema judicial había fallado a las víctimas. Uno de estos casos fue el de La Manada, en el que la Audiencia de Navarra halló culpables a los cinco hombres involucrados solo de abuso sexual sin violencia. El fallo, emitido en el 2018, originó protestas por todo el país y provocó el compromiso del Gobierno a reformar la definición legal de violación para ajustarla a los principios internacionales de los derechos humanos.

Grassy Narrows

En abril del 2020, tras recibir más de 400.000 cartas de miembros de Amnistía que escribieron en solidaridad con los jóvenes del pueblo indígena de Grassy Narrows, el Gobierno canadiense finalmente dio un paso importante hacia la justicia.

Hace 50 años, una fábrica de pasta de papel vertió unas diez toneladas de mercurio en el sistema fluvial del que depende la población indígena anishinaabe para su supervivencia y tradiciones culturales, y que está protegido por un tratado y por las leyes de los derechos humanos. Los altos niveles de mercurio que se han encontrado en los peces capturados en Grassy Narrows han afectado a generaciones enteras de esta comunidad. El envenenamiento por mercurio ataca al sistema nervioso central, provocando entumecimientos, problemas de coordinación, pérdida de la visión, discapacidades del aprendizaje, lesiones cerebrales y muchos más problemas para la salud. Los hijos de madres que han estado expuestas al metilmercurio se enfrentan a problemas de desarrollo y de salud de por vida.

Los sucesivos Gobiernos canadienses, tanto federales como provinciales, ocultaron información sanitaria crucial a la gente de Grassy Narrows, se negaron a limpiar el sistema fluvial, fueron incapaces de suministrar asistencia sanitaria especializada y, en ciertos momentos, desmintieron que hubiese peligro de intoxicación por mercurio.

Tras décadas de lucha y el apoyo incesante de los miembros de la comunidad, en abril de 2020, se firmó un acuerdo de 19,5 millones de dólares para construir un centro de asistencia al mercurio en Grassy Narrows y en una comunidad anishinaabe vecina igualmente afectada. El Gobierno provincial también se ha comprometido a descontaminar el sistema fluvial.

Centros de cuarentena vacíos

En marzo del 2020, las autoridades salvadoreñas detuvieron en “centros de contención” a miles de personas que supuestamente se habían saltado la cuarentena por coronavirus. Amnistía Internacional revisó los documentos legales que indicaban que algunas habían sido detenidas simplemente por salir de casa para comprar comida o medicamentos. En muchos casos, la gente estuvo en estos centros durante semanas, sin información de cuándo podría salir y sin acceso a medidas preventivas como el distanciamiento social, el agua limpia, las mascarillas o la realización de pruebas eficaces.

Por suerte, a finales de agosto, el número de personas retenidas en estos centros comenzó a disminuir considerablemente, gracias a los esfuerzos de las ONG locales, a los llamamientos de la comunidad internacional y a las sentencias de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema. A finales del 2020, los centros se vaciaron por completo.

Sentencias reducidas

En febrero, un tribunal redujo considerablemente las penas de Yasaman Aryani y su madre, Monireh Arabshahi, defensoras de los derechos de las mujeres, gracias a la intervención de 1,2 millones de simpatizantes de Amnistía.

Casi un año antes, el 8 de marzo de 2019, Día Internacional de la Mujer, se hizo viral un vídeo en el que aparecían Aryani, Arabshahi y otras defensoras de los derechos de las mujeres. En él se veía a las mujeres sin velo, repartiendo pacíficamente flores a las pasajeras del metro de Teherán y hablando sobre sus esperanzas acerca de los derechos de las mujeres en Irán.

El 10 de abril de ese mismo año, las fuerzas de seguridad iraníes arrestaron a Aryani y la llevaron a un lugar desconocido. A su madre la arrestaron el día después. En los siguientes nueve días, Aryani estuvo recluida en régimen de aislamiento y, según cuenta, fue sometida a duras sesiones de interrogatorio, llegando a ser presionada para que “confesara” que la “oposición” del extranjero la había “incitado” al activismo en favor de los derechos humanos y para anunciar que estaba “arrepentida” y que “lamentaba” sus acciones.

En julio del 2019, tanto Aryani como Arabshahi fueron condenadas a 16 años de cárcel. A raíz de las continuas campañas internacionales de los simpatizantes de Amnistía, la sentencia se redujo en apelación a nueve años y siete meses, de los cuales cumplirán cinco años y seis meses. Aunque es una mejoría, no deberían haber sido arrestadas en primer lugar y la batalla continúa para garantizar su liberación incondicional.

Una pena de muerte anulada

En julio del 2020, se salvó la vida de Magai Matiop Ngong, un adolescente sursudanés, con el apoyo de  la abrumadora solidaridad internacional que movilizó Amnistía.

Cuando Magai tenía 15 años, tuvo un altercado físico con un vecino. Magai tomó la pistola de su padre y, cuando su primo intentó intervenir, disparó al suelo a modo de advertencia. Al menos una bala rebotó y golpeó a su primo, que más tarde murió en el hospital. Magai no tuvo un abogado que lo representara en el juicio, como exige la ley, y fue declarado culpable de asesinato. Fue sentenciado a muerte por ahorcamiento.

Gente de todo el mundo llevó a cabo 765.000 acciones, como cartas y tuits, en las que pedían que anularan la pena de muerte de Magai por su papel en lo que él afirma que fue un accidente trágico. El 14 de julio del 2020, el Tribunal de Apelación de Sudán del Sur revocó la sentencia y Magai salió del corredor de la muerte el 29 de julio. (La familia del fallecido ha recurrido a la decisión y está a la espera de una resolución).

En aquel momento, Magai dijo a Amnistía: “Muchas gracias. No tengo palabras. No se imaginan la felicidad que me inunda el corazón”.

Brasil planta cara a la deforestación 

En julio, tras la publicación de una investigación de Amnistía Internacional, la fiscal general de Brasil en el estado de Rondônia anunció que investigaría las acusaciones de deforestación y apropiaciones de tierra ilegales en la cadena de suministros de JBS, la procesadora de carne más grande del mundo.

Una semana más tarde, la anterior empresa auditora independiente de JBS confirmó que había pedido cuentas a la compañía por afirmar falsamente que no había habido deforestaciones en las operaciones del Amazonas. Más tarde, la casa de inversiones más importante de Europa, Nordea Asset Management, eliminó a JBS de su cartera de clientes por las revelaciones sobre la cadena de suministro indirecta de la empresa cárnica. En octubre, JBS se comprometió a supervisar toda la cadena de suministro para el 2025, incluidas las granjas problemáticas de los “proveedores indirectos” implicados en la deforestación ilegal.

El fin de la MGF y el matrimonio infantil

En julio de 2020, la mutilación genital femenina (MGF) se declaró ilegal en Sudán. En noviembre de ese mismo año, las autoridades sudanesas anunciaron que la Policía comenzaría a hacer respetar la prohibición, informando a las comunidades de que la práctica es ilegal y acarrea una pena de hasta tres años de cárcel. El director general de la Policía, Ezzeldin El Sheikh, habló de lo esencial que es que los líderes religiosos pongan de su parte para ayudar a acabar con la práctica en el país, que es principalmente musulmán.

Ahmed Elzobier, investigador de Amnistía en Sudán, dijo a VICE: “En Sudán, cambiar la ley en 2020 para criminalizar la mutilación genital femenina es siempre un paso positivo. La enmienda a la ley llegó tras décadas de fuertes campañas de varias organizaciones sudanesas de la sociedad civil. Sin embargo, la práctica de la MGF está profundamente arraigada en todo el país. Sudán tiene uno de los índices de MGF más altos del mundo. Las medidas de carácter punitivo no harán por sí solas que la tradición desaparezca de la noche a la mañana. La criminalización de la MGF debería estar acompañada de campañas sostenibles a largo plazo para concienciar sobre las consecuencias mortales de esta práctica en la vida de millones de mujeres y niñas de todo el país”.

La misma semana que se anunció la prohibición de la MGF, el Consejo de Ministros anunció que ratificaría todos los artículos de la Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño de 1999, lo que supone un paso importante hacia el fin de los matrimonios infantiles en el país.

Productos para la menstruación gratuitos

A finales de noviembre del 2020, Escocia se convirtió en el primer país del mundo en ofrecer productos para la menstruación gratuitos a todo el mundo. Tras años de campaña, la parlamentaria escocesa Monica Lennon presentó un proyecto de ley en el Parlamento escocés que fue aprobado por unanimidad y que asigna a las autoridades locales el deber legal de asegurar que haya siempre tampones y compresas disponibles para “toda persona que lo necesite”.

Aborto legal en Argentina

A finales del 2020, los medios hicieron eco de las imágenes de júbilo de la Argentina, que hizo historia al legalizar el aborto.

Tras décadas de lucha y cumpliendo con su promesa de campaña, el presidente argentino Alberto Fernández presentó un proyecto de ley histórico en el Congreso para legalizar el aborto. La larguísima sesión del Senado acabó con la aprobación del proyecto, que ya había pasado previamente por la Cámara de Diputados, con 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención. La nueva ley permite a cualquiera que lo necesite abortar hasta la 14.ª semana de embarazo. Hasta entonces, los abortos solo estaban permitidos en casos de violación o complicaciones de salud.

Escribe por los Derechos 2020

En noviembre y diciembre de 2020, Amnistía Internacional organizó la 19.ª edición de la campaña Escribe por los Derechos, en la que se enviaron cientos de miles de cartas, correos electrónicos, mensajes y tuits para apoyar a diez individuos y grupos que luchan por los derechos humanos en todo el mundo. Gente como Gustavo Gatica, Nassima al-Sada y los tres de El Hiblu continúan su lucha en 2021 y la presión de los miembros y simpatizantes de Amnistía es esencial para ayudarles a conseguir justicia.

Mientras el mundo sigue luchando contra la pandemia del coronavirus, es importante recordar, reconocer y saborear las victorias y progresos que se siguen consiguiendo. A medida que avanza el año 2021, todavía quedan muchas luchas por librar y muchas victorias por conseguir.