Lo que calla Tamaulipas

Ese día, él quería saber si su hijo estaba ahí, entre los casi 350 cuerpos. Don Cresencio estaba parado enfrente de una de las cuatro carpas blancas, dando la espalda a las tumbas que sí tienen nombre y fecha, y observaba a los expertos forenses que examinaban los cuerpos recién exhumados. El olor ya no se despegaba de la punta de la nariz, se colaba a través del cubre bocas y se pegaba a la piel junto a la tierra que el aire caliente traía. Don Cresencio volteó y rompió el silencio: Pero, ¿ya la ropa no la traen?

Estábamos dentro de la zona cero, donde 49 peritos estatales, nacionales e internacionales exhumaron 265 cuerpos que fueron enterrados sin identificar en la fosa común del panteón “Unidos por el Recuerdo” en Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas. No se sabe quiénes son, ni tampoco cómo y por qué murieron. Aún. Pero entre 2010 y 2012, cuando la guerra contra el narcotráfico alcanzó niveles inimaginables de violencia, o cuando se puso “feito” como dicen por acá, los muertos se empezaron a acumular. Y digo muertos porque nombres no hay.

El de la funeraria dice que como el Servicio Médico Forense (SEMEFO) más cercano se encuentra en Reynosa, a 98 kilómetros de distancia, los responsables de recoger a aquellos que quedaban tirados después de los enfrentamientos y balaceras que obligaron por años a los habitantes de Miguel Alemán a imponerse un toque de queda, eran ellos, los de la única funeraria que existe en esta ciudad de 22,600 personas, a unos pasos de la frontera con Estados Unidos.

“Siempre hemos auxiliado a la Procu del Estado con el levantamiento de cuerpos, y en el caso que no se reclaman los cuerpos, los ponemos en el panteón”, cuenta uno de los encargados que prefirió su anonimato por miedo a represalias. “Aquí no hay SEMEFO, ni vehículo especial para levantar cuerpos”.

Este negocio familiar era el responsable de recoger y enterrar los cuerpos, ya que las autoridades consideraban un peligro ir hasta allá, a las afueras de la ciudad donde se encuentra el panteón, por miedo a ser atacados por un comando. Sin embargo, colectivos de familiares de personas desaparecidas cuestionan cómo es que a ninguno de los cuerpos le pusieron una etiqueta de identificación, como mínimo, antes de mandarlos a la fosa común.

“Lo que sí nos dimos cuenta, y no fue por ellos, sino porque estuvimos ahí en el proceso fue que la gran mayoría de los cuerpos desde el 2010, incluso algunos de 2014 o de las fosas recientes que ya estaban con esta nueva administración, siguen sin estar con los análisis básicos. Me refiero a la autopsia deley por ejemplo o a la medicina legal. Entonces eso sí lo vimos, que los exhumaban y no tenían ningún tipo de registro. Por lo regular en la bolsa tienen una etiqueta donde dice a cuál expediente corresponde o que análisis le realizaron”, explica Graciela Pérez, quien busca a su hija Milynali, su hermano y tres sobrinos desaparecidos en el 2012.

La Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas (PGJT) afirma que sí se recolectó y conservó información de esos cuerpos, y que este proyecto es parte del reordenamiento de fosas comunes que señala la Ley de Desaparición Forzada aprobada en 2017.

“En la mayoría, si no es que en todos, se realizaron las diligencias básicas para su identificación, como fotografía, necropsia y/o más remotamente la toma de muestra de ADN o huellas digitales en caso de que se pudiera recabar”, resume la Procuraduría en un correo electrónico.

Hay varias razones por las que posiblemente no se logró la identificación de estos cuerpos, ya sea porque no había una denuncia por la desaparición o porque las personas fueran de procedencia extranjera. O porque no se siguió un protocolo para el tratamiento e identificación forense, o porque México no tiene el personal capacitado y los recursos necesarios para enfrentar una epidemia de desapariciones que ha reclamado más de 37,000 personas.

Unas semanas antes de iniciar, autoridades visitaron la funeraria para saber dónde estaban exactamente localizadas las fosas comunes.

“Hacíamos el trabajo de enterrar los cuerpos, cuatro o cinco cuerpos. Se echaba una capa de tierra y se dejaba espacio para los otros cuerpos”, dice el encargado de la funeraria. “Y así pues se fue llenando”.

Hubo días que hasta diez o doce cuerpos se recogían, y entre un equipo de tres, los levantaban, amortajaban y enterraban.

“El cuerpo lo poníamos en hule industrial, es más grueso, y lo tapeabamos para que no se despegara con cinta canela”, agrega.

La bolsa para cadáver, esa de policloruro de vinilo de alta resistencia para evitar el derrame de fluidos, son caras. Por eso, mientras uno recorre la zona de exhumación que está dividida en tres áreas, cada una correspondiente a los equipos forenses de la PGJT, División Científica de la Policía Federal y el equipo de periciales de la Procuraduría General de la República, se puede observar que casi todos los cuerpos se encuentran en diferentes condiciones. Inclusive hay 80 restos óseos pendientes de analizar que por el estado en que se localizaron no se puede determinar si son de una persona o de varios cuerpos.

“Está medio triste. A lo mejor serán ellos, a lo mejor es mi hijo, a lo mejor no”, dice don Crescencio en voz baja con la mirada fija en la excavación. “Espero en Dios que no sean ellos. No se sabe. Uno los mira, sí los cuerpos, a lo mejor es mi hijo. No se sabe. En parte da tristeza de ver los cuerpos. Uno de ellos es mi hijo. O a lo mejor no”.

De San Luis Potosí para el mundo

Francisco Javier Hernández se comió unos tacos de harina con frijol y aguacate antes de salir de su casa en Xilitla, San Luis Potosí, el 17 de marzo de 2010. Pancho, como le dice su familia, agarró el lonche que le había preparado su mamá y se subió al autobús de la línea Pirasol, junto con más de treinta personas, rumbo a la frontera.

“Su mamá y yo le dijimos: ‘Que te vaya bien mijo. Dios que te bendiga y Dios que te cuide’”, recuerda su padre, Cresencio Hernández.

Esta era la segunda vez que Pancho, de 25 años, hacía este recorrido, pero esta vez el autobús contratado por los coyotes desapareció. La madrugada del 18 de marzo el conductor hizo una llamada para avisar que unos hombres armados y uniformados los habían parado en un retén cerca de Valadeces, a unos diez kilómetros de Miguel Alemán. Eso es lo último que se supo. Días después, el autobús fue localizado en Nuevo León pero de sus pasajeros no había ningún rastro.

“A veces yo cargo su foto, no más que ahora no traigo su foto de él. Esa es la foto de cuando andaba en Estados Unidos y la tenemos de recuerdo. Así como está en la foto, así esta él. Así lo recuerdo yo”, cuenta Don Cresencio. “O era. No sé.”

Ocho años después, Don Crescencio lo busca porque las autoridades no han hecho ni un intento de investigar, incluso el expediente del caso se extravió. Por eso diferentes colectivos, como Milynali, liderean la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos.

“Tenemos más de 60 sitios en donde hemos encontrado evidencias de campamentos de la delincuencia organizada donde llevan gente secuestrada, donde han liberado seguramente personas, donde hemos encontrado restos humanos, donde se han encontrado tanques incineradores, incluso ropa de personas normales, maletas, carros desmantelados, y hemos recorrido más de 350 ejidos en toda la zona sur de Tamaulipas”, explica Pérez, líder del colectivo Milynali Red CFC A.C. que desde 2012 lleva buscando fosas clandestinas y restos humanos.

Tamaulipas ocupa el primer lugar en el país con 6 mil 131 víctimas, según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, pero México cuenta con un alto nivel de subregistro de casos.

“Tan solo en la Fiscalía de No Localizados en la Procuraduría del Estado, la fiscal nos ha dicho que tiene siete mil expedientes, pero no significa que son siete mil personas porque mi caso es un expediente y estamos buscando a cinco personas”, explica Pérez. “Así varios expedientes están de varios compañeros que conozco y están buscando arriba de cuatro personas. Pero también hay que contar a los aproximadamente dos mil expedientes que existen en la coordinación de antisecuestros en la Procuraduría. Nosotros siempre los mencionamos porque legalmente se les llama secuestrados porque les pidieron dinero a las familias, pero muchos siguen desaparecidos.

Extorsiones, secuestros, desapariciones, retenes oficiales y retenes de la delincuencia organizada son comunes en las carreteras de Tamaulipas, rodeadas de ejidos, rancherías y brechas. Algunos casos han sido reportados y otros no, ya sea porque las líneas de autobuses no quieren dejar de vender boletos, o porque el gobierno del estado no quiere ahuyentar al turismo, o porque las familias de miles de centroamericanos no saben qué hacer.

Tamaulipas: El destino final

Antes de entrar a la zona cero, están las carpas para los familiares que exigieron formar parte del proceso de exhumación como observadores. Una de las mesas es del Ministerio Público, donde reciben nuevas denuncias y muestras de sangre para ampliar la base de perfiles genéticos. Entre el 16 de abril que empezaron los trabajos de exhumación y el 29 de junio que finalizaron, se obtuvieron 311 muestras referenciales de ADN de familiares para los cotejos y 69 denuncias de desaparición. Después, está la carpa del centro de salud donde te ponen la vacuna del tétano, un requisito para todos los que quieran entrar a la zona cero.

Al entrar, del lado derecho, está un camión grande que es un SEMEFO móvil donde los cuerpos recién exhumados se guardan a temperaturas congelantes, y adelantito están las cuatro carpas que sirven como laboratorios donde los equipos de trabajo, apoyados por la Agencia de Cooperación Alemana y la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, hacen los estudios antropológicos, es decir sacar la edad, sexo, y demás información post-mortem, y obtienen la muestra de ADN antes de inhumar el cuerpo en el recién construido panteón forense con capacidad para 500 cuerpos.

“Algo que me parece que se tiene que aplaudir es que estuvieran trabajando tres instancias del gobierno juntas y de manera homologada”, señala Sara López, antropóloga social que acompaña a colectivos de familiares. “Es un logro que se dejaran las barreras del Estado que las familias siempre las viven. Que a quién sí le corresponde y a quién no”.

Don Cresencio se detiene en la tercera plancha metálica, donde un esqueleto casi completo se esconde entre una bolsa de basura y un montón de tierra. Un integrante del Centro de Atención a Víctimas, encargados de ofrecer ayuda psicosocial y acompañamiento a los familiares, explica las actividades que se realizan a nuestro alrededor. Mientras observamos, los peritos vistiendo overoles blancos de aislamiento cargan dos camillas con cuerpos recién exhumados.

“Es importante que las familias estén como observadores, pero se podría trabajar mucho más con ellos”, dice López. “Se les sigue tratando como este ente pasivo, como si pareciera que no entienden nada, que están ahí pues porque tienen que estar. Habrá personas que como es su primera vez apenas están empezando a entender el lenguaje forense, pero hay otras personas que tienen un conocimiento mayor.”

Conforme avanzamos, Don Crescencio baja el tono de voz y su espalda se joroba, como si estuviera colgando de un gancho. “¿Cuándo me van a entregar a mi hijo?”, pregunta desesperado al final del recorrido.

“Ese acompañamiento no está funcionando. Se trata de que te puedan explicar bien para que no salgas con ese tipo de hasta agonía, de que no entiendes, de conflicto interno. Eso me parece que es una forma de violencia hacia los familiares”, agrega López.

Este es el primer panteón forense especial para depositar los cuerpos de personas no identificadas que se realiza en el estado. Se planea uno en Reynosa antes de que termine el año, y se proyectan tres más en Nuevo Laredo, Ciudad Victoria y al sur del estado.

Desde 2012, el colectivo Milynali ha presionado por la exhumación ordenada de fosas comunes. Lo que ocurría, cuenta Pérez, es que se realizaba una exhumación por un solo expediente de una persona, pero si había más cuerpos en esa fosa no se les realizaba ningún análisis y se volvían a inhumar.

“Nadie te da respuesta, nadie sabe nada, y así como a nosotros, hay miles de familias que tampoco saben exactamente qué es lo que pasó y cómo es posible que pase esto. El clima sigue siendo lo mismo hasta ahora, en mi colectivo hay varias personas que desaparecieron el año pasado”.

El proyecto busca la plena identificación forense de cada uno de los cuerpos, dignificar los restos humanos de acuerdo a los Derechos Humanos y reordenar las fosas ministeriales dentro de un marco legal. Aunque este es un trabajo de años, Tamaulipas tiene otras tareas magnas como continuar con la búsqueda de fosas clandestinas, identificar los restos encontrados, y detener las desapariciones forzadas que siguen ocurriendo.

“Por ejemplo, la Procuraduría General de la República ya le puso nombre a nuestros casos de años. Le pone de larga data. Prácticamente lo dejan como a un lado porque siempre hay uno nuevo, o uno reciente que hay que resolver”, dice Pérez. “Pero pues tampoco resuelven, porque ni los buscan, ni los encuentran. La situación sigue exactamente igual”.