Los vecinos de Nunavut en Canadá votan 'No' en el referéndum sobre la venta de sus tierras

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Los residentes de la provincia más remota del Canadá acudieron ayer a las urnas para decidir si consentían que la tierra pública del territorio del Ártico sea vendida a compradores particulares o a corporaciones. Y el resultado ha sido un 'No' contundente.

La del lunes fue la primera votación de estas características que se celebraba en las dos últimas décadas. Actualmente la posesión de las tierras del territorio Nunavut es de carácter municipal — allí los residentes y los inversores solo pueden disponer de tierras por contractos de alquiler que deben suscribir con el gobierno local.

Si los vecinos del Nunavut hubiesen votado que sí, el martes se habrían despertado en una tierra que podría haber sido adquirida por cualquiera que disponga del dinero suficiente para hacerlo, probablemente un ruso o un chino.

Claro que más allá del estridente 'No', la votación había despertado un amargo debate. Básicamente no estaba claro quien se hubiese beneficiado de un 'Sí'. De lo que no hay ninguna duda es de que en las vastas e inabarcables tierras del Ártico canadiense la igualdad económica es una falacia. Allí, los índices de pobreza son elevados y los productos básicos son extremadamente caros.

Los defensores del 'Sí' habían esgrimido que permitir la venta de propiedades habría podido generar nuevas oportunidades laborales en una zona del país donde hay muchas menos que en el resto. Por su parte, los detractores, los partidarios del 'No' venían acusando al gobierno de no haber sido honesto en el relato de qué era lo que se estaba jugando la región en el referéndum del lunes.

"La mayoría de la gente que vive aquí no cuenta con los recursos necesarios para ser propietaria y de haberse votado el sí, entonces la desigualdad se hubiese vuelto extrema", cuenta Anne Craword, una abogada que vive en Iqaluit, la capital del Nunavut.

"Es un descanso que haya ganado el no, especialmente porque de otro modo se hubiera permitido que las tierras de los indígenas terminaran en manos de corporaciones", ha advertido.

La legislación que ayer fue refrendada en las urnas y que solo permite el arrendamiento de tierras, es un vestigio de un acuerdo de 1993. Entonces el Acuerdo de Reclamo de Tierras en el Nunavut (NLCA en sus siglas inglesas), vio como los Inuit otorgaban la consideración de aborigen a todas las tierras que formaban parte de sus dominio, a cambio de ciertos derechos, como el derecho a poseer el 18 por ciento del territorio Nunavut, del pago de 1.173 millones de dólares, además de la creación de un territorio con un gobierno elegido democráticamente entre sus habitantes para representar sus intereses.

El acuerdo fue suscrito con la esperanza de respetar y favorecer el bienestar cultural y social de la población Inuit, y para garantizar que esta se pudiesen beneficiar de los recursos naturales de la tierra.

Mientras que la propiedad municipal de la tierra, en particular, fue diseñada para asegurar que el gobierno no se centralizara, y para ofrecerles a los vecinos del Nunavut, que ya gozan de una consideración exclusiva en el Canadá puesto que sus derechos de propiedad están protegidos por la Constitución, que pudieran tener más poder de decisión.

Pero más de dos décadas después, la población indígena Nunavut sigue batallando para sobrevivir en residencias insuficientes, en una zona del país donde la comida se encarece muchísimo y donde apenas llega el suministro de energía. Y en realidad son muchos los que creen que si todas esas mejoras no se han producido ha sido porque el NLCA no ha sido implementado de la manera adecuada.

Los expertos y los vecinos llegaron a las urnas profundamente divididos sobre hasta qué punto se puede culpar o no al actual acuerdo municipal de la situación.

Los partidarios del sí estaban convencidos de que un voto afirmativo hubiese servido para organizar de manera mucho más efectiva el sistema de repartición y de traspaso de tierras. Entre otras cosas, porque un sí habría implicado no requerir la aprobación municipal y habría permitido que los bancos hubiesen podido negociar, directamente, con los propietarios. Los expertos, de hecho, también suspiraban porque un sí hubiese mejorado el sistema de hipotecas.

A todo esto, el gobierno del Nunavut había proclamado hasta ayer que su posición era neutral. Claro que un gobierno que invierte 2.8 millones de dólares en organizar un referéndum, aseguraban los detractores, es un gobierno que tiene un plan.

Crawford, la abogada de Iqaluit, sugiere que la inversión se explica porque una parte del gobierno "quería cambiar el actual sistema de propiedad de tierras y, al mismo tiempo, quería simular que no desea ese cambio".

El gobierno del Nunavut había publicado un documento en el que señalaba la pros y los contras de votar que sí o de votar que no. Según reza el mismo "los traspasos de tierra podrían suponer un estímulo para la economía local y apuntalar la existencia de un saludable mercado de la propiedad inmobiliaria. Y también concluía que la posibilidad de que se hubiesen puesto más tierras en venta podría haber atraído a nuevos inversores, aumentar el desarrollo económico y crear nuevos puestos de trabajo.

En el Nunavut hay media docena de minas de minerales. Y es muy posible que el derretimiento de los polos vaya a descubrir unas cuantas más en los próximos años. Las minas, qué duda cabe, son una fuente muy poderosa de desarrollo industrial y económico, claro que, como siempre sucede, habría que ver hasta qué punto sus obscenos beneficios serían también positivos para los indígenas.

Otra de las consecuencias que hubiese tenido la propiedad — y que podría haber sido buena o mala, depende de a quien se le hubiese preguntado — es que aquellos que vivieran en las zonas compradas las hubiesen protegido de mejor manera.

Por su parte, los críticos habían argumentado que el gobierno no había investigado adecuadamente el estado de las propiedades y que habría suministrado a los electores informaciones sobre las mismas completamente desfasadas, probablemente informaciones que fechaban de la última votación, la de 1995.

La corporación Nunavut Tunngavik Inc. (NTI en sus siglas inglesas), que vela por los derechos y los intereses de los Inuit del Nunavut y que se asegura de que las disposiciones contempladas en el NLCA sean observadas, se había opuesto a la venta de los terrenos municipales por considerar que la mayoría de los Inuit hubiesen sido incapaces de comprarlas.

El vicepresidente de NTI, James Eetoolook ha contado a VICE News que a su corporación le preocupaba lo que hubiese sucedido con los vecinos, especialmente con los de edad más avanzada, que actualmente alquilan propiedades de manos de las distintas municipalidades, de haber salido el sí. ¿Hubiesen podido decidir qué tierras vender? Es un misterio. Y no el único.

"¿Qué asistencia hubiesen recibido si no hubiesen podido pagar? ¿Habrían perdido sus casas?", se había preguntado. Uno de los escenarios más inquietantes que podría haberse producido de haber ganado el sí, sería el de grandes corporaciones ofreciendo mucho más dinero que ningún vecino, y haciéndose con todas las zonas en las que se proyectaban construir viviendas sociales.

"No todos los propietarios de tierras tienen trabajo a día de hoy, y algunos tienen planes de jubilación, de manera que es muy posible que no hubiesen sido capaces de comprar sus propiedades. Tales han sido las cuestiones que nos han llevado a defender el no".

Los vecinos también estaban preocupados por el hecho de que sus ayuntamientos no dispusieran de la potestad de imponer restricciones a la venta de tierras, lo cual podría haber significado una entrada incontrolable de compradores foráneos en el mercado.

Crawford considera que el actual sistema fue diseñado para facilitar que los Inuit pudiesen gestionar las tierras con ayuda de la administración local, en parte gracias a un impuesto sobre la propiedad que se grava a cada ayuntamiento. Sin embargo se trata de una solución que no ha funcionado del todo puesto que a los ayuntamientos no les está permitido sacar provecho económico alguno de la tierra que poseen.

"Básicamente el gobierno ha abandonado la idea de poseer tierras", cuenta. "Si los objetivos de la repartición de las tierras hubiesen consistido en estimular un desarrollo más rápido y en facilitar los traspasos, el gobierno se hubiese podido limitar a entrenar a más gente y a derogar el requisito de la aprobación municipal de cada traspaso", explica. "Yo no estoy dispuesta a liberarles de sus obligaciones hasta que resuelvan el sistema y hasta que no contemplen potencialmente cumplir con los objetivos que este sistema tendría que haber cumplido".

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