Narcos, mineras y espionaje político: la otra cara de Ayotzinapa

Se cumplieron dos años de la desaparición de 43 estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Guerrero. En estos 24 meses se han amontonado cientos de hojas de expedientes de la investigación en varias dependencias gubernamentales, pero los normalistas siguen sin aparecer.

Una y otra vez la sociedad mexicana a salido a las calles buscando justicia y las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales no dejan de presionar al gobierno federal para que actué de una mejor manera, y empiece a dar resultados creíbles sobre el paradero de los estudiantes.

De la misma forma, decenas de periodistas han reporteado el caso y han surgido varias hipótesis sobre lo que pasó aquella noche del 26 de septiembre en Iguala Guerrero. Varios libros se han publicado al respecto, algunos haciendo una cronología de los hechos, otros narrando cómo vivieron los estudiantes aquella pesadilla.

Éste, escrito los periodistas mexiquenses Francisco Cruz, Félix Santana y Miguel Ángel Alvarado, titulado La Guerra que nos Ocultan, editado por Planeta, cuenta "la historia de una de las mayores conspiraciones de violencia y corrupción en el México actual", de acuerdo con los autores. Desde su publicación, el libro causó polémica entre los cercanos al caso: familiares, autoridades y medios de comunicación, por los datos que aportaba.

Sobre la mayor revelación del libro, cuentan: "Documentamos el espionaje político que hubo contra los normalistas y sus familias después del ataque. Conseguimos la sábana de llamadas que realizaron al teléfono de Julio César Mondragón Fontes, después de que fue asesinado".

Julio César Mondragón Fontes es quizá el espejo más claro de esa violencia militar y criminal que azota al país. El estudiante nacido el 4 de junio de 1992 en Tenancingo, Estado de México, la misma entidad que encumbró políticamente al presidente Enrique Peña Nieto, fue asesinado y posteriormente desollado. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señaló que la piel de su rostro fue arrancada por fauna nociva del lugar, es decir por animales hambrientos que deshicieron su rostro.

Supieron que Julio era espiado gracias a la sábana de Telcel, done "vienen las coordenadas de los números que intentaron comunicarse con él después de su asesinato. Corroboramos los datos y encontramos que había llamadas al celular de Julio hechas desde el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y el Campo Militar Número 1 del ejército", dicen los autores del libro.

El CISEN ha sido catalogado a lo largo de las últimas dos décadas por analistas y especialistas como el órgano de espionaje del estado mexicano, que más allá de proteger la seguridad interna del país y sus instalaciones más importantes, se ha dedicado a intervenir comunicaciones de movimientos sociales, empresarios y políticos incómodos al régimen.

Por su parte, el Campo Militar Número 1 ha sido señalado como el centro de tortura a donde habrían sido llevados decenas de disidentes durante la guerra sucia en los años 60 y 70.

Los autores explican que el celular de Julio fue robado al momento de su asesinato. "El cuerpo del estudiante estuvo custodiado por el ejército durante más de tres horas hasta que llegaron las autoridades periciales. Pero la milicia no ha explicado que hizo con el cuerpo durante todo ese tiempo. Cuando las autoridades judiciales llegaron, el cuerpo ya estaba desollado".

Además, los periodistas rechazan la versión de la CNDH. Abren una lap top y muestran fotografías inéditas del cuerpo de Julio César. Se ve una herida del lado izquierdo de su cuello en línea recta. "Es imposible que unos perros hayan hecho un corte tan preciso para arrancarle el rostro, evidentemente fue una persona que sabe como realizar un corte quirúrgico", dicen.

Pero, ¿qué factores influyeron para que ocurriera un ataque armado de gran magnitud contra estudiantes indefensos?

"Lo que ocurrió hace dos años no se entendería sin antes comprender el contexto local que refleja buena parte de lo que ocurre a nivel nacional. Guerrero, el estado donde fueron desaparecidos los 43 normalistas es uno de los más pobres del país y desde su fundación en 1849 nació pobre, en parte debido a lo accidentado de su geografía: montañas y zonas serranas en las que viven miles de personas sin accesos a los servicios básicos.

Sin embargo, en ese estado pobre, las empresas mineras extraen varios materiales, en cantidades industriales, de la profundidad de la tierra se saca oro, además buscan uranio, un elemento radiactivo utilizado en plantas de energía nuclear y en la fabricación de bombas atómicas, y también titanio, metal utilizado en la fabricación de aviones, misiles, buques de guerra y naves espaciales.

Tan sólo entre 2006 y 2015, las empresas mineras extrajeron 62 toneladas 276 kilogramos de oro en el país. Un negocio millonario del que varios quieren sacar provecho. Además, Guerrero es un estado violento, en el cual la producción de heroína para ser una actividad económica primaria de la región, pero al ser ilegal, no se tienen datos certeros sobre la producción de la droga.

Asimismo, en el estado conviven, se alían y se matan diversos grupos del crimen organizado como: Guerreros Unidos [involucrados en la desaparición de los normalistas], Los Rojos, La Familia Michoacana, Los Nilos, Los Ardillos, Sierra Unida del Gobierno y Los Espartanos, entre otros.

En medio de la violencia producto de la guerra entre los cárteles de la droga y la militarización sistemática que existe en el estado desde los años 60, quedaron atrapados 46 normalistas. Tres murieron asesinados por balas de policías municipales mezcladas con tiros de narcotraficantes y otros 43 desaparecieron", cuentan los autores.

Los periodistas que escribieron el libro esperan que se investigue a fondo, no sólo a las autoridades locales, sino a las federales. "¿Cómo es posible que el celular que podría ayudar a resolver el caso político que movilizó a cientos de miles de personas en el mundo haya sido robado, y después le hayan hablado desde dos de las instalaciones estratégicas más importantes en materia de seguridad del Estado mexicano sin que el gobierno haya hecho nada?

En el ataque no sólo participaron los narcos y la policía de Iguala, el gobierno federal también está involucrado a través del ejército y su órgano de inteligencia, que, como se ha documentado, siguieron la masacre en tiempo real. Si hubieran seguido el rastro del celular de Julio quizá hoy sabríamos el paradero de los 43.

Ahora el 26 de septiembre de 2014 es otra fecha dolorosa que se inscribe con sangre en la historia del país junto con el 2 de octubre de 1968, fecha de la matanza de Tlatelolco; el 22 de diciembre de 1997, día de la masacre de Acteal; el 4 de mayo de 2006, cuando fuerzas federales atacaron el pueblo de Atenco, o el 10 de junio 1971, día del 'halconazo'. Con esta publicación esperamos contribuir para que esta lista no siga creciendo".