Guatemaltecos del campo y la ciudad claman unidos para derrocar la corrupción

Las manifestaciones contra la corrupción que llevan 11 semanas recorriendo Guatemala, han entrado en una nueva fase. Además de clamar por la dimisión del presidente, Otto Pérez Molina, los protestantes exigen también ahora reformas drásticas de las leyes electorales y de las leyes que gobiernan los partidos políticos del país.

Desde el pasado 6 de junio, una coalición formada por campesinos, organizaciones indígenas, colectivos de mujeres y delegados estudiantiles están acampados frente al Congreso Nacional de Guatemala. "Somos una barricada ciudadana", proclamó a VICE News Sandra Morante, miembro de la Alianza Política Sector de Mujeres de Guatemala. "Estamos preparados para quedarnos aquí día y noche".

La organización de Morente formar parte de la Asamblea Social y Popular, una formación fundada para generar un espacio para la discusión entre los estudiantes, las organizaciones sociales y los ciudadanos, con el objetivo de encontrar una solución a la crisis que asola el país. "Este es el momento para crear otra revolución democrática en Guatemala", proclamó Morante.

A pesar de que el número de manifestantes ha disminuido, no hay nada que invite a pensar que las manifestaciones vayan a detenerse. De hecho, un nuevo fenómeno sin precedentes se ha producido entre los manifestantes. El movimiento anti-corrupción, que hasta ahora era eminentemente urbano, se ha sumado a los movimientos de protesta que representan a la población rural del país. Se trata de algo que no había sucedido nunca en la historia del país.

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Los llamamientos a la dimisión de Molina arrancaron a mitad de abril, poco después de que trascendieran algunos casos de corrupción en su administración. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), impulsada por Naciones Unidas, descubrió la existencia de una red de evasión fiscal en la que están involucrados algunos de los miembros de la cúpula del gobierno. Algunas conversaciones telefónicas intervenidas más tarde, descubrieron que algunos abogados habrían sobornado al juez que dirigía el caso para que liberara a algunos de los implicados en la trama.

En mayo, la CICIG descubrió otra trama en la que estaban implicados 16 funcionarios el antiguo secretario personal del presidente. Se les acusaba de haber robado fondos de la Sanidad Pública del país. Los escándalos condujeron a las detenciones de más de una decena de funcionarios. La vicepresidenta Roxana Baldetti y seis ministros fueron obligados a dimitir.

Los manifestantes siguen exigiendo que Molina siga los pasos de su vicepresidenta y de sus ministros. Además, claman por la reforma de la ley electoral, de manera que en adelante se impida que los congresistas y los alcaldes puedan presentarse para ser reelegidos.

El día 2 de julio más de 95 organizaciones que representaban a grupos de indígenas, colectivos de mujeres, campesinos, jóvenes, al sector privado, a estudiantes y a los sindicatos, se reunieron en el paraninfo de la universidad de San Carlos para discutir las reformas, lo que retrasará dos meses las elecciones generales previstas para septiembre.

Las organizaciones consideran que bajo la actual crisis no tiene ningún sentido celebrar elecciones.

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Guatemala es un país profundamente dividido con una larga historia de conflictos entre sus zonas rurales y sus zonas metropolitanas. Sin embargo, las manifestaciones de los últimos meses y la envergadura de los casos de corrupción revelados por todo el país, sumado al descrédito institucional, han provocado que se haya fomentado una unidad entre sectores de la sociedad nunca vista hasta ahora.

"El movimiento ha unido al pueblo guatemalteco", contó a VICE News Pablo Ceto, de la Universidad Ixil, en Nebaj. "La corrupción continuará. Con Otto o sin él. Pero esto es el principio de algo: la ciudad se está levantando en contra. Seguiremos manifestándonos contra la corrupción".

El movimiento de protesta no ha dejado de recibir ayuda de los campesinos.

Dichas comunidades, en su mayoría integrada por descendientes de tribus mayas, llevan enfrentados con el gobierno y con la administración de Molina desde la noche de los tiempos. En abril, mientras las manifestaciones empezaban a fraguarse, el gobierno comunicó, sorprendentemente, a los campesinos vinculados al Comité Campesino del Altiplano, que Molina se encargaría de dirimir los conflictos declarados entre 44 comunidades distintas sobre la repartición de sus tierras. A pesar de las promesas, muchas de las comunidades fueron desahuciadas de sus tierras.

'La corrupción es lo que une a la clase política de Guatemala'

Las comunidades rurales han estado en el ojo del huracán levantado por el monopolio de la tierra que gobierna Guatemala. En el sistema actual, los candidatos presidenciales intercambian semillas, cementos o pagos en metálico, a cambio de votos. Sin embargo, una vez celebradas las elecciones, las comunidades rurales raramente — o jamás —, reciben beneficio alguno. Además, cuando protestan por las políticas que les afectan, son sistemáticamente ignorados.

"Desde el principio de esta administración, en 2012, los indígenas y las comunidades campesinas han denunciado constantemente al gobierno", relató a VICE News un portavoz de la organización HIJOS de Guatemala. "Por desgracia, Ciudad de Guatemala ha sido siempre el epicentro del voto conservador y no estaban de acuerdo con las protestas. Hoy, sin embargo, existe una insatisfacción popular generalizada con la emergente política de derechas de la capital".

Los elecciones que se avecinan ya empiezan dar muestras de funcionamiento corrupto. Varios candidatos han sido ya acusados de lavado de dinero, entre ellos el candidato a la vicepresidencia del favorito Manuel Baldizón, del partido Libertad Democrática Renovada (LIDER).

El jueves, el presidente del CICIG, Iván Velásquez, presentó un informe sobre la financiación de la campaña electoral en Guatemala. Este descubría una existente e histórica relación entre los partidos políticos y los narcotraficantes, además de sobornos a compañías transnacionales. "La corrupción es lo que une al sistema político de Guatemala", señaló Velasquez.

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En los últimos años, grandes cantidades de comunidades indígenas han encabezados movimientos contra la explotación minera corporativa del estado, la agricultura industrial y la privatización de las hidroeléctricas. A la luz de los escándalos recientes, en los que están implicados todos los ministros que lideran los proyectos corporativos señalados, las grupos de campesinos que se habían dedicado, tradicionalmente, a proteger su tierra, han unido fuerzas con el movimiento anti-corrupción.

"Estamos padeciendo las consecuencias de la corrupción y de la impunidad que rigen el gobierno actual", declaró a VICE News Antonio Rez, miembro de un grupo que se ha opuesto a un proyecto de explotación minera auspiciado por una compañía de Nevada, Estados Unidos. "Ese es el motivo por el que somos parte del movimiento 'Renuncia Ya'. Queremos ver cómo renuncian todos los políticos corruptos".

Rez y otros viajaron desde San José del Golfo hasta San Pedro de Ayampuc, dos comunidades que están una hora al norte de Ciudad de Guatemala, para sumarse a las protestas.

"Nuestro conflicto es una consecuencia de la incapacidad del gobierno para gobernar pensando en el interés de la gente", señaló Rez, quien culpó a varios funcionarios corruptos que han dimitido después de aprobar un proyecto de explotación minera que está afectando a su comunidad. "Todos ellos han alterado las leyes para poder aprobar proyectos como este".

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