El congreso aprueba la polémica ‘Ley Mordaza’ en España con el rechazo unánime de toda la oposición

A pesar de la crítica y las movilizaciones en las calles, el gobierno de España dio luz verde el pasado mes de marzo a una de las medidas más controvertidas de su mandato. A partir de su entrada en vigor, el próximo 1 de julio, podrá haber sanciones de hasta 30.000 euros por publicar en Twitter la foto de un agente durante una manifestación. O, por ejemplo, por acampar en una Universidad o en los alrededores del Congreso. La oposición tacha la normativa de ser demasiado "restrictiva" y atentar contra los derechos de reunión y manifestación.

El Partido Popular (PP), que gobierna en España con mayoría absoluta desde 2011, ha aprobado esta medida con el rechazo de todos los partidos de la oposición, y con buena parte de la ciudadanía en contra. Numerosos colectivos como la plataforma No somos delito o juristas también se han posicionado en contra.

Una de las medidas más discutidas es aquella que prevé multas de hasta 30.000 euros a determinadas acciones relacionadas con la protesta social como la ocupación de entidades bancarias, las manifestaciones frente al Congreso o parlamentos autonómicos.

Muchas de estas prácticas se popularizaron a raíz de las revueltas ciudadanas del 15M contra el gobierno en la primavera de 2011, y también a través de otros movimientos sociales como Rodea El Congreso. Para estos grupos, el redactado de la nueva ley parece ir encaminado a imposibilitar fenómenos sociales de este tipo en el futuro.

La sanción podrá alcanzar los 600.000 euros en el caso de manifestaciones prohibidas o no comunicadas cerca de lugares "en donde se prestan servicios básicos para la comunidad", tal y como tipifica el artículo 35 sobre infracciones 'muy graves'. La ley no especifica en ningún caso cuáles son estos lugares. También se considerarán infracciones "muy graves" la celebración de espectáculos prohibidos por razón de "seguridad pública".

Desde el punto de vista del derecho a la información, la nueva ley deja una huella notable. Con la nueva normativa bajo el brazo, se podrá sancionar con multas de hasta 30.000 euros a quien fotografié a los policías o difunda imágenes de los agentes en la calle. Además, la ley facilita que se pueda incautar la cámara a los fotoperiodistas. Tanto el periodismo convencional como el periodismo ciudadano — crucial en los procesos virales en Internet y los movimientos sociales — se resienten con este precepto que limita la libertad de informar, y por ende, la de ser informado.

Asimismo, el artículo 30.3 considera como "organizador o promotor" de una movilización a todo aquel que, aun no siendo el responsable u organizador directo, "presida, dirija o ejerza actos semejantes". Por ejemplo, a través de manifestaciones, orales o escritas, en las que difunda el lema o la bandera de la movilización. A este respecto, el vago redactado de la ley deja la puerta abierta para que una mera consigna a través de un hashtag de Twitter pueda ser objeto de delito.

Pero hay más: atendiéndonos a la nueva ley, la plataforma Stop Desahaucios no tendría cabida. Este movimiento, surgido en los últimos años para ayudar a los afectados por las ejecuciones hipotecarias en España y frenar desahucios, podría incumplir el artículo 36. 4 de la normativa. Según este precepto, los "actos de obstrucción" que limiten el ejercicio de sus funciones a cualquier autoridad o empleado público podrán ser sancionados con multas de hasta 30.000 euros.

Además, en disposiciones adicionales, la nueva legislación regulariza una nueva modalidad jurídica llamada "el rechazo en frontera" que establece que los inmigrantes detectados en la línea fronteriza de Ceuta o Melilla, enclaves españoles situados en el extremo norte de Marruecos, podrán ser 'rechazados' a fin de impedir su entrada. Una disposición especialmente sensible y preocupante si se tiene en cuenta las llamadas "devoluciones en caliente" que han tenido lugar en los últimos meses en España. Aunque el redactado de la ley apunta al respeto de los derechos humanos, esta disposición ha despertado inquietud entre algunas ONGs como Amnistía Internacional.

Esta nueva Ley de Seguridad Ciudadana entrará en vigor en simultáneo con la nueva reforma del Código Penal y la Ley de Propiedad Intelectual. Una batería de reformas, promovidas y esencialmente apoyadas por el gobierno del Partido Popular, que para la oposición restringen los derechos de los ciudadanos en las calles y en las redes. Si bien es cierto, algunos colectivos y activistas apuntan a la caducidad esperable de muchas de estas modificaciones si el mandato del PP se extingue tras las elecciones generales de este noviembre.

Sigue a Anna Pacheco en Twitter: @annapacheco__