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ESPAÑA

La ONU denuncia una amplia lista de derechos humanos vulnerados en España

La ONU ha mostrado de nuevo su preocupación por la vulneración de derechos humanos en el Estado español tales como la Ley de Amnistía de 1977, los malos tratos policiales y las devoluciones en caliente de migrantes y la discriminación de la mujer.
Imagen por Andrés Kudacki/AP

Toque de atención a España. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (OHCHR en inglés) ha mostrado de nuevo su preocupación por la vulneración de una amplia lista de derechos humanos en el Estado español. El OHCHR es una institución que supervisa el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por los estados que lo ratificaron.

El informe del organismo de la ONU publicado esta semana constata la persistencia de lesiones a los derechos humanos en España, como la existencia de una Ley de Amnistía de 1977 [la dictadura franquista finalizó en 1975] que, según el Comité, "impide la investigación de las violaciones de los derechos humanos del pasado, en particular los delitos de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias".

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Torturas y malos tratos policiales

El documento de Naciones Unida también muestra su preocupación por el régimen de incomunicación de los detenidos, judicialmente autorizado.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal española da poderes al Estado para recluir a una persona en régimen de incomunicación hasta 5 días bajo cualquier supuesto, y hasta 13 días si fuera sospechosa de haber cometido delitos de terrorismo. Amnistía Internacional ha denunciado este régimen en múltiples ocasiones.

"Durante su detención en régimen de incomunicación, la persona no puede hablar con un abogado ni con un médico de su elección", manifestó, ya en 2009, Nicola Duckworth, entonces directora del Programa para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.

"Su familia vive con la angustia de no saber lo que le ha ocurrido, y muchas personas detenidas en régimen de incomunicación afirman haber sido sometidas a tortura o malos tratos, aunque raras veces se investigan tales denuncias", sigue Duckworth.

Cinco años después, el informe del comité de la ONU lo constata de nuevo y va más allá.

"El Comité lamenta los informes que dan cuenta de debilidades en las investigaciones de denuncias y sanciones; y expresa preocupación sobre las deficiencias en las evaluaciones forenses en casos de investigación de violaciones de derechos humanos por parte de agentes del Estado", se lee en el documento del OHCHR, dónde también se "expresa preocupación por la concesión de indultos a policías condenados por el delito de tortura, lo cual contribuye a una sensación de impunidad por parte de los agentes del Estado".

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El organismo considera que las últimas reformas legislativas y cambios en el Código Penal español pueden tener un "efecto disuasorio" para la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica. Critica "el uso de términos vagos y ambiguos en algunas disposiciones, lo que", a su parecer, "podría dar lugar a un amplio margen de discrecionalidad en la aplicación de dicha Ley; y la prohibición de hacer uso de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad". Una preocupación que coincide con la de 60 catedráticos de 35 universidades españolas.

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Racismo y política migratoria

El Comité también muestra su preocupación en relación a cuestiones migratorias y de episodios racistas. En España "persiste la práctica de controles policiales basados en perfiles raciales y étnicos contra ciertas minorías étnicas, en particular los romaníes", según este organismo de la ONU, y "los inmigrantes, los extranjeros y las minorías étnicas" siguen sufriendo "discriminación en el acceso a la vivienda, educación, el empleo y la atención de la salud".

"Se tendría que haber integrado en la Ley de Seguridad Ciudadana la prohibición de llevar a cabo identificaciones en la calle bajo perfil étnico o racial, algo que habían pedido todas las organizaciones pro derechos humanos", declaró a VICE News el abogado Andrés García, miembro de Tanquem els CIEs [Cerremos los Centros de Internamiento de Extranjeros en catalán], cuando se hizo efectiva la aplicación de la llamada 'ley mordaza'.

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'La ONU debe ser más valiente y más dura en este tipo de informes porque el internamiento preventivo y sistemático de cualquier persona en los CIEs, vulnera el derecho a la libertad y a la seguridad personal recogido en artículo 30 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos'

"Los relatores de la ONU que han visitado los CIEs denuncian que los agentes de la Policía Nacional se refieren a los internos por números, y este es un hecho que vulnera la dignidad de las personas", cuenta a VICE News Marc Serra, miembro de Tanquem els CIEs y el Observatorio de Derechos DESC.

"A pesar de una resolución del Juzgado de Control de Madrid que establece expresamente que los agentes policiales no se pueden referir contra las personas internas por su número sino por su nombre, este hecho se sigue produciendo en algunas ocasiones", denuncia Serra.

"Existe una resolución reciente del Juzgado de Control de Barcelona que establece que debe permitirse el uso de teléfono móviles en el interior de los CIEs. En la práctica observamos, como en algunos centros la dirección policial sí que aplica esta resolución y en otros no", destaca Marc Serra.

"Según la Ley de Extranjería las personas que están allí solo están privadas de la libertad de deambulación, el resto de derechos deben mantenerse totalmente íntegros", añade.

"Lo mismo sucede con la circular de 2014 de la Policía Nacionalque establece unos criterios a la hora de efectuar los internamientos en el centro, que, por ejemplo, dice que las personas que tienen arraigo en España no deberían de estar internadas y a la práctica observamos como no acatan esta norma y los CIEs están repletos de personas con familia aquí e incluso son deportadas", indica Serra.

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La Ley de Seguridad Ciudadana otorga un régimen especial a los enclaves españoles en África, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, para dar cobertura legal a las "devoluciones en caliente", que implica una lesión del derecho internacional, según Amnistía Internacional.

El Comité también denuncia las llamadas "deportaciones express". Al OHCHR "le preocupa que dichas expulsiones sumarias se realizan sin las garantías suficientes para que se respete el principio de no devolución, cuando corresponda", destaca el informe.

"Al Comité le preocupa el uso recurrente de la privación de libertad a inmigrantes en situación irregular", "expresa preocupación por las denuncias de malos tratos por parte de agentes del Estado en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y por casos de violencia entre internos, sin que hubiera la intervención de los agentes" y " lamenta informes que dan cuenta de las malas condiciones imperantes en algunos CIE y que estos carecen de condiciones de higiene adecuadas".

"La ONU debe ser más valiente y más dura en este tipo de informes porque desde una perspectiva del derecho internacional, el internamiento preventivo y sistemático de cualquier persona en los CIEs, por la mera estancia irregular y que no ha cometido ningún delito, vulnera el derecho a la libertad y a la seguridad personal recogido en artículo 30 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos", resalta Marc Serra.

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En este sentido, el pasado 23 de julio el parlamento de Cataluña ratificó la aprobación simbólica del cierre de los CIEs. Organizaciones de defensa de los derechos humanos como Tanquem els CIEs, esperan que pueda producirse un efecto dominó en otras comunidades autónomas para aumentar la presión sobre el Ministerio del Interior.

'España vulnera de forma sistemática las recomendaciones del comité respecto a los derechos de las mujeres. Esto deja en evidencia que al gobierno de Rajoy no le preocupa demasiado el papel que está jugando a nivel internacional: esto nos sitúa al nivel de Qatar o Honduras'.

Derechos de las mujeres

La reforma de Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo aprobada en el Congreso la semana pasada también está en el punto de mira de las Naciones Unidas. Para el Comité, "dicha reforma puede aumentar los abortos ilegales y poner en riesgo la vida y la salud de las mujeres" por la exigencia del consentimiento expreso de los representantes legales para la interrupción voluntaria del embarazo de menores de edad o personas con capacidad modificada judicialmente.

Esta reforma sustituye la que el conservador Partido Popular (PP) intentó aprobar el año pasado pero que retiró "por falta de consenso".

También hay espacio en el informe para las vulneraciones estructurales: "Las mujeres siguen estando insuficientemente representadas en los sectores público y privado, en particular en los puestos decisorios" y las diferencias salariales entre hombres y mujeres siguen siendo "notables".

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"España vulnera de forma sistemática las recomendaciones del comité respecto a los derechos de las mujeres. Esto deja en evidencia que al gobierno de Rajoy [presidente español] no le preocupa demasiado el papel que está jugando a nivel internacional: esto nos sitúa al nivel de Qatar o Honduras", declara a VICE News Montse Pineda, presidenta del Comité 1 de Diciembre, una plataforma de ONG que lucha contra el estigma del VIH en Cataluña y redactora del informe sombra sobre el que la ONU trabajó para elaborar el documento presentado.

"Un informe sombra es la herramienta con la que la sociedad civil contribuye a informar a Naciones Unidas de las vulneraciones de derechos en un país. Este mecanismo de participación eleva las voces de las personas implicadas en su redacción al mismo nivel que un estado", según Pineda.

El movimiento feminista ha sido el único actor social en lograr la dimisión de un ministro en España. Leer más aquí.

Puedes consultar el informe completo de la ONU en este enlace.

Imagen de agentes de la Policía Nacional en el Centro de Internamiento de Extranjeros en el barrio de Aluche en Madrid.

Sigue a Quique Badia @qbadiamasoni y David Meseguer @davidmeseguer en Twitter.