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ESPAÑA

Un exmilitar español en huelga de hambre para que el gobierno cumpla la ley y le pague su pensión

Tras 4 años de evasivas y promesas incumplidas por parte del ejército, el Tribunal Superior de Murcia reconoció a Andrés Merino su derecho a recibir una pensión de invalidez. Ahora está en huelga de hambre porque el gobierno español sigue sin cumplir.

por María Altimira
23 Noviembre 2016, 6:15pm

Andrés Merino y Iván Ramos ayer ante las oficinas centrales del Ministerio de Defensa.

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"Vamos a seguir hasta que el cuerpo aguante y a ver si a alguien se le remueve la conciencia", asegura Andrés Merino a VICE News.

Exmilitar de tropa con más de una década de trayectoria en las Fuerzas Armadas, Merino está, desde ayer, en huelga de hambre y durmiendo a las puertas de las oficinas centrales del Ministerio de Defensa para exigir que el gobierno español cumpla con la ley y le pague su pensión por invalidez.

Tras cuatro años de promesas incumplidas por parte de Defensa, el exmilitar consiguió que el pasado 18 de mayo el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) le diera la razón y reconociera fehacientemente su derecho a percibir una pensión por invalidez por las lesiones que sufrió en acto de servicio en Afganistán y en Almería.

Estas lesiones le obligaron a someterse a diversas operaciones de columna que no le permitieron recuperar la condición física, hoy sufre de cojera, para seguir con sus obligaciones como soldado. "El mismo tribunal médico militar reconoció en 2013 que tenía una lesión de grado 5, que equivale al 33 por ciento de invalidez, y que ésta había sido causada por los accidentes que sufrí en acto de servicio", explica Merino.

En un informe médico militar posterior, sin embargo, el tribunal se contradecía al considerar que su invalidez era de tan solo un 16 por ciento, una cifra que no alcanza el mínimo requerido del 33 por ciento para acceder a la pensión.

Con un 33 por ciento y unas lesiones causadas en acto de servicio, Merino puede acogerse al artículo 1.2 del Real Decreto 1186/2001, que confiere a los efectivos de tropa el derecho a percibir este tipo de prestación.

La madrugada del miércoles Andrés Merino e Ivan Ramos pasaron su primera noche a las puertas de la oficina del Ministerio de Defensa.

El TSJM asegura en el fallo que este exsoldado no solo debe percibir esta prestación sino que debe hacerlo con carácter retroactivo y que, además, la administración tiene que abonarle el montante total que ha pagado en concepto de costas del proceso judicial. El fallo se sustenta en la resolución del perito forense designado por el tribunal de Murcia, que le atribuye una incapacidad absoluta.

Durante todos estos años, según Merino, lo llamaban del ministerio para decirle que no se preocupase que le iban a pagar, que estaban trabajando en ello, pero nunca cumplían. "Con la sentencia me sentí aliviado creía que la lucha, por fin, se había acabado", relata.

Pese a que la sentencia se dictó hace seis meses, Merino sigue sin haber recibido ni un céntimo. "Esta es la tercera vez que vengo aquí a exigir que me den lo que es mío, me han engañado antes, pero ya no me voy a ir hasta que me solucionen el problema", sentencia.

De acuerdo con Merino, su interlocutor en el Ministerio de Defensa, un coronel de la Unidad de Apoyo a Heridos, le aseguró que el pago se estaba retrasando porque habían pedido una aclaración de la sentencia al tribunal ya que "no acababan de entender el fallo". A mi, asegura, que solo tengo estudios de bachillerato, me parece que "está clarísimo".

Fallo del Tribunal Superior de Murcia sobre el caso de Andrés Merino.

"Lo único que pasa es que tienen una sentencia de ejecución forzosa encima de la mesa y no la acatan", lamenta.

Merino, que cuenta con la compañía del cabo Iván Ramos, quien se encuentra en una situación similar, tiene cuatro hijos y sólo percibe una "ayuda familiar" de 426 euros. Hace unos meses tuvo que abandonar su domicilio y aunque ahora vive en casa de los abuelos de su mujer su situación es muy precaria: "hay días que como solo una vez y otros que ni eso, porque no me llega y la prioridad son los niños".

Este exsoldado asegura que no aguanta un mes más. "Cualquier día me caigo por un desmayo y eso no quiero que lo vean mis hijos, prefiero venir aquí a protestar, a dar por saco" hasta que entren en razón, explica.

A Ramos, el tribunal médico militar sólo le reconoció una invalidez del 24 por ciento, siete puntos por debajo del coeficiente del 33 por ciento y una valoración muy alejada del peritaje independiente que encargó y también del que realizó la comunidad de Madrid, ambos por encima del 70 por ciento.

Ni el Ministerio de Defensa ni el coronel que se encargó del caso de Merino respondieron a las peticiones de información de VICE News sobre el tratamiento dispensado al exmilitar y respecto de la demora en el cumplimiento de la sentencia.

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