México custodió silenciosamente bajo llave archivos relacionados con su ‘Guerra Sucia'

El gobierno de México ha implementado silenciosamente una ley que prohíbe el acceso público a documentos archivados, con relación a la Guerra Sucia del país, un período que dejó miles de disidentes políticos, estudiantes, y activistas muertos o desaparecidos en los años 60, 70 y a principios de los 80.

La Guerra Sucia fue un periodo de conflicto interno de baja intensidad entre el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), que surgió cuando el PRI llevaba más de 70 años en el poder.

La muestra más notable de esta insurgencia civil fue la masacre de estudiantes de Tlatelolco en 1968. El ejército mexicano abrió fuego contra estudiantes, profesores y transeúntes que participaban en protestas antigubernamentales, matando a cientos de ellos —cuya cifra oficial de muertos no se llegó a determinar y aún hoy día sigue siendo desconocida.

El archivo de la Guerra Sucia se cerró este año como 'consecuencia tardía' de la Ley Federal de Archivos de 2012, que reclasificó estos documentos históricos como "confidenciales". El polémico movimiento ofusca aún más los detalles que rodean a un período oscuro en la historia de México, marcado por las operaciones militares no oficiales que buscaban acabar con las guerrillas insurgentes y sus líderes, y que aún sigue sin esclarecerse.

El fondo documental histórico que permaneció abierto al público en los Archivos Nacionales de México durante más de una década, ha quedado ahora prohibido al público.

Tras varios días de reuniones, oficiales de la oficina de la Secretaría de Interior dijeron a VICE News que no estaban seguros sobre cuándo entró en vigor la orden, aunque creen que fue hacia mediados de marzo. Informaciones de medios locales reclasificaron la documentación de conocimiento público a principios de este mes.

Ahora, con el fin de examinar los archivos, tienes que presentar una solicitud por escrito y — si se aprueba tu solicitud — la información que obtengas puede ser redactada, resumida, o también alterada. Este cambio de política ha tenido lugar a pesar de que la Constitución mexicana garantiza una transparencia total de la información pública.

Los archivos se han custodiado en el Palacio de Lecumberri, un edificio parecido a una fortaleza ubicado en Ciudad de México, inaugurado por el presidente Porfirio Díazin como centro penitenciario en 1900. La antigua cárcel, conocida históricamente como "el Palacio Negro", ha alojado a muchos de los criminales más infames de México. El autor William S.Burroughs cumplió condena tras sus barrotes por haber disparado a su mujer en 1951 en Ciudad de México durante los Juegos de William Tell.

Veinticinco años después, la cárcel cerró sus puertas y se convirtió en el hogar de una de las primeras colecciones de registros públicos de las Américas.

Entrar en el edificio de los Archivos Nacionales es una tarea fácil. Tras presentar la identificación, se te permite entrar con lápiz y papel. Sin embargo, si tienes interés en consultar documentos relacionados con la Guerra Sucia, encontrar lo que buscas se vuelve bastante complicado.

Tan pronto expresas interés en dichos registros, el típico personal amable se vuelve visiblemente nervioso y te dice que es imposible. Entonces te ofrecen un catálogo de registros no relacionados para que los leas detenidamente.

"Los documentos ya no se pueden consultar como antes", dijo a VICE News Maricela Gavia, una de las funcionarias responsables de la sección de los archivos. "Primero tienes que mandar una solicitud de información al IFAI [el Instituto Federal de Acceso a la información], y ya ellos envían tu solicitud a la agencia de inteligencia, el CISEN, que finalmente decide".

"Creo que te envían lo que consideran que es útil para tu investigación', añadió.

Los documentos relacionados con los abusos que se produjeron durante la Guerra Sucia se abrieron por primera vez para consulta pública en 2001, por órdenes del ex presidente Vicente Fox. Éste fue elegido el año anterior como candidato del Partido Acción Nacional, o PAN, marcando un paréntesis en los más de 70 años de gobierno bipartidista en México.

El gobierno de Fox ordenó la apertura de los archivos con la intención de arrojar luz sobre un período de la historia mexicana del siglo XX que había sido silenciado durante mucho tiempo y cubierto por el PRI durante su fortaleza administrativa.

Tenían la esperanza de que abrir su acceso ayudaría a impartir justicia para las familias de las víctimas perseguidas por su participación en los movimientos sociales y políticos durante la era del PRI.

Después de una interrupción de doce años, tras más de medio siglo en el poder, el PRI se hizo de nuevo con el control ejecutivo del país en 2012, con la elección del presidente Enrique Peña Nieto. Desde que tomó posesión del cargo, Peña Nieto se propuso promulgar la transparencia a la vez que era acusado de intentar influenciar una investigación en su contra por alegaciones de conflictos de interés.

"Esto está mal", dijo a VICE News Maria Herrerías, profesora de Universidad Nacional Autónoma de México, especializada en movimientos guerrilleros en México. "Es una total violación de nuestro derecho de libre acceso a la información".

Según Herrerías, antes de que entrara en vigor la Ley Federal de Archivos, los documentos solo se podían mantener fuera del alcance de su uso público por un máximo de diez años. Pero bajo este nuevo sistema, esta documentación permanecerá fuera del alcance público durante 30 años, y cuando contenga información personal, la cifra ascenderá a 70 años. No obstante, como señaló Herrerías, los documentos que evidencien violaciones de derechos humanos no deberían considerarse personales.

"Esos archivos son parte de nuestra memoria histórica", subrayó. "Son cuestiones de interés público, no algo que afecte a un pequeño grupo de gente".

Se calcula que durante la Guerra Sucia desaparecieron aproximadamente 2.000 personas y murieron un número considerado y muy debatido de disidentes políticos. La mayoría de las víctimas de este período de opresión política era guerrillas de izquierdas, estudiantes universitarios y activistas.

En 2006 el gobierno mexicano emitió un informe sobre la Guerra Sucia, pero excluyó importantes momentos históricos, por lo que se le acusó de partidista en contra del gobierno mexicano.

Las familias de muchas familias de la Guerra Sucia siguen esperando justicia, y las consecuencias de este turbio período en la historia de México son palpables en los abusos contra los derechos humanos que persisten en el país.

El importante líder guerrillero Lucio Cabañas es una de las victimas más conocidas. Profesor convertido en revolucionario en el estado de Guerrero, Cabañas empezó un movimiento rural destinado a proteger a los pobres de la explotación. Él y muchos de sus seguidores fueron violentamente ejecutados o desaparecidos durante la Guerra Sucia e, incluso ahora, tres décadas más tarde, la mayoría de estos casos siguen sin resolverse.

Cabañas es uno de los licenciados más conocidos de la Escuela Normal de Ayotzinapa, pasó de ser profesor en un colegio de Guerrero a ser tristemente conocido por los brutales ataques de la policía, que se cobraron la vida de seis personas y dejaron 43 desaparecidos el pasado año 2014. Algunos de los estudiantes de Ayotzinapa son alumnos y seguidores de Cabañas, y algunos mexicanos ven la represión que han sufrido como un legado de la violencia orquestada por el estado desde hace décadas.

Los defensores de los derechos humanos han condenado el cierre de los archivos. Temen que pueda afectar a otros documentos históricos relevantes, como los relacionados con las desapariciones ocurridas durante el gobierno de Felipe Calderón. Las organizaciones de derechos humanos cifran en unos 26.569 el número de desaparecidos.

El pasado octubre, la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero publicó un reportaje sobre la violación de los derechos que habían tenido lugar durante los años de conflicto, y una lista parcial de las víctimas. La Comisión concluyó que existía una represión sistemática perpetuada por los gobiernos locales a través de numerosos mecanismos para acallar a los considerados subversivos.

La Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (AFADEM) criticó el informe y dijo que el gobierno no conseguirá nada con estas publicaciones.

"No hay verdad ni justicia", afirmó la líder de AFADEM, Tita Radilla. "Ningún caso se ha resuelto y ninguna institución está interesada en resolver estos hechos del pasado".

Herrerías afirmó que mantener los casos abiertos debe ser considerado un asunto de interés público, especialmente para las familias de los desaparecidos.

"Lo que de verdad debería preocuparnos es que ahora será imposible lograr justicia para las víctimas", dijo. "Sus casos no serán escuchados hasta que haya pasado mucho tiempo".