Miles de veteranos de guerra están gravemente enfermos por inhalar basura tóxica en Irak

Cuando arrancaron los conflictos armados de Estados Unidos en Irak y Afganistán, los comandantes militares tuvieron que enfrentarse a un problema que parecía irrelevante: ¿cómo deshacerse del rastro de amasijos y de escombros que dejaban tras de sí todos los bombardeos y todas las refriegas en el campo de batalla?

No parecía un gran problema, especialmente para un ejército acostumbrado a deshacerse también de los deshechos y la basura generada por sus más de 100.000 integrantes. Sin embargo, el problema empezó a crecer como una bola de nieve, hasta convertirse en un asunto incuestionablemente grave — se estimó entonces que cada soldado estaría produciendo alrededor de 4,5 kilos de basura al día —. Entonces, el departamento de Defensa de Estados Unidos tuvo la insalubre idea de construir enormes incineradoras al aire libre en las bases militares, para quemar las ingentes cantidades de basura acumulada.

El Pentágono decidió entonces contratar a la firma Kellog, Brown y Root (KBR) para que se encargara del asunto. Para mayo de 2003 el ejército estadounidense había desplegado ya más de 270 incineradoras por sus bases militares de Irak y de Afganistán. Algunas de ellas eran enormes — extensiones de hasta diez acres de terreno en la que se podían quemar cerca de 50 de toneladas de basura al día. La mayoría de los vertederos en llamas, de los gigantescos ardientes descampados, operaban las 24 horas del día, siete días a la semana, en los aledaños de las barracas donde dormían y trabajaban muchísimos soldados. El pútrido olor y las cenizas de las fogatas se convirtieron muy pronto en un permanente quebradero de cabeza para las tropas.

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Entre 2002 y 2009 no existió ningún tipo de regulación sobre qué podía quemarse y qué no. De tal forma, la KBR quemó toneladas y más toneladas de poliestireno, plásticos, neumáticos, contenedores de pesticidas, pilas, deshechos médicos e, incluso, de partes de cuerpos humanos. En 2010 un informe del departamento de Responsabilidad Gubernamental cifró que las incineradoras habrían absorbido al menos 1.000 toxinas y productos cancerígenos.

Los soldados no tardaron mucho en caer enfermos. A principios de 2004, empezaron a manifestarse los primeros casos entre los que habían regresado de Oriente Medio. La sintomatología arrancaba en la mayoría de los casos con alguna clase de malestar — congestión permanente y moqueo severo. El problema era que los síntomas, lejos de desaparecer, empeorarían. Al poco tiempo se convirtieron en manifiestas dificultades respiratorias, dolor permanente e incapacidad para trabajar.

De entre los veteranos que fueron golpeados con más contundencia, muchos fueron diagnosticados con distintos tipos de cáncer. Muchos de ellos terminarían muriendo.

Parecía que la oleada de enfermedades fueron engendradas por idéntica causa; esto es, que miles de hombres y de mujeres del ejército estadounidense estaban cayendo enfermo por haber inhalado las emanaciones de las incineradoras. A lo largo de los últimos años me he entrevistado con 150 de ellos, y he podido comprobar por mí mismo las nocivas secuelas producidas por aquella exposición.

Y, sin embargo a todo, el departamento de Defensa ha negado que los enormes vertederos en llamas sean ningún peligro para la salud. Y lo que es peor, se ha dedicado durante años a impedir que los veteranos recibieran la asistencia médica y las compensaciones que requerían. Lo peor de todo es que parece que el único motivo por el que lo habrían hecho no es otro que proteger a la formidable corporación KBR y a sus millonarios gestores.

A partir de 2014, los militares empezaron a caer enfermos víctimas de extrañas y misteriosas enfermedades bronquiales y de distintas formas de cáncer. Los soldados — la mayoría de los cuales estaban en perfectas condiciones de salud antes de ser destinados a Oriente Medio —, llegaron a la conclusión de que sus enfermedades solo podían explicarse por su exposición a los basureros en llamas. Sin embargo, cuando acudieron en busca de ayuda a la Administración de Veteranos (VA en sus siglas inglesas), e interpusieron las demandas necesarias para acogerse a las pertinentes pensiones por discapacidad, se encontraron con que el departamento de Defensa negaba que las incineradoras supusieran ningún peligro para la salud.

Para terminar de complicar la situación, la Administración de Veteranos decidió alinearse con la cartera ministerial que lo protege. Prácticamente todos y cada uno de los veteranos y de las veteranas de guerra que exigieron ser compensados por haber estado expuestos al humo tóxico de las incineradoras, vieron como se les denegaba su petición. Sucede que, legalmente, resulta muy duro probar cualquier herida de guerra que no sea producto de la artillería enemiga o de una granada.

Los veteranos, en vista de la situación, decidieron tomar acciones legales. Sucede, además, que existe una ley federal a la que se conoce como a la doctrina Farris, que dictamina que los veteranos o las veteranas de guerra estadounidenses no podrán denunciar al Pentágono en caso de lesión o de muerte. De tal forma, un grupo de veteranos decidió interponer una demanda colectiva y denunciar a la empresa KBR. La denuncia de los militares esgrimía que la multinacional había levantado las incineradoras a sabiendas de que estaban demasiado cerca de las residencias de los soldados, y que la compañía conocía perfectamente el carácter nocivo de las emanaciones.

Por su parte, desde KBR alegaron que el responsable de elegir la ubicación de las dos incineradoras fue el ejército, de la misma manera que fue también el mismo ejército de Estados Unidos el único responsable de decidir qué se quemaba y qué no. Por su parte, el departamento de Defensa decidió guardar un inquietante silencio, de manera que ni apoyó ni rechazo los alegatos de KBR. Muchos de los abogados con los que me he entrevistado consideran que el caso ha sido desplegado alrededor de un sofisticado y deliberado entramado cuyo único propósito ha sido el de generar un vacío legal. De tal manera, la asociación entre KBR y el ministerio del interior estadounidense está adecuadamente calibrada para que nadie pueda ser responsabilizado legalmente cuando las cosas se complican.

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Han pasado ya 14 años desde que arrancaron los conflictos armados en Oriente Medio, y todavía quedan decenas de miles de veteranos enfermos. Muchos de ellos están muriendo por las secuelas de haber inhalado humos tóxicos mientras defendían a su país en Oriente Medio. Y son muy pocos los que han sido compensados por la Administración de Veteranos por sus gravísimas dolencias. A día de hoy muchos de ellos están demasiado enfermos como para trabajar y están física y económicamente arruinados. Y, mientras ello sucede, el departamento de Defensa, lejos de cumplir con su obligación de amparo, les tiene completamente abandonados.

Lo que ya es indiscutible a día de hoy es que la ristra de enfermedades delatan un patrón, un contagio colectivo que la Administración de Veteranos debería de haber identificado hace ya años, en lugar de resistirse a aceptar la evidencia y de hacer algo al respecto. Igualmente, el departamento de Defensa tiene que asumir su responsabilidad y dejar de seguir negando su implicación en la creación de las incineradoras, y reconocer que la exposición a las mismas entrañaba un incontestable peligro para la salud. Por su parte, la compañía KBR tiene que indemnizar a los veteranos enfermos. Al menos, eso es lo que les debe a las tropas del ejército que fueron a la guerra para defender a su país, Estados Unidos.

El ex sargento del ejército estadounidense Joseph Hickman es el autor del libro The Burn Pits: The Poisoning of America's Soldiers. 

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Imagen vía DVIDS