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ESPAÑA

'La jueza nos ha deseado suerte por lo que no se puede hacer aquí en España'

Acompañamos a declarar a un juzgado español a un denunciante de la querella argentina cuyo abuelo fue fusilado y enterrado en una fosa común tras la guerra civil.

por Patricia Rafael
07 Julio 2015, 4:17pm

Imagen del ex presidente republicano Largo Caballero (con traje) junto a Eulogio Grande con un cigarro a su derecha

"Ya está, ha ido fenomenal". Escueto pero sonriente y orgulloso, Santiago Grande, de 44 años, mostraba el pasado 3 julio la copia de su declaración a las puertas de un juzgado de la localidad madrileña de Collado-Villalba. Por primera vez había podido contarle a una jueza que su abuelo, Eulogio Grande, había sido detenido al finalizar la guerra civil española [1936-1939]. Que había estado encarcelado dos meses y había sido condenado a muerte en un juicio "que no tuvo todas las garantías legales". Que había sido fusilado inmediatamente después y que desde entonces sus restos permanecían enterrados en una fosa común de un cementerio parroquial junto al menos otros 84 cuerpos. Sin lápida ni nombre que los identifique.

La declaración de Santiago forma parte de las más de 320 querellas que víctimas de la dictadura española [1939-1975] han ido presentando en los últimos cinco años a la jueza argentina María Servini, instructora de la única causa abierta en el mundo contra los crímenes cometidos en los cerca de 40 años de la dictadura que encabezó Francisco Franco.

Doce de esas querellas han regresado ahora a España en forma de comisiones rogatorias o exhortos, que la propia magistrada argentina envió a los juzgados españoles para que tomen declaración a los denunciantes. Han llegado comunicaciones a tribunales del País Vasco, Andalucía, Madrid y Cataluña y para las víctimas supone una forma de reparación el poder ser escuchadas en un juzgado de su propio país.

Fusilamientos y torturas del franquismo regresan a los tribunales españoles. Leer más aquí.

"La jueza nos ha deseado suerte por lo que no se puede hacer aquí en España", explicó Santiago a VICE News, quien prestó declaración durante 40 minutos acompañado de Ana Messuti, una de las abogadas que impulsa la querella argentina.

Todos los intentos que se han llevado a cabo para investigar los crímenes de la dictadura — como el emprendido en 2008 por el juez Baltasar Garzón — han sido cerrados por estimar los delitos prescritos o amparados en la Ley de Amnistía, una norma aprobada en 1977 y que considera impunes todos crímenes cometidos antes del 17 de diciembre de 1976.

Los impulsores de la querella argentina presentaron la causa en Buenos Aires en 2010 bajo el principio de justicia universal y basándose en el criterio de que los delitos de torturas, robo de bebés, desapariciones o trabajos forzados o ejecuciones sumarias son crímenes de lesa humanidad y por tanto no prescriben.

'No solo se trata de entregar los restos, sino de denunciar un crimen y ahí tiene que haber un juez que investigue qué ocurrió'.

El caso de Eulogio, el abuelo de Santiago, es como el de tantos otros que defendieron la República y que al finalizar la guerra civil regresaron a sus pueblos con la convicción de que nada malo podía ocurrirles.

"Varios de sus compañeros huyeron pero él dijo que no había hecho nada malo y que regresaba a Villalba [su pueblo natal y donde vivían su mujer, embarazada de su noveno hijo]", explica su nieto.

Pero en cuanto llegó a su casa, los falangistas — miembros de la Falange, un partido de ideología fascista — del pueblo fueron a buscarle a casa y lo enviaron a la cárcel de la localidad cercana de San Lorenzo del Escorial. Tras pasar dos meses preso, fue condenado a muerte y fusilado el 1 de junio de 1939. Su mujer, Cecilia, se enteró de que había muerto cuando uno de esos mismos falangistas que habían ido a buscar a su marido le dijo en la plaza del pueblo: "Ya hemos matado a Eulogio, sabemos que no ha hecho nada pero era muy echado para adelante".

Santiago explica que su abuelo, cabrero y marmolista, se había afiliado al sindicato de la Unión General de Trabajadores (UGT) y al Partido Comunista tras la proclamación de la República. "Estuvo en la constitución de la Sociedad de Trabajadores de la Ganadería y recuperó tierras comunales, que al no haber escrituras públicas, muchas estaban en manos de terratenientes del pueblo", señala el nieto. Eulogio participó en todos los deslindes que realizó el Ayuntamiento republicano ya que conocía el terreno al detalle por su oficio de cabrero.

Miguel Ángel García, de 63 años, acompañó a Santiago a declarar el día 3 al juzgado y mientras esperaba su salida contaba a VICE News la historia de su abuelo. "También estuvo preso en San Lorenzo del Escorial acusado de haber participado en el asesinato de un cura", explica. En los dos meses que estuvo encarcelado antes de ser fusilado, el padre de Miguel Ángel — por entonces de tan solo 11 años — recorría a pie los casi 20 kilómetros que distan entre Collado-Villalba y el penal para llevar a su progenitor ropa y comida. Iba siempre con su primo, de 8 años, cuyo padre estaba también encarcelado.

"El día que fusilaron a mi abuelo dejaron a mi padre y a mi tío que acompañaran a su padres hasta el cementerio, les dejaron que les dieran un beso y luego les dijeron que se marcharan", explica Miguel Ángel. Cuando no habían caminado ni 500 metros escucharon detrás una ráfaga de tiros. Eran las seis de la tarde. "Mi padre nunca quiso hablar del tema y yo conozco toda la historia por mi abuela y lo que yo he averiguado investigando en los archivos militares", subraya.

Él es el único de la fosa del cementerio parroquial de la localidad madrileña de San Lorenzo del Escorial que sabe exactamente dónde está enterrado su abuelo. "A los dos años de acudir al Archivo Militar de Madrid me llamaron para avisarme de que habían encontrado el expediente de mi abuelo y supe que está enterrado con otros seis", describe, y añade: "Pero para poder exhumar los restos necesito los permisos y medios para identificarle y eso solo lo conseguiremos con una orden de un tribunal".

Guerrillero antifranquista enterrado en la tumba familiar 64 años después de su muerte. Leer más aquí.

Como Santiago, Miguel Ángel es también querellante en la causa argentina. Y ambos han presentado también denuncia — como parte de la Asociación de Familiares de la Fosa Común de San Lorenzo del Escorial — por los 84 cuerpos identificados — según constan en los documentos del Registro Civil de la localidad — de asesinados que permanecen enterrados en las mismas fosas que sus abuelos. "No sabemos quiénes los mataron pero lo que pedimos es que se exhumen los cuerpos, se identifiquen y se limpien los expedientes", reclama Miguel Ángel.

En su declaración ante la jueza española — que será remitida a la instructora argentina — Santiago manifestó su intención de pedir a la autoridad judicial "la apertura de la fosa común en la que se encuentran los restos de su abuelo y del resto de los compañeros, todos víctimas del régimen franquista".

"No solo se trata de entregar los restos, sino de denunciar un crimen y ahí tiene que haber un juez que investigue qué ocurrió", señaló a VICE News.

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