Este año se acabó un importante programa de atención a adictos a la heroína

ATS es la sigla que representa a la Corporación de Acción Técnica Social, una entidad sin ánimo de lucro que desde 2007 trabaja de la mano del Gobierno Nacional y de organizaciones locales, nacionales e internacionales, para diseñar e implementar políticas públicas, programas y estrategias frente a temas como, en palabras de ellos mismos, "[El] consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales (desde el enfoque de reducción de riesgos y mitigación de daños) y problemáticas por infecciones de transmisión sexual y por sangre, como VIH y hepatitis virales, [entre otros]", como sale en su página web.

VICE Colombia recibió en exclusiva un comunicado por parte de la organización en el que nos expresaron su preocupación por el cierre de su proyecto CAMBIE en las ciudades de Pereira, Dosquebradas, Cali y Bogotá. Tres cabeceras municipales y la capital del país, lugares donde el consumo de drogas es alto.

El proyecto, que estaba encargado de reducir riesgos y daños para las Personas que se Inyectan Drogas (PID), tales como la heroína, la ketamina y la cocaína, trabajaba sobre la "innovación; formación; investigación; administración, distribución, suministro e intercambio de material higiénico (kits) de inyección; desarrollo de material comunicativo dirigido a la población objetivo en temas como RDD en inyección, prevención de VIH y Hepatitis, entre otros; movilización social; veeduría e incidencia en política pública", dice en su comunicado la organización.

Desde el 31 de diciembre de 2017 el servicio dejó de ser prestado, a juicio de Julián Quintero, director de la organización, por una cuestión de falta de voluntad política del Gobierno, planeación y presupuesto. No hay además, según ATS, un plan de contingencia o transición, que evite dejar a la deriva un promedio de entre 180 y 250 personas diarias. La ausencia de una política de salud en este tema conduce al intercambio de jeringas, riesgos de sobredosis, deshechos en sectores comunitarios, implementaciones de reducción del daño por parte de personas sin experiencia, entre otros factores.

ATS se manifiesta preocupada por la situación de las personas que, según ellos, quedarán a la deriva.

Si nos atenemos a los datos proporcionados por ATS, en lo últimos cinco años de trabajo ha alcanzado muchos logros. Entre estos, podemos destacar los siguientes:"llegar a más de 2.000 personas consumidoras de drogas inyectadas de las casi 15.000 que dice el Ministerio de Justicia que pueden existir, generar protocolos en el país para la implementación de programas de reducción de riesgos y daños, y canalizar al país con asistencia técnica, acompañamiento y recursos económicos de la cooperación internacional".

Además , "el proyecto […] a partir de la realización de pruebas de VIH en las ciudades de Pereira y Bogotá, y comparado con los estudios del Ministerio de Justicia, sugiere una disminución en la infección del VIH entre personas que se inyectan drogas, dado que en Pereira se realizaron 260 pruebas de VIH a personas inyectadas en el año 2014 con un resultado de 8.3% positivos, mientras que en el segundo semestre del año 2017 ATS realizó 467 pruebas para solo el 4.0% de positivos".

Sin embargo, por el momento, ATS afirma en su comunicado que aún no se conoce información respecto a "cómo, desde cuándo y de qué manera [las personas beneficiarias del proyecto] recibirán los servicios que se venían prestando".

Por eso, nos preguntamos qué piensa el gobierno de esta problemática denunciada por ATS, que no solo dejaría desprotegidas a las PID (que en promedio son 1.550 inscritas y 400, atendidas diariamente), que no ha dado garantías sobre su continuación, "poniendo en riesgo los resultados positivos obtenidos hasta el momento", y que, además, rompería un lazo importante entre la institucionalidad y la sociedad civil.

Ya veremos.