¿Qué pasa con la Educación Sexual Integral en las comunidades indígenas de Argentina?

A fines de 2018, la muerte de una niña wichi chaqueña de trece años que había sido obligada a parir por cesárea, cuyo hijo nació sin vida, enardeció el debate por la urgencia de la puesta en práctica de la ley de Educación Sexual Integral (ESI), así como la necesidad de una ley de aborto seguro y gratuito en Argentina. La indignación en los medios, de todos modos, no duró mucho. Casos como este irrumpen constantemente en la agenda mediática con titulares amarillistas que no cuestionan estas problemáticas con la profundidad que merecen. Al poco tiempo de ese caso, en Salta, obligaron a parir a una nena de once años y, esa misma semana, dos madres wichis denunciaron que sus hijas de trece y catorce años habían sido abusadas. Atrocidades semejantes suceden a diario mientras los y las dirigentes del país incurren en debates que pasan por alto las realidades de los sectores más necesitados.

Algunos meses antes, el Senado argentino había rechazado el proyecto de aborto legal, seguro y gratuito. A pesar de haber logrado poner en el centro del debate un tema hasta entonces relegado, los esfuerzos del movimiento feminista argentino fueron ignorados por una arcaica cámara de Senadores. Fue una sesión maratónica y reñida que se extendió hasta entrada la madrugada. Aunque escasearon los argumentos en contra de la aprobación de la ley, una de las justificaciones más utilizadas por quienes dieron su voto negativo fue la necesidad de prevenir el problema con educación para no tener que llegar a la interrupción del embarazo. Sin embargo, en Argentina ya existe una ley de Educación Sexual Integral (ESI) aprobada en 2006, que desde entonces viene siendo boicoteada en gran medida por esos mismos sectores que se negaron a la legalización del aborto. Mientras tanto, son las comunidades más vulnerables, entre ellas las mujeres indígenas, las que tienen que sufrir las consecuencias de un país cuya legislación permanece bajo la influencia de la Iglesia Católica y otras facciones antiderechos.

Aunque Gladys Paredes actualmente ejerce el cargo de diputada de la provincia argentina de Salta, se define ante todo como una médica pediatra. La política es algo circunstancial en lo que ahora puede volcar la experiencia de su extensa carrera en el ámbito de la salud. Logró, entre otras cosas, bajar la tasa de mortalidad infantil del 17x1000 al 7x1000 en Tartagal, donde reside. Además de trabajar en el hospital zonal de la tercera ciudad más importante de Salta, recorre constantemente la región del Chaco Salteño, en la que asiste a las comunidades indígenas más aisladas. “En el norte del país la ESI prácticamente no existe. Las chicas quedan embarazadas sin saber por qué”, denuncia. A pesar de que lleva casi cuatro décadas trabajando en lugares a los que el Estado no llega, remarca que la situación de las zonas más vulneradas está peor que nunca.

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“En esta región tenemos mucha interculturalidad, pero el material que se ha hecho está únicamente en español, lo que hace que las distintas comunidades originarias no puedan tener acceso a este. A pesar de que ya hubo intentos de traducciones de estos contenidos, acá nunca llegaron”, dice Paredes. Se refiere a los afiches informativos que se tradujeron, entre otros idiomas, al guaraní y al quechua. Según sostiene la diputada, además de que nunca los recibieron, es risible pretender suplir con un simple afiche los años de educación sexual que plantea la ley, que abarca desde el nivel inicial hasta el nivel superior de formación docente.

En un país con más un millón de personas que se identifican como indígenas según el último censo nacional de 2010, la ausencia de un programa estructural que tenga en cuenta las particularidades de estos pueblos y comunidades perpetúa su exclusión. “Asistir a las comunidades y asentamientos más lejanos es muy complicado, más cuando el Estado no provee los recursos necesarios. Pero también me ha pasado que, incluso habiendo dejado pastillas anticonceptivas en una comunidad, cuando volvimos nos encontramos a varias de las chicas embarazadas. Cuando quisimos averiguar qué había pasado, supimos que una fundación (CONIN) las había convencido de que tener hijos siempre está bien”, dice.

Abel Albino, presidente de esa fundación, recibió en el curso de dos años casi 100 millones de pesos para CONIN por parte del Estado argentino. Es conocido por tener un extenso repertorio de frases aborrecibles como “La homosexualidad es un problema” o “Que los chicos se casen temprano”. Pero fue su contribución en una de las jornadas de exposiciones sobre el aborto, previo al debate por su legalización, la que puso su nombre en boca de todo el país. Mabel Bianco, médica y presidenta de la Fundación para Investigación y Estudio de la Mujer (FEIM), había dado su discurso a favor de la ley y estaba entre el público cuando Albino dijo: "Tienen que entender que el profiláctico no los protege de nada. Porque el virus del SIDA, doctora, dígame si no es cierto, atraviesa la porcelana". Para no responder a semejante barbaridad, dicha además en un ámbito que suponía ser científico, Mabel Bianco se levantó de su silla y salió del recinto sin responderle.

Más allá de la negativa a la legalización del aborto, Bianco sostiene: “Argentina es un país con legislación de avanzada. Pero las leyes las hace el Legislativo, mientras que las tiene que implementar el Ejecutivo, dos poderes independientes y no siempre guiados por los mismos ideales y motivaciones”. Para ella, el problema es que la sociedad argentina es “poco controladora” del Estado. “Tanto la gente como las organizaciones no gubernamentales reclamamos pero no controlamos que las cosas se cumplan”, dice. FEIM, la fundación que preside, viene estudiando hace años las problemáticas que giran en torno a la convivencia y el embarazo infantil/adolescente. Según uno de sus estudios, casi 350 mil menores de edad conviven en pareja en Argentina. De ese número, dos tercios (alrededor de 230 mil) son mujeres y muchas lo hacen con hombres hasta quince años mayores que ellas.

“La mujer, y en especial la mujer originaria, tiene derecho a esta información que hoy se les está negando, a conocer métodos anticonceptivos, a decidir cómo y cuándo tener una familia”, dice la diputada Paredes. Pero, si en los trece años que pasaron desde la aprobación de la ley todavía no pudo implementarse correctamente para la mayoría hispanohablante del país, ¿qué les queda a las comunidades que no hablan el idioma? Para ella, la ESI debería ponerse en práctica de otra forma. “Las autoridades tienen que entender que hay modos y modos para cada provincia. Acá no sólo necesitamos contemplar las distintas lenguas, sino que también hace falta una forma más participativa que incluya a los jóvenes. Además, la persona que da las clases tiene que estar capacitada. No puede tener tabúes o inclinaciones que se aparten de lo estrictamente científico”, sostiene. Pero insiste en que la educación sexual no tiene que limitarse a niños, niñas y adolescentes. “Que la ESI no sólo se de en las escuelas. Que salga a los barrios, que llegue a todas las comunidades, ya sea a través de los centros vecinales, de caciques, de mujeres dirigentes. Como sea, pero que les llegue a todos. Por más que capacites a los más jóvenes, sus mayores (madres, padres, tíos, abuelos) no están al tanto y es importante que todos hablemos el mismo idioma”, dice.

La barrera idiomática juega un papel muy importante en la exclusión de las comunidades indígenas. En Argentina, además del español, se hablan al menos otros quince idiomas, mientras que en Latinoamérica la lista supera los 560. Sin embargo, a pesar de esa riqueza lingüística que caracteriza a la región, muchas lenguas están en peligro. Esta pérdida irreparable de una parte crucial de la cultura latinoamericana se debe no sólo a procesos lingüísticos naturales, como la transmisión intergeneracional o la ausencia de escritura, sino en mayor medida a las condiciones socioeconómicas que afrontan los hablantes nativos en su vida cotidiana: conflictos políticos, exclusión económica y ausencia de reconocimiento legal de sus derechos.

Esto contribuye, según la diputada Paredes, a lo que denomina “círculo de la pobreza”: un ciclo de causas y consecuencias que mantienen a las comunidades indígenas al margen de cualquier tipo de progreso. Los Estados modernos, que se fundaron en gran parte gracias al genocidio y el hurto de tierras de los pueblos que ya habitaban el continente antes de la llegada de los europeos, son culpables de mantener y acrecentar esta exclusión. Estas comunidades, que según el último informe del Banco Mundial cuentan con más de 42 millones de personas que se identifican como indígenas, no suelen hablar el idioma oficial de los países en los que habitan, lo que no sólo los deja fuera de la toma de decisiones, sino también de cualquier tipo de flujo de información. No es casualidad que este sector represente el 14% de los pobres y el 17% de los extremadamente pobres, y si las personas indígenas tienen una probabilidad de vivir en condiciones de pobreza extrema 2,7 veces mayor que la población no indígena es por la inacción de cada uno de los Estados que conforman América Latina.

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Para explicar la importancia del rol de estos Estados y la información como medio para transformar la realidad, la diputada Paredes relata una anécdota de cuando trabajaba en el comando epidemiológico contra el cólera en 1992, año en el que murieron quince de los casi 500 enfermos de cólera en el país. Habían tenido que morir seis personas para que el presidente de ese entonces, Carlos Menem, decretara estado de emergencia nacional por el brote. Cuatro de ellos eran tobas y los otros dos, matacos. Ninguno hablaba español. Las ineficaces campañas contra el cólera que habían puesto en marcha el año anterior, de un modo similar a como pasaría años después con la Educación Sexual Integral, eran inaccesibles para los ciudadanos argentinos no hispanohablantes.

Montaron un comando especial contra el cólera en el hospital de Tartagal ya que, a pesar de estar a más de 200 km del supuesto foco infeccioso, era el centro de salud más cercano. Cuando el presidente Menem fue a visitarlo, la diputada Paredes recuerda cómo un grupo de políticos y periodistas que habían llegado de Buenos Aires se decían entre ellos que no les habían pagado los viáticos, pero que de todos modos tenían las tarjetas de crédito. Detrás, ella se reía a carcajadas: “Tarjeta de crédito, ¡en el medio del chaco! ¿Qué podría saber esa gente de nuestros problemas?”.

De la epidemia del cólera de 1992 pasa al alud de barro, troncos y agua que devastó Tartagal en 2009 y que afectó a más de 10.000 personas. “Después del aluvión nos invadió Nación y la recibimos con los brazos abiertos”, dice entre risas. Según explica, en los rincones alejados de las capitales y grandes ciudades hace falta una tragedia para que las autoridades nacionales y provinciales se dispongan a conocer sus realidades y a solucionar sus problemas. Pero, en general, hay un desfase abismal entre estos sectores más relegados y quienes acuden a su rescate desde “la capital”.

Para construir un puente necesario entre ambas partes, la diputada Paredes sostiene que es necesaria una mayor representatividad. “Tienen que escuchar a los sectores más olvidados. El Estado tiene una deuda con las comunidades indígenas. ¿Quién mejor que ellos mismos para vocalizar sus necesidades y sus demandas? Hace falta un lugar para todas estas comunidades en la toma de decisiones, en especial para las mujeres y los jóvenes indígenas”, dice.

En un contexto en el que estas voces son sistemáticamente silenciadas y dejadas de lado, son mujeres como Gladys Paredes o Mabel Bianco las que vienen denunciando y exigiendo hace años, desde sus respectivos lugares de poder y privilegio, una solución por parte del Estado para los problemas más urgentes de la Argentina. La correcta implementación de la ley de Educación Sexual Integral y la legalización del aborto son dos claros ejemplos de necesidades que, a pesar de afectar a la sociedad en general, impactan con más severidad a aquellos sectores de por sí ya vulnerados. Mientras que mujeres, niñas y adolescentes indígenas no tienen ni voz ni voto en la toma de decisiones, continúan siendo las que más sufren la falta de políticas estatales y el peso que todavía tienen organizaciones religiosas y antiderechos en estos asuntos. La diputada Paredes tiene razón: “¿Quién en su sano juicio podría estar en contra de la ESI?”.

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