Linchamientos en México: la banda que juega con una cerilla y un bidón de gasolina

Artículo publicado por VICE México.

Una muchedumbre decide quemar vivos a dos campesinos foráneos. Tío y sobrino son detenidos, atados y molidos a golpes durante varios minutos por una turba que los acusa de ser secuestradores de niños. Los agredidos se llaman Alberto Flores Morales y Ricardo Flores Rodríguez. Tienen 43 y 22 años.

La policía llega a rescatarlos y logra resguardarlos en la comandancia municipal.

Una multitud que no confía en las autoridades prepara bidones con gasolina. Los cerillos están a la mano. Sin mediar juicio legal, los inconformes prefieren que el pueblo ejecute la sentencia del delito por el que se les acusa: plagio de menores de edad. Estamos en San Vicente Boquerón, una comunidad enclavada en la pauperizada sierra de Puebla, donde los habitantes suelen emigrar hacia los Estados Unidos en busca de oportunidades. Es 29 de agosto de 2018.

Los pobladores enardecidos ocupan tres minutos para sacar de la comandancia a los sospechosos. Los patean en el suelo, les rocían combustible. Mientras los cuerpos se achicharran en el fuego, muchos graban la escena con sus teléfonos celulares. No quieren perderse el espectáculo del terror.

“Ganó el pueblo”. “Hicimos justicia”. “Nadie nos va a quitar a nuestros niños”. “Ahora sí la van a pensar, hijos de su puta madre”. Son las frases que se escuchan entre una multitud que parece satisfecha y convencida de que hizo lo correcto. Uno de los que alardea levanta los brazos en señal de victoria.

Lo que queda de ambos cuerpos aún se retuerce en el piso. La turba justiciera interpreta que siguen vivos y arroja gasolina un par de veces más, para asegurar su muerte. Después se sabrá que no fue activado el protocolo oficial de actuación en caso de linchamientos, una alerta que debió advertir a las autoridades estatales.

El doble linchamiento ocurrido en la sierra mixteca poblana parece extraído de una película del género gore, pero no es la primera, y a decir de especialistas, no será la última vez que se registre una tragedia de esta naturaleza en el país.

Entre miles de muertos y desaparecidos, la racha de inseguridad que México atraviesa actualmente ha traído la consolidación de lo que el escritor Carlos Monsiváis refirió como “procuración general de la justicia a la fuerza”. El pueblo haciendo las veces del gobierno, con el uso de la violencia más extrema para protegerse ante un sistema de impartición de justicia en el que pocos creen.

De acuerdo con un análisis hemerográfico realizado por VICE, en los últimos diez años se han reportado 275 linchamientos e intentos de linchamiento. Las estadísticas promedian 27.5 al año, más de dos intentos de ajusticiamiento cada mes. La suma de personas asesinadas rebasa las 90.

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Más del 85 por ciento de los casos de violencia por mano propia se han reportado desde 2013, periodo que coincide con el gobierno de Enrique Peña Nieto.

En promedio, cada año del peñanietismo ha registrado 39 episodios de violencia extrema. La mayoría detonados por robos, accidentes automovilísticos, violaciones, robos de menores o abusos policiacos.

Especialistas consultados coinciden en que el origen de los linchamientos está ligado con el incremento de la delincuencia, pero no son producto necesariamente de la inseguridad. En todo caso son fruto de la impunidad y la percepción que se tiene del sistema de justicia. La población parece estar convencida de que los delitos no se castigan y prefieren actuar por su cuenta, pues saben que no irán a prisión.

“Es una manera de reclamarle a la justicia del Estado su inoperancia”, explica Elisa Godínez Pérez, antropóloga de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), quien agrega que son situaciones donde las autoridades locales y federales no pueden garantizar la seguridad de la población, aunque es más complejo al hecho de que la policía no llegue a tiempo. En el linchamiento de Acatlán de Osorio, el municipio donde quemaron vivos a los campesinos foráneos, aunque el detonante fue un rumor, no fue uno cualquiera. Involucraba el robo de niños en una comunidad donde han desaparecido varios infantes sin dejar rastro.

La investigadora comenta a VICE que estas agresiones están vinculadas con la forma en cómo la población experimenta la falta de seguridad y justicia, en territorios donde se viven otros tipos de violencias, con pobreza estructural y altos niveles de marginación. En conjunto estos elementos forman un entorno donde la gente está convencida de hacer justicia por sí sola como única solución.

“México es un país con un problema severo de seguridad, de impunidad, donde las personas se han venido agotando (…) ese hartazgo social a veces se transforma en una agresión abierta y directa”, señala Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, quien añade que no se debe generalizar, pues no todos los habitantes señalados ni todas las comunidades que se sienten agraviadas participan en los actos violentos.

Luis Rodríguez Guillén, también investigador de la UAM, quien ha dedicado parte de su carrera a investigar este fenómeno, asegura que en las últimos tres décadas se han cometido más de mil 100 linchamientos, un fenómeno que continuará incrementándose mientras las autoridades no pongan freno a los delitos.

“Hay quien dice que es la ingobernabilidad, pero no. Es una cadena donde falla la policía, el Ministerio Público integra mal las averiguaciones y si a los jueces les llega mal integrada una investigación es muy seguro que van a liberar a los delincuentes”, comenta el catedrático y exculpa a los ciudadanos, pues considera que los verdaderos responsables son los encargados de impartir justicia.

A finales de 2017, en la alcaldía Tláhuac, al sur de Ciudad de México, los vecinos matan a golpes a un ladrón que le robó el aguinaldo a un anciano de 72 años.

El hijo de la víctima no puede detener al ladrón, quien huye en moto acompañado de un cómplice. Los gritos desesperados de auxilio alertaron a los pobladores, quienes los alcanzan. En el escape, uno cae y comienza una lluvia de puntapiés. Su secuaz no lo ayuda, escapa con el dinero. La turba lo sigue golpeando hasta someterlo y atarlo a un poste. Inmovilizado, los golpes continúan hasta que se convierte en un bulto sin reacción.

Varios minutos después la policía interviene. Lo intentan llevar a un hospital, pero el hombre muere en la patrulla a causa de un traumatismo craneoencefálico. Hasta la fecha se desconoce el nombre del linchado, como si el asalto hubiese borrado cualquier rastro de humanidad en su ser.

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Este tampoco es el primer caso de violencia popular en la ciudad que se presume como la más progresista del país. Su historial aplicando la ley del talión es largo. De acuerdo con los datos recabados por VICE, en la última década se han reportado 43 linchamientos e intentos de linchamientos en Ciudad de México. Es el tercer sitio a nivel nacional, por debajo del Estado de México, que acumula 75 reportes, y Puebla, con 55.

Rodríguez Guillén menciona que históricamente más del 60 por ciento de los linchamientos se concentran en estas tres entidades. Se cometen en zonas muy pobladas y con un nivel de delincuencia alto. En el caso de la capital mexicana, se registran en zonas de la periferia como Tláhuac, Iztapalapa, Milpa Alta y Cuajimalpa, donde sobreviven pueblos originarios con otras formas de organización, que se sienten amenazados con el avance de la mancha urbana y que históricamente han experimentado procesos de violencia por tierras y recursos.

La noche del viernes 3 de octubre del 2014, en la colonia Tablas del Pozo, los pobladores linchan a dos asaltantes de transporte público. Durante el atraco, los ladrones golpean a una mujer embarazada en el vientre, situación que desata la cólera colectiva. Los ladrones son superados por los pasajeros furiosos. Y pierden los cuchillos que usan para amedrentar.

El autobús de la ruta San Pedro-Santa Clara del municipio mexiquense se detiene y, con la ayuda de los vecinos, los asaltantes son retenidos y golpeados durante 30 minutos. La policía municipal acude al rescate apoyada por equipos antimotines. Con bombas lacrimógenas ahuyentan a la turba y rescatan a las víctimas en ambulancias. Ambos mueren en la clínica por las lesiones.

Es el más reciente linchamiento consumado en Ecatepec, Estado de México. Desde entonces, se han reportado cincuenta intentos más. Este municipio ubicado al norte de la capital mexicana tiene las cifras de linchamientos más altas y, si fuera una entidad, ocuparía el cuarto lugar nacional, según los datos recabados por VICE.

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Según los conteos de Rodríguez Guillén, el Edomex también es el estado que históricamente acumula más linchamientos en las últimas tres décadas. Por otro lado, los mexiquenses son también quienes padecen el índice de robos más alto a nivel nacional y la mayor cantidad de feminicidios.

El asesinato tumultuario más reciente se produjo en el municipio rural de Temascalapa, situado en los linderos con el estado de Hidalgo. ¿El motivo? Asalto a un camión repartidor de gas. Solo uno de los tres ladrones murió a causa de la golpiza colectiva; los otros dos fueron rescatados inconscientes por equipos antimotines.

A unos días del cambio de gobierno, el presidente Peña Nieto culminará su sexenio con México como el país más impune de América Latina y el cuarto a nivel mundial. Apenas se hace justicia en tres de cada 100 crímenes que se comenten en todo el país. Con este telón de fondo, Godínez Pérez pregunta: ¿Quién se atreve a enjuiciar la desconfianza popular en la justicia?

Conforme el fenómeno de los linchamientos se agudiza, se nota más la ausencia de cifras oficiales sobre muertos, detenidos y sentenciados. Por falta de estatus legal, estos delitos no son procesados, pero ésta es apenas una de las varias omisiones cometidas por las autoridades alrededor de los linchamientos.

Actualmente, no existe una estrategia integral que busque frenar los ajusticiamientos y salvo Puebla, en ningún otro estado existe un protocolo de actuación en linchamientos, sin importar que cada año se reportan alrededor de 27 intentos de linchamiento en promedio.

Para la doctora Godínez Pérez, es necesario implementar una estrategia que no solo se enfoque en la inseguridad y atienda aspectos urgentes para poblaciones marginadas, incluso con atención pedagógica en las comunidades donde se producen los linchamientos. La escasez de centros de estudio, de salud, fuentes de empleo e incluso formas de entretenimiento que ayuden a fortalecer el tejido social, son frentes que las autoridades deberían atender.

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Sobre la falta de una figura jurídica que castigue el linchamiento como delito, Francisco Rivas, director del Observatorio Ciudadano, considera que más allá de nuevas leyes, es necesario interés y voluntad de hacer cumplir las leyes, además de la capacidad del Estado para investigar.

“Es una realidad que tenemos un problema de respeto de la ley, a las autoridades, de credibilidad de las autoridades y que la gente quiere resolver los problemas dentro de mecanismos que no son los de la ley”, arguye el especialista.

“Es un fenómeno que está creciendo y parece que no hay forma de detenerlo mientras no se trabaje en el sistema de justicia. En la medida que la impunidad crezca, el delito crece. Sabiendo que hay impunidad los delincuentes siguen actuando y actúan con mayor frecuencia”, puntualiza Rodríguez Guillén.

Enrique Alvarado en Twitter: @kikin_agz

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