El poder bajo la tierra | Parte 2: La junta que maneja el crimen de Medellín por Blackberry

De finales de los años ochenta a 1995, la guerra se libró contra las Milicias Populares, organizaciones lideradas por guerrilleros, entrenadas en acciones de comando y con enorme poder de fuego. Ni comparación con las incipientes Brigadas Urbanas del EPL que asomaron en 1980.

Estas milicias decían formar parte de un movimiento de dimensión nacional surgido en 1986 en el municipio de Barrancabermeja, expandido por las principales capitales y por unas cuantas ciudades intermedias. Su discurso era el de la autodefensa comunitaria, justificado por el abandono estatal y por la incapacidad de las autoridades para garantizar la convivencia en los barrios obreros. Su método de control era el castigo público. Si una pandilla mantenía sometidas a las familias de una cuadra, los milicianos aparecían armados, retenían a los muchachos, los amarraban y, delante de las personas, asesinaban a dos o tres, no sin antes advertir que era un ajusticiamiento. Dejaban vivos a uno que otro para que pusiera a correr la historia de que el barrio ya estaba controlado por las milicias. Durante las primeras semanas, escondían su rostro con una capucha y andaban con fusil al hombro.

En el área metropolitana de Medellín se aglutinaron en tres facciones: Milicias Populares del Pueblo y para el Pueblo, Milicias Metropolitanas y Milicias Independientes del Valle de Aburrá. Desde su llegada atacaron a las bandas de sicarios porque decían no admitir delitos que afectaran la convivencia de la comunidad y, a su vez, a las bandas de autodefensa porque las consideraban grupos paramilitares apoyados por la fuerza pública.

Para finales de 1990, las milicias ya se habían impuesto en buena parte de la urbe y se habían nutrido con miembros de bandas derrotadas. Sus cabecillas se quitaron la capucha y se hicieron llamar con nombres comunes —Federico, Julio, Lucho, Pablo— para evitar que los apodaran con los alias habituales de los bandidos. En el mapa de Medellín se podían encontrar en las comunas de la zona norte —de la 1 a la 7—, en la Centroriental —la 8— y en barrios pobres del sur del Valle de Aburrá.

—Cuando se tomaron la Nororiental —me contó Héctor—, las milicias me citaron como líder de la banda más grande que había en la comuna. Nos reunimos en una casa del barrio Popular. Y me pidieron que me les uniera, que mis ochenta hombres pasaran a integrar las Milicias Populares del Pueblo y para el Pueblo. Yo estaba bien parado con el Cartel y les dije que no. Y entramos en guerra: me tocó sacar a mi familia y a mis amigos, y me quemaron la casa. Lo mismo estaba pasando en otras comunas. Otros cabecillas de bandas se habían resistido a las milicias y las enfrentaban. Así que nos encontramos los cabecillas y nos dijimos: ¿Vamos a dejar que a la ciudad se la tome la guerrilla?

Según Héctor, estas bandas se unieron en un solo comando y juntaron no menos de seiscientos gatilleros para combatir a las milicias. A partir de entonces, se encendieron combates de tipo militar en muchas comunas que, sumados a otras guerras paralelas, hicieron a Medellín alcanzar en 1991 la tasa de homicidios más alta en la historia de una ciudad que no se encontraba en una guerra entre estados: 371 por cada cien mil habitantes, 6.349 muertes violentas, casi diecinueve asesinatos al día. Ninguna de las ciudades mexicanas o centroamericanas que se despedazan desde 2006 ha registrado una tasa cercana. Es más, difícilmente se han acercado a la barrera de los doscientos homicidios por cada cien mil habitantes.

—Fue la época más brava de la violencia aquí —dijo Héctor—. Mire, de un lado, la unión de bandas contra las milicias; de otro, las bandas que no hacían parte de esa unión también se estaban dando plomo contra otras bandas por el dominio de los negocios. Igual, el Cartel y su oficina de sicarios estaba en guerra contra la policía, pero también contra las milicias porque las milicias ya habían secuestrado familiares de socios de Pablo Escobar.

La violencia exacerbada continuó hasta 1996 y empezó a moderarse después de 1997. Ayudó la muerte de Escobar, pero lo que redujo la tasa de homicidios de Medellín fue la desmovilización de las milicias tras un acuerdo con el gobierno nacional y unos pactos con las bandas. La reducción no fue poca cosa: de más de trescientos homicidios por cada cien mil habitantes entre 1990 y 1992, pasó a los 160 entre 1997 y 2000. Cifra que, de todos modos, situaba a la ciudad como una de las cinco más violentas del planeta.

En los años siguientes, hasta 2001, las bandas pasaron por un proceso de especialización tanto en su engranaje como en su capacidad de fuego.

Luego de haber salido prácticamente vencedoras de la guerra contra las milicias, las bandas se entronizaron en los barrios y se propusieron que nunca más otra organización podría arrebatarles el control del territorio. Para ello establecieron límites: de tal esquina para acá manda la banda de sutanito; de tal esquina para allá la de perencejo. Si alguien externo se atrevía a franquear esos límites para vender drogas, cometer atracos o cualquier otro crimen, caía asesinado. También mataban personas que no tenían nada que ver con ilícitos y cuyo único pecado había sido cruzar caminando una esquina que las bandas habían establecido como límite. Esta fue la génesis de las denominadas ‘fronteras invisibles’.

En algunas comunas, sobre todo de la 1 a la 7, la mayoría de las bandas logró una convivencia relativamente tranquila. Había homicidios y había drogas y extorsión al comercio, pero no guerras entre ellas. De hecho, algunas bandas se dejaron aglutinar por otras que eran más grandes y mejor armadas. La que más creció se llamaba La Terraza. Había surgido en la Comuna 3, pero para 1998 tenía bajo su dominio a la mayoría de las estructuras armadas de toda la zona oriental de Medellín. Sin cifras verificadas —de nuevo—, la prensa dijo que esta organización llegó a reunir unos mil gatilleros.

En otras comunas, en cambio, especialmente en la 8 y la 13, los enfrentamientos armados en las calles eran un asunto cotidiano. En ambas prosperaron unos reductos de milicias que le hicieron el quite al acuerdo con el gobierno nacional. Los de la 8 estaban reivindicados como milicias de la guerrilla del ELN y en la 13 se distinguían dos bandos: uno, de gente independiente que se hacía llamar Comandos Armados del Pueblo, CAP, y otro, de la guerrilla de las FARC, que se denominaba Milicias Bolivarianas.

Con el cambio de siglo llegó el paramilitarismo organizado al Valle de Aburrá. El proyecto de expansión de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, pisó las calles de los barrios más altos y marginales de las comunas del norte de Medellín. De nuevo, hombres con capucha, fusiles al hombro y en camuflado se enfrentaron a las bandas barriales. Sin mucho afán, absorbieron a las más pequeñas. Juan Carlos Tabares, un líder de la comuna 6, me contó que en las cuadras del barrio Picacho siempre había estado la Banda de Frank. Pero con la llegada del Bloque Metro de las AUC, Frank y sus hombres desaparecieron. Varios fueron asesinados y muchos de los que sobrevivieron terminaron incorporados como pie de fuerza paramilitar.

—A lo largo de todos los años que llevábamos de violencia —detalló Tabares—, habíamos aprendido a reconocer a la Banda de Frank. Eran pelaos, usaban armas cortas, eran gente del barrio. Pero el Bloque Metro era otra cosa. Se veían como un grupo de aspecto militar y cada vez que había balaceras no había donde esconderse porque eran tiros de fusil que atravesaban las paredes y los techos.

Contra las bandas más grandes, las AUC implementaron otra estrategia. Primero, buscaron a los jefes para ofrecerles plata a cambio de integrarse al Bloque Metro junto a sus gatilleros. Si no aceptaban, los declaraban objetivo militar. Por esos días, Héctor estaba preso en la cárcel de Bellavista tras asesinar a un sargento de policía. Dentro de la prisión se había encontrado con otros cabecillas. Unos, rivales. Otros, aliados. Todos seguían controlando buena parte de sus estructuras en los barrios, sin que su condición de reos fuera un inconveniente. Entonces, las AUC hicieron internar en esa cárcel a uno de sus hombres para que los convenciera del proyecto paramilitar. Su alias era Gallo.

—Un hijueputa embambado y empistolado que se movía por todos los patios como le daba la gana —me dijo Héctor, con una mueca de fastidio y un tono que dejó ver la aversión que llegó a sentir por aquel hombre.

Durante las semanas previas a la toma frontal de Medellín por parte de las AUC, Gallo se dejaba ver conciliador y amistoso. A los cabecillas les decía sonriente: “¿Estamos?”. Pero apenas el Bloque Metro arremetió contra las bandas pequeñas, Gallo cambió su actitud. Confrontó a los cabecillas más importantes: “Están con nosotros o están contra nosotros”. A Héctor le dijo que si seguía reacio a integrarse a las AUC, que se lo dijera al patrón.

—Al rato me entró una llamada al celular y escuché una voz que me saludó: “¡Qué hubo hombre!”. La reconocí de una. Era Carlos Castaño. Me dio un susto tan hijueputa que ahí mismo me puse a llorar. Yo que había visto en televisión a ese man matando tanta gente… Parcero. Esas masacres tan aterradoras…

Héctor lo saludó con reverencia. “Ay, mi señor”. Y luego de que Castaño, como comandante máximo de las AUC, le insistiera que se uniera a ellos, Héctor le dijo que no, que no podía, que “respetaba mucho” el proyecto paramilitar, pero que no iba a involucrarse en esa guerra porque había emprendido unas conversaciones de paz entre las bandas. Que su decisión era permanecer neutral y que le prometía que nunca iba a influenciar a sus hombres para que se volvieran guerrilleros. Castaño le contestó: “¡Cómo que neutral! ¡A usted quién le dijo que un carro en neutro camina! ¡El mensaje es claro y contundente!”. Y le colgó el teléfono.

—Al otro día, Gallo me volvió a preguntar pero ya en tono burlón: “¿Estamos o no estamos?”. Yo, en realidad, me sentía casi vencido. Pero ante la arrogancia de ese paramilitar, lo miré y le dije: “¿Sabe qué, llave? Yo lo que soy es un bandido. Usted es un paraco. Y antes de ustedes llegar a Medellín, ya nosotros estábamos barriendo a esos milicianos. Entonces, dígale a su patrón que lo respeto mucho, pero que no estamos”.

La actitud de Héctor no fue excepcional. Aunque muchas bandas se dejaron reclutar, felices, por el proyecto paramilitar, hubo muchas otras que no. Una nueva guerra comenzó. Una muy desigual. Las AUC contaban con el apoyo de amplios sectores de la fuerza pública.

Los operativos en los barrios tenían dos momentos. Entraba un grupo de veinte o treinta agentes de policía con unos cuantos paramilitares. Usaban chalecos antibalas, equipos de visión nocturna y armamento liviano de gran poder como pistolas con silenciador. También podía ocurrir que una escuadra del ejército entraba a un barrio y sin mediar palabra disparaba a matar contra los cabecillas de las bandas sin que estos estuvieran armados o en actitud de combate. Luego quedaba el territorio dispuesto para que fuera tomado por el Bloque Metro. Si algún miembro de banda quedaba vivo y seguía sin unirse al proyecto paramilitar, le mataban a la familia. Y de maneras atroces: padres de familia llegaron a ser prendidos en gasolina, decapitados, descuartizados. Una cantidad de casas de barrios marginales fueron incineradas.

Entre 2002 y 2003, las AUC activaron una cruenta trasmisión de mando en el Valle de Aburrá. Un nuevo bloque que se hizo llamar Cacique Nutibara aniquiló al Bloque Metro. Con el tiempo se supo que este bloque reunía al pie de fuerza de las organizaciones de narcotráfico del área metropolitana. Su comandante era alias don Berna, un hombre cuya carrera criminal puede ser considerada el resumen de las violencias que hasta aquí he descrito. Se inició como guerrillero del EPL, pasó a ser gatillero del Cartel de Medellín en la Oficina de Envigado e integró el grupo de civiles armados que subrepticiamente le ayudó al Estado a dar de baja a Pablo Escobar y que se hizo llamar Los Pepes. En la segunda mitad de los años noventa, se convirtió en el nuevo jefe del narcotráfico en la ciudad, para finalmente transformar a su oficina de sicarios en un bloque paramilitar.

Desde entonces, alias don Berna se volvió moneda de cambio en los artículos de prensa nacional. Y el término ‘Oficina de Envigado’ dejó de ser un concepto ligado a los capos de los años ochenta para cobrar nueva vigencia como una organización que se había complejizado. Ya no solo era un manojo de sicarios. Toda la mafia imbricada con equipos profesionales de fútbol, constructoras, inmobiliarias, discotecas y restaurantes, compraventa de carros, casas de cambio, hoteles, distribuidoras de alimentos, empresas de transporte, entre otros negocios, procedía de esta organización. Era la confirmación del ascenso: los que habían empezado en la escala más baja de la criminalidad —los pelaos del gatillo— eran los nuevos patrones multimillonarios.

Con unas AUC colosales —más de 31.000 hombres, cuando las FARC apenas llegaban a los 20.000—, el gobierno nacional dio inicio a un proceso de paz para desmovilizarlas. Entre 2003 y 2006, la mayoría de estos hombres entregaron armas y se sometieron a los procesos de justicia transicional. Ante los jueces, contaron una parte de sus verdades. Se supo que don Berna había reclutado a un amplio sector de bandas barriales de Medellín. Se supo que la banda La Terraza había servido de fuente de sicarios para los amos del narcotráfico una vez muerto Pablo Escobar, pero luego había entrado en una guerra brutal contra don Berna. Se supo que la Oficina de Envigado operaba ya no solo en ese municipio, sino también en casi todos los que conforman el área metropolitana. En consecuencia, era más preciso denominarla Oficina del Valle de Aburrá o, simplemente, La Oficina. Se supo que el lado más seguro y lucrativo para continuar con el negocio de drogas era el mercado interno, ya no el externo. Y que en las ciudades existían redes de distribución en cabeza de hombres que habían hecho el tránsito completo: delincuencia común, narcotráfico, paramilitarismo y, ahora, microtráfico.

En esos años, Medellín redujo sus tasas de homicidios a niveles insospechados. Como no había guerra entre bloques paramilitares, ni entre facciones de narcotráfico, ni entre bandas, la ciudad afrontaba apenas los homicidios habituales de una sociedad, de un país, que anda armada por costumbre y que por costumbre soluciona sus diferencias matándose. Entre 2005 y 2008, la cifra siempre estuvo por debajo de los cincuenta homicidios por cada cien mil habitantes.

La prensa y los políticos de turno dijeron que era el éxito de las iniciativas de inclusión, educación y participación ciudadana de la alcaldía de Sergio Fajardo. Luego se contradijeron al decir que esa “pacificación” de Medellín solo había sido posible porque don Berna, como figura de máximo poder, mantenía unificado el mando de las estructuras criminales y porque la orden era que nadie debía ser asesinado para demostrar que las AUC sí tenían esa capacidad de control y estaban dispuestas a contribuir a la paz de Colombia. Algunos líderes de opinión llamaron sarcásticamente a este periodo la “Donbernabilidad”. Jorge Melguizo, como mano derecha de Fajardo, me dijo:

—Es verdad que los pactos y acuerdos entre cabecillas del mundo criminal han ayudado a bajar las tasas de homicidio de Medellín. Y que la policía y fuerzas se han fortalecido y hacen mejor su trabajo. Pero nada de eso hubiera sido suficiente para reducir la violencia sin los programas sociales que hicimos desde la alcaldía. Cuando entramos al gobierno, en 2004, la Nororiental era una de las dos o tres comunas más violentas. Hoy es una de las que más redujo sus índices de violencia. Pero es que allá se invirtieron 300 millones de dólares en programas sociales.

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Desde 2008, los hechos han sido de mayor dominio público. Don Berna fue extraditado. Dos de sus hombres, alias Sebastián y alias Valenciano, se trenzaron en una guerra por conquistar la Medellín subterránea. La mayoría de las bandas del área metropolitana se pusieron del lado de Sebastián, o Sebastián las cooptó. Quizá por ello, las autoridades determinaron que esta facción era la estructura central de La Oficina. Valenciano recibió el apoyo de un grupo de hombres que habían formado parte de las AUC, pero que no se habían integrado a la desmovilización, que estaban asentados en la zona del Urabá, al noroccidente del país y que se hacían llamar Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC. Esta guerra volvió a elevar las tasas de homicidios de Medellín, pero no hasta los niveles de la década del noventa.

Tras la captura de estos dos capos, hubo un breve limbo. Entre 2011 y 2013, las bandas reacomodaron sus estructuras, se acantonaron en sus barrios y resistieron la embestida de las AGC. Por estar integradas por antiguos hombres del paramilitarismo, algunos teóricos denominaron “neoparamilitar ” a esta fuerza, aunque el gobierno nacional nunca ha querido reconocer su carácter paramilitar y les ha dado trato de organizaciones de narcotráfico al llamarlos El Clan del Golfo, Los Urabeños o El Clan Úsuga David. El caso es que para 2011 las AGC tenían el control de rutas de narcotráfico internacional, la conexión con los mexicanos intermediarios que meten la cocaína al mercado gringo y una participación importante en las minas de oro informales del Chocó y Antioquia. Sin embargo, lo que prometía ser una guerra larga y sangrienta se detuvo. En algún momento, los cabecillas de las bandas barriales y los jefes de las AGC se sentaron a negociar una tregua o un acuerdo de no agresión y de respeto al dominio que cada cual tenía de sus territorios. Según informaciones de inteligencia, esta negociación fue sellada en julio de 2013 y recibió el nombre Pacto del Fusil.

De nuevo, la historia se repitió: las tasas de homicidio de Medellín bajaron y el alcalde de turno, Aníbal Gaviria, se llevó el mérito.

Aquí surgen preguntas. ¿Cómo negociaron las bandas esa guerra con las AGC? Sobre todo, sabiendo que entre ellas mismas existían pugnas internas que por momentos las hacían matarse entre sí. ¿Fue entonces cuando al parecer pasó lo que pasó? ¿Fue ahí que entendieron que ninguna era más que la otra? ¿En ese momento le dieron vida a esa mesa de poder horizontal a la que luego llamaron Dirección Colegiada? ¿Entendieron que si todas juntas habían logrado detener la guerra contra los neoparamilitares, también podían negociar con el Estado y los gobiernos?

Nos sentamos en un café exterior de la Biblioteca Pública EPM. Su historia personal también estaba atravesada por la violencia en los barrios, las bandas, las guerras del narcotráfico, las milicias, el paramilitarismo. Había pasado por la cárcel de Bellavista y sabía quién era Héctor.

Pedimos tinto.

En días anteriores, yo me había entrevistado con académicos de ONG dedicadas a estudiar la violencia en el Valle de Aburrá y con líderes comunitarios de barrios en comunas críticas. Aunque con matices, todos coincidían en que existía una estructura de poder criminal conformada por varios miembros que se reunían para tomar las decisiones más relevantes. Algo parecido a lo que se sabía o se había visto en películas de las mafias italianas. “Es que estos hombres aprenden del cine”, me dijo sin asomo de ironía Luis Fernando Quijano en una sala de reuniones en la sede de la ONG Corpades, que investiga estos temas desde hace dieciocho años.

Arranqué la charla con Hernando advirtiéndole que la sola idea de la existencia de una mesa de poder horizontal con el control total sobre la vida y la muerte en el Valle de Aburrá me sonaba fantasiosa o derivada de teorías de conspiración. Cuando menos exagerada. ¿De qué manera podía probarse la existencia real de esta estructura?

—Mire hermano, ¿por qué en la ciudad hay pocos homicidios en estos momentos? —me dijo, calmado, sin vanagloria—. Porque todos los jefes de las bandas están unificados en una misma esperanza. La esperanza de que si se conservan unidos y mantienen la ciudad en paz van a lograr que el gobierno nacional los mire y les dé una oportunidad de un proceso de paz.

Consciente de que al presentar las cosas así soslayaba el funcionamiento del Estado, me lanzó otra pregunta:

—¿Quién regula la paz en los barrios? Váyase para cualquier barrio con su mejor teléfono, váyase con sus mejores equipos de televisión y verá que ni lo roban ni le toca pedir permiso. ¿A cuál barrio quiere ir? Verá que nadie lo toca. ¿Por qué? Porque las bandas son las que tienen el control y todas responden a la Dirección Colegiada.

En este punto yo hubiera podido argüir que la vez que entrevisté a Pedro, el cabecilla de la Banda de Caicedo, me dijo que yo era bienvenido, pero que no se me ocurriera volver al barrio Esfuerzos de Paz sin avisar antes o sin la compañía de los líderes comunitarios. Pero no se lo dije a Hernando porque mi estrategia no era confrontar para desvirtuar, sino escuchar para entender. Le pregunté, entonces, cómo era el mecanismo de control que ejercía la Dirección Colegiada sobre las bandas. Dijo:

—La ciudad ha cambiado mucho. Ya no hay enfrentamientos entre bandas en todas las comunas. Si ahora comienza un enfrentamiento entre dos bandas en una comuna, toda la ciudad se entera. Y ahí mismo entra la Dirección Colegiada a operar. Convoca a uno de los jefes de la zona. El jefe de zona va donde el coordinador del barrio. El coordinador del barrio va donde el jefe de la banda. Esa cadena se mueve de inmediato. Así les llegan a los que hicieron los tiros. Les preguntan qué pasó, les piden explicaciones. Y esas explicaciones llegan a la Dirección Colegiada. Y se toman decisiones para contener el avance de ese enfrentamiento. Hay una reacción inmediata para evitar que se arme una guerra.

—Pero en las calles de todos modos hay homicidios. ¿A qué obedecen, entonces?

—Por supuesto que hay homicidios. Unos obedecen a confrontaciones entre bandas por su propia dinámica de trabajo. Pero son muy mínimos. La mayoría son por cuestiones de convivencia. Y hay otros que son acciones de sicario, que casi siempre tienen que ver con cosas del narcotráfico internacional que es un tema en el que la Dirección Colegiada no se mete. Lo de ellos es la economía interna. Y en eso, ya es muy difícil matar a una persona. Ya no es la carnicería que era antes porque todo está controlado. Es muy lógico que al interior de una banda, el uno quiera matar al otro por envidia o por quitarle la plaza de vicio. Eso ya no se hace, no lo puede hacer, porque tiene que pedir permiso. Y permiso no le dan.

—¿Cuál es la necesidad real de que una estructura de crimen organizado, como ha sido La Oficina, esté queriendo sustentar la teoría de que ahora son una Dirección Colegiada de grupos armados urbanos? ¿Cómo entender ese giro?

—Para tener una estructura de unidad de mando —contestó.

—¿Para que el Estado les otorgue perfil político?

Hernando dudó en responder. Al segundo, dijo:

—Ellos tampoco aspiran a ser una organización política como la guerrilla. Pero sí aspiran a que se les reconozca su accionar político, social y militar que tienen en unos barrios donde el Estado no ha tenido presencia.

—¿Y ese reconocimiento en qué consistiría?

—Un eventual proceso con el Estado que les lleve a establecer unos acuerdos jurídicos y sociales que les permita a ellos el acogimiento colectivo a la justicia. Ellos tienen esperanza de que si se conservan así unidos y tienen la ciudad en paz van a lograr que el gobierno los tenga en cuenta y les den unas facilidades para un acogimiento a la justicia. Ellos no piden no pagar, ellos quieren pagar. Pero con unas condiciones dignas de reclusión, con unos acuerdos jurídicos válidos, hermano, que les permita acogerse a la justicia. No es un sometimiento a la justicia porque es que ellos no se consideran unos criminales vencidos a los que solo les queda la opción de someterse. Es acogerse a una oportunidad jurídica y social que les brinden desde el Estado.

Hernando añadió que se refería al concepto “social” porque los cabecillas también incluían a los hombres bajo su mando y a los combos de gatilleros. De darse aquella negociación, habría que involucrar a “una cantidad de jóvenes que están ávidos de oportunidades para salirse del conflicto”.

—Procesos que a los cabecillas les permitan la transición de sus liderazgos —agregó—, para poder, como líderes del barrio, aportar a la convivencia y al Estado de Derecho mediante procesos institucionales. Convertir sus liderazgos en liderazgos positivos. Hermano, seamos realistas: usted en un barrio de esos encuentra jóvenes y niños con ganas de matar y de ser bandidos, porque el primer ejemplo de éxito que ven es al cabecilla. Entonces, los cabecillas quieren que mediante procesos institucionales ellos se conviertan en gestores de paz y sean un referente diferente para esos pelaos. Que los pelaos vean que ese que era un cabecilla que andaba en un carro lujoso y armado, ya se acogió a la justicia, está pagando sus culpas y va a regresar al barrio a trabajar con una comunidad organizada. Hermano, vea: usted a un joven de esos lléguele con un sacerdote para que vea cómo se lo gozan. Lléguele con la persona de mayor autoridad moral para que vea cómo se lo gozan. Pero vaya que un cabecilla sea quien le diga que ni las drogas ni la violencia son vida y verá que sí lo escuchan. Es esta la autoridad que estos cabecillas pueden aportar, desde el ejemplo de lo que no se debe hacer.

¿Existían otros motivos para exponer la organización de la Dirección Colegiada? Héctor, el veterano exmiembro de las bandas barriales, me había dado a entender que el asunto también estaba mediado por el orgullo. Estos cabecillas habían llegado a un momento en sus vidas en que se sentían intocables por otras organizaciones. Luego de haber negociado la paz con las AGC, sabían que en el país no había ninguna otra fuerza capaz de arrebatarle el poder sobre la Medellín subterránea. Hernando me confirmó la interpretación y fue más concreto en su análisis. Dijo que todos los integrantes de la mesa de poder horizontal eran mayores de cuarenta años y que todos eran considerados “viejaguardia” porque habían sobrevivido a las guerras urbanas desde el Cartel de Medellín hasta acá. Así que todos se habían propuesto no permitir que La Oficina volviera a ser comandada por un capo, por un narcotraficante multimillonario. Después de la caída de alias Sebastián se hicieron la pregunta: “¿Vamos a dejar que al Valle de Aburrá se lo vuelva a tomar un capo y nos ponga a trabajar para él?”.

—Ellos dicen que nunca más van a permitir que La Oficina, que Medellín, esté bajo el dominio de personas a las que solo les importa el dinero, que solo les importa la guerra, y que luego, cuando el problema está bien grave, se van y les dejan a las bandas la guerra prendida. “¡Mátense, entonces!”. O capturaban al uno, se iba extraditado y paila: “¡Mátense!”. Ya ellos entendieron eso. Ya no son los güevones de nadie. Ni son los trabajadores de nadie.

De los varios matices que me dieron otras fuentes acerca de la Dirección Colegiada, le cité dos a Hernando. De una parte, Nelson Mata, reportero judicial del periódico El Colombiano, dedicado como pocos a entender la criminalidad en el Valle de Aburrá, me explicó que en su análisis la Dirección Colegiada era apenas una facción que recogía unos cuantos cabecillas, sobre todo los que se encontraban bajo la sombra de Carlos Chata y estaban situados en el noroccidente del área metropolitana. Me dijo también que los del nororiente no le entraban a ese esquema porque eran más cercanos a alias Douglas, un veterano que había sido cabecilla de la banda La Terraza en los años noventa y que ahora parecía estar con Los Triana.

Cité también lo que me dijo Luis Fernando Quijano en Corpades: que la tal Dirección Colegiada solo era una estructura de subjefes o de comandantes de gatilleros que podían tomar algunas decisiones de tipo militar, pero no de asuntos superiores como relaciones políticas y lavado de dinero. Estas instancias estaban reservadas para los verdaderos jefes de la mafia del Valle de Aburrá, de quienes, en opinión de Quijano, nadie hablaba y que podían ser considerados la continuación del Cartel de Medellín.

Hernando no se enganchó con ninguna de las dos explicaciones. Dijo que desde los escritorios se podían afirmar muchas cosas, pero que la realidad solo se sabía en la calle. A manera de prueba, me explicó cómo estaba conformada la Dirección Colegiada aunque no mencionó nombres. Dijo que en la mesa eran quince personas. Unos estaban presos. Otros, en la clandestinidad, identificados por las agencias de inteligencia y con la presión de que en cualquier momento los podían atrapar. Y unos más sin rostro, libres por la calle, que la policía ni siquiera perseguía y que disfrutaban de vidas corrientes como propietarios de negocios legales. Para tomar una decisión, primero se reunían los que estaban en la calle sin problemas judiciales y ponían lo acordado en conocimiento de los clandestinos. La concertación final se la comunicaban a los encarcelados. La toma efectiva de la decisión dependía de que las tres instancias estuvieran de acuerdo.

—Así les queda difícil —acotó Hernando—, pero no les importa. A veces les toca repetir dos veces este proceso de concertación, pero no les importa. Prefieren eso a dejar las decisiones en manos de una sola persona. Además, tienen buenos métodos de comunicación.

Le pregunté cuáles, y me contestó que chats en redes sociales y el chat de BlackBerry.

—¿BlackBerry? —me repetí en voz alta, asombrado por lo anticuado del aparato. Le pregunté la razón. Dijo que era una comunicación más difícil de rastrear, aunque nada más la usaban para concertar citas—. No parece muy creíble —observé.

Hernando me miró con la sonrisa indulgente que un adulto le hace a un niño, como si me estuviera diciendo: “ingenuo”. Se echó hacia atrás forzando el espaldar de la silla, dándoles espacio a los bolsillos del pantalón para que sus manos extrajeran algo. En seguida, dejó caer sobre la mesa un smartphone brillante y un BlackBerry ajado. El gesto era impulsivo y me decía dos cosas: que no era una ficción, y que él se comunicaba con la Dirección Colegiada.

Desde el primer día que estuve en Medellín terminando el trabajo de campo para esta crónica, en abril de 2017, el director editorial de VICE Colombia intentó tramitar una cita con el alcalde Federico Gutiérrez o con el secretario de seguridad Gustavo Villegas, a través de la oficina de comunicaciones de la secretaría de Seguridad. Fue imposible. Le dijeron que era mejor hablar con la policía. La revista insistió. La crónica que preparábamos cubría aspectos políticos y lo más conveniente era el contraste con el gobierno local. Pero la respuesta, luego, fue remitirnos a una rueda de prensa que Gutiérrez y el vicepresidente Óscar Naranjo iban a dar en esos días en Medellín.

No pude asistir. Pero en mi lugar fue el reportero gráfico que me acompañaba. Como en cualquier rueda de prensa, ningún periodista pudo sostener un diálogo con los dos dignatarios. Sobre el tema de esta crónica, el alcalde dijo que ya Medellín no era la “zona de confort de la criminalidad”. Y Naranjo añadió toda suerte de vaguedades: que había que obtener “victorias tempranas estratégicas” y “sumar esfuerzos”, que había “crimen organizado que había que someter al imperio de la ley” y que la ciudad lograba de manera “sostenida y duradera” la participación ciudadana en la lucha contra la delincuencia.

Terminada la ronda de preguntas, Gutiérrez llevó a Naranjo a dar un paseo a pie por una de las calles más comerciales y concurridas del barrio Castilla, en la Comuna 5. Quizá como prueba de que aquel paraje era un territorio recuperado por el Estado.

Ni VICE ni yo pudimos contrastar lo que Hernando, como hombre de La Oficina, me había dicho sobre las acciones de la alcaldía. Una primera pregunta para el alcalde Gutiérrez habría sido: ¿Hasta qué punto es cierto que la paz en los barrios está garantizada por el control de las bandas? ¿Y en qué medida la reducción de homicidios en los últimos años —las tasas más bajas en cuatro décadas, alrededor de veinte por cada cien mil— respondía a la ‘buena voluntad’ de las bandas en vez de al trabajo de las instituciones del Estado?

Otro punto habría tenido que ver con las estadísticas de capturas y golpes al crimen organizado. En los primeros tres meses de 2017, el gobierno local adelantó más de cuarenta operaciones y la policía capturó a más de doscientas personas vinculadas con las bandas, entre ellos a una docena de cabecillas y mandos medios. Sobre esto Hernando me dijo: “Son simplemente trofeos, para ganancias politiqueras. Para salir en las redes sociales como los Superman de la ciudad. A los jefes de la Dirección Colegiada ya no les interesa cómo salga el alcalde. Han pasado por tantas situaciones, que eso no les importa. Si lo ven en redes sociales mostrando que capturó a un tipo que se robó un reloj, se lo gozan”.

Luego emitió una risa burlona cuando lo confronté a la afirmación del presidente Santos de que en Medellín solo hace falta capturar a alias Carlos Chata. “Según dicen, en esta ciudad solo falta capturar a un cabecilla y ya. Se acabó el problema”. Entonces, alcalde Gutiérrez: ¿Es verdad que en Medellín solo falta atrapar a Carlos Chata y se acabó la vaina? ¿Y qué pasaría con los otros cabecillas que cargan ya un prontuario de temer como alias Carlos Pesebre, para solo citar uno? ¿Y con las pandillas armadas y expendedoras de drogas que obedecen a estos cabecillas? ¿Qué futuro les ofrece el Estado?

Un tercer tema habría sido el control territorial y la aparente agenda comunitaria de las bandas. Si algo ha quedado claro en cuarenta años de violencia urbana en el Valle de Aburrá es que los núcleos de muchachos que se agrupan en pandillas o combos, y que luego son reclutados por las bandas, han ejercido ciertas acciones que le corresponden al Estado. Y han establecido límites territoriales. En otras palabras, han desempeñado roles paraestatales que las comunidades difícilmente pueden rehusar.

“Usted en ningún barrio encuentra una oficina para la resolución pacífica del conflicto”, me dijo Hernando. “Si los de una comuna tienen un problema, deben ir a una casa de justicia de otra comuna por allá lejos, pagar el pasaje, hacer la fila y no los atienden. Son una cantidad de problemas que la Dirección Colegiada ha ido llenando porque cada cabecilla y sus pelaos tienen una presencia histórica en sus comunas, porque son los hijos del barrio. No son unas fuerzas de ocupación que vinieron de otra parte”. Entonces, otras preguntas más para el alcalde Gutiérrez podrían ser: ¿Todavía existen fronteras invisibles? ¿En qué medida las bandas ejercen control territorial, aun cuando en los barrios de las comunas populares no falta la policía? ¿Y en qué medida las bandas cumplen real y efectivamente algunas funciones que deberían ser exclusivas del Estado?

Para ser justos, el alcalde Gutiérrez no ha negado la existencia de la Dirección Colegiada, pero tampoco la ha confirmado. En su labor como líder social, antes de ser alcalde, exponía con vehemencia argumentos y circunstancias con las que demostraba que hay zonas de Medellín tomadas por las bandas. Un defensor de derechos humanos, ubicado en la Comuna 7, que me pidió no mencionar su nombre, me dijo: “Cada seis meses, el alcalde hacía análisis sobre este tema y los llevaba a las mesas de derechos humanos. Allí los escuchábamos. A veces coincidíamos. Otras discutíamos”.

En aquel recorrido que el alcalde hizo por el barrio Castilla, justo después de la rueda de prensa con el vicepresidente Naranjo, mi reportero gráfico finalmente pudo lanzarle una pregunta a Gutiérrez: “¿En qué medida se puede decir que los procesos comunitarios en los barrios son compartidos por las instituciones del Estado y las bandas armadas?”. “No, mire, aquí lo más importante es recuperar todos los territorios para la gente”, contestó Gutiérrez. “Y eso se hace con confianza y con institucionalidad”. Añadió que Medellín tiene una característica: “Hay tejido social. Podés ir a cualquier zona, sobre todo las que más han sufrido violencia, y vas a ver que es donde hay más organización comunitaria. Porque ellos mismos han tenido que resistir la violencia. En los momentos de mayor violencia en la ciudad, las organizaciones sociales han estado más a la altura de la exigencia que el mismo Estado”.

Antes de despedirme de Hernando, le pedí contactarme con el abogado o uno de los abogados que adelantan la defensa jurídica de la Dirección Colegiada o de sus cabecillas. Me dijo que estaban fuera de la ciudad, pero que apenas llegaran les daría el mensaje. Le dije, entonces, que me pusiera en contacto con algunos cabecillas clandestinos. Se quedó pensando unos segundos y dijo que lo veía más factible. Volvió a quedarse callado y al cabo dijo que me iba a poner en contacto con la Banda de los Chata. Que él les daba el mensaje. Luego ofreció llevarme en su carro al punto donde había quedado de verme con una amiga para almorzar. No me pude negar. Cuando llegamos al sitio, uno de los parques del barrio Laureles, Hernando sacó su smartphone y comenzó a sacar fotos. Por la ventana izquierda, por el panorámico y, al poner la cámara sobre la ventana derecha, se enfocó en mi cara sin recato. Se llevó varias fotos de mi rostro. Me bajé y me puse a esperar a mi amiga. Hernando siguió allí, disparando fotos. Nervioso, me moví ligeramente hasta quedar detrás de una caseta de dulces de esquina. Poco después vi el carro perderse por una bocacalle.

Un ejercicio de futurología: en el supuesto de que el Estado aceptara que La Oficina es una federación de bandas armadas barriales tipo autodefensa y que, en consecuencia, le extendiera una oportunidad distinta a un sometimiento a la justicia, ¿estarían en honesta disposición de entregar lo que han acumulado en casi cuarenta años?

Desde el surgimiento de este fenómeno a mediados de los años ochenta, el tesoro real por el cual se desataron tantas guerras ha sido el control de los recursos de los territorios. Es decir, el control de la población y del espacio geográfico para dominar los mecanismos económicos del territorio, legales e ilegales, y las decisiones políticas de la comunidad.

De sus días con el Cartel de Medellín, las bandas aprendieron a lavar el dinero ilícito en negocios formales y ajustados a la ley. Los cabecillas compraron inmuebles, montaron tiendas y otros comercios, compraron taxis, busetas y vehículos de transporte público, e incorporaron estas actividades a la vida cotidiana de los barrios. De las milicias populares retomaron la estrategia de intervenir en las organizaciones políticas de base. Hubo cabecillas que empezaron a hacer parte de juntas de acción comunal, a financiar iniciativas comunitarias y a crear ONG y cooperativas con las que lavaban dinero ilícito y participaban en la contratación del Estado para desarrollar proyectos sociales. Así mismo, les quedó la práctica de establecer límites territoriales o fronteras invisibles para ejercer con más rigor el control del espacio público. Más tarde, tras la guerra con el paramilitarismo de las AUC, las bandas asumieron el rigor militar, potenciaron su capacidad de daño sobre una comunidad o sobre una persona e hicieron crecer sus finanzas al monopolizar rentas que antes eran de muchos: la venta de drogas para el consumo callejero, los préstamos informales de dinero con intereses de usura llamados ‘gota a gota’ o ‘pagadiario’, el alquiler y la venta de armas para ciudadanos del común y la extorsión a todo el comercio de los barrios mediante cuotas diarias, semanales o mensuales conocidas como ‘vacunas’. También intentaron formalizar, mediante empresas legales, servicios relacionados con el uso de la fuerza, como prestar asesoría en seguridad privada. Finalmente, sin grandes capos que les dieran órdenes y luego de haber sellado el pacto con las AGC, tuvieron acceso al negocio grande del narcotráfico. De ahí, que varios de estos cabecillas hayan sido incluidos en la Lista Clinton y Estados Unidos ofrezca recompensas por su captura.

Una primera pregunta a los cabecillas de las bandas sería si están dispuestos a liberar los barrios, como primera condición, antes de sentarse a hablar de paz. Esto implicaría dejar de cobrar vacunas, abandonar el microtráfico, no vincular menores de edad en prácticas criminales, entregar sus cargos de influencia en las organizaciones de base y dejar de inducir, bajo amenaza de violencia, las discusiones políticas de la comunidad. En definitiva, ¿dejarían de lucrarse con los asuntos mínimos vitales de las comunidades?

Y ya que dicen que gracias a ellos “no hay homicidios en la ciudad”, la siguiente pregunta sería si están en la capacidad de acabar con las casas de tortura y descuartizamiento y abandonar la práctica de la desaparición forzada como muestra de que tienen el control total de la criminalidad en el Valle de Aburrá. Según el más reciente corte oficial de cifras, que va de 2012 a 2015, en Medellín se registraron 2.324 personas desaparecidas. 147 de ellas, menores de edad. Las autoridades encontraron a más de la mitad, pero unas mil siguen sin rastro.

Aún si las respuestas a estas preguntas fuera que sí, lo más complejo seguiría pendiente.

Desde la creación de los grupos de patrulleros de barrio conocidos como Defensa Civil hasta hoy, las bandas han contado con el apoyo de personas vinculadas al Estado o a los gobiernos de turno y, en algunos casos, a oficinas y entidades públicas. “La protección oficial es lo que mantiene el negocio, es lo que le da vida al negocio”, me dijo Luis Fernando Quijano, de Corpades. “Para nosotros era sagrada la plata semanal que le dábamos a la policía”, admitió Héctor sobre sus días como cabecilla en la Nororiental.

Una de las denuncias de Corpades más citadas por la prensa y la opinión pública trata sobre la protección oficial que le ha permitido a la Banda de los Chata crecer impunemente por más de dos décadas. “Personajes como Carlos Chata y su banda pueden ascender protegidos por una institucionalidad que no solo come callada, sino que come billete”, dijo esta ONG en el documento titulado “Chata: el ascenso de un criminal con protección oficial”. Entonces, las preguntas para los cabecillas de La Oficina serían: ¿Estarían en condiciones de delatar a los funcionarios públicos que han ayudado al entramado de impunidad con que se han protegido ustedes? ¿Desde el patrullero de la policía que recibe una cuota semanal por permitir el expendio de drogas, hasta los integrantes de las fiscalías y de la administración pública que han facilitado el montaje de sus negocios fachada? Más grave aún: ¿están en condiciones de delatar a los políticos en ejercicio (concejales, diputados, incluso alcaldes del Valle de Aburrá) que han sido elegidos con los votos que ustedes les pusieron en los barrios de las comunas populares?

El gran propósito político de los acuerdos de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc es el de acondicionar a la nación para un ejercicio más profundo y diverso de la democracia. Es decir, para permitir la participación en elecciones de ideas e ideologías de izquierda radical: socialismo y comunismo. De ahí que la pregunta obligada para La Oficina sería: ¿Están dispuestos a permitir que los exguerrilleros de las Farc hagan trabajo de base en los barrios obreros del Valle de Aburrá? “En estos cuarenta años”, me dijo Héctor, “la mafia ha logrado convertir esta urbe en una ciudad como Las Vegas, pero más barata, con mejor cocaína, con putas más baratas y, próximamente, con un puerto marítimo allí a la vuelta. ¿Usted cree, señor periodista, que le van a entregar el control de todo eso a la izquierda? Sueñe”.

Para todos los entrevistados, sin excepción, el desmantelamiento de La Oficina y de sus bandas armadas por un acogimiento a la justicia no traerá la paz urbana a Medellín y su área metropolitana. Los líderes comunitarios de la Nororiental lo expresaron así: “Vendrán otros”. Los de la Noroccidental: “No acabará con la violencia en la ciudad. Siempre habrá alguien que quiera obtener el control político por vía de la fuerza”. Los de la Comuna 8, que me llevaron al barrio Esfuerzos de Paz, lo dijeron así: “Cada vez que hay elecciones, las bandas aumentan la violencia para que les pongan cuidado. Vienen los candidatos, seguramente hablan y acuerdan cosas con las bandas, porque la violencia disminuye, y luego salen elegidos. No creemos que esto se vaya a acabar”. Diego Herrera, en el Instituto Popular de Capacitación, lo dijo así: “Las estructuras políticas no son marginales a la guerra. Y las estructuras económicas no son marginales a la política. Mientras la política y la economía se encargan de la ciudad educada e innovadora, las estructuras de guerra se encargan de la ciudad subterránea”. Quien con más vehemencia lo señaló fue Luis Fernando Quijano, de Corpades: “La disputa es desde arriba. El poder político y económico que controla esta ciudad no va a entregar nada ni lo va a arriesgar en competencia democrática. Esto no es Sudáfrica”.

El último día de mi trabajo de campo en Medellín me puse en contacto con los líderes comunitarios de la Comuna 8. Quería verme una segunda vez con Pedro, aquel cabecilla de la Banda de Caicedo. Me dijeron que en el barrio Esfuerzos de Paz había una guerra. Que no me podían recibir porque no podían garantizar mi seguridad. Que a Pedro lo habían capturado a comienzos de 2017 y desde entonces uno de sus gatilleros se había encumbrado como jefe del combo. “Es un culicagado que no es del territorio ni tiene familia en el territorio. Uno hablaba con Pedro y escuchaba, era maduro y entendía razones. Pero este de ahora no le importa atacar a la población civil”.

Me dijeron que había extremado “el control de predios” y que tenía amenazados de muerte a varios jóvenes de Casa Diversa, una ONG situada en el barrio, creada por gente del barrio para trabajar por la cultura y los derechos humanos. A una adolescente le había prohibido pasar de cierto límite, no podía ir al ecoparque Las Tinajas para que no se acercara a uno de los soldados de la base militar.

Me explicaron que tras la captura de Pedro la banda se atomizó. Ya no eran los setenta que se mostraban leales ante un mando, sino que se disgregaron e integraron a otras facciones de la Banda de Caicedo. A este cabecilla de Esfuerzos de Paz solo le quedaban unos diez hombres, todos adolescentes, inexpertos y recién reclutados.

“Desde hace quince días ha habido balaceras, toque de queda. Los tipos pasan a las siete de la noche de tienda en tienda, de casa en casa, diciendo a la gente que cierren, que cierren ya. Van armados con fusiles AK 47 y granadas en la mano. Y no solo en Esfuerzos de Paz, en barrios vecinos también. Cerraron las fronteras y durante unos días no dejaron que nadie pasara. Nadie. El alcalde ha dicho varias veces que en Medellín no hay fronteras invisibles, pero aquí sí ha habido. Las hay. Ha habido reuniones de treinta, cuarenta hombres armados en el territorio. Y hubo un momento en que hombres de un combo fueron a apoyar a otro combo en otro barrio de la comuna. Como si tuvieran una dirección de mando. Hace unos días, tres o cuatro tipos con fusiles cogieron a golpes a unas personas, que no sabemos si eran de otro combo o eran simples vecinos. Y lo hicieron en las narices de la base militar, con los soldados viendo y nadie intervino. Mejor dicho: el ejército no intervino. Como si fueran cómplices de los que golpeaban o como si no les importara”.

Uno de los líderes, con los ojos encharcados y la voz amilanada, me confesó que temía por su vida: “Temo que mis actividades en Casa Diversa me vuelvan objetivo militar. Soy muy visible. Muchos de los temas, la comunidad me los confía. Ahora hay una guerra entre los combos. Si llega a ganar el combo que no es del barrio sino del sector de La Libertad, me tocará parar mis actividades o irme del barrio”.

Me dijeron que los líderes comunitarios del corregimiento de Altavista y los del barrio La Loma en la Comuna 13 estaban padeciendo situaciones parecidas.

El pasado 4 de julio fue capturado el señor Gustavo Villegas, la mano derecha del alcalde Federico Gutiérrez en la lucha contra el crimen organizado, cuando se desempeñaba como secretario de seguridad de Medellín. Los cargos que le imputaron son: concierto para delinquir agravado, omisión de denuncia y uso indebido de información privilegiada. Según la Fiscalía, Villegas habría tenido una cercanía no legal con un sector de cabecillas de las bandas que integran La Oficina y habría usado información privilegiada en beneficio propio.

Culpable o no, la captura de Villegas puso en evidencia al menos dos cosas.

La primera, que en efecto el gobierno local se estaba tomando muy en serio la posibilidad de la negociación con la Dirección Colegiada. Tanto que ya les habían encargado a varias oficinas del Estado la discusión técnica de un proyecto de ley que permitiera el acercamiento de las dos partes. Lo curioso es que en noviembre de 2016, luego del segundo comunicado de la Dirección Colegiada, el portal Semana.com le preguntó al alcalde Gutiérrez por la posibilidad de un proceso de paz con el crimen organizado del Valle de Aburrá. Gutiérrez, lisamente, descargó todo el peso de la decisión en el gobierno nacional. Dijo que en caso de que el presidente Santos decidiera empezar una negociación, la alcaldía estaría “dispuesta a acompañar y a respaldar”. Pues bien, quedó visto que no era así. Que la ambición del alcalde Gutiérrez era la de liderar este posible proceso. ¿Tenía conocimiento el gobierno nacional? ¿Contó con su respaldo? Urge que la presidencia de la República se pronuncie al respecto.

La segunda, que en efecto los cabecillas de La Oficina pueden seguir diciendo que tienen el control de toda la criminalidad, por pequeña que sea. Una de las pruebas que la Fiscalía entregó al juez para conseguir la orden de captura contra Villegas fue una conversación por teléfono en la que este personaje, siendo secretario de seguridad, se puso en contacto con uno de los cabecillas de La Oficina para pedirle que ayudara a encontrar dos delincuentes que habían acabado de atracar a una persona mientras iba en su carro. La víctima venía con dinero recién retirado de un banco, y los atracadores, conocidos como fleteros, lo siguieron hasta encontrarlo vulnerable en el trancón de un semáforo. El atraco quedó registrado en una cámara de celular y corrió por redes sociales. El alcalde Gutiérrez salió a decir que iba a atrapar a estos dos criminales. Lo hizo. Menos de veinticuatro horas después, la policía posaba para las cámaras junto a los dos fleteros arrestados. Asombró la capacidad de respuesta del alcalde Gutiérrez y de la policía del Valle de Aburrá. Lo insospechado es que aquella efectividad solo había sido posible por la petición que Villegas le hizo al cabecilla de La Oficina y, seguramente, por medio del mecanismo que Hernando me había explicado: el cabecilla habló con el jefe de zona, el jefe de zona habló con el jefe del barrio, el jefe del barrio habló con el jefe de la banda, el jefe de la banda habló con los dos responsables del atraco, y estos dos terminaron sirviendo de prueba casi irrefutable de que la ciudad vanguardista e innovadora solo es posible por efecto de la ciudad subterránea.