El lucrativo negocio de abortar clandestinamente en Colombia

Artículo publicado por VICE Colombia.

–¿Laboratorio muñeca?, ¿qué se le ofrece?, ¿pruebita de embarazo?, ¿ecografía?

–No, gracias.

–¿Necesitas una interrupción?

Seguí caminando como si nada, pero ella insistió. Se vino corriendo hasta que me alcanzó y me entregó una tarjeta. Me dijo que tranquila, que le contara lo que necesitaba, que ella me podía ayudar.

–Mira, la verdad yo no estoy embarazada. Quiero hablar con alguien que venga a abortar, ¿en eso me puedes ayudar?

Ella es Stella, una tarjetera, a eso se dedica. Pasé la tarde con ella para entender cómo funciona el negocio del aborto clandestino en Bogotá. Ella es de las pocas mujeres en el grupo de “jaladores de pacientes” que trabajan para los consultorios de aborto clandestino que se paran sobre la calle 34, en el sector de Teusaquillo en Bogotá. Cuando me abordó, yo ya tenía en mis manos más de cuatro tarjetas con sitios que se camuflaban como lugares para sacar ecografías o hacer pruebas de embarazo, y que me habían entregado en el trayecto entre la carrera 16 y la Caracas. Acordamos que podía hablar con ella mientras llegaba una chica que tal vez estuviera dispuesta a hablar.

Cada uno de estos consultorios tiene uno o dos tarjeteros que trabajan por comisión: reciben dinero por cada paciente que use algún servicio. El pago depende de cuál es el procedimiento y de cuánto se le cobró a la mujer. Por una prueba de embarazo, les dan 5 mil pesos colombianos de comisión (1.58 USD) y por las que vayan a abortar máximo 20 mil (6.30 USD).

“Niña que coja, voy y la llevo y listo. Me dicen si se quedó y qué servicio tomó. Al final del día me hacen la cuenta y me pagan el día, que puede ser 50 o 70 mil pesos”, cuenta Stella.

Era sábado a las 11 de la mañana. Stella estaba repartiendo tarjetas desde las 8 AM e iba a trabajar hasta las 5 o 6 de la tarde, cuando cierran los consultorios. Me dice que existen aproximadamente 7 establecimientos, aunque tarjeteros alcancé a contar un poco más de 10. Ella seguía repartiendo tarjetas por toda la cuadra; no podía quedarse quieta, movía su cabeza de un lado a otro y casi nunca me sostuvo la mirada.

–¿Cómo sabe a quienes abordar?

–Se le ofrece a todas, pero uno ya identifica a las que vienen a eso. Son niñas que se quedan mirando los avisos, caminan despacio o vienen con amigas secreteando. No entran de una, no dicen: “Ay venga, ¿acá hacen abortos?”, no. Entonces uno les ayuda: “¿qué buscas?, cuéntame” y ahí si hablan. Si no, igual les entrego la tarjeta para que llamen después. Hay que tener buena labia.

“Servicios médicos especializados a su bienestar”, “Consulta gratis”, “Orientación a la mujer”, son algunos de los mensajes que se puede leer en las tarjetas. Varias tienen impreso la famosa vara de Esculapio, el símbolo de la medicina; otras tantas llevan diseños anticuados, aunque algunas se van por diseños más rebeldes. Casi todas son azules o rosadas. Se venden como Centros médicos o Laboratorios, tienen un número y nombre de contacto, solo un nombre, nada de apellidos. Y enlistan los servicios: ecografías 3D y 4D, transvaginales, obstétricas, pélvicas, laboratorio, ginecología, planificación familiar y consulta general.

–¿Y qué es lo que más vienen a preguntar?

–Las pruebas de embarazo, las ecografías… pero la mayoría viene a abortar. Uno las lleva al consultorio, donde manejan dos métodos: el que es por medicación y el ginecológico, que se conoce como legrado.

El medicamento del primer método es el Misoprostol de 200 miligramos, originalmente hecho para tratar úlceras gástricas. Al tratarlas, el Misoprostol provoca contracciones del útero, causando la expulsión del saco gestacional y provocando un aborto. El precio de las pastas en estos consultorios oscila entre los 150 y 200 mil pesos (entre 47 y 63 USD). Por el legrado cobran en promedio 400 mil pesos (127 USD), dependiendo de las semanas de embarazo: “Lo mínimo que se deja es en 200 mil pesos, cuando la persona tiene un mes. Después de las 8 semanas se cobra entre 300 y 600 mil pesos. Puede llegar a costar hasta un millón (317 dólares)”, cuenta Stella.

Pero los tarjeteros no solo jalan clientas, también venden el Misoprostol en la calle: “Con eso es que uno gana realmente. Mientras en el consultorio les cobran 200 uno se las vende a 100 o las negocia. Ahora a nosotros nos las venden a 40 mil y lo máximo que yo las rebajo es a 60 mil. A veces a las niñas les da miedo comprar en la calle, piensan que les pueden salir falsas. Entonces toca llevarlas al consultorio a que las compren allá, pero ahí yo solo me gano 10 mil pesos”, me dijo Stella.

Para vender las pastas, los tarjeteros primero preguntan por las semanas de embarazo. Recomiendan no usarlas después de las 8 semanas porque puede causar sangrado o infecciones. Les venden cuatro pastas, dos para tomar y dos que se introducen vía vaginal, les cuentan que el tratamiento provoca cólicos y un sangrado de cinco a seis días similar al de la menstruación. “Hay niñas que compran teniendo más de 10 semanas, pero eso es peligroso. Uno cumple con advertirles, pero de todas formas las llevan. Ahí ya es responsabilidad de ellas”, dice Stella.

–¿Pero entonces no hay un control médico después del proceso?

–En el consultorio sí. Sean las pastas o el legrado, tienen que venir a control a los ocho días. Allá verifican que no hayan quedado residuos, que no se presente inflamación o infección. Ese control cuesta 20 o 30 mil. Pero a las que compran en la calle o a domicilio pues uno no las vuelve a ver –cuenta Stella.

La Interrupción Voluntaria de Embarazo (IVE) está incluida en el Plan Obligatorio de Salud y desde 2006, por la sentencia C-355 de 2006, es legal en tres situaciones: si la salud (física o mental) de la mujer está en riesgo; si hay malformación fetal y cuando el embarazo es resultado de violencia sexual. Para solicitar la IVE, se debe presentar un certificado médico que valide los riesgos de salud o la copia de la denuncia criminal en caso de violación. Las Entidades Promotoras de Salud (EPS) deben dar respuesta en cinco días hábiles y proporcionar el servicio sin costo. Muchas mujeres en Colombia desconocen este derecho o prefieren buscar procesos más ágiles como los de las clínicas de salud sexual y reproductiva.

Este es el caso de Oriéntame y Profamilia , que desde hace más de 10 años prestan servicios de IVE en el marco legal. Oriéntame tiene convenios con EPS y subsidios para adolescentes. También maneja tarifas diferenciales de acuerdo con la situación socioeconómica de la paciente, que están entre los 270 y 825 mil pesos (87-269 USD). El servicio incluye: historia clínica para revisar antecedentes, asesoría psicológica, documentación, tratamiento con medicación o quirúrgico, acompañamiento telefónico 24 horas, control médico y aplicación de método anticonceptivo. Garantizan un equipo profesional actualizado clínicamente, tratamientos avalados por la OMS y un respaldo de 40 años de experiencia institucional.

Pese al cambio del marco legal, cálculos ofrecidos por Profamilia establecen que en 2017 se practicaron 10, 517 abortos, casi 4 mil más que el año anterior, de acuerdo con la misma fuente. Abortar por fuera de las tres causales en Colombia conlleva penas de entre uno y tres años de prisión.

Según Melissa, asesora de Oriéntame, las clínicas clandestinas no ofrecen las garantías mencionadas anteriormente: “No hacen contención emocional. Muchos no tienen licencias de funcionamiento, no son profesionales ni están capacitados en estos procedimientos. Si les falla el procedimiento quirúrgico, lo que hacen es remitir a las mujeres acá, porque no tienen las instalaciones, equipos, ni capacidad asistencial para cubrir esa emergencia. Acá llegan casos de abortos incompletos, laceración del útero, hemorragias e infecciones”.

Le pregunté a Stella que si existen esas clínicas especializadas, ¿por qué la gente sigue buscando sitios clandestinos?

“Porque acá es inmediato y no tienen que dar el nombre. En cambio allá las niñas tienen que ir con un familiar y llevar las denuncias si es el caso”, explica Stella. “Las niñas de 13, 15 años no quieren que los papás sepan, siempre vienen con una amiguita o el novio, rara vez uno las ve venir con la mamá”. La tarjetera afirma que las que más vienen son las señoras de 30 y 40, que llegan solas. “Son de las que ponen cuernos al marido y no quieren que él se entere. Uno acá se da cuenta de todo”, cuenta Stella mientras se ríe.

Pero no es solo por la falta de registro. Hay mujeres que no están afiliadas al sistema de salud o no cuentan con el dinero para pagar un servicio seguro, legal y de calidad y terminan accediendo a los precios de la calle.

Ya eran las dos de la tarde, y hablar con alguna chica que viniera a hacerse alguno de los procedimientos estaba complicado. Stella me dijo que era mejor que me fuera porque nos estaban mirando mucho y no podíamos “dar tanta pantalla”. Me dio su número de celular, me pidió que me desapareciera un rato y la llamara más tarde a ver qué había pasado.

Le pregunté cómo llegar al consultorio, que está a solo dos cuadras. Al entrar me recibió una recepcionista. Le dije que quería una asesoría y me pidió que esperara el llamado. La sala de espera es pequeña, tiene cámaras de seguridad instaladas en cada esquina, una pequeña cabina que funciona como caja y no más de 5 sillas Rimax de plástico. El sitio estaba prácticamente solo.

Me senté junto a una chica, Fernanda, de 28 años. Le pregunté si venía para asesoría, que si podía entrar con ella. Nos hicieron seguir a las dos una habitación donde había una camilla en la que reposaba un estetoscopio. Una báscula en el suelo y un escritorio de madera viejo. Allí, una mujer que se presentó como doctora nos atendió.

Lo primero que hizo la presunta doctora fue preguntarle a la paciente cuándo había sido la fecha de su último periodo menstrual. Luego sacó un calendario e hizo cuentas… ocho semanas. Nos dice que ya es muy tarde para tomar las pastas, que la única opción segura es el legrado, un procedimiento ambulatorio: “Es una limpieza uterina, similar a tomar una gaseosa de una botella y con un pitillo extraer todo el contenido”, explica la supuesta doctora. “El doctor te introduce una pajilla en el útero y hace una micro succión. Se te aplica anestesia local alrededor del cuello uterino. Se tarda 10, máximo 15 minutos”.

Nos dijo también que con el legrado no había muchos riesgos, pero que era necesario hacerse la ecografía transvaginal de control una semana después, para verificar que el saco gestacional se desprendió por completo.

“Si el sangrado es abundante tienen que ir a urgencias. Pero eso acá no pasa porque nosotros atendemos máximo hasta las 10 semanas. Otros sitios te reciben con 15 o hasta 18 semanas y ahí es cuando hay complicaciones. En esos casos yo las mando a Profamilia u Oriéntame, donde ya no te van a cobrar 700 mil ni un millón, sino hasta 2 millones (635 USD), pero allá tienen las salas y medios quirúrgicos adecuados para la intervención”, nos dice la doctora, o supuesta doctora.

Fernanda dice que quiere hacerse la ecografía. Es el primer paso para el legrado. Tiene que pagar 60 mil pesos. Le dijeron que le cobrarían entre 350 y 400 mil dependiendo del resultado. Volvimos a la sala de espera y empezó a tomar agua para alistar la vejiga.

Es la segunda vez que Fernanda se hace un legrado, entonces no hace muchas preguntas, parece muy tranquila. Me dijo que si fuera su primer embarazo no abortaría, pero que ya tiene dos hijos de 6 y 8 años y no tiene cómo mantener un tercero. Es madre soltera, hace domicilios en una motocicleta y está preocupada porque ya empezaron los mareos y así no puede trabajar bien. Se siente débil y cansada. Está embarazada –o bueno, ya no debe estar– una vez más del padre de sus hijos.

Me dijo que la hermana está por llegar con la plata, que les tocó sacar prestado pero no importa. La primera vez que abortó fueron los papás quienes le dieron el dinero: “Me dijeron que no podía volver a pasar, pero uno no aprende. Yo me vi con ese tipo de nuevo porque me ilusionó con que esta vez sí iba a responder, dijo que nos fuéramos a vivir todos juntos. Nos acostamos, pero él no me dijo que se había venido por dentro. Nunca salió con nada, ni siquiera volvió a llamar. Y ahora que le digo que tengo un retraso, se hace el bobo. Si no responde por mis hijos, ¿usted cree que me va a dar plata para venir a abortar?”, me pregunta.

Volví donde Stella a las 5:45 de la tarde. Su aspecto cambió. La vi agotada, estresada, me hablaba por compromiso, era evidente que quería irse a casa. Pero tenía que esperar a una cliente más que acababa de llamar. Si yo estaba cansada, no me imaginaba cómo estaba ella, que llevaba todo el día de pie, bajo el sol capitalino. Me dijo que no había almorzado porque no le gusta comer en la calle, que cuando necesita el baño se lo prestan en una cafetería o en el mismo consultorio.

Compramos dos aromáticas al señor de una chaza y hablamos otro rato. Le conté que estuve en el consultorio con Fernanda y me preguntó que si no se había arrepentido.

“Es que hay unas que estando subidas en la camilla, cuando están a punto de atenderlas, les da miedo, se bajan y se van. No pasa nada, se les devuelve la plata. Lo único que se descuenta es la ecografía. En cambio, hay otras que es como si fueran al baño, llegan y se van. Vienen a la hora del almuerzo, allá les dan una Buscapina y les mandan antibiótico y ya”, me contó.

El día estuvo malo, aunque hay peores en los que no se consigue ni lo del transporte. Los tarjeteros no tienen sueldo fijo y Stella tiene que trabajar duro porque el negocio ya no es tan rentable como hace 10 años cuando ella empezó: “Las leyes han cambiado y ya en todo lado hacen abortos. En las EPS, en el SISBEN que hasta sale gratis, los mismos médicos mandan las chicas a Profamilia o a Oriéntame y las pastas hasta las venden por internet”, cuenta ella.

Una señora se nos acercó, me miró de arriba abajo y le secreteó algo a Stella en el oído. Era también tarjetera.

–¿Cómo se llevan entre ustedes?, ¿no se pelean por los clientes?

–No, nosotros somos amigos. Cada cual maneja su negocio y no se mete con el cliente de otro. Eso sí, acá nuevos no dejan meter. Todos llevamos acá 10 o 15 años. Con decirle que yo soy la más nueva. Logré entrar porque no tenía trabajo y otra tarjetera me recomendó, pero eso no ha vuelto a pasar”.

Stella me dice que no va a esperar más. Antes de que se fuera le hice una última pregunta:

–¿Y tienen problemas con la policía?

–Hace como dos años nos llevaron a la UPJ (Unidad Permanente de Justicia), pero ahora por mucho le dicen a uno: “Vayan y se dan una vuelta”, “no den tanto visaje” o “no se queden todo el tiempo ahí parados”. Es que no hay una ley que diga que no podemos estar aquí. Es un trabajo normal, no es un secreto que vivimos de esto. Mis hijos saben, todo el mundo sabe. Nosotros tenemos derecho al trabajo, tenemos familias que alimentar.