Fotos cedidas por la familia

Así es la vida de un latino en el corredor de la muerte

Entre irregularidades, racismo, tortura y trastornos mentales, Victor Hugo Saldaño esperó la inyección letal desde hace más de dos décadas. Será ejecutado en noviembre de 2019.

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17 Abril 2019, 5:30pm

Fotos cedidas por la familia

Artículo publicado por VICE Argentina

Fue a los 17 años cuando Victor Hugo Saldaño decidió abandonar sus estudios en la Escuela Mecánica de la Armada Argentina y escapó de su casa en Córdoba, donde vivía junto a su madre, Lidia, y sus hermanas.

Con los bolsos en mano partió desde la capital cordobesa hacia Villa María, en la misma provincia. Planeaba pedirle trabajo a su tío. No lo consiguió así que continuó la travesía para el norte, hacia la provincia de Salta.

Ahí ayudó en un taller, juntó dinero y partió rumbo a Brasil, donde conoció a un grupo de artesanos con los que trabajó por un tiempo. La familia tuvo noticias de sus aventuras brasileñas gracias a que el mismo Saldaño les escribió una carta. Las noticias del recorrido americano de “Huguito”, como lo llama su madre, llegaron después desde Perú, Guayana Francesa, Venezuela, Colombia, México y, finalmente, los Estados Unidos. Según contó, había ingresado a este último destino ilegalmente.


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Pasó por Nueva York y vivió un tiempo en la casa de un cubano que lo encontró durmiendo a la intemperie, pero como la vida ahí le resultaba demasiado cara, decidió irse para Texas. Esto fue lo último que supieron de él durante un buen tiempo.

El 25 de noviembre de 1995, en pleno Día de Acción de Gracias, Saldaño y Jorge Chávez —un hombre de México de quien se había hecho amigo— secuestraron a un ciudadano estadounidense, Paul Ray King, quien comerciaba insumos de informática. Ese día de Thanksgiving, Ray King se encontraba en un supermercado en Plano, una localidad al norte de Dallas, cuando Víctor y Jorge lo raptaron, llevándoselo en su auto hacia los suburbios.

En un descuido, King intentó huir y los secuestradores reaccionaron a los tiros. Al cadáver de Ray King pudieron sacarle el reloj y unos 50 dólares.

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Saldaño fue identificado al poco tiempo: en su poder tenía el arma asesina y el reloj de la víctima. En menos de un año el argentino fue condenado a muerte mediante inyección letal por el delito de asesinato.

Su compañero, en cambio, confesó el crimen y recibió cadena perpetua. “Yo defiendo tanto a Saldaño como a su madre, Lidia Guerrero, desde el año 98”, dice el abogado Juan Carlos Vega, quien lleva el caso. “Y ya desde el comienzo nosotros dijimos de manera expresa que no estábamos ahí para defender ni la inocencia de ésta persona como tampoco condenarlo a muerte, era por un tema mucho más grave: denunciar el racismo en el sistema judicial más garantista del mundo”.

Juan Carlos, además de abogado, es sociólogo de la Universidad de Lovaina, Bélgica, y fue diputado de la Nación. Por su especialidad en la materia, desde el año 1990 lleva casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Entre otras causas que lo definen, Vega fue querellante en la mega causa del centro de detención clandestino conocido como “La Perla” durante la última dictadura argentina, en representación de las víctimas de Mackentor. Esta última fue una empresa usurpada en el marco de un operativo coordinado y simultáneo que incluyó el secuestro de 20 de sus directivos por parte del gobierno de facto del dictador Jorge Rafael Videla.

Acostumbrado a los asuntos referentes a los derechos humanos, Vega notó desde el principio que no iba a ser un caso para nada sencillo: “Su sistema funciona con pautas de racismo absoluto, con el agravante que en éste caso ese racismo impuesto por el Poder Judicial”.


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El abogado advierte que cuando se juzga un delito que puede conllevar la pena de muerte, el código penal estadounidense exige un psiquiatra que mida la peligrosidad futura del juzgado. Para analizarlo, relata, había un protocolo con 28 preguntas. De ellas, había tres que le llamaron la atención. Éstas eran: una si la víctima era varón o mujer. Si era varón, tenía más peligrosidad. Después, si era joven o viejo. Al ser joven, lo consideraban otro indicio. Por último, se consultaba “por la raza” del acusado con tres opciones: blanco, negro o latino. El hecho de que Victor Hugo Saldaño fuera latinoamericano fue considerado otra pista de su supuesto potencial de daño. “De esta forma, cuando encaramos el proceso hacia a la Corte Suprema en el 2000 apelando contra esta sentencia, el acusado ya era considerado de peligrosidad futura total, porque tenía todos los cuadritos llenos con ‘lo peor’”, cuenta Vega.

Finalmente la Corte Suprema de los Estados Unidos declaró nulo ese primer juicio y obligó al estado de Texas a llevar a cabo dos movimientos: anular el protocolo científico (de las cuales formaba parte el cuestionario citado) y realizar un nuevo juicio.

El nuevo proceso se llevó a cabo en Mckinney, a 60 kilómetros de la ciudad de Dallas. Corría el año 2005. Saldaño, para ese entonces, ya llevaba nueve años en el temido “corredor de la muerte”.

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“Estuve una semana entera ahí, fue una experiencia de realismo mágico”, relata Juan Carlos Vega. “Lo primero que dijimos fue que había un precedente, el del caso Soering contra Reino Unido, de 1989, que declaraba con valor científico que ningún aparato psíquico podía resistir cuatro años esperando una ejecución en una de esas celdas”, relata el abogado de Víctor. “Si cuatro años destruyen el aparato psiquiátrico y psicológico, Saldaño ya tenía nueve, por lo que estaba totalmente alejado de la realidad”, remata.

Por ese motivo, la defensa planteó que el acusado no estaba en condiciones de ser juzgado porque estaba absolutamente incapacitado para defenderse. El resultado de que el proceso continúe fue una clara muestra de ello: el día del juicio, ya frente al juez, Saldaño estaba con grilletes en los pies y las manos libres. Durante el pleno desarrollo de la sesión, el acusado se bajó la bragueta y empezó a masturbarse.

En una secuencia casi bizarra, el Juez procedió a retarlo y le pidió “que sea la ultima vez”. A la sesión siguiente, se pidió que el acusado también llevara un grillete en la manos para evitar que suceda nuevamente.

Victor Hugo Saldaño no volvió a masturbarse pero la sentencia sí se repitió: fue condenado a muerte por segunda vez. De esto han pasado 14 años.

“Tanto el primero como el segundo son dos juicios declarados nulos”, replica Lidia Guerrero, madre del condenado. Angustiada tras dos décadas en esta situación de suspenso, la mujer aclara que “lo que se reclama jurídicamente es la discriminación en la que recayó el tribunal desde un principio” porque “en el juicio está expresamente escrita la discriminación, y gracias a Dios hasta fue anulado después de llegar a la Corte Suprema”.

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La vida cotidiana a la que es sometido Saldaño al día de hoy fue calificada técnicamente como una tortura por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la que adhieren —pero hasta el momento desconocen— los Estados Unidos. “Víctor se despierta y se alimenta con comida y químicos; duerme 20 horas por día”, detalla su abogado. “Cuando se acerca a la realidad, o hace escándalos o busca suicidarse y cualquiera de las dos cosas son motivos de castigo, por lo que ese ciclo se renueva permanentemente”, agrega.

“El alojamiento en las celdas de aislamiento extremo donde el condenado espera la ejecución aislado, solo, sin actividad alguna, sin acceso a ningún derecho, agregan la tortura previa a la muerte”, explican desde la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). La misma está integrada por diversos referentes del ámbito de los derechos humanos como una expresión plural del compromiso con la memoria del terrorismo de Estado. El organismo está presidido por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.

Víctor Hugo Saldaño vive hace 23 años en la “Allan B. Polunsky Unit”, una prisión del Departamento de Justicia Criminal de Texas en West Livingston, condado de Polk. Desde 1996, el principio de su trayecto por el “corredor de la muerte”, hasta la actualidad, los intentos de suicidio por parte del condenado han sido incontables. El grado de trastorno mental al que ha sido conducido Saldaño ha sido tal que en su último intento por quitarse la vida recurrió a la cropofagia. “Comió su mierda para matarse”, explicita el abogado Juan Carlos Vega.

“En las prisiones de máxima seguridad no se los puede tocar. Mi hijo me habla en un lugarcito de un metro cuadrado, encerrado con candado y él está sentado en un banquito: lo veo a través de un vidrio pero hablamos por teléfono”, detalla Lidia. Su madre cuenta que una de las últimas veces que se fue a Texas a visitarlo él le había personalmente anunciado “que si no había alguna novedad pronto iba a pedir que lo ejecuten”.


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Lidia se considera a sí misma una mujer “muy creyente” y en ese momento, al oírlo, cuenta que trató de darle “fuerza desde la fe”. “Me dijo: ´gracias, mami, porque has venido a darme ánimos y esperanza’”, dice Lidia entre lágrimas. A pesar de su notoriedad a nivel internacional, la lucha por sacar a Saldaño de la tortura en el que está hace ya más de 20 años no goza del apoyo que la defensa desearía. “Cancillería ha acompañado exclusivamente desde lo humanitario, pero no desde lo político”, explica Vega. “La Secretaría de Derechos Humanos, que debería tener actividad, no lo hizo durante la gestión kirchnerista ni tampoco en la macrista”, agrega. En contraste, el Departamento de Estado del Vaticano ha emitido comunicados apoyando la defensa de la vida de Saldaño a través de dos notas verbales. “Como la Universidad de Columbia, que también ha hecho lo propio sumándose a ésta causa”, enumera el abogado del condenado.

“La justicia penal ha demostrado su selectividad en todo el mundo, no es lo mismo para ricos o pobres, blancos o negros, normales o anormales”, enfatiza el Dr. Roberto Cipriano García, coordinador de la Comisión Por La Memoria . “Suele además ensañarse, y la pena de muerte no es la excepción: con los excluidos, los estigmatizados por razones de raza, religión, origen u opiniones políticas y con las víctimas de desigualdades previas de las que el estado es responsable”, desarrolla.

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Finalmente, esta mañana se presentó a la cancillería Argentina un texto que expone la imprudencia de Estado frente a la causa, detallando cómo se ha incumplido con las obligaciones legales que tiene en el Caso Saldaño, fundadas en el art. 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y que no ha tomado ninguna de las medidas legales o diplomáticas exigidas por este artículo. “El Estado Argentino, a través de la Cancillería, está obligado a “adoptar medidas" para garantizar los Derechos Humanos de Victor Saldaño violados por los EE.UU”, detalla el documento.

“La Cancillería Argentina está obligada desde el 10 de diciembre del 2016 a adoptar medidas políticas, diplomáticas y jurídicas eficaces para garantizar los Derechos Humanos de Victor Saldaño violados por los EE.UU. Nada de eso se hizo. Este silencio del Estado argentino aparece con enorme gravedad”, dice.

“Por ser latino, de un país pobre, de una familia pobre, dijeron que era peligroso”, reniega la madre. Se trata de un caso que lucha contra la pena de muerte y el racismo desde hace más de 20 años. “Yo no pido mucho más que un juicio justo, quiero que lo devuelvan nuevamente a la Argentina, aunque la información más inmediata es que será ejecutado en el mes de noviembre”, cierra Lidia.

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