Desapariciones forzadas en el mundo hispanohablante: ¿qué países están por la labor y cuáles no?

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A la espera de una ratificación en referéndum, Colombia está apunto de poner fin al conflicto armado más largo del hemisferio sur tras más de medio siglo de guerra. La Unidad de Víctimas, cuyo objetivo es la reparación administrativa de los damnificados, ya ha registrado a 8 millones de personas.

Esta cifra incluye heridos, desplazados y familiares de desaparecidos forzosos; personas a las que se les ha perdido el rastro por la acción de un agente del estado, o el paradero de las cuales no se ha podido determinar por las trabas de un gobierno. El 30 de agosto es el día internacional para recordar la lacra de las víctimas de estas desapariciones.

Al menos 25.000 personas fueron desaparecidas en Colombia desde 1980 por fuerzas estatales y paramilitares, de acuerdo con el último informe de Amnistía Internacional (AI) sobre esta cuestión.

Para que una desaparición merezca el calificativo de forzosa debe haber sido perpetrada o contar con la aquiescencia de alguna área de la administración estatal. Esteban Beltrán, director de AI España, argumenta a VICE News porque sería de aplicabilidad en los paramilitares colombianos.

"Los paramilitares no son una fuerza independiente. Han actuado durante todo el conflicto armado en connivencia con el estado. De ahí que las llamemos desapariciones forzadas", explica Beltrán. El director las desliga de los secuestros u homicidios políticos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que no entrarían dentro de la convención de la ONU para este crimen.

En México la cifra de desaparecidos al concluir 2015 se elevaba a más de 27.600 personas. El problema en el país centroamericano es mucho más grave, pues los datos no están segregados: no sabemos quienes fueron desaparecidos por bandas criminales o quienes de ellos por acción o aquiescencia estatal.

La propia falta de interés gubernamental en su clasificación ya sería una muestra de connivencia.

Uno de los ejemplos más dramáticos y dónde esta frontera entre criminales y gobierno se diluye es en el caso de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Para Beltrán, este caso ilustraría la relación entre fuerzas de seguridad y lo que él denomina "grupos delincuenciales".

"A veces fuerzas policiales hacen desaparecer a personas por orden de grupos delincuenciales", afirma el director de AI.

Vídeo de la obra del artista francocandiense Steven Spazuk, el artista del fuego, que trabaja con el humo de la vela y que ha hecho un mural espectacular con los retratos de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

En España hay documentados en sede judicial al menos 114.000 casos de desaparición forzada y de torturas sin que se haya investigado ni uno solo de estos casos. El Supremo español prohibió que cualquier investigación en ese sentido prosperara. AI pide un cambio de jurisprudencia del Alto Tribunal y la derogación de la Ley de Amnistía de 1977.

La única vía que tenían los damnificados y sus familiares era la investigación por parte de un tercer país, que tomó forma en la iniciativa judicial de la jueza argentina María Servini. La colaboración española ha sido nula. En reiteradas ocasiones la ONU ha exigido a España que investigara y extraditara a los culpables.

"España ni investiga ni deja investigar", sostiene Esteban Beltrán. "España no ha hecho nada. Ni siquiera, actualmente, ha dado prácticamente ningún paso en materia de verdad, justicia, reparación, reconocimiento, restitución, ni para nada", añade.

Hay una diferencia sustancial entre México y Colombia de un lado y de España del otro. En los dos primeros países las desapariciones ocurren hoy.

Para Esteban Beltrán, Argentina, en el tercer puesto en el número de desapariciones forzadas constatadas desde 1980, es un país modélico en lo relativo a la persecución de este tipo de crímenes.

En Hay medio millar de militares bajo arresto domiciliario o detenidos, tienen una ley de persecución de crímenes al amparo del derecho internacional y una procuradora que investiga los crímenes de derecho internacional que se cometen en Argentina.

"Es un país que está lidiando con la verdad, justicia y reparación de forma muy relevante. Quizás el país que mejor lo está haciendo", concluye Beltrán.

De acuerdo con estos datos, los diez países con mayor número de desaparecidos registrados desde 1980 son Irak (16.560), Sri Lanka (12.349), Argentina (3.446), Algeria (3.168), Guatemala (3.154), Perú (3.006), El Salvador (2.673), Colombia (1.260), Chile (907) y Filipinas (786).

A falta de apoyo estatal, la Universidad de Barcelona (UB) da cobijo al proyectoEl ADN de la memoria: Banco de ADN de la UB de víctimas de la Guerra Civil española.

Esta iniciativa parte de la experiencia del laboratorio de genética forense de la Unidad de Medicina Legal y Forense de la misma institución, con la que sistematizan muestras de material genético. Estas muestras permitirían, a quien lo desee, encontrar algún familiar desaparecido en la contienda armada que golpeó a la España del primer tercio del siglo XX.

El pasado abril, Luz Marina, una de las caras visibles del colectivo de las Madres de Soacha, visitó sus instalaciones.

A Luz Marina, colombiana, le entregaron unos huesos que o bien estaban quemados o bien tratados químicamente para dificultar la identificación, pero la madre de él demostró la inexistencia de vínculos de su hijo con la guerrilla por las deficiencias que sufría Fair Leonardo. Su mente era la de un niño de 8 años y tenía inmovilizadas varias extremidades. Las autoridades le imputaron ser el líder de un comando. La versión del ejército colombiano cayó por su propio peso.

Bajo el gobierno de Álvaro Uribe, en Colombia se incrementó la presión para obligar a los cuerpos y fuerzas de seguridad a presentar mayores índices de ejecuciones de combatientes insurgentes. A este efecto se armó un sistema de compensaciones económicas y promociones en la jerarquía militar.

Este país centroamericano está lastrado por la guerra civil más larga del hemisferio sur, que ya dura más de medio siglo.

Pero esta política tuvo un efecto inesperado. Organizaciones humanitarias, periodistas y activistas revelaron que ciertos elementos de las Fuerzas Armadas habían estado atrayendo a jóvenes de territorios humildes con falsas ofertas de empleo, cuando no secuestrándolos directamente, para luego asesinarlos y vestirlos de guerrilleros.

Así los militares implicados cobraban su parte y recibían premios en forma de ascensos. La vida de Fair Leonardo habría reportado en 2008 a su asesino 200.000 pesos: unos 80 euros.

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