China aprueba una nueva ley antiterrorista en plena escalada del conflicto uigur

China ha aprobado una nueva ley antiterrorista que, según sus detractores, legitimará y empeorará la persecución de los disidentes y de las minorías religiosas.

La ley que fue aprobada ayer, dispone la creación de una nueva agencia antiterrorista que exige que las empresas tecnológicas colaboren a desencriptar información, y que habilita al ejército a desplegar operaciones antiterroristas en el extranjero.

Además, la ley establece que solo los medios de comunicación autorizados a tal efecto podrán publicar artículos sobre terrorismo o sobre las mismas autoridades del país.

La ley ha despertado la preocupación entre la mayoría de capitales occidentales, no solo porque podría vulnerar derechos fundamentales como la libertad de expresión, sino también por sus inquietantes provisiones cibernéticas. El presidente estadounidense, Barack Obama, ha asegurado que ya le ha hecho saber sus temores a su homólogo chino, Xi Jinping.

Pese a todo, el ministerio de Asuntos Exteriores chino declaró el lunes que la nueva ley es igual a las normativas occidentales similares sobre la materia.

"Solo quiero señalar dos cosas. Una es que la ley ha sido redactada de acuerdo con las circunstancias actuales y que su vocación no es otra que combatir las exigencias de la realidad. En segundo lugar, queremos subrayar que cualquier lectura detenida de la misma arrojará idéntica conclusión: que la ley no tiene nada de distinto a las mismas normativas adoptadas en Occidente para combatir idénticos problemas. Yo creo que, en cuestión de terrorismo, solo existe una aproximación posible", ha declarado Lu Kang, portavoz del ministerio de Exteriores chino, durante una sesión informativa celebrada en Pekín.

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Los medios del estado han aludido a un apuñalamiento registrado en 2014 — del que se acusó a un miembro de la minoritaria y perseguida comunidad musulmana de Xinjiang, uigur. "El gobierno chino confía en que las indudables duras medidas sean comprendidas en Xinjiang como lo que son: medidas antiterroristas (parecidas a las adoptadas en los países occidentales), y no como medidas de opresión contra etnia minoritaria alguna", escribió el periodista de la BBC, Stephan Evans.

Las organizaciones humanitarias dudan de que exista formación terrorista alguna en Xinjiang y han informado que el descontento procede, sobre todo, del enfado que reina entre los musulmanes uigures ante las restricciones infligidas contra su religión y su cultura.

La flamante ley también restringe a los medios de comunicación, a quienes no se permitirá publicar detalles relacionados con ataques terroristas. La ley incluye, de hecho, una provisión según la cual las redes sociales no podrán hacerse eco de las actividades terroristas que puedan conducir a la imitación, ni mostrar escenas que se consideren "crueles o inhumanas".

Asimismo, la policía ha sido autorizada para usar sus armas reglamentarias en "circunstancias de emergencia". O sea, cuando los asaltantes vayan armados con pistolas o cuchillos. La ley antiterrorista permite que el Ejército Popular de Liberación participe en operaciones militares llevadas a cabo en el extranjero. Los expertos, en cualquier caso, ya han advertido que China se enfrentará a enormes dificultades prácticas y diplomáticas si decide actuar de tal manera algún día.

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Otros epígrafes de la ley se refieren al acceso a la información y a las telecomunicaciones. De momento, ya se ha eliminado una provisión contemplada en el primer borrador, que exigía a las empresas a mantener sus servidores y la información de sus usuarios en China. Aún así, las compañías tecnológicas se verán obligadas legalmente a prestar ayuda en temas de encriptación de la información, cuando las autoridades así se lo exijan.

Las autoridades estadounidenses han señalado que la ley, en conjunción con un nuevo borrador regulador sobre los bancos y las compañías aseguradoras chinas, y con un montón de investigaciones contra los monopolios, ha sido concebida para ejercer una presión ilegal sobre las empresas extranjeras.

La ley de seguridad nacional china adoptada en julio exige que toda la infraestructura de redes y de sistemas informativos sea "segura y controlable".

Nadie, además de los medios informativos del estado autorizados a tal efecto, tendrá la potestad de denunciar posibles ataques terrorista o, en su caso, la reacción del estado ante los mismos, ha informado la BBC. La divulgación de información sobre actividades terroristas, o la invención de noticias sobre incidentes terroristas, ha quedado prohibida.

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