Entre los 19 cadáveres calcinados hallados cerca de la frontera México-EUA podría haber adolescentes migrantes

Artículo publicado originalmente por VICE en inglés.

CIUDAD DE MÉXICO - Santos López tuvo noticias de su hija casi a diario, hasta el día en que ella y al menos una decena de jóvenes guatemaltecos se acercaron a la frontera con Estados Unidos.

Dora, de 23 años, habló con su padre el viernes. “Hay muchos oficiales de inmigración, así que salimos de la carretera”, le dijo a López, según contó a VICE World News. “Estamos esperando que la despejen para poder pasar”.

“Estoy bien. Te enviaré un mensaje de texto una vez que salgamos”.

Pero nunca lo hizo.

Un día después, la fiscalía del estado de Tamaulipas, al norte de México —desde donde llamó por última vez la hija de López—, dijo que la policía encontró 19 cuerpos, los cuales habían sido baleados y luego incinerados en una camioneta pickup en el pueblo de Santa Anita. El domingo, funcionarios de San Marcos, Guatemala, dijeron que 13 de las 19 personas asesinadas eran connacionales, incluida la hija de López.

“Lamento profundamente la trágica muerte de nuestros compatriotas migrantes de San Marcos que ocurrió en Tamaulipas, México”, escribió Luis Carlos Velásquez, gobernador de San Marcos, en un comunicado de prensa.

La masacre es la más reciente atrocidad ocurrida en los últimos años al norte de México, a solo unos cuantos kilómetros de la frontera con Estados Unidos. Teniendo lugar apenas unos días después de que el presidente Biden asumiera el cargo, es un recordatorio de la violencia y la impunidad que imperan en la frontera compartida. También pone de relieve los graves peligros que enfrentan los migrantes que intentan llegar a Estados Unidos y las consecuencias de las políticas disuasorias que los empujan a tomar rutas más arriesgadas para evitar la detección de las autoridades.

Los activistas de derechos humanos advirtieron que es imposible decir con certeza quiénes son las víctimas sin evidencia forense. En ocasiones anteriores, México ha enviado a los familiares de víctimas de masacre los restos de la persona equivocada. Los parientes inmediatos de los guatemaltecos desaparecidos se reunieron el lunes en el Ministerio de Relaciones Exteriores del país para que les tomaran muestras de ADN, que serán comparadas con los restos descubiertos.

Pero tenían pocas dudas sobre las identidades de los cuerpos incinerados. “El coyote [traficante de personas] que los transportaba… nos dijo que sí, son ellos los que fueron asesinados”, dijo Olga Pérez, la madre de Santa Cristina García Pérez, a un medio de comunicación local. En sus brazos llevaba a su hija, que tiene paladar hendido. Dijo que Santa quería ir a Estados Unidos para encontrar trabajo y pagar la cirugía de su hermana pequeña.

“En este momento, solo les pido a las autoridades que me traigan el cuerpo de mi hija, aunque sean sólo cenizas”, dijo. “Quiero enterrar a mi hija”.

La masacre contradice directamente las afirmaciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de que el país se ha despojado de su pasado violento. Había dicho que “los migrantes eran secuestrados y desaparecidos” antes de que asumiera el cargo y, en septiembre, proclamó que en su gobierno “ya no hay torturas, desapariciones ni masacres”.

Esta afirmación no solo es una farsa, sino que genera impunidad al negar los peligros que enfrentan los migrantes, dijo Rubén Figueroa, activista del grupo de derechos de los migrantes Movimiento Migrante Mesoamericano. “Estas masacres son continuas. Es una masacre que sigue ocurriendo. Algunas veces son a gran escala, como esta. Otras son solo dos o tres personas las que son asesinadas, desaparecidas”.

“Tenemos muy claro que cuando tienes impunidad estás enviando un mensaje de que se tolera la violencia”, dijo Ana Lorena Delgadillo, directora ejecutiva de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho en la Ciudad de México, quien ha representado a familiares de víctimas en masacres anteriores.

Llegar a Estados Unidos se ha vuelto cada vez más difícil a medida que México y Guatemala han militarizado sus fronteras y tomado medidas enérgicas contra los migrantes que viajan en caravanas masivas. La idea detrás de estas congregaciones es la seguridad de viajar en grandes números. A principios de este mes, las fuerzas guatemaltecas hicieron retroceder violentamente a miles de hondureños que buscaban atravesar el país con la esperanza de llegar a Estados Unidos.

Los familiares de los guatemaltecos desaparecidos dijeron que sus seres queridos —la mayoría en la adolescencia tardía o de poco más de veinte años— comenzaron a dirigirse hacia el norte e 12 de enero, partiendo de Comitancillo, Tuilelen y Sipacapa, pequeños poblados al sur de la frontera con México. Es una zona indígena con altos niveles de pobreza y un largo historial de personas que emigran a Estados Unidos. La mayoría habla mam y el español es su segundo idioma.

“Pagamos al coyote 2.100 dólares por adelantado”, contó Florinda Isidro, la madre de Robelson Tomás —un joven de 15 años que viajaba con el grupo— a un noticiero local. “No teníamos más para darle a nuestro hijo. No tenemos dinero, no hay empleos, ni siquiera tenemos una casa, y (mi hijo) estaba avergonzado de tener que comer en un lugar sin techo”.

Guatemala tiene una de las redes de contrabando de personas más desarrolladas de Centroamérica. Dependiendo de cuánto paguen los migrantes —por lo general entre 6.000 y 10.000 dólares, de los cuales la mitad se paga por adelantado—, pueden acceder a todo tipo de medios para transportarse, desde autobuses comerciales hasta la parte trasera de los tráileres.

Una regla prevalece: todos los migrantes que cruzan el norte de México tienen que pagar a los cárteles que controlan el territorio por el que están pasando. Si no pagan, corren el riesgo de que los secuestren o asesinen. Los grupos criminales tienen un control generalizado de la frontera, crucial para el traslado de narcóticos a Estados Unidos, y vigilan a todas las personas que llegan y parten.

El fiscal estatal de Tamaulipas, donde se encontraron los cuerpos, dijo que investiga si las víctimas fueron asesinadas en un estado vecino y luego arrojadas en el sitio y posteriormente incineradas, un escenario que considera plausible porque los funcionarios no encontraron casquillos de bala en el área que rodea la escena del crimen.

Pero las investigaciones de homicidio en México tienen una larga tradición de no llegar a ninguna parte, muchas veces debido a la corrupción policial. Un coyote de San Marcos —el mismo departamento de donde provenían los guatemaltecos desaparecidos— dijo a VICE World News que sospecha que el ataque ocurrió debido a que el contrabandista del grupo no pagó a tiempo al cártel que controlaba el territorio.

Figueroa, el activista migrante, dijo que la naturaleza violenta del ataque sugiere que se aventuraron en territorio disputado por cárteles rivales. “Para los migrantes, es prácticamente caminar por un campo minado. Porque en cualquier momento pueden quedar atrapados y ser asesinados”.

En 2010, 72 inmigrantes que intentaban llegar a Estados Unidos fueron bajados de los autobuses donde viajaban y asesinados. Las autoridades encontraron sus cuerpos en un almacén vacío en el municipio rural de San Fernando, también en el estado fronterizo de Tamaulipas. La Fiscalía General de México señaló más tarde que la policía ayudó a “interceptar” a los migrantes asesinados.

Al año siguiente, 193 cuerpos, incluidos los de migrantes, fueron hallados en fosas comunes descubiertas en el mismo poblado. En 2012 se encontraron 49 personas decapitadas y desmembradas a kilómetros de la frontera con Estados Unidos. En 2019, al menos 19 hombres que se creía viajaban desde Centroamérica fueron sacados a la fuerza de un autobús a plena luz del día a solo unos cuantos kilómetros de la frontera con Estados Unidos.

Masacres como esta continuarán sin un cambio fundamental en el sistema de justicia de México y un enfoque transnacional para investigarlas, advierten los activistas.

“Ellos son pobres. Viven en otros países. ¿Quién va a luchar por sus derechos?”, dijo Delgadillo, la abogada de derechos humanos. “Son las personas más vulnerables a sufrir ataques y al gobierno no le importa”.