'Dispararon desde un helicóptero': los reos que sobrevivieron a una masacre en Tijuana
Ilustración de Clementina Léon con imágenes de cuartoscuro.com/AFN.

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'Dispararon desde un helicóptero': los reos que sobrevivieron a una masacre en Tijuana

VICE News tuvo acceso a una serie de archivos judiciales y según los testimonios recabados fueron los policías quienes abrieron fuego contra los internos, dejando un saldo de 23 muertes. Esto contradice la versión oficial que hablaba de una riña interna.

Para ingresar al área médica del penal había que atravesar un estrecho pasillo que daba al consultorio médico general y a los cuartos para los reos enfermos de SIDA. Pero a las 10 de la noche, con las luces del pasaje fundidas, era imposible dar pasos certeros.

La falta de luz dificultaba avanzar hasta los consultorios del fondo, pero eran los cuerpos apilados, uno encima de otro, los que realmente obstaculizaban el paso. Estaban allí, desnudos y desfigurados a tiros. Diecisiete reos que hasta el día de su asesinato cumplían condenas en el penal de La Mesa, en la ciudad de Tijuana, al norte de México.

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Las balas que los mataron entraron por su nariz y por los ojos; y de las bocas de algunos aún salía un fluido color púrpura.

Alrededor de los cuerpos quedaron restos de equipos médicos y de cómputo, cajas de medicinas vacías y hojas de lo que fueron cuadernillos de recetas que expedían los 14 doctores que hasta ese día trabajaban en La Mesa.

Es posible imaginar cómo se veían los otros siete edificios que conformaban el complejo penitenciario aquel 17 de septiembre del 2008, unas horas después de la masacre.

Frente a los edificios uno y dos aún humeaba una hoguera, donde alcanzaba a distinguirse un cuerpo calcinado sin brazos, 22 fragmentos de huesos y una mano.


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En las celdas aún se mezclaba el olor a gas con humo. Quedaban vestigios de piedra molida que los reos desprendieron con las manos en su desesperación por tratar de escapar y salvar su vida.

La explicación de lo que pasó entre el 14 y 17 de septiembre de 2008, según la versión oficial, fue que 'Los Paisas', 'Los Sureños' y 'Los Shalomes', tres pandillas carcelarias dedicadas a la venta de droga, se mataron entre ellos. Pero el esfuerzo por investigar a fondo fue inconsistente, más allá de que efectivamente las riñas y la lucha por el control de estas bandas al interior del penal era un hecho.

Nueve años después de este suceso VICE News tuvo acceso a una serie de archivos judiciales, de más de 5.000 hojas, con los testimonios de sobrevivientes que narran que fueron los policías de tres corporaciones mexicanas quienes abrieron fuego desde un helicóptero y masacraron a los reos.

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Los archivos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) conseguidos vía Transparencia dan cuenta de que todo empezó el 13 de septiembre, cuando un joven recluso fue “torturado y asesinado” a golpes por dos custodios cuando le descubrieron un celular.

Para que los internos aprendieran la lección, las autoridades decidieron posteriormente cerrar las llaves de agua de todo el penal.

Eligieron los días en que en Tijuana, una ciudad desértica, la temperatura alcanza unos 40 grados centígrados.

Los reos destrozaron los escusados y lavamanos de sus celdas para intentar sacar agua de entre las tuberías; no lo lograron. Rápido empezaron a deshidratarse. Unas horas después comenzó un motín para exigir agua.

Los testigos presenciales declararon que desde un helicóptero los policías dispararon a los reos. Mientras en el interior los quemaron, y a otros los persiguieron por los pasillos y celdas disparándoles por la espalda.

Ilustración de Clementina León con imágenes de cuartoscuro.com/AFN.

El centro penitenciario La Mesa es el único penal de Tijuana, y se localiza en el centro geográfico de la ciudad fronteriza con Estados Unidos. Está rodeado de escuelas, fondas, sitios de taxis y bares; muy cerca está también La Cueva del Peludo, un mítico prostíbulo de la zona.

El penal, una fortaleza de concreto color crema cubierto de una capa de cochambre, se localiza en un barrio de clase trabajadora. Cuando se inauguró a mediados de 1950, se ubicaba a las afueras de Tijuana, pero con la explosión demográfica quedó instalado en pleno centro.

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Cuando se inauguró fue apodado El Pueblito, porque los reos la volvieron una pequeña ciudad. Junto a los más peligrosos delincuentes vivían mujeres, niños y mascotas, e incluso adentro del penal se instaló una pequeña plaza de toros y varias marisquerías.

Con los años el patio del penal desapareció y se construyó un fraccionamiento. Los reos con más poder y dinero se edificaron casas de hasta dos pisos. Ahí vivieron hasta 2002 cuando la mayoría fueron trasladados a otros penales.

Sin embargo para el 2008 otra vez había una gran sobrepoblación. En el lugar, que estaba diseñado para albergar a solo 2.400 reos, vivían unos 9.000, la mayoría hombres.

Ese año el complejo penitenciario estaba integrado por siete edificios. El primero tenía dos niveles, cada uno con dos alas y 100 celdas. Aquí vivían unos 2.500 internos, entre los que se encontraban ancianos y reos con enfermedades crónicas.

En el edificio dos había 50 “estancias” donde cumplían su condena más de 1.000 internos y era popular porque ahí estaba el área de visita conyugal. En el tres, el cuatro y el cinco, había más de 80 celdas y dormían unos 2.000 internos

Pero los edificios más importantes de la prisión eran el seis y el siete. El seis era el área conocida como “VIP”, en la cual vivían los 729 reos más peligrosos. Y el siete donde cumplían su condena las mujeres reclusas, con quienes muchos internos del seis mantenían tórridos romances por correspondencia.

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Buscando reconstruir los hechos y crear memoria, VICE News ofrece esta recopilación de archivos que ofrecen las declaraciones que rindieron los reos ante las autoridades judiciales, así como la correspondencia que sostuvieron tres corporaciones policíacas mexicanas con la CNDH.

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El 13 de septiembre a las cinco de la tarde, Israel Blanco Márquez, un joven de 19 años, fue asesinado. Lo sacaron de la celda 103 en el edificio número cinco y lo llevaron a un cuarto de mantenimiento donde se guardaban escobas y trapeadores debido a que unas horas antes encontraron un celular en su celda.

Primero lo amarraron de ambas manos, lo hicieron hincarse y después sumergieron su cabeza en un balde de agua con cloro; cuando lo dejaban respirar le daban toques con una chicharra.

“El comandante y el subcomandante fueron por él para que les dijera a quién pertenecía el celular. Se lo llevaron a la bodega en la que se guardaban los artículos de limpieza, y le sumergían la cabeza en un tambo de agua y ya que se estaba ahogando lo sacaban. Él les dijo que el celular era suyo. Yo escuché sus lamentos, hasta que dejó de hacerlo”, narra uno de los compañeros de celda, según los documentos.

Israel Blanco suplicó que pararan. “Cállate hijo de la chingada”, respondían. Murió de traumatismos en la cabeza. Lo dejaron tirado en el cuarto donde anidaban las ratas del penal. Después lo trasladaron al área médica a cargo de la doctora Catalina Verdín, donde fue declarado muerto.

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Esa tarde el director del penal, Carlos González, fue informado por uno de los comandantes que “había un problemita, pero que se iba a solucionar”. Los custodios mataron a Israel y huyeron.

Una hora después, en protesta por el asesinato, empezó a fraguarse una huelga de hambre, que rápidamente se transformó en motín, cuando los internos del edificio dos despojaron a uno de los custodios de las llaves que abrían las celdas de todo el penal.

Los más de 8.000 reos de La Mesa se apoderaron en unos minutos de todas las áreas del pequeño centro penitenciario. El primer día del motín los reos solicitaron la entrada de cámaras de televisión para informar que Israel Blanco fue brutalmente asesinado, y que eran torturados desde hacía años.


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El Gobierno de Baja California ingresó personal a su cargo, haciéndose pasar por reporteros.

Ese día las autoridades contuvieron la revuelta, pero en venganza, durante casi tres días dejaron de dar agua y comida a los internos. El 17 de septiembre se desató un nuevo levantamiento, que inició en el área de mujeres.

Las internas lograron salir de sus celdas y subieron a la azotea del penal para gritar a los internos del edificio seis que los custodios las estaban golpeando y llevaban días sin comer. Con sus manos desprendieron piedras de las bardas, arrancaron los baños de porcelana y comenzaron a lanzarlas a los guardias de seguridad. Los hombres hicieron lo mismo.

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En ese momento la Policía Estatal Preventiva entró al penal y lanzaron gas lacrimógeno en los patios y celdas; fue ahí cuando los internos intentaron romper las paredes.

Los estatales dispararon sus armas contra los internos y solicitaron la intervención de las policías municipales de todo el estado. Mientras tanto, afuera, la tropa 22, la 18 y la 26 de la segunda región militar, evitaba el ingreso de los familiares, quienes aterrorizados escuchaban desde afuera las balas e inhalaban la nube de gas que salía desde adentro.

Cuando los elementos policiacos empezaron a ingresar a las celdas y a disparar, los internos e internas comenzaron a incendiar cobijas, uniformes y a tratar de despedazar cada barda del penal de donde pudieran sacar piedras.

Fue en el edificio siete —de mujeres—, donde fueron asesinados los primeros reclusos; en el edificio seis, otros dos. Y así, hasta que fueron matando a los demás: en total 23 reos fueron masacrados, y hubo 50 heridos.

La sucesión de estos hechos se desprende de las declaraciones rendidas ante la Procuraduría General de Justicia de Baja California, y los visitadores de la CNDH y el Senado. Ahí los reos hablan de “sobrevivir”. De los muertos que vieron, y de ese helicóptero que sobrevoló el cielo y disparó balas como granizo.

Un coro de voces de distintos reos y familiares que vivieron el ataque narran lo sucedido.

—Cuando empezó todo me encontraba en el tercer piso, a 20 centímetros de la ventana sobre el pasillo del edificio 6, y desde ahí vi que quienes disparaban eran los federales desde un helicóptero.

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—Disparaban y disparaban desde un helicóptero que yo creo que era de la policía estatal, pero a los edificios ingresaban policías estatales y el Ejército. Vestían de negro, llevaban armas largas y cortas. Pero quien me disparó a menos de dos metros fue un Policía Federal.

—Yo estaba visitando a mi nieto cuando empezó el motín, y fueron los policías quienes lanzaron gases lacrimógenos y balas. Y fueron los internos quienes nos protegieron.

—A mi me dieron a la altura del pómulo derecho, lo que me provocó perdida del ojo y parálisis de la mitad de la boca, y fue por un disparo que vino del helicóptero que volaba sobre el penal.

—Salí de mi celda porque los guardias lanzaron gas lacrimógeno y entonces me vi las heridas por las esquirlas de escopetas que me lanzaron los guardias. A otros les dieron patadas y les dispararon.

—Salí con la bolsita de casquillos de balas que nos tiraban los custodios y policías, los internos nos protegían con sus cuerpos y por ello salieron heridos. A mí estuvo a punto de tocarme una bala expansiva y le tocó en la espalda al muchacho que me cubrió. A lo bruto disparaban balas de diversos calibres y lanzaban gases lacrimógenos continuamente.

—Los otros reos comenzaron a golpear las puertas de las celdas y las abrieron, también provocaban incendios. Pero eran los guardias vestidos de negro que trabajaban ahí los que dispararon sus armas de fuego.

—Había todo tipo de plagas: chinches, cucarachas, laicas, especie de piojo blanco, nosotros íbamos celda por celda y verificamos que existían este tipo de plagas. Había más de cien internos con balas en el cuerpo (unas horas después del motín) que no habían sido retiradas.

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Un día después de los hechos, las autoridades involucradas —Policía Municipal de Tijuana, Policía Federal y la Policía Estatal de Preventiva— rindieron informes ante la Procuraduría General de Justicia de Baja California y ante la CNDH.

La Policía Municipal a cargo del polémico Secretario de Seguridad Pública Julián Leyzaola, acusado en reiteradas ocasiones de torturar a sus detenidos, aseguró que en ningún momento sus elementos ingresaron al penal y sólo vigilaron desde la calle.


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El Gobierno de Baja California, de quien dependen las Policía Estatal Preventiva y los custodios que cuidaban a los reos, aseguraron que nunca dispararon balas desde el helicóptero y este sólo hizo vuelos de reconocimiento. Adentro, para contener el motín, usaron balas de goma, dijeron.

Tanto la policía municipal como la estatal, en una misiva enviada a la CNDH reconocen que sus elementos utilizaron armas como la beretta, hkg3, bustaster, bushmaster, mosberg, de los calibres 9mm y 7.62, pero únicamente para resguardar el exterior del penal. Los Federales lo mismo: llevaban escopetas pero dicen que nunca las accionaron.

Sin embargo días después la fiscalía de Baja California dejó asentado que tras el motín se encontraron casquillos en los patios del interior del penal y en los cuerpos de los reos asesinados. Eran, entre otros, unos calibre 9 milímetros, como los de las armas que las autoridades usaron “para resguardar el exterior”. Las policías sostuvieron que las armas eran de los reos.

A casi una década de la masacre en el penal La Mesa, no hay responsables de la matanza. Sólo el que fuera comandante de custodios, Marco Antonio Ibarra Chávez, quien torturó al joven reo que murió, fue detenido un año después en Sinaloa.

Daniel de la Rosa Anaya, quien fuera Secretario de Seguridad Pública de Baja California y quien comandaba a todos los elementos de la policía estatal, no fue destituido y por el contrario repitió el cargo en la administración del ahora gobernador Francisco Vega de la Madrid.

Miguel Ángel Canett y Simona Gamiño, exdirector y exsubdirectora del Sistema Estatal Penitenciario y Carlos Arturo González, exdirector del penal, depositaron una fianza de 600.000 pesos cada uno, para salir en libertad.

Mientras que el teniente coronel Julián Leyzaola, Secretario de Seguridad Pública de Tijuana, después de los motines fue nombrado Secretario de Seguridad Publica de Ciudad Juárez y después fue candidato a la alcaldía de la Tijuana por el partido cristiano, Encuentro Social.

La única que fue encarcelada fue la señora Alicia Aguilar Dávalos, de la Asociación de familiares de Reos Internos, quien fue detenida por daños a propiedad ajena y pagó una multa de 35.000 pesos para salir de prisión.

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